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4. Protección de los desplazados mediante la accion de tutela

Los lineamientos de la Corte Constitucional en cuanto a los derechos fundamentales de los desplazados constituyen imperativos de orden constitucional, de manera que su incumplimiento puede ser demandado ante los jueces constitucionales. Cualquier acto de diferenciación no positiva, que se base en la condición de desplazado, es una discriminación contra los desplazados y constituye una vulneración flagrante del principio de igualdad, atacable ante los jueces de tutela nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-1150-00
4.1. Declaración de estado de cosas inconstitucional en la atención a la población desplazada por la violencia

1150 núcleos familiares en condición de desplazamiento interpusieron 109 acciones de tutela contra la Red de Solidaridad Social, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, de Protección Social, de Agricultura y de Educación, el Inurbe, el Incora, el SENA, así como contra varias administraciones municipales y departamentales, por considerar que dichas autoridades no estaban cumpliendo con su misión de protección a la población desplazada y por la falta de respuesta efectiva a sus solicitudes en materia de vivienda y acceso a proyectos productivos, atención en salud, educación y ayuda humanitaria.

Estableció la Corte Constitucional que ante la magnitud del problema del desplazamiento y su grave incidencia en la protección de los derechos de los desplazados, es procedente declarar el estado de cosas inconstitucional, respecto de la situación de la población internamente desplazada, con el fin que las autoridades adoptaran, dentro de la órbita de sus competencias, los correctivos que permitieran superar tal situación. Varios elementos confirmaron la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el presente caso:

1. La gravedad de la situación de vulneración de derechos que enfrentaba la población desplazada, reconocida incluso por el Legislador;

2. El elevado volumen de acciones de tutela presentadas por los desplazados, cuyos problemas han sido abordados por la Corte de tiempo atrás y frente a los cuales persistió la omisión de las autoridades;

3. La vulneración de derechos afectaba a buena parte de la población desplazada;

4. La vulneración de derechos no es imputable a una única entidad; y

5. La vulneración de derechos reposa en factores estructurales como la falta de correspondencia entre lo que dicen las normas y los medios para cumplirlas.

Una de las consecuencias de esta declaratoria, es que se extendieron los efectos de la sentencia a todas aquellas personas que se encontraban en situación de desplazamiento y que no hayan interpuesto acción de tutela, para proteger de esta forma los derechos de la población desplazada en general. En consecuencia, la Corte expidió las siguientes órdenes a las autoridades del orden nacional con el fin que se lograra una concordancia entre los compromisos adquiridos para cumplir los mandatos constitucionales y legales y los recursos asignados para asegurar el goce efectivo de los derechos de los desplazados:

(i) se diseñen y pongan en marcha las políticas, planes y programas que garanticen los derechos fundamentales;

(ii) se apropien los recursos necesarios para garantizar la efectividad de tales derechos;

(iii) se modifiquen las prácticas, las fallas de organización y de procedimiento que resultan violatorias de la Constitución;

(iv) se reforme el marco jurídico cuyas falencias han contribuido al estado de cosas inconstitucional; y

(v) se realicen los trámites administrativos, presupuestales y de contratación que sean indispensables para superar la vulneración de los derechos nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-025-04
4.2. Omisión de las autoridades en sus obligaciones

La Corte Constitucional definió de manera perentoria la procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada, estableciendo que la atención necesaria no debe ser solicitada por acción de cumplimiento, sino mediante la acción de tutela, según la Ley 393 de 1997. En el caso de la tutela instaurada por el Defensor del Pueblo de Bogotá, contra la Red de Solidaridad Social, por no brindar la atención necesaria a un grupo de desplazados que no se encontraban inscritos como tales y estaban ocupando las sedes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Corte encontró violados los derechos a la salud, la educación y la dignidad humana y advirtió que la violación de derechos fundamentales puede darse no solo por acción sino también por omisión cuando, como en este caso, la entidad encargada de ofrecer atención o protección no lo hace poniendo en riesgo los derechos de los ciudadanos.

La omisión se constató no solo por la negligencia total de la entidad, sino también porque las gestiones adelantadas resultaron ineficaces algún cierto grado de resultado. Considerando que en el presente caso las negociaciones realizadas por el ejecutivo no habían proferido ninguna solución, pese a haber transcurrido un año, la Corte concedió la tutela y ordenó a la Presidencia de la República, a los ministerios de Salud, Interior, Educación y a la red de Solidaridad Social tomar las medidas necesarias para ubicar a la población desplazada en un lugar que ofreciera protección a su dignidad, en un plazo de 30 días nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1635-00
4.3. Incumplimiento de los convenios con la comunidad

Por presiones de grupos paramilitares, un gran número de habitantes de varios municipios de los departamentos de Chocó y Antioquia se vio obligado a abandonar sus viviendas y bienes y a trasladarse a la ciudad de Quibdó. Se adelantaron conversaciones con las autoridades gubernamentales de las que resultaron acuerdos que no arrojaron resultados concretos. Ante estos hechos, afirmó la Corte que, cuando se realice un convenio entre la población desplazada y las autoridades, cuyo cumplimiento contribuya a realizar efectivamente los derechos fundamentales de dicho grupo, puede demandarse a través de la acción de tutela, no propiamente porque el convenio cree el derecho fundamental, sino porque la unión de voluntades ? la estatal y la de la comunidad- se constituye en un instrumento de determinación, concreción y materialización de los derechos, que le imprime un vigor adicional para su exigibilidad.

En ese sentido, la protección de los derechos fundamentales, a consecuencia de una acción de tutela, se traduce en una orden, es decir, en una decisión que debe ser obedecida o satisfecha. No se trata de exigir que se adopten programas sino de producir definiciones ágiles y prontas. Así, corresponde al juez de primera instancia vigilar el cumplimiento cabal de la orden impartida, y su competencia no cesa hasta tanto la orden no se encuentre completamente cumplida nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-098-02
4.4. Legitimidad de las asociaciones de desplazados para instaurar acciones de tutela en nombre de sus afiliados

Varias asociaciones de población desplazada interpusieron acciones de tutela, a nombre de sus afiliados, con el fin de que se ordenara, a diferentes entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, el cumplimiento de compromisos que suscribieron en torno al tema de vivienda y proyectos productivos. Señaló la Corte dentro de sus consideraciones, que, de forma general, no es procedente la acción de tutela presentada por personas jurídicas diferentes de los sindicatos. Sin embargo, aclara, que, por tratarse de un grupo poblacional en extremas condiciones de vulnerabilidad, es decir, personas desplazadas por la violencia, se torna procedente la acción de tutela interpuesta por las asociaciones que representan sus intereses cuyo único propósito es defender los derechos e intereses de las personas afectadas por el desplazamiento.

Se trata de una excepción a la regla general que exige que se individualicen las pretensiones de la demanda de tutela, es decir, que se precisen los derechos fundamentales violados, los hechos violadores y las personas víctimas de la violación de derechos. A pesar de esa excepción, en la parte resolutiva de la sentencia, la Corte decidió negar la tutela por cuanto se pudo comprobar que las asociaciones que interpusieron las tutelas hicieron simplemente un alegato genérico de violación de derechos de una comunidad, sin establecer específicamente de qué manera se pusieron en peligro los derechos fundamentales de las personas desplazadas que representaban nota 1.

En otra sentencia, la Corte reiteró que las asociaciones de población desplazada por la violencia están facultadas para agenciar oficiosamente los derechos de sus afiliados mediante la presentación de acciones de tutela en su nombre. La Corte, sin embargo, aclara, que, con el fin de evitar que por esta vía se desnaturalice la acción de tutela, se promuevan demandas de tutela colectivas sin el consentimiento de sus miembros o se emplee esta figura para desconocer las normas sobre temeridad, tal posibilidad deber ser ejercida bajo las siguientes condiciones: (i) que se haga a través de su representante legal , acreditando debidamente su existencia y representación dentro del proceso de tutela, (ii) que se individualice, mediante una lista, el nombre de los miembros de la asociación a favor de quienes se promueve la tutela, (iii) que no se deduzca de los elementos probatorios que obran en el proceso que el agenciado no quiere que la acción se interponga en su nombre.

En esta medida, los jueces de la República no pueden declarar improcedente una acción de tutela presentada por una asociación de población desplazada sin antes examinar el cumplimiento de los tres requisitos descritos y tener en cuenta que la tutela tiene un carácter informal y la situación de desamparo de las personas desplazadas nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1194-03
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-025-04
4.5. Improcedencia de la acción de tutela para modificar los fallos emitidos en procesos policivos de desalojo

La Corte se pronunció en el caso de una mujer que interpuso acción de tutela en nombre propio y en el de sus hijos menores, por considerar violados sus derechos a la vida, la dignidad humana, la integridad física y la protección especial a los niños, con el proceso policivo de lanzamiento que ordenó el desalojo del predio en que habitaban, sin que previamente el Gobierno les diera una solución definitiva de albergue o reubicación. La Corte señaló que en este caso no es posible que el juez constitucional entre a tomar medidas en relación con el proceso policivo que concluyó con la orden de desalojo de los ocupantes del predio, no solo por cuanto se trata de una decisión legítima adoptada por autoridad competente en ejercicio de funciones atribuidas por el ordenamiento positivo para la defensa de los derechos constitucionales; sino además porque de las pruebas aportadas al proceso se extrae que la demandante no acreditó tener algún derecho de propiedad, posesión o tenencia sobre el predio en cuestión.

Sin embargo, la Corte determinó que, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales y legales que regulan el fenómeno del desplazamiento forzado, la vulneración de los derechos fundamentales alegados se encontró en la omisión de la alcaldía municipal en brindar una solución a la accionante, para asegurarle su estancia y el restablecimiento de sus condiciones de vida luego del desalojo. En consecuencia, se concedió la tutela en protección de los derechos a la vida digna de la accionante y de sus hijos, violados por el hecho mismo del desplazamiento forzado, y por la falta de gestión de la alcaldía para resolver el problema de la población que ocupó irregularmente un predio nota 1.

En otro caso parecido, la Corte conoció la acción de tutela que un Defensor del Pueblo Regional interpuso, en representación de varias familias, contra la administración municipal por considerar que la misma vulneró el derecho a la vida y a la integridad de las personas desplazadas que están asentadas en las riberas de dos quebradas que atraviesan el municipio, argumentado que contra esa población se han llevado a cabo acciones policivas de lanzamiento por ocupación de hecho, sin que las autoridades dispongan lo necesario para su protección. La Corte estableció que por acción de tutela no se puede suspender una orden de desalojo proveniente de un proceso policivo. Sin embargo, sí es necesario que tanto la Red de Solidaridad Social como las autoridades locales brinden albergue provisional a las familias desplazadas ubicadas en la zona de alto riesgo objeto del desalojo, así como la provisión de la ayuda humanitaria que requieran.

En consecuencia, concedió la tutela y ordenó a la Red de Solidaridad Social que en el término de un (1) mes brindara albergue temporal a las familias en cuyo nombre fue instaurada la acción. También previno a la Alcaldía, Gobernación y al ICBF regional que colaboraran con la Red de Solidaridad Social en las materias de su competencia nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1346-01
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-078-04
4.6. Sanción por temeridad: improcedente cuando no se tiene en cuenta la vulnerabilidad e indefensión del desplazado

Una mujer cabeza de familia, desplazada por la violencia, interpuso acción de tutela en contra de la Red de Solidaridad Social y otras entidades, con el fin que se le brindara protección a sus derechos fundamentales y a los de su familia, argumentado, que, si bien se encontraba inscrita en el Registro Único de Población Desplazada, hasta ese momento no se le había prestado la asistencia humanitaria de emergencia integral, reubicación o retorno en condiciones de seguridad y consolidación socioeconómica, a que tenía derecho. Sin embargo, un Tribunal Superior del Distrito Judicial decidió negar la tutela y condenar a la accionante por temeridad a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, por estar demostrado que presentó acción de tutela contra las mismas entidades y por los mismos hechos ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.

Para la Corte Constitucional no fue procedente esta sanción, teniendo en cuenta que para aplicar la misma se debía analizar cada caso concreto y en virtud del principio de la buena fe de los particulares en sus actuaciones antes las autoridades, ya que el juez de tutela no podía endilgar una actuación temeraria sin antes haber oído a esa persona al respecto y sin haber indagado sobre su situación y la de su familia, y las circunstancias que rodearon la presentación de las dos acciones. Recalcó que cuando el presunto infractor del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 es una persona en estado de especial vulnerabilidad e indefensión, como lo están las personas desplazadas por la violencia, en especial los niños, las mujeres y los ancianos, el juez constitucional deberá ser en extremo cuidadoso antes de negarles la protección constitucional cuando advierte que sus derechos constitucionales están siendo conculcados.

En consecuencia, revocó el fallo del tribunal que negó la tutela y la concedió, ordenando a la Red de Solidaridad Social que asistiera, asesorara, acompañara, y efectivamente coordinara la asistencia estatal que la actora demandó para ella y para su grupo familiar, en todos los órdenes, con el concurso del INURBE y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en lo que a cada uno de estas entidades compete nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-721-03. En el mismo sentido ver T-1215-03
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