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Última modificación: 2006-11-09
La suspensión del término de prescripción de las acciones que emana del fuero sindical, en virtud del agotamiento de la vía gubernativa para iniciar la acción de reintegro de los empleados públicos, no vulnera el derecho a la igualdad.

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra el contra el artículo 49 (parcial) de la Ley 712 de 2001 que adiciona el artículo 118 A al Código Procesal del Trabajo. Dicha norma prescribe que las acciones que emanan del fuero sindical prescriben en dos meses, término que para el trabajador se contará desde la fecha de despido, traslado o desmejora y para el empleador desde la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que se invoca como justa causa o desde que se haya agotado el procedimiento convencional o reglamentario correspondiente, según el caso. Este término se suspende durante el trámite de la reclamación administrativa de los empleados públicos y trabajadores oficiales. Culminado este trámite o presentada la reclamación escrita en el caso de los trabajadores particulares, se cuenta nuevamente el término de dos meses.

Consideró el actor que la norma demandada le otorga prerrogativas a los trabajadores del sector público al ampliarse el término de prescripción para iniciar la acción de reintegro por fuero sindical, al suspender dicho término por el adelantamiento de la vía gubernativa. Seguido alega, que el inciso demandado está en contra de la igualdad de oportunidades que tienen todos los trabajadores, por otorgar prerrogativas a los trabajadores del sector público en la medida que, el término de prescripción para iniciar la acción de reintegro por fuero sindical, se amplía mucho más allá, esto es, de cuatro a seis meses, al suspenderlo mientras se adelanta el trámite administrativo. Adiciona que a los trabajadores del sector público la ley demandada les da una ventaja que hace desiguales a los trabajadores particulares, cuando les facilita una herramienta nueva o adicional, cual es la figura jurídica de la suspensión de la prescripción. Asegura, que en tanto, a los trabajadores particulares únicamente les es aplicable la figura jurídica de la interrupción de la prescripción por un término igual al inicial; es decir, se puede interrumpir por dos meses más, en cambio los trabajadores del sector público la pueden suspender, por todo el tiempo que dure la administración en responder, pues el silencio administrativo negativo, no puede obligar al peticionario a ejercer recursos contra el falso pronunciamiento ni mucho menos imponerle la carga de irse con un acto intangible ante la jurisdicción laboral o administrativa. Precisa que la norma demandada prevé dos tipos de prescripción, introduciendo una desigualdad que viola el artículo 13 y el 53 de la Constitución Política.

La Corte destacó que la diferenciación obedece a la obligación que tienen los trabajadores del sector público de agotar previamente la vía gubernativa pues existe un derecho de la administración de revisar y resolver sobre sus propios actos previo a un proceso judicial. Aquí lo que interesa destacar en que luego de esa petición inicial o de la presentación y resolución de los recursos interpuestos se agota dicho trámite administrativo y, a partir de ese momento, se inicia nuevamente a contabilizar los términos para acudir si es del caso a la demanda de reintegro ante la justicia laboral.

La Corte resolvió declarar exequibles los apartes: ?Durante el trámite de la reclamación administrativa de los empleados públicos y trabajadores oficiales, se suspende el término prescriptivo?, y ?Culminado este trámite, o presentada la reclamación escrita en el caso de los trabajadores particulares, comenzará a contarse nuevamente el término de dos (2) meses?, del artículo 49 (parcial) de la Ley 712 de 2001 que adiciona el artículo 118 A al Código Procesal del Trabajo nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1232-05

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