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Última modificación: 2008-02-22
Medidas legales de protección a las víctimas del secuestro y sus familias también cobijan a las víctimas de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada y sus núcleos familiares dependientes

El 26 de agosto de 2005, el Congreso de la República expidió la Ley 986 por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones. Los artículos 2 ?que se ocupa de definir los destinatarios de la ley- y 15, parcial, -que se ocupa del pago de salarios, honorarios, prestaciones sociales y pensiones del secuestrado- fueron demandados por inconstitucionales. El demandante adujo que el legislador había incurrido en una omisión relativa al excluir injustificadamente de los beneficios que establece la ley, a las víctimas y familiares de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada. En su opinión, los efectos que genera el secuestro y aquellos producidos por estas otras conductas punibles son asimilables, pues se trata de la privación arbitraria de la libertad.

La diferenciación establecida en la descripción de los destinatarios del régimen de beneficios consagrado en la Ley 986 de 2005, configura un claro trato discriminatorio frente a las víctimas de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada y sus familias, pues no existe ninguna justificación válida desde la perspectiva constitucional, para establecer un régimen que únicamente favorezca a los secuestrados, mientras que, por el contrario, nada diga en relación con estos grupos que demandan igual ámbito de protección.

Para la Corte, resulta claro que el legislador incurrió en una inconstitucionalidad por omisión legislativa al excluir de las consecuencias jurídicas de la Ley 986 de 2005 a las víctimas de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada, que redunda en una ostensible discriminación contra los grupos excluidos del amplio régimen de protección que dicho texto legal establece, por déficit de protección a la luz del ordenamiento constitucional. Se configura una violación del artículo 13 superior, que establece la cláusula general de igualdad, a la vez que se presenta un desconocimiento de mandatos constitucionales que imponen el deber específico de protección frente a las víctimas de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada, así como de los derechos al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud, a la educación, a la vida digna del núcleo familiar dependiente de quien ha sufrido la privación arbitraria de la libertad. La Corte extendió los instrumentos de protección consagrados en la ley a las víctimas de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada y sus núcleos familiares dependientes. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-394-07

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