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5. Protección integral ante una violación masiva de derechos

El desplazamiento viola innumerables derechos de los desplazados internos, quienes tienen derecho a permanecer en su lugar de residencia, en el sentido de permanecer en sus hogares a menos que las autoridades, protegiendo su seguridad, ordenen lo contrario. nota 1

La situación de desplazamiento es una situación humanitaria que genera una violación múltiple y masiva de derechos de las personas obligadas a migrar. El derecho de los nacionales a escoger su lugar de domicilio y el derecho al libre desarrollo de la personalidad son violados por la necesidad de abandonar su domicilio, dados los riesgos para su vida y su integridad personal. El ambiente intimidatorio que los rodea, conculca sus derechos de expresión y asociación. De igual manera, en razón de las precarias condiciones que deben afrontar, las personas desplazadas ven vulnerados los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, de los discapacitados y de las personas de la tercera edad. Además, todas las personas forzadas a abandonar sus lugares de origen sufren un detrimento en sus, ya de por sí, muy afectados derechos económicos sociales y culturales y frecuentemente son sometidos a la dispersión de sus familias nota 2.

La Corte persistentemente ha reiterado que el desplazamiento forzado entraña una violación masiva y múltiple de derechos. En ese sentido ha dicho la Corte que hay circunstancias de hecho que se prolongan en el tiempo y que muestran a las claras, de manera pública y notoria, que están amenazados los derechos a la vida, la salud, la integridad personal, al trabajo, la libre circulación dentro del territorio, a la igualdad real y efectiva, a una vivienda digna, del numeroso grupo de desplazados, y que ya, durante los meses transcurridos, las condiciones de hacinamiento y de precaria subsistencia colectiva han implicado la violación real de derechos fundamentales de personas mayores y de niños, principiando por el desconocimiento práctico de su elemental dignidad y por la falta de atención a sus necesidades esenciales nota 3

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-227-97
  2. Corte Constitucional, Sentencia SU-1150-00
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-1635-00. En el mismo sentido ver T-327-01
5.1. Derechos a la dignidad humana, vida digna e integridad

· Protección del derecho a la dignidad humana

Un grupo de campesinos del predio Bellacruz en el departamento del Cesar, dadas las insistentes agresiones contra sus vidas y viviendas, se trasladaron a la capital del país donde la Defensoría del Pueblo y el Incora tomaron, como medida provisional, la contratación de su alojamiento en un hotel de la Mesa (Cundinamarca). Sin embargo, el contrato fue cancelado por presiones de la Gobernadora de Cundinamarca, quien además se pronunció acusando a la población desplazada de ser posibles guerrilleros y solicitando a los alcaldes de los municipios del departamento, que se abstuvieran de recibirlos. La Corte señaló que se vulneraron los derechos a una protección especial y el principio de la dignidad humana, cuando las autoridades públicas y aún los particulares, estigmatizaron a la población desplazada por su condición de tales.

La Corte ordenó a la Defensoría del Pueblo iniciar, en el término de un mes, un curso de promoción de derechos humanos dirigido a la Gobernadora de Cundinamarca y a los alcaldes del departamento, solicitó al Ministerio de Educación, dentro de los doce meses siguientes, hiciera efectiva la educación en el respeto de los derechos humanos y previno a la Gobernadora para que se abstuviera de emitir expresiones que comprometieran la seguridad de los desplazados nota 1.

La Defensoría del Pueblo, Regional Antioquia, instauró acción de tutela contra la Inspección 8 de Policía de Medellín, que ordenó el desalojo de un predio de propiedad privada, que venía siendo ocupado de hecho por un grupo de desplazados. El accionante consideró violados los derechos a la igualdad, dignidad, lo que no se compadece con la situación de desplazamiento en Colombia. La Corte concedió la tutela ordenando al Presidente y a otras entidades administrativas brindara la atención necesaria a los demandantes, dentro de un plazo de seis meses, en protección a sus derechos a la dignidad humana nota 2.

· Protección del derecho a la vida de persona desplazada a cargo del Estado y de acuerdo a los niveles de riesgo

El tutelante, Defensor de Derechos Humanos y Director Nacional de la Corporación Colombiana de Desplazados, ha sido víctima de amenazas por grupos al margen de la ley, situación que ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes. De esta forma, fue vinculado al programa de protección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia. Sin embargo, en marzo de 2008 se llevó a cabo una valoración de riesgos y fue clasificado ?como ordinario?. Por tal razón, fue desvinculado del programa de seguridad, decisión contra la cual interpuso los recursos correspondientes. Desde julio 1° de 2009 el esquema de seguridad fue suspendido. No obstante, las amenazas continúan, por lo tanto, busca protección de su derecho a la vida y solicita se ordene revocar la orden de retirar el esquema de seguridad y que permanezcan las medidas de seguridad ante las amenazas, al igual que para su familia.

La Corte consideró que lo aconsejable es restablecerle el resguardo especial del cual disfruta, teniendo cuenta no solamente las manifestaciones del actor, sino el mismo hecho de la protección que hasta julio de 2009 se le destinó y la realidad de la frecuente materialización de amenazas como las padecidas por él.

La sola convivencia en una sociedad injusta, conflictiva y violenta conlleva riesgos para todos los habitantes, pero también lo es que el nivel de peligro se incrementa contra un desplazado que tiene el valor de hacerse conocer como Defensor de Derechos Humanos y Director Nacional de la Corporación Colombiana de Desplazados.

Así las cosas, los antecedentes de amenaza contra la vida e integridad del accionante, que repercuten hacia su familia, obligan a que, por razones de cautela, se asegure continuidad en la protección que el Estado debe otorgarle y que se minimicen los riesgos que pudiese traer consigo la variación en el tipo de seguridad que se venía prestando, de manera que por falta de precauciones o cambios abruptos en la modalidad, y más todavía al suprimírsele, se posibilite la consumación de las amenazas.

Continuando en el Estado la responsabilidad de velar por la seguridad e integridad del demandante y de su núcleo familiar, no sólo no debe haber solución tajante de continuidad, sino que han de quedar claramente definidas las responsabilidades, así como las medidas de protección que continuarán, que se darán a conocer al protegido, así como la identidad de los servidores y del organismo responsable de amparar a quien sigue ejerciendo la misma actividad cívica, generadora de contingencias adicionales.

En este sentido, la Sala revocó la decisión adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para en su lugar, ordenar al Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la providencia, haga evaluar de nuevo los factores de riesgo y reales amenazas actualmente existentes contra la vida e integridad personal del accionante y su núcleo familiar, a efectos de implementar cuanto antes las medidas de seguridad que su situación amerite. nota 3

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-227-97
  2. Corte Constitucional, Sentencia SU-1150-00
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-134-10
5.2. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica

Una mujer desplazada por la violencia interpuso acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil por considerar que a causa de la demora injustificada en la entrega del duplicado de su cédula de ciudadanía se le estaban vulnerando sus derechos a la igualdad, al reconocimiento de la personalidad jurídica y de otros derechos civiles.

La Corte señala que ??la no expedición oportuna de la cédula de ciudadanía por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, como organismo del Estado encargado del deber constitucional de atender lo relativo a la identidad de las personas, entre otras funciones, conculca los derechos fundamentales de los ciudadanos a estar plenamente identificados, de tal suerte que puedan desarrollar todas las actividades propias de su calidad de tales, entre las cuales se encuentra la posibilidad de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y de esa manera, dar cumplimiento preciso a uno de los fines esenciales del Estado, cual es la de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan; así como la de realizar actos civiles para los cuales la presentación de ese documento resulta indispensable, todo lo cual lleva a la conclusión de que la carencia de la cédula de ciudadanía afecta de manera directa al ciudadano y a la sociedad?.

Por otro lado, la Corte indica que si bien es cierto, la Registraduría Nacional del Estado Civil expide una contraseña que para algunos eventos, no todos, sirve como medio de identificación, esa contraseña no puede de ninguna manera convertirse en la justificación para no expedir con prontitud la cédula de ciudadanía, pues lo cierto es, que a pesar de que existan ciertos trámites de carácter civil en los cuales es dable que se acepte esa contraseña o cualquier otro documento como lo afirma la entidad accionada, esa no es la regla general. Además, agrega, el desorden administrativo de las entidades públicas no puede ser un argumento constitucionalmente aceptado por el juez constitucional, cuando existen derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad.

Así, al remitirse a sus sentencias T-964 de 2001, T-268 y T-669 de 2003 y T-025 de 2004 reitera que la Registraduría Nacional del Estado Civil vulnera el derecho fundamental de los desplazados al reconocimiento de la personalidad jurídica, cuando retarda la expedición de sus documentos de identidad o sus duplicados pretextando problemas de orden administrativo, amparándose para ello en la entrega de una contraseña que no cumple las funciones atribuidas constitucionalmente a la cédula de ciudadanía.

La Corte previno a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que en lo sucesivo se abstenga de dilatar la expedición de documentos de identidad solicitada por la población desplazada. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-029-05
5.3. Derecho a la igualdad

La Corte manifestó que el grupo social de los desplazados, por su condición de indefensión, merece la aplicación de medidas a favor de los marginados y los débiles, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política nota 1.

· Prohibición de discriminación por la condición de desplazado

El actor instauró acción de tutela contra la Secretaría de Vivienda Social de Cali por haberse negado a tramitar su solicitud para vivienda, al considerar que no tenía obligación de tramitar la solicitud de los desplazados bajo el mismo proceso de las personas en zona de desastre. Pese a reconocer los derechos de la población desplazada, a no ser discriminados en razón a su condición de desplazados, la Corte negó la protección solicitada tras constatar que el accionante fue incluido en el plan de vivienda a desplazados nota 2.

· En materia de restablecimiento de la población de la tercera edad desplazada

Una mujer de la tercera edad, desplazada por la violencia, interpuso acción de tutela contra la Red de Solidaridad Social y el INURBE por considerar vulnerados sus derechos al trabajo, a la igualdad y a la vivienda digna, debido a que no se le había permitido a su hija acceder al programa de proyectos productivos para desplazados ni había logrado que se le asignara una solución de vivienda. Las entidades demandadas indicaron que la actora debía acceder a esos programas directamente y no por intermedio de su hija quien no tenía la calidad de desplazada. La Corte hizo un análisis sobre el significado del desplazamiento forzado interno, las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas de este delito y la acción afirmativa del Estado. Insistió en la necesidad de tomar medidas especiales a favor de los desplazados, para que sean menos vulnerables, se lleve a cabo la reparación de las injusticias derivadas del desplazamiento involuntario y se realicen efectivamente ciertos derechos de bienestar mínimo que constituyen la base para la autonomía y el auto-sostenimiento de este grupo poblacional.

Al efectuar la revisión de los componentes de la política pública de atención a desplazados relativos a vivienda y a proyectos productivos, la Corte encontró que la violación de los derechos de la actora derivó de una aplicación rígida de las normas de estabilización socioeconómica de la población desplazada. La Corporación se refirió al Programa de Adulto Mayor que le fue sugerido a la actora por la Red de Solidaridad Social para señalar que este programa no tenía la virtualidad de contrarrestar los riesgos de empobrecimiento y por ende de restablecer a los adultos mayores desplazados. De igual forma, la Corte se refirió al modelo de atención en vivienda basado en la capacidad de ahorro programado de la persona en situación de desplazamiento como un programa que tampoco cumple con esos objetivos, porque ?las acciones de política pública que lo desarrollan, por sí solas, no dan cuenta del enfoque poblacional ni de los criterios de realización del derecho a la vivienda?.

Por ello la Corte consideró que se vulneraron los derechos al mínimo vital y a la vivienda digna de la actora y en especial su derecho a la igualdad, pues no fue tenida en cuenta su condición de persona de la tercera edad en los programas de restablecimiento ni fueron satisfechos los niveles mínimos de sus derechos sociales.

En consecuencia, la Corte concedió la tutela de los derechos a la igualdad, al mínimo vital y a la vivienda digna de la accionante, y, ordenó a la Red de Solidaridad Social que gestionara ante el INCORA, o la entidad que hiciera sus veces, lo necesario para que, en un plazo de seis meses, los bienes abandonados forzosamente por la demandante y su grupo familiar fueran recibidos y aplicados a la adjudicación de una Unidad Agrícola Familiar en los términos del Decreto 2007 de 2001, si la actora optaba por la reubicación rural, o a una solución de vivienda urbana adecuada, si la misma escogiera reasentarse en la ciudad. De igual forma, ordenó que gestionara lo necesario para incluir a la demandante y a su grupo familiar en un proyecto productivo integral y viable, articulado a un programa de seguridad alimentaria, garantizando al mismo tiempo su financiación, y que adelantara las gestiones tendientes a garantizar la cobertura permanente de los servicios de salud y educación que demandaban la actora y su grupo familiar nota 3

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-098-02
  2. Corte Constitucional, Sentencia SU-1150-00
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-602-03. En el mismo sentido ver T-985-03
5.4. Derecho a la salud

· Protección del derecho a la salud de las personas desplazadas

El Personero de Bogotá, D.C., actuando por solicitud de una mujer desplazada, interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Salud del Distrito Capital por considerar vulnerados sus derechos a la salud, a la vida digna, a la integridad personal y a la seguridad social, por la no realización de un examen médico prescrito, a pesar de sufrir una grave enfermedad. En las condiciones de extrema vulnerabilidad de las personas que ostentan la calidad de desplazados forzados, el Estado no puede abandonarlas a su suerte, y en cuestiones tales como la salud, el Estado debe desplegar todos los mecanismos a su alcance para que el cubrimiento sea integral. Adicionalmente y teniendo en cuenta que esta población no puede quedar al margen de la cobertura del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es la Secretaría de Salud la entidad encargada de gestionar lo pertinente ante las instituciones prestadoras del servicio de salud adscritas o con las que tenga contrato, con el fin de que el examen prescrito a la accionante le sea practicado.

Por los anteriores argumentos, la Corte concedió la tutela y ordenó a la Secretaría Distrital de Salud que adelantara las gestiones necesarias para que a la señora se le practicara el examen requerido. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que le asistía para repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA nota 1.

· El desplazado tiene derecho a la prestación del servicio de salud

La Corte atribuyó al Director Nacional de la Red de Solidaridad Social el deber de iniciar las diligencias pertinentes para la incluir el grupo de personas desplazadas que instauró la tutela en el SISBEN, al tiempo que impuso al Hospital de Quibdó, la obligación de atender de manera eficiente a las personas desplazadas y de suministrarles los medicamentos necesarios. Surge para el hospital el derecho de repetir contra el FOSYGA, el cual, de manera preferente e inmediata, debe cubrir lo debido por concepto de atención a la población desplazada. Por otra parte, la Corte estableció que el desplazado, aun cuando no se encuentre carnetizado como tal, tiene derecho a la prestación del servicio de salud, en relación con los niños porque es un derecho fundamental, y para los adultos se protege por conexidad con el derecho a la vida nota 2.

· Atención psiquiátrica y psicosocial para la población desplazada

Los actores solicitaron, en su condición de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, atención en salud psiquiátrica y psicosocial, pues ésta está circunscrita únicamente a los planes básicos de los distintos regímenes.

La Corte señaló que las mujeres víctimas del conflicto armado que se han visto forzadas a desplazarse, son expuestas a graves situaciones marcadas por la violencia, la discriminación y la exclusión, por lo tanto, se requiere de una atención en salud mental que permita su recuperación, dentro de la que debe contemplarse la necesidad de romper el aislamiento, reconocer sus experiencias de miedo, identificar sus enfermedades, permitirles hablar de sus sentimientos de vergüenza y de culpa y romper los tabúes que los alimentan. Y, lo más importante, permitirles hablar de lo que vivieron y facilitar la reflexión en la comunidad, combatiendo la estigmatización y promoviendo actitudes positivas que permitan el reconocimiento de las víctimas.

En ese sentido, es necesario considerar la caracterización psicosocial de cada persona y de cada población, la cual integra la mirada psicológica y la relacional- social para la identificación de los daños, transformaciones y pérdidas ocasionados por los hechos violentos de los que fueron víctimas en el contexto de la violencia sociopolítica que vive Colombia.

La prestación de los servicios de salud a las víctimas del conflicto armado interno que además ostentan la calidad de desplazados no pueden limitarse únicamente a los planes básicos que se contemplan en cada uno de los regimenes, es decir, en el Régimen Contributivo y en el Subsidiado, debido a que en el diseño de estos programas no se contemplaron las especificidades que se derivan de la condición de víctima del conflicto interno. Estos planes no contemplan, entre otras cosas, atención psicológica y psiquiátrica de mediana y alta complejidad así como la implementación efectiva de un enfoque psicosocial, elementos necesarios para la prestación de los servicios de salud a las víctimas integralmente.

En este sentido, no basta, dadas las características de esa extrema vulnerabilidad y de las necesidades específicas que enfrentan las mujeres víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de desplazamiento forzado interno, incluirlas dentro de un programa general de salud dirigido a la población vulnerable, ni tampoco dentro de programas especiales de atención siquiátrica o sicológica que no tengan en cuenta su condición de víctimas.

Por lo expuesto, la Corte revocó la decisión adoptada por el Tribunal de instancia, y en su lugar, ordenó al Ministerio de Protección Social, que en el término de 15 días en coordinación con las Secretarías de Salud de las entidades territoriales en las cuales se encuentran ubicadas las accionantes, y con las entidades que designen para la prestación de los servicios de salud, realicen una valoración médica especializada de las accionantes que incluya tanto el diagnóstico por parte de profesionales en salud mental (psicólogos y psiquiatras) como salud física, acompañados por profesionales expertos en enfoque psicosocial para víctimas, para lo cual pueden solicitar orientación a cualquiera de las organizaciones intervinientes en el presente proceso, para determinar el curso de acción y el tratamiento a seguir en cada caso. Así mismo, estos profesionales deberán hacerle seguimiento continuo al estado de salud física y mental de las afectadas hasta que se restablezcan sus condiciones normales de salud. nota 3

· Derecho a la información sobre prestación efectiva de la atención médica

A una mujer desplazada por la violencia y ubicada en una ciudad le fue diagnosticado una enfermedad que le impedía trabajar y en consecuencia obtener ingresos que le permitieran sostener a su hijo menor de edad. Ante la negativa de la Red de Solidaridad Social y del Hospital Departamental de brindarle atención médica, interpuso acción de tutela contra la Red de Solidaridad Social. Señala la Corte Constitucional que cuando un desplazado requiera atención en salud, esa atención comprende no solamente la atención médica integral, sino el derecho a ser informado sobre la fecha en que ocurrirá tal atención, fecha que debe ser fijada con criterios de oportunidad y razonabilidad, porque al Estado le corresponde suministrar atención e información precisa para la solución de las necesidades de las personas desplazadas y facilitar los procedimientos, como reconocimiento de la dignidad humana, principio garantizado por la Constitución. Adicionalmente, si se está ante una situación de urgencia manifiesta, no puede someterse al afectado al respeto de los turnos. En estos eventos la atención debe ser inmediata.

La Corte concedió la tutela para proteger el derecho a la atención médica o a la prestación del servicio de salud, en conexidad con la vida, la dignidad de la persona y el derecho a la información clara, precisa y oportuna y ordenó a la Red de Solidaridad Social que iniciara las gestiones necesarias, ante las instituciones competentes, para que se le suministrara la atención integral requerida por la actora, según lo ordenado por el médico tratante nota 4.

· Obligación de las autoridades municipales o departamentales de asumir los costos de atención en salud de personas desplazadas por la violencia luego del período de emergencia

Cuando una persona víctima del desplazamiento forzado, en calidad de vinculada al Sistema de Seguridad Social en Salud, padece una afección que requiere tratamiento médico especializado y fue remitida formalmente y le es negada la atención por el sistema municipal de salud por considerar que la atención del caso es competencia del sistema departamental de salud, le está ordenado a la autoridad territorial orientar a la persona informándole qué instituciones públicas o privadas tienen la capacidad para atender la patología que padece, gestionar y supervisar el acceso a los servicios de salud que requiera porque el derecho a la salud de las victimas del desplazamiento forzado es un derecho fundamental autónomo y las autoridades administrativas del orden departamental o municipal están obligadas a asumir el costo de la atención en salud de las personas desplazadas con posterioridad al periodo de emergencia y a orientar y atender a la población desplazada para lograr la efectiva prestación de los servicios de salud a ésta. nota 5

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-790-03
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-098-02
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-045-10
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-645-03
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-138-05
5.5. Derechos de los niños

La Corte dispuso, respecto a los niños desplazados, que el Director Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debía iniciar los programas que correspondieran, como son los hogares de bienestar, jardines comunitarios, programas FAMI, intervención nutricional materno infantil, mejoramiento y apoyo nutricional para menores de siete años, distribución de sales orales a la población infantil, distribución de bono alimentario para niños en edad preescolar, programa de comedores escolares, creación y asistencia de clubes juveniles nota 1.

· Derecho a la educación de los niños

En el caso de las familias que por presiones de grupos paramilitares se vieron obligadas a trasladarse a la ciudad de Quibdó, la Corte advirtió que el Director Nacional de la Red de Solidaridad Social y los Secretarios de Educación Departamental y Municipal tienen la obligación de procurar los cupos escolares para los menores desplazados de manera que se garantice su acceso a la educación preescolar, primaria y secundaria hasta el grado noveno y los quince años de edad, sin costo de matrícula y mensualidad nota 2.

En un caso posterior, un grupo de niños desplazados por la violencia acudió a un colegio de Medellín, en procura de cupos escolares, pero les fueron negados al considerar que los menores superaban la edad establecida para la educación formal, y por ausencia de cupos disponibles e imposibilidad de asumir los costos generados. La Corte reiteró el carácter fundamental del derecho a la educación de los menores de edad, que comprende un año de educación preescolar y nueve de educación básica, y que es exigible directamente y de aplicación inmediata. Consideró que el superar la edad requerida para acceder a determinado año lectivo no debe conllevar la privación del acceso al sistema educativo, más aún, tratándose de menores desplazados por el conflicto interno; por una parte, porque es normal que sobrepasen la edad en la que ordinariamente se accede a los grados escolares; y por otra, porque siguen siendo menores de edad y su derecho es exigible mediante tutela nota 3

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-098-02
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-098-02 Ver supra 3.2
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-215-02
5.6. Derechos al reasentamiento transitorio y a la vivienda digna

· Derecho de albergue temporal

El Estado tiene la obligación de brindar atención a las personas desplazadas por la violencia, lo que incluye prestarles albergue provisional, así como la inclusión en los distintos programas para la asistencia de la población desplazada por la violencia. Es decir, el derecho al albergue provisional configura un derecho fundamental tratándose de la persona desplazada nota 1.

· Derecho a la vivienda digna

Una mujer interpuso acción de tutela en nombre propio y en el de sus hijos menores de edad, por considerar violados sus derechos a la vida, la dignidad humana, la integridad física y la protección especial a los niños, con el proceso policivo de lanzamiento que ordenó el desalojo del predio en que habitaban, sin que previamente el gobierno les hubiera dado una solución definitiva de albergue o reubicación. La Corte señaló, que para la cabal protección de los derechos fundamentales de la población desplazada, no es suficiente que se adelanten programas de vivienda de interés social y de estabilización económica, que no cuenten con recursos suficientes para su desarrollo, pues la atención que requieren las personas desplazadas es de carácter urgente y una solución a su problema de albergue provisional en condiciones dignas. Por lo tanto, la Corte ordenó a la Alcaldía municipal la creación del Comité Municipal para la Atención Integral de la Población Desplazada, y dispuso que dicho comité debía establecer un programa de reubicación y estabilización económica para los desplazados ocupantes del predio privado y en particular ofrecer una solución real y efectiva para la actora y sus hijos nota 2.

En un caso similar, la Corte determinó que le correspondía al Gerente Nacional del INURBE iniciar los trámites para otorgar de manera preferencial y rápida, el subsidio familiar de vivienda para los desplazados que interpusieron tutelas. Así mismo, la Corte estableció que el Alcalde municipal debía contribuir, dentro de las posibilidades presupuestales, a dar solución de vivienda a las personas desplazadas participantes de la acción de tutela nota 3.

· Criterios que deben tenerse en cuenta para que una vivienda se considere digna

Para que una vivienda pueda considerarse digna debe reunir dos requisitos:

En primer lugar, debe presentar condiciones adecuadas, las cuales dependen de la satisfacción de los siguientes factores, entre otros: (i) Habitabilidad, es decir, que la vivienda cumpla con los requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio necesarios para que una persona y su familia puedan ocuparla sin peligro para su integridad física y su salud. (ii) Facilidad de acceso a los servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición de sus ocupantes. (iii) Ubicación que permita el fácil acceso a opciones de empleo, centros de salud y educativos, y otros servicios sociales, y en zonas que no pongan en riesgo la salud de los habitantes. (iv) Adecuación cultural a sus habitantes.

En segundo lugar, debe rodearse de garantías de seguridad en la tenencia, condición que comprende, entre otros aspectos: (i) Asequibilidad, que consiste en la existencia de una oferta suficiente de vivienda y de posibilidades de acceso a los recursos requeridos para satisfacer alguna modalidad de tenencia, entre otros. En los programas que promuevan la asequibilidad a las vivienda, debe darse prioridad a los grupos desfavorecidos como las personas de la tercera edad, los niños, los discapacitados, los enfermos terminales, los portadores de VIH, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas de alto riesgo y los desplazados por la violencia. (ii) Gastos soportables, que significa que los gastos de tenencia ?en cualquier modalidad- deben ser de un nivel tal que no comprometan la satisfacción de otros bienes necesarios para la garantía de una vida digna de los habitantes de la vivienda. Para satisfacer este componente, el Estado debe, por ejemplo, crear subsidios para quienes no puedan sufragar el costo de la tenencia y sistemas de financiación que permitan a las familias acceder a la vivienda sin comprometer su vida en condiciones dignas, proteger a los inquilinos contra aumentos desproporcionados en los cánones de arrendamiento y facilitar el acceso a materiales de construcción. (iii) Seguridad jurídica en la tenencia, que implica que las distintas formas de tenencia estén protegidas jurídicamente, principalmente contra el desahucio, el hostigamiento, o cualquier forma de interferencia arbitraria e ilegal. nota 4

· Obligaciones del Estado frente al derecho a la vivienda digna de las personas víctimas del desplazamiento forzado.

Cuando personas víctimas del desplazamiento forzado se ven sometidas a condiciones habitacionales que no reúnen las características de una vivienda digna y a pesar de habérseles otorgado el subsidio de vivienda de la nación, el mismo no ha podido ser aplicado -por incapacidad económica de cubrir el excedente, ausencia de subsidios complementarios y ausencia de proyectos de construcción de vivienda de interés social en la municipalidad- La Corte Constitucional consideró que se vulneraba su derecho fundamental a la vivienda digna y en consecuencia ordenó al Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, conceder prorrogas a las personas para que puedan aplicar el subsidio. Ordenó a las entidades territoriales y a Acción Social, prestar asesoría sobre las opciones de acceso a créditos en condiciones favorables de las que disponen bien sea para la adquisición de vivienda, o para refinanciar los créditos que se hayan visto obligados a contraer para la compra de una, convocar a una mesa de trabajo a las entidades obligadas y a las personas para que participen en la decisión de solución de vivienda

Las personas víctimas del desplazamiento forzado tienen el derecho fundamental a la vivienda digna. Frente a este derecho el Estado está obligado a Proporcionar y dar auxilios para alojamiento transitorio, Otorgar con prioridad subsidios familiares de vivienda rural o urbana a las familias desplazadas, Promover un tipo de solución de vivienda adecuada para las necesidades de cada hogar, promover planes de vivienda destinados a la población desplazada por la violencia, Promover créditos de vivienda a largo plazo con condiciones favorables para esta población que se adecuen a los criterios de vivienda digna. nota 5

· OBligación de las autoridades de justificar trato diferencial en otorgamiento de subsidios complementarios de vivienda

Cuando las entidades territoriales otorgan subsidios complementarios a las víctimas del desplazamiento forzado en distinto monto, las autoridades están obligadas a explicar las razones del trato diferencial, pues el mismo, implica la violación del derecho a la igualdad de los sujetos del subsidio. nota 6

· Prohibición a las cajas de compensación familiar de hacer cobros para expedir certificados de viabilidad de viviendas usadas

Está prohibido a las cajas de compensación familiar cobrar tarifa alguna por concepto de evaluación y expedición del certificado de viabilidad de las viviendas usadas a las que las víctimas del desplazamiento forzado pretendan aplicar el subsidio nacional de vivienda. nota 7

· Derecho a la estabilización socioeconómica, acceso a tierra y vivienda, de las personas víctimas del desplazamiento forzado.

Cuando una persona víctima del desplazamiento forzado, luego de superada la etapa de emergencia sin haber obtenido la materialización de sus derechos a la estabilización socioeconómica -en concreto acceso a tierras y a vivienda- reúne los requisitos legales para acceder a estos derechos, está ordenado a la autoridad, Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural y al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural adoptar las medidas necesarias para otorgar de modo transitorio o definitivo el acceso a tierras y otorgar el subsidio de vivienda, porque, las víctimas del desplazamiento forzado merecen un trato preferente de parte del Estado para superar su situación, la atención al fenómeno del desplazamiento no puede verse circunscrita a las medidas de orden legislativo y reglamentario, las autoridades no pueden imponer mas requisitos que los previstos en la normatividad y las autoridades están obligadas a brindar soluciones a los problemas sociales bajo los principios de celeridad y eficacia. nota 8

· Requisitos para acceder al subsidio de vivienda para la población desplazada

El tutelante alega que Fonvivienda le negó el subsidio de vivienda argumentando que es propietario de un inmueble en el lugar del desplazamiento, a pesar de no contemplar la posibilidad de retornar a ese lugar por miedo a la violencia.

Al respecto la Corte consideró que el subsidio de vivienda familiar que se les otorga a quienes han sido víctimas del desplazamiento forzado, ha sido concebido como un derecho fundamental específico, adscrito al derecho fundamental general a la vivienda digna, consignado así en la Carta Constitucional de los derechos fundamentales.

Sin embargo, si la persona quiere retornar a su ?lugar de origen? pero el Estado no puede garantizarle un retorno en condiciones adecuadas; o si el Estado puede hacerlo, pero la persona no tiene voluntad de retornar por miedo o por el temor de ser nuevamente víctima del desplazamiento, no es posible obligarla a hacerlo. Por el contrario, lo correcto en esas hipótesis es que el Estado le garantice a la víctima su estabilización socioeconómica en otro sitio del territorio.

Pero, lo anterior no significa que cualquier persona que haya sido en algún momento desplazada por la violencia tenga derecho, en cualquier circunstancia, a exigir que se le asigne un subsidio de vivienda familiar. De hecho, la ley puede establecer limitaciones razonables a la obtención de subsidios; límites que pueden versar, por ejemplo, sobre el número de ocasiones en las cuales una persona puede recibirlos; o sobre el monto máximo que puede recibir una persona a título de subsidio, todo ello atendiendo a la disponibilidad presupuestal y, especialmente, a la aceptabilidad de dichos límites para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la vivienda digna y, en general, a la dignidad de las personas desplazadas.

En efecto, una condición necesaria (pero insuficiente) para garantizar los referidos derechos de las personas en situación de desplazamiento, es que se cumplan de un modo aceptable las siguientes dos normas: (i) la que prohíbe obligar a la persona a retornar al lugar del desplazamiento, a pesar de que su voluntad sea la de no regresar, por miedo o por haber hecho una nueva vida en otro sitio del territorio nacional; (ii) la que ordena hacer todo lo posible para que el sitio de recepción de la persona desplazada no sea un lugar tan inhóspito y hostil, que prácticamente la conmine a retornar o a desplazarse nuevamente.

Para dilucidar adecuadamente el punto, conviene señalar que el subsidio de vivienda familiar persigue ?como se ha dicho- garantizarle a la persona una vivienda digna, y no simplemente una propiedad sobre un bien inmueble. Si el objetivo del subsidio fuera el de garantizarle a la persona, sencillamente, la adquisición del derecho de dominio sobre un bien inmueble, tal vez habría muy buenas razones para considerar que si la persona ya tiene una propiedad, puede privársela de la posibilidad de recibir un subsidio en orden a adquirir otra más. Sin embargo, no es una mera titulación civil el objetivo de los subsidios, sino la satisfacción de una necesidad humana básica real, como es la de contar con un lugar donde poder pasar las noches, resguardarse de las adversidades del clima, y tener un espacio elemental de privacidad que a su vez les depare a las personas la posibilidad de salvaguardar su dignidad.

Ahora bien, suponiendo que la finalidad del subsidio para adquisición de vivienda nueva o usada sea el de depararles a las víctimas del desplazamiento una vivienda digna, un medio adecuado para asignarlo ?en contextos de recursos limitados- puede construirse sobre la base de identificar quiénes carecen de viviendas. Cuando un Estado no cuenta con recursos suficientes para concederles subsidios de adquisición de vivienda a todos los habitantes de su territorio que se consideren, razonablemente, desplazados por la violencia, debe establecer prioridades entre ellos. Un buen criterio de prelación puede ser el de verificar si la persona solicitante cuenta con los recursos suficientes para proveerse, autónomamente, una vivienda. Porque si quien solicita la asignación del subsidio tiene la suficiente solvencia económica, y además la liquidez, para adquirir la propiedad sobre un bien inmueble, parece que los recursos públicos deben ser destinados para contribuir en el empeño de otra persona, que no tiene recursos, para conseguir una vivienda propia y llevar una vida digna.

En suma, prima facie es válido desde el punto de vista constitucional rechazar la solicitud de asignación de un subsidio de adquisición de vivienda nueva o usada, presentada por una persona en situación de desplazamiento, con fundamento en que tiene una propiedad sobre un bien inmueble. Sin embargo, esa razón no puede ser absoluta sino que, por el contrario, debe estar sujeta a excepciones. En un caso como el que ahora estudia la Sala, la exclusión del peticionario de la lista de beneficiados con el subsidio, no se dio con fundamento en una razón suficiente, porque (i) el bien inmueble de su propiedad está ubicado en el lugar desde el cual se desplazó; (ii) las razones que condujeron al desplazamiento no han desaparecido (aún siente miedo de retornar); (iii) no hay elementos objetivos que conduzcan a concluir que la persona deriva beneficios de ese bien (cánones, por ejemplo); y (iv) se advierte que la persona desplazada reúne las demás condiciones para ser tenida en cuenta en la asignación de subsidios para adquisición de vivienda nueva o usada. Por lo tanto, la entidad demandada violó sus derechos a la vivienda digna y al retorno.

En conclusión, la Corte revocó la decisión adoptada por el juzgado de conocimiento y ordenó al Fondo de Vivienda Nacional ? Fonvivienda, incluir al peticionario en la lista de aspirantes al subsidio de adquisición de vivienda nueva o usada para la población desplazada. nota 9

· Excepciones al orden de asignación de subsidios de vivienda familiar por especiales circunstancias que refuerzan la protección constitucional.

Cuando un grupo familiar padece el desplazamiento forzado, uno de los integrantes es un niño que se encuentra infectado de sida y por ello son discriminados en los distintos lugares que habitan afectando su derecho fundamental a la vivienda concurren especiales circunstancias que ameritan protección constitucional reforzada lo que obliga a la autoridad a hacer excepciones en el orden de asignación de subsidios y dar prioridad a este grupo familiar, que dentro de un grupo especialmente protegido, víctimas del desplazamiento forzado, padece otras afectaciones que aumentan su vulnerabilidad y lo hacen merecedor de un trato prioritario. nota 10

· Suspensión de lanzamiento por ocupación de hecho hasta tanto se solucione problema de vivienda de familia desplazada

Una mujer embarazada de origen indígena, y su suegro, un hombre de 80 años, mediante acción de tutela, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales a la vivienda digna, a la salud, a la vida, a la dignidad humana, a los derechos de los niños y de las niñas, de los indígenas y de los ancianos en situación y condiciones de desplazamiento y otros vulnerados por la Alcaldía Municipal de Fusagasugá al ordenar querella de lanzamiento para desalojarlos de la casa No. 6 manzana D y de la casa No. 13, manzana C ocupadas por ellos irregularmente.

La sentencia T-585-06 centrada en el tema del derecho a una vivienda digna, lo reconoce como derecho fundamental de las personas desplazadas y estima, al considerar las especiales necesidades de la población desplazada, que se deben atender con mayor énfasis las de ?los subgrupos existentes a su interior, como los de las personas de la tercera edad, las madres cabeza de familia, los niños, o las personas discapacitadas. Igualmente ha señalado la Corte que debido al fenómeno del desplazamiento forzado, cientos de miles de colombianos, la mayoría de los cuales son menores de edad y mujeres, Colombia se encuentra en un verdadero estado de emergencia social.

Al resolver sobre la presente tutela, concluye la Corte que por las condiciones de vulnerabilidad extrema en las cuales se encuentra la familia desplazada aquí tutelante, así como por la omisión y la incuria reiterada de las autoridades municipales responsables de atenderla para brindarle una protección oportuna y efectiva, y juzga que en el presente caso se han violado y se siguen violando efectivamente los derechos fundamentales de los actores desplazados a una vivienda digna, derecho que para ellos se ha tornado fundamental por tratarse de personas desplazadas, y, además, por su íntima vinculación con otros derechos fundamentales como la protección especial debida a los niños, especialmente si son menores de un año, a las personas de la tercera edad, a la mujer cabeza de familia, a la salud y a la seguridad social, a la educación y al mínimo vital. Semejante violación ha venido presentándose desde la llegada al municipio de Fusagasugá de estas personas desplazadas, hace casi tres años, y se ha prolongado, reiterado y agravado hasta la fecha, cuando la inminencia de un lanzamiento por ocupación de hecho, no aplicable en su caso, las ha puesto en un estado agravado de suma necesidad, estado que los indujo a la ocupación de los inmuebles del municipio.

Por otra parte la violación de sus derechos no es imputable a una sola autoridad municipal o nacional, sino que obedece a un problema estructural que afecta en su conjunto toda la política de atención al desplazado diseñada por el Estado, y a sus distintos componentes, y para cuya inejecución no se pueden aducir, por disposiciones jurisprudenciales de la Corte, ni la carencia de recursos destinados a financiarla, ni la deficiencia institucional para ejecutarla, porque tal situación obedece plenamente al estado de cosas inconstitucional declarado formalmente por esta Corte en la sentencia T-025 de 2004.

Así las cosas, la Corte Constitucional, revocó la decisión adoptada por los juzgado de instancia, para en su lugar conceder el amparo de sus derechos fundamentales a la vivienda digna en conexión con la vida, la salud, la unidad familiar, a la integridad física, psicológica y moral, a la igualdad, al debido proceso, a la protección de todos los derechos de los niños menores de un año, en situación de desplazamiento, a los derechos de la mujer indígena embarazada cabeza de familia, a los de los ancianos, al libre desarrollo, al trabajo digno y a todos los demás que resulten vulnerados por las autoridades municipales de Fusagasugá, al no haber atendido debidamente las necesidades de esta familia desplazada por los violentos, ni haber tomado las previsiones necesarias para garantizarle su acceso a una vivienda digna, y, al contrario, haber agravado su situación al ordenar la querella policiva para lanzarla por ocupación de hecho de sus viviendas actuales.


Igualmente ordenó a las autoridades municipales de Fusagasugá que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia, si aún no lo hubieren hecho, ordenen la suspensión definitiva de la de la diligencia de policía ?querella de lanzamiento por ocupación de hecho?, para cuya realización se comisionó a la Inspección Segunda Municipal de Policía.

De la misma forma, ordenó que dentro de un término no mayor de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, procedan directamente a diseñar y a ejecutar todas las medidas a su alcance para entrar a solucionar el problema de vivienda planteado con la ocupación del inmueble, y en el entretanto lo preserven como albergue provisional para esta familia de desplazados y lo mantengan en condiciones dignas de habitabilidad. nota 11

  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-1150-00. Ver supra 4.1
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-1346-01
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-098-02
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-585-06
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-585-06
  6. Corte Constitucional, Sentencia T-585-06
  7. Corte Constitucional, Sentencia T-585-06
  8. Corte Constitucional, Sentencia T-754-06
  9. Corte Constitucional, Sentencia T-044-10
  10. Corte Constitucional, Sentencia T-919-06
  11. Corte Constitucional, Sentencia T-068-10
5.7. Derecho al trabajo y a la libertad de escoger profesion u oficio

· Derecho al trabajo

El actor interpuso acción de tutela contra la Red de Solidaridad Social por considerar violados los derechos a la vida, la salud y la dignidad humana de él y su familia, pues teniendo en cuenta la condición de desplazados, la entidad demandada no cumplió su compromiso de desarrollar un proyecto productivo de trabajo en su lugar de origen. La Corte encontró que el actor ya había recibido apoyo para el proyecto productivo y que este se hallaba en marcha, por lo cual, pese a reiterar los derechos de los desplazados a ser incluidos en proyectos de estabilización económica, negó la protección solicitada nota 1.

· Derecho al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio

La Corte señaló que el desplazamiento forzado afecta a las personas en su oficio de agricultores por la imposibilidad de continuar desarrollando en la ciudad sus labores, viéndose entonces obligados a buscar otra ocupación para sobrevivir. Corresponde al Estado proveer los elementos que les ayuden a ingresar al mercado laboral, uno de los cuales es la capacitación en el Sena y otro es el fomentar proyectos específicos. En consecuencia, la Corte ordenó al Director Nacional del Sena y de la Red de Solidaridad Social que procedan a incluir a los desplazados en los programas de capacitación, acelerando el cumplimiento de los programas y planes comunitarios que se ofrecen a los desplazados nota 2.

· Derecho al trabajo y de petición

Una mujer, cabeza de familia y desplazada por la violencia, interpuso acción de tutela en contra de la Red de Solidaridad Social por no obtener respuesta favorable a su solicitud de un proyecto productivo que le permitía obtener ingresos para mantener a sus cinco hijos y su nieto, situación que se agravó ante el hecho de no saber leer ni escribir. De igual forma señaló que desde que se encontraba desplazada en la ciudad, no había conseguido un lugar estable para vivir con su familia. La Corte señaló, que al ocurrir el desplazamiento se ve abruptamente frustrado el desarrollo de las actividades productivas del desplazado, razón por la cual es obligación del Estado brindarle capacitación para que pueda asumir un nuevo rol en el mercado laboral y velar por la garantía de un medio de trabajo que ayude a la consecución de un mínimo vital.

En este sentido, la vinculación en proyectos productivos para poder garantizar el derecho al trabajo, es de especial atención porque al brindar esta oportunidad no sólo se garantiza el derecho fundamental mencionado, sino se hace posible que con los ingresos que puede llegar a percibir el desplazado con posterioridad a la capacitación se haga viable llevar alimentos, pagar arriendo, o satisfacer otras necesidades de su mínimo vital y el de su núcleo familiar. En relación con el derecho de petición, la Corte aclaró que el omitir la respuesta de un derecho de petición de un desplazado con respecto a la protección de sus derechos aumenta la gravedad de la vulneración de los mismos en la medida en que limitaba toda posibilidad de certidumbre acerca del porvenir de éste y su familia.

Frente al derecho a la vivienda, indicó la Corte que no procede en este caso la protección del mismo, toda vez que está probado que hasta el momento de interposición de la tutela la accionante no había realizado ninguna de las gestiones necesarias para acceder al subsidio de vivienda. Por lo anterior, la Corte concedió parcialmente la tutela, en el sentido de proteger los derechos de petición y al trabajo de la accionante y ordenó a la Red de Solidaridad Social contestar de fondo la petición elevada y constatar la efectiva recepción de la respuesta. Asimismo, le ordenó a esta entidad que, una vez brindada la asesoría acerca de las diferentes alternativas de consolidación económica, hiciera un seguimiento de la efectiva atención de la peticionaria en la entidad a la cual acuda para obtener tal consolidación y tome las medidas de coordinación necesarias en caso de que constate que no se están desplegando las actividades para proteger el derecho al trabajo de ésta nota 3.

· Obligaciones de las autoridades frente a los funcionarios de carrera administrativa

Cuando una persona inscrita en carrera administrativa se ve forzada a desplazarse, ha agotado múltiples diligencias administrativas para obtener su traslado y pese a ello, la autoridad luego de tres años aún no ha efectuado su traslado y ha suspendido el pago de los salarios, entonces se considera que la conducta de la autoridad violan sus derechos al trabajo y a la vida. En estas circunstancias se concede el amparo de tutela y se ordena a la autoridad reubicar temporalmente a la persona en institución de otro Municipio o Departamento en un cargo igual o de superiores características al que desempeñaba antes de su desplazamiento forzado y en un lugar donde no se ponga en peligro su vida e integridad personal ni la de su núcleo familiar porque todas las entidades del Estado tienen la obligación de salvaguardar los derechos fundamentales de los administrados, incluidas las víctimas del desplazamiento forzado, por mandato constitucional. nota 4

· Pago de salarios y demás derechos laborales dejados de percibir a personas desplazadas por la violencia. Principio de favorabilidad.

A un trabajador del municipio de Puerto Wilches, desplazado por la violencia, quien tuvo que huir del municipio a raíz de amenazas de grupos paramilitares, el empleador le terminó su contrato laboral alegando el abandono del cargo.El accionante inicio un proceso laboral en el que se decidió ordenar el reintegro del trabajador, sin embargo, el juez se abstuvo de ordenar el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento del despido ilegal, argumentando que en la convención colectiva vigente para la fecha, el reintegro de un trabajador despedido injustamente no contemplaba el pago de salarios y demás derechos laborales dejados de percibir por el ex operario.

La Corte consideró que la sentencia del proceso laboral acusada desconoció el principio de favorabilidad, toda vez que en el ordenamiento jurídico laboral existían normas que establecían el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir ante un despido injusto, otorgando un tratamiento más favorable para el trabajador en comparación con las disposiciones de la convención colectiva en que se basó el juez laboral.

La Corte fundamentó su decisión en las normas del Código Sustantivo del Trabajo previstas en el decreto 2351 de 1965 y en el artículo 408, así como en sentencias de la misma Sala de Casación Laboral en las que se reconoce que ?la reinstalación conlleva el pago de salarios con los aumentos legales o convencionales y de las prestaciones sociales que sean compatibles con él, pues ficcionadamente el contrato se considera que no tuvo interrupción?.

De igual forma, la Corte apoya su decisión en el Concepto 1428 de 2002 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que indica que ??El desplazamiento, si bien genera una vacancia temporal, no constituye abandono del cargo, pues existe justa causa fundada en la fuerza mayor. Por tanto, manteniéndose la calidad de servidor, la relación laboral subsiste, al no configurarse ninguna causal de retiro. ?Si no es procedente la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, una vez establecida las condiciones que afectan la seguridad del empleado desplazado, se debe garantizar el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales hasta tanto sea efectiva la protección del Estado, que haga cesar la situación de amenaza contra el derecho fundamental a la vida que pesa sobre aquél y que le impide desempeñar sus funciones". nota 5

  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-1150-00
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-098-02
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-669-03
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-620-06
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-1020-07
5.8. Derecho a permanecer en el territorio y libertad de circulación

En el caso de una Gobernadora que presionó la cancelación del contrato de alojamiento para unos desplazados, que los acusó de ser posibles guerrilleros y que solicitó a los alcaldes de los municipios del departamento que se abstuvieran de recibirlos, la Corte señaló que cuando las autoridades públicas, so pretexto de mantener el orden público, prohíben o restringen la libre circulación de las personas desplazadas por la violencia se violan sus derechos fundamentales a la permanencia en el territorio, la libertad de locomoción, circulación y escogencia de domicilio. Por lo anterior, la Corte previno a la Gobernadora para que se abstuviera de restringir los derechos de circulación de la población desplazada y de frustrar las medidas de protección tomadas por otras entidades públicas nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-227-97
5.9. Presunción de buena fe

Una persona desplazada de un municipio no habría podido recibir atención médica para él ni para su familia, por no encontrarse registrado en el sistema de registro de población desplazada de la Red de Solidaridad Social. La entidad argumentó que no se había realizado el registro, por la carencia de documentos que acrediten la condición de desplazado y que los hechos referidos por el actor como causa del desplazamiento no existieron. La Corte manifestó que el desplazamiento por ser una situación de hecho no necesita, como requisito indispensable para adquirir la condición de desplazado, ser declarado por ninguna entidad ni pública ni privada para configurarse. Agregó que, en el caso de los desplazados, se debe presumir la buena fe al estudiar su inclusión en el Registro Nacional de Desplazados, para efectos de recibir la ayuda del gobierno. Al presumirse la buena fe, se invierte la carga de la prueba y, por ende, son las autoridades las que deben probar plenamente que la persona no tiene la calidad de desplazado.

Por lo anterior, la Corte concedió la tutela y ordenó a la Red de Solidaridad Social la inclusión del peticionario en el Registro Único de Población Desplazada así como la consecuente prestación de los beneficios derivados del registro. También se previnó a las entidades integrantes del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada para que en el futuro no se repitan situaciones como las que han dado motivo a esta tutela. nota 1

En el mismo caso de los niños que acudieron al colegio de Medellín, en procura de cupos escolares, pero que les fueron negados por razones de extra edad, ausencia de cupos disponibles e imposibilidad de asumir los costos generados, la Corte consideró que, en el caso de los niños, la calidad de desplazado no puede depender de la declaración que en ese sentido realice su representante legal, pues esa lógica impediría el registro de los menores que también por causa de la violencia, perdieron sus padres o no tienen quien los represente. La exigencia de requisitos adicionales a los establecidos por parte de las instituciones concebidas para la protección de la población desplazada, se convirtió en un obstáculo para el reconocimiento de los más elementales derechos de los menores nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-327-01
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-215-02
5.10. Derecho de petición

· Procedimiento que deben seguir las autoridades para responder peticiones respetuosas de personas desplazadas por la violencia

Casos de personas que han sido institucionalmente reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado y que, en tal condición, han presentado peticiones respetuosas para acceder a un proyecto para restablecimiento socio-económico, pero no se las han resuelto.

La Corte Constitucional, en sentencia T 025 de 2004, señaló de forma precisa y detallada cuál es el procedimiento que deben seguir las autoridades o personas que estén en el debe dar trámite y responder a las peticiones respetuosas efectuadas por personas desplazadas, para no violar el derecho fundamental de petición:

"cuando las distintas autoridades reciban una petición proveniente de un desplazado, en la cual se solicite la protección de alguno de sus derechos, la autoridad competente procederá a: 1) incorporarlo en la lista de desplazados peticionarios, 2) informarle al desplazado dentro del término de 15 días el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la solicitud; 3) informarle dentro del término de 15 días si la solicitud cumple con los requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente cómo puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda; 4) si la solicitud cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad presupuestal, adelantará los trámites necesarios para obtener los recursos, determinará las prioridades y el orden en que las resolverá; 5) si la solicitud cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal suficiente, la informará cuándo se hará efectivo el beneficio y el procedimiento se seguirá para lo reciba efectivamente. En todo caso, deberá abstenerse de exigir un fallo de tutela para cumplir sus deberes legales y respetar los derechos fundamentales de los desplazados. Este mismo procedimiento deberá realizarse en relación con las peticiones de los actores en el presente proceso de tutela, en particular para las solicitudes de otorgamiento de las ayudas previstas en los programas de vivienda y de restablecimiento socio económico".

En el asunto objeto de análisis, de los cuarenta y ocho (48) tutelantes, sólo a cuatro no se les ha vulnerado su derecho de petición, por lo tanto, la Corte confirmó el fallo del Tribunal de instancia, ordenando a Acción Social que individualice adecuadamente todas y cada una de las peticiones y que les dé respuesta de fondo, si aún no lo ha hecho, en un término que no puede ser superior a los quince (15) días siguientes a la notificación de la sentencia. nota 1

· Obligación de las entidades financieras de tener en cuenta la situación de desplazamiento forzado de algunos de sus deudores para responder sus peticiones.

Un señor desplazado por la violencia presentó acción de tutela contra el Banco Agrario porque no se le tuvo en cuenta su condición de desplazado para condonarle el pago de una deuda. Solicitó que se le reconocieran todos los beneficios previstos en la ley 418 y que se le diera el mismo tratamiento que la Corte constitucional había dado a las personas secuestradas. Invocó la solidaridad con su condición de persona desplazada por la violencia. La Corte precisó que en virtud del principio constitucional de la solidaridad, las entidades financieras deben tener en cuenta las circunstancias de debilidad manifiesta de las personas que habiendo adquirido un crédito son víctimas del desplazamiento forzado. En tal sentido, señala que las entidades financieras están en la obligación de brindar al deudor-desplazado como mínimo la siguiente información:

- Si existen alivios de crédito por hacer parte de la población desplazada por la violencia;

- Si puede acceder a algunos de los créditos de que trata la Ley 418 de 1997 ?por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones?;

- Si FINAGRO puede hacer el redescuento de la obligación;

- Si tiene derecho a subsidios;

- Si se cuenta con otras garantías además de la hipoteca, que prevean situaciones tales como el abandono del inmueble que garantiza la obligación o la pérdida de los demás bienes.

En consecuencia, la Corte revocó el fallo de primera instancia y tuteló la protección del derecho de petición del demandante, en el sentido de ordenar al Banco Agrario suministrar por escrito al actor la información requerida, teniendo en cuenta su condición de pertenecer a la población desplazada por la violencia y sus condiciones económicas. nota 2

· Deber de responder en forma oportuna los derechos de petición sobre pagos de ayudas humanitarias

Una señora desplazada interpuso una acción de tutela contra la Red de Solidaridad Social por encontrar vulnerado su derecho fundamental de petición, al no haberle sido respondida su solicitud de cancelación de las ayudas establecidas en la Ley 418 de 1997, a pesar de las múltiples solicitudes elevadas en tal sentido.

La Corte señala que si bien el respeto de los turnos no vulnera el derecho a la igualdad por tratarse de personas que están en una misma situación de hecho, si se les debe respetar el derecho a conocer en qué fecha, dentro de un período de tiempo razonable, serán atendidas.

Aplicando esta hipótesis al caso de la población desplazada, la Corte reitera jurisprudencia anterior, en el sentido de señalar que aún en el suministro de las ayudas humanitarias ? y aquí se incluye el pago de las indemnizaciones que trae la Ley 418 de 1997-, se deben respetar los turnos asignados en virtud del momento de la presentación de dichas solicitudes.

No obstante, aclara la Corte que para las personas que se encuentran en condición de desplazamiento forzado, es necesario conocer una fecha cierta, aunque no inmediata, en la cual se realizará el pago. Esta fecha debe ser fijada con estricto respeto de los turnos, dentro de un término razonable y oportuno.

En consecuencia, la Corte ordena revocar el fallo proferido, y conceder la tutela del derecho de petición de la accionante. En segundo lugar, ordena a la Red de Solidaridad Social que, dentro del término de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, informe a la accionante la fecha cierta en la cual se hará efectivo el pago de la ayuda humanitaria, dentro de un término razonable y oportuno y en armonía con los turnos de las demás solicitudes que hayan sido presentadas y aprobadas con anterioridad a la de la actora. nota 3

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-044-10. Ver también Sentencia T-025-04
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-419-04
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-373-05
5.11. Derecho al debido proceso

· En actuaciones administrativas relacionadas con la enajenación de viviendas pertenecientes a la población desplazada

Una mujer desplazada interpuso acción de tutela contra el alcalde de un municipio por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso y a una vivienda digna, ya que un inmueble que poseía en el municipio del cual fue desplazada fue demolido sin que previamente tuviera información sobre este procedimiento. La Corte señaló que si bien le está permitido a la administración, en beneficio del interés general, adquirir un bien inmueble, dicho procedimiento debe estar sujeto a unos mecanismos y procedimientos que no pueden, bajo ningún concepto, desconocer los derechos del particular dueño del bien y menos aún el derecho fundamental al debido proceso, el cual según el artículo 29 de la Constitución, se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. En este orden, para la adquisición de inmuebles urbanos, el legislador ha establecido un procedimiento específico, el cual no puede desconocer la administración municipal.

Para el presente caso, existió vulneración del derecho fundamental al debido proceso, por cuanto la administración municipal, no acreditó que antes de proceder a demoler la vivienda hubiera realizado alguna notificación a la demandante, o a quienes consideró como propietarios del inmueble; tampoco señaló específicamente cuáles fueron las actuaciones adelantadas antes de tomar esa decisión. En consecuencia, la Corte concedió la protección del derecho fundamental al debido proceso y ordenó al alcalde municipal informar a la demandante, cuáles fueron las gestiones realizadas previas a la demolición del inmueble, y sobre los mecanismos que procedieron contra esta decisión nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1027-03
5.12. Derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación

La Corte profundizó sobre los derechos de los desplazados manifestando que toda víctima del desplazamiento es a su vez sujeto pasivo del delito de desplazamiento consagrado en el Código Penal, y en esa medida tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Por verdad se entiende el mayor esclarecimiento de los hechos dentro del proceso penal, de las circunstancias del desplazamiento, de los agentes causantes _ que incluyen no solo al grupo armado culpable, sino los autores intelectuales y materiales concretos- y de los móviles de los agentes para la perpetuación del delito. El derecho a la verdad implica la participación del perjudicado dentro del proceso penal, porque conlleva el conocimiento del curso del proceso por parte de la víctima y facilita la investigación por parte de los funcionarios del Estado en la medida que las víctimas fueron testigos presenciales directos de los hechos.

El derecho a la justicia establece que el delito no debe quedar impune, por lo tanto se debe garantizar el acceso a la administración de justicia de quien fue víctima del delito, y el Estado debe velar porque la ocurrencia del hecho punible sea castigada por su aparato jurisdiccional a través del procesamiento, condena y ejecución de la pena del sujeto activo del delito. Finalmente, el derecho a la reparación, según la Corte Constitucional, conlleva una actuación diligente del Estado en la efectiva recuperación de los bienes que se vieron compelidos a abandonar las personas con motivo del desplazamiento. Si esa recuperación se hace imposible, las autoridades competentes deben conceder una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa, o prestarles la asistencia necesaria para que las obtengan nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-327-01
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