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Última modificación: 2006-08-01
Derecho al debido proceso

· En actuaciones administrativas relacionadas con la enajenación de viviendas pertenecientes a la población desplazada

Una mujer desplazada interpuso acción de tutela contra el alcalde de un municipio por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso y a una vivienda digna, ya que un inmueble que poseía en el municipio del cual fue desplazada fue demolido sin que previamente tuviera información sobre este procedimiento. La Corte señaló que si bien le está permitido a la administración, en beneficio del interés general, adquirir un bien inmueble, dicho procedimiento debe estar sujeto a unos mecanismos y procedimientos que no pueden, bajo ningún concepto, desconocer los derechos del particular dueño del bien y menos aún el derecho fundamental al debido proceso, el cual según el artículo 29 de la Constitución, se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. En este orden, para la adquisición de inmuebles urbanos, el legislador ha establecido un procedimiento específico, el cual no puede desconocer la administración municipal.

Para el presente caso, existió vulneración del derecho fundamental al debido proceso, por cuanto la administración municipal, no acreditó que antes de proceder a demoler la vivienda hubiera realizado alguna notificación a la demandante, o a quienes consideró como propietarios del inmueble; tampoco señaló específicamente cuáles fueron las actuaciones adelantadas antes de tomar esa decisión. En consecuencia, la Corte concedió la protección del derecho fundamental al debido proceso y ordenó al alcalde municipal informar a la demandante, cuáles fueron las gestiones realizadas previas a la demolición del inmueble, y sobre los mecanismos que procedieron contra esta decisión nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1027-03

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