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Última modificación: 2011-03-18
No es admisible que para conjurar situaciones de orden público, de orden económico y social y de la salubridad pública que los perturben de manera grave se acuda a la suspensión permanente del derecho de huelga

La Corte analizó la disposición contenida en el artículo 1 de la Ley 1210 de 2008 que autorizaba al Presidente de la República a ordenar en cualquier momento la cesación de la huelga y que los diferendos que la provocaron fueran sometidos a fallo arbitral si se afectaba de manera grave la salud, la seguridad, el orden público o la economía en todo o en parte de la población. La norma en comento señalaba:

LEY 1210 DE 2008. Artículo 1º: Modifíquese el numeral 4 del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así:

Funciones de las autoridades (?).

PARÁGRAFO 2o. Si una huelga, en razón de su naturaleza o magnitud, afecta de manera grave la salud, la seguridad, el orden público o la economía en todo o en parte de la población, el Presidente de la República, previo concepto favorable de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, puede ordenar en cualquier momento la cesación de la huelga y que los diferendos que la provocaron sean sometidos a fallo arbitral.

En caso de vacancia judicial, el concepto previo corresponde al Procurador General de la Nación. En ambas circunstancias, el concepto debe ser expedido dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud.

La Corte declaró la inconstitucionalidad de la disposición acusada pues hacía nugatorio el ejercicio del derecho a la huelga. Al analizar la norma acusada, la Corte recordó que la limitación del derecho a la huelga sólo procede si se trata de un servicio público esencial y la disposición bajo examen no hacía ninguna referencia directa a actividades que pudieran ser catalogadas como servicios públicos esenciales, sino a ciertas situaciones de contexto que a juicio del Presidente ameritan su intervención. Indicó la Corte:

?La facultad que se otorga al Gobierno, de determinar, en concreto, ámbitos en los cuales la huelga excepcionalmente deja de estar garantizada, contraviene el artículo 56 de la Constitución, puesto que se confiere una facultad abierta, consistente en determinar si una huelga está afectando de manera grave la salud, la seguridad, el orden público, o lo intereses de la economía. La imprecisión de esos conceptos permite restringir los derechos de los trabajadores en muy diversos campos. Por tratarse de una excepción a la garantía constitucional de un derecho, ésta - ha dicho la Corte - debe ser interpretada siempre de manera restrictiva, a fin de que sea lo menos gravosa posible, y evitar el riesgo no solo de convertir la excepción en regla, sino de eliminar toda eficacia normativa a la consagración constitucional del derecho?.

?(?) La preservación del orden público, del orden económico y social y de la salubridad pública, son sin duda cometidos que conciernen al Gobierno nacional. Sin embargo, no es admisible que para conjurar situaciones que los perturben de manera grave se acuda a la suspensión permanente del derecho de huelga, en eventos no previstos en la Constitución, cuando el orden jurídico contempla herramientas para que el ejecutivo enfrente con mayor eficacia situaciones de tal envergadura (Art. 215 C.P.).

?Mediante la atribución que la norma otorga al Presidente de la República, el legislativo se está despojando de una competencia que la Constitución le asigna de manera privativa, consistente en determinar con criterios estrictos, objetivos y razonables, el ámbito material sobre el cual es posible la restricción legítima al derecho de huelga. El amplio ámbito de aplicación que la norma contempla para el ejercicio de la facultad que otorga al Presidente de la República, contrae el riesgo de dar poderes ilimitados al Ejecutivo. La norma acusada permite el uso de esa facultad en cualquier tiempo y con un amplio margen de discrecionalidad?. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-349-09

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