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3. Fución del registro único de población desplazada

3.1. Carácter de desplazado se adquiere antes de la inscripción en el registro único de población desplazada y no con ocasión de ésta.

Un señor en condición de desplazamiento forzado solicita que se ordene a la Red de Solidaridad Social su inscripción y la de su familia en el Registro Único de Población Desplazada ?RUPD-, y en consecuencia le sea entregada a él y su grupo familiar la atención humanitaria de emergencia a la que tiene derecho, y sean incluidos en alguno de los programas de consolidación y estabilización socioeconómica.

En su parte considerativa, la Corte reitera que la inscripción en el RUPD no puede ser la que otorga el carácter de desplazado, toda vez que la protección de los derechos fundamentales de aquellas personas que han tenido que abandonar sus hogares a causa del conflicto armado, no puede condicionarse a una certificación expedida por determinada autoridad a partir de valoraciones subjetivas, sino por hechos que dan lugar al desplazamiento.

Hace énfasis en que el Registro constituye una herramienta técnica que permite la identificación de los beneficiarios de las ayudas y facilita el diseño de políticas públicas, pero en ningún momento es el que permite que un individuo adquiera el carácter de desplazado, pues, ésta es una condición fáctica.
En complemento de lo anterior, la Corte realiza una síntesis de lo dicho en reiterada jurisprudencia sobre los siguientes aspectos:

- Contenido de la declaración que deben rendir los desplazados;

- Procedimiento a seguir para que una persona sea inscrita en el RUPD;

- Factores que las autoridades deben tener en cuenta a la hora de tomar una declaración;

- Pautas que deben guiar la valoración de las declaraciones de quienes solicitan la inscripción en el RUPD, como la presunción de buena fe de los peticionarios e inversión de la carga de la prueba hacia la dependencia de la Red encargada del registro.

En conclusión, la Corte establece que la Red no puede oponerse o negar la inscripción de una persona en el RUPD por el simple hecho de encontrar contradicciones en sus declaraciones. Le corresponde a la Red probar que las declaraciones son falsas, de manera que sin tal prueba no puede negar el registro.

En consecuencia, la Corte decide revocar el fallo de primera instancia y conceder la tutela, ordenando a la Red de Solidaridad Social que en el término de quince días contados a partir de la notificación de la providencia, tome una nueva declaración al peticionario sobre los hechos que afirma dieron lugar a su desplazamiento, y efectúe su respectiva valoración para efectos de su inscripción y la de su núcleo familiar en el RUPD, término en el cual deberá hacer entrega de la ayuda de urgencia prevista por el Decreto 250 de 2005.

Igualmente, le ordena que de ser procedente la inscripción en el RUPD, proceda a entregarle en el término de seis meses contados a partir de la notificación de la decisión, la ayuda humanitaria de emergencia que le corresponde y el acceso a los programas para el restablecimiento socioeconómico, sin desconocer el orden de turnos que exista en la actualidad. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-563-05
3.2. Aplicación del principio de buena fe en las declaraciones rendidas por los desplazados

Un señor desplazado por la violencia interpuso acción de tutela en su nombre y en el de los demás miembros de su núcleo familiar, en contra de la Red de Solidaridad Social, con el fin que se le proteja su derecho constitucional a la buena fe vulnerado por ésta entidad al negarle su inclusión en el sistema único de registro.

La Corte, recordó que en reiterada jurisprudencia se ha señalado la función del Registro Único de Población Desplazada y el cuestionamiento que se hace a la Red de Solidaridad Social por negar la inclusión en éste, a las personas desplazadas que, en un primer momento presentan declaraciones contradictorias, incompletas o de escasa coherencia sobre su situación familiar y personal y de los hechos del desplazamiento, puesto que, se trata de personas afectadas sicológicamente por la violencia con la que han sido desarraigadas de su territorio y de su entorno familiar.

Así, hace énfasis esta Corporación en la necesidad de aplicar el postulado constitucional de la buena fe, y tener en cuenta elementos indicativos del desplazamiento aportados por el declarante y, especialmente, el hecho de que la persona haya abandonado sus bienes y comunidad.

Concluye la Corte que las solicitudes de inclusión en el Registro Único y la estimación de las mismas, en cuanto se traducen en asistencia a las víctimas directas del conflicto armando y los problemas de orden público, no comportan por parte de las autoridades del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia una investigación sobre el hecho mismo del desplazamiento para el simple hecho inicial del registro, sino que se circunscriben a establecer la relación del solicitante con los acontecimientos, con el fin de establecer sus necesidades de asistencia y protección.

En consecuencia, la Corte decide revocar los fallos proferidos por los juzgados de instancia y en su lugar conceder al actor el amparo constitucional a la vida en condiciones dignas, a no sufrir tratos crueles, a la igualdad, a la familia, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la paz y a la seguridad, para lo cual ordena la inclusión del actor y su familia en el Registro Único de la Población Desplazada, en las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión, sin perjuicio de la competencia de las autoridades administrativas para adelantar las investigaciones pertinentes, con el fin de adecuar la asistencia a sus reales condiciones y definir tanto su permanencia en el Registro como la inclusión de su grupo familiar. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-882-05
3.3. Motivación de los actos administrativos mediante los cuales se niega la inscripción en el registro único de población desplazada

Cuando una persona víctima del desplazamiento forzado declara ante la autoridad para que se le registre y atienda; y la autoridad niega el registro y la atención por considerar que la persona no es víctima del desplazamiento forzado sino que es víctima de una situación diferente prevista en otra norma y además no le explica porque llegó a esa conclusión, le está ordenado a la autoridad la inscripción en el registro único de población desplazada porque es su deber aplicar el principio de buena fe, cotejar los hechos denunciados, comprobar plenamente que esta persona no tenía la calida de desplazada y en todo caso, dejarlo claramente consignado en las respectivas resoluciones. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-086-06
3.4. Ignorancia institucional de la ocurrencia de los hechos como argumento para negar la inscripción en el rupd

A una persona le negaron la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada, bajo el argumento que en la zona en que el actor dice hacerse desplazado por la violencia no hay reportes de alteraciones del orden público.

La jurisprudencia ha reiterado que el desconocimiento de ciertos hechos, por parte de la autoridad, no es suficiente para concluir que la persona no es desplazada. En la Sentencia T-821 de 2007, la Corte Constitucional concedió la tutela a una mujer a quien se le negó su inclusión en el RUPD bajo el argumento que las autoridades no registraban alteraciones del orden público en la zona y en el tiempo en que, según la peticionaria, habían ocurrido los hechos del desplazamiento. La Corporación reiteró, entonces, que la sola ignorancia institucional acerca de los hechos narrados por una solicitante no era una razón suficiente para desvirtuar su declaración y, en consecuencia, para concluir que no había existido desplazamiento forzado.

En el presente caso, la solicitud de inclusión del tutelante fue mal rechazada, pues la negativa de Acción Social se fundó exclusivamente en que las autoridades no registraban alteraciones del orden público en la zona y en el tiempo en que, según el tutelante, habían ocurrido los hechos generadores del desplazamiento. Esa ?ha dicho la jurisprudencia de la Corte- no es una razón suficiente para negarle a una persona que dice ser desplazada, y en quien debe presumirse buena fe, su inclusión al Registro Único de Población Desplazada ni para negarle las ayudas y subsidios que de esa inscripción se derivan.

Siguiendo los argumentos esbozados, la Corte procedió a revocar el fallo expedido por el juzgado de instancia, y por consiguiente tuteló el derecho al mínimo vital del accionante, ordenando a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional ? Acción Social, que los inscriban a él y a su núcleo familiar de manera inmediata en el Registro Único de Población Desplazada y en el Sistema Único de Registro de Desplazados. Además, le ordenó que realizara todas las gestiones necesarias para que en un plazo no mayor de ocho (8 días), contados a partir de la notificación de la sentencia, le entregara al actor, efectivamente, si aún no lo ha hecho, la ayuda humanitaria solicitada, y lo oriente adecuadamente y lo acompañe para que pueda acceder a los demás programas de atención para población desplazada, especialmente en lo que respecta a los servicios de salud y educación para sus hijas menores, acceso a los programas de estabilización económica o vivienda. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-044-10
3.5. La circunstancia de haberse dedicado a los cultivos ilícitos con anterioridad a su desplazamiento, como argumento para negar la inscripción en el rupd

Una persona interpuso acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, al considerar que la mencionada entidad le vulneró sus derechos al mínimo vital, a la protección de la niñez, a la igualdad, de petición y al debido proceso en razón a que no le fue autorizada su inscripción y la de su núcleo familiar en el Registro Único de Población Desplazada de Acción Social, sin darle oportunidad de controvertir la decisión en sede administrativa.

Acción Social, negó la petición argumentado que las personas desplazadas con ocasión de la erradicación de cultivos ilícitos no tienen derecho a acceder a los programas de apoyo que se han creado para esta población ya que el desplazamiento no se deduce de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997, lo que constituye causal para negar la inscripción en el RUPD, según lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2569 de 2000.

En el artículo 11 del Decreto 2569 de 2000 establece las causales de improcedencia del registro en el RUPD, y el literal ii) incluyó la no existencia del hecho del desplazamiento.

En relación con la mencionada causal, la Corte ha manifestado que las razones objetivas y fundadas que lleven a considerar si una persona ostenta o no la calidad de desplazado deben ser valoradas partiendo del principio de la buena fe, sobre el particular, ha señalado:

?(i)a la hora de valorar si existen razones objetivas y fundadas para considerar que no se trata de una persona que hubiere sido desplazada, la entidad competente debe tomar en consideración el principio de buena fe. En consecuencia, no hace falta que la persona aporte plena prueba sobre su dicho. Basta una prueba siquiera sumaria de la ocurrencia de los hechos para determinar que una persona sí se encuentra en situación de desplazamiento.

(ii) Adicionalmente, también por la aplicación del principio de buena fe, el desconocimiento por parte de la autoridad de los hechos ocurridos no es prueba suficiente de la no ocurrencia del acontecimiento narrado por el solicitante. En efecto, los hechos generadores del desplazamiento pueden ir desde la notoriedad nacional, hasta la extrema reserva del ámbito privado (Sentencia T 327 de 2001).

(iii) En virtud del principio de favorabilidad, los enunciados legales o reglamentarios deben interpretarse de la manera que mejor convenga a las personas obligadas a huir de su lugar habitual de trabajo o residencia? (Sentencia T 821 de 2007).

En este sentido, de conformidad con lo señalado, esta Corporación ha indicado que las autoridades deberán analizar a la luz de los principios de buena fe, favorabilidad, y prevalencia del derecho sustancial, aquellas razones que de manera objetiva y fundada puedan determinar la inexistencia de situación de desplazamiento por no coincidir con las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1° de la Ley 387 de1997.

En el anterior contexto, considera la Corte que la sola circunstancia de haber declarado la accionante que, como antecedente de su desplazamiento, estaba la erradicación de los cultivos ilícitos que tenía en su predio, no es suficiente para que se niegue su condición de desplazada y el consiguiente registro.

Es necesario corroborar si, independientemente de si estaba o no en la actividad de cultivos ilícitos, su desplazamiento se produjo como consecuencia de presión de grupos al margen de la ley y si, por consiguiente, se satisfacen los criterios legales y jurisprudenciales sobre la condición de desplazado.

Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que la aplicación de la normatividad debe ser examinada de conformidad con las circunstancias que dieron lugar al desplazamiento y en concordancia con los principios de favorabilidad y de buena fe, razón por la cual Acción Social deberá determinar en cada caso si se observan las reglas previstas para proceder a la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada.

De este modo, la Corte Constitucional revocó el fallo proferido por el juzgado de instancia, para en su lugar tutelar los derechos al mínimo vital, a la igualdad, de petición y debido proceso de la actora, ordenando a Acción Social, que proceda a determinar las circunstancias que generaron el desplazamiento, para de esa forma incluirla junto a su núcleo familiar en el RUPD. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-284-10
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