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Última modificación: 2012-05-23
Por regla general, las controversias en los contratos colectivos sindicales para el pago de compensaciones, salarios, aportes a la seguridad social y demás, deben ventilarse ante el juez natural, salvo cuando exista un grave compromiso de derechos fundamentales.

Las personas que promueven la acción de tutela, siendo parte de una organización sindical, suscribieron como tal, un contrato colectivo sindical con una sociedad comercial. Ante el incumplimiento en los pagos individuales, por parte del sindicato, los accionantes requirieron al mismo en busca del pago, obteniendo como respuesta por parte de la organización, que la demora se debía al incumplimiento de los respectivos pagos, por parte de la sociedad comercial, pactados en el contrato sindical. La sociedad comercial por su parte manifiesta, que también les han incumplido en el pago la compañía con la cual contratan.

Por lo anterior, los accionantes solicitan en su escrito de amparo, se ordene a su favor el pago de las obligaciones pecuniarias derivadas del contrato sindical, a cargo de la organización sindical y la sociedad comercial.

Para la Corte de acuerdo con el artículo 483 del Código Sustantivo de Trabajo, el sindicato de trabajadores que haya suscrito un contrato sindical, responde por las obligaciones directas que emanan del contrato y por el cumplimiento de las que se estipulen en beneficio de los afiliados partícipes. Para garantizar las obligaciones adquiridas, tanto el empresario contratante como la organización sindical deben constituir caución suficiente; si no la constituyen, la ley laboral establece a título de sanción, que cada contratante responde con su propio patrimonio por las obligaciones que adquirió.

Frente a los contratos colectivos sindicales, el tema de la solidaridad entre el sindicato, el empresario y los terceros beneficiarios o dueños de la obra contratada, para el pago de compensaciones o salarios y aportes a la seguridad social integral, deben ser resueltas en el escenario natural, es decir, por el juez natural (principio de subsidiariedad de la tutela). Salvo cuando exista un grave compromiso de derechos fundamentales y en procura de brindar una protección transitoria para evitar que se cause un perjuicio irremediable, es dable que el juez constitucional establezca la figura de la solidaridad legal en materia laboral, dando estricta aplicación a los artículos 32 a 35 del Código Sustantivo del Trabajo. De lo contrario, se repite, la competencia natural radica en la justicia laboral por ser el medio judicial idóneo para exponer la pretensión de solidaridad patronal.

Siendo así las cosas, la Corte estima que, por regla general, las controversias sobre el pago de compensaciones, salarios y aportes al sistema de seguridad social integral de los afiliados partícipes en un contrato sindical, así como la aplicación de la figura de la solidaridad patronal entre el sindicato, el empresario y los terceros beneficiarios de la obra, deben agotar las instancias ordinarias laborales en procura de garantizar el debate jurídico y probatorio en el marco de un proceso judicial, además porque se constituye en la atmósfera idónea para brindar a las partes la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa (artículo 29 Superior).

Esa regla general solo encuentra una excepción: cuando los derechos fundamentales de los afiliados partícipes se encuentran comprometidos gravemente al punto de causar un eventual perjuicio irremediable. Sólo en esa circunstancia el amparo constitucional se habilita como mecanismo transitorio hasta tanto, dentro de un término razonable y prudencial, los afectados acudan al juez natural. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-457-11

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