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Última modificación: 2012-05-23
Las diferencias entre empleadores y administradoras de riesgos profesionales, con respecto a la afiliación de los trabajadores, no pueden ser definidas por dichas entidades, y menos con medidas como la suspensión o desafiliación de sistema de riesgos profesionales

La solicitud de amparo estuvo motivada en la decisión adoptada por una ARP, de suspender la afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales, de 48 trabajadores que la parte actora vinculó a dicha administradora durante los últimos años, a través de los respectivos contratos de afiliación.

La entidad demandada reconoció que ha suscrito contratos de afiliación de trabajadores de la entidad demandante, y que esta ha pagado oportunamente los respectivos aportes. Sin embargo, afirmó que suspendió la cobertura de dichos trabajadores, al haber detectado una irregularidad en la afiliación, consistente en que la citada corporación no es en realidad su verdadero empleador sino ??una intermediaria laboral donde otras personas pagan un dinero para que se hagan aportes a la seguridad social sin ninguna responsabilidad sobre los efectos laborales de tal conducta??. En esos términos, considera que las afiliaciones que se realizaron son ilegales, pues de acuerdo con el Régimen General de Riesgos Profesionales, el único obligado a afiliar a sus trabajadores es el empleador.

Para la Corte, el régimen sancionatorio del SGRP se desarrolla de acuerdo con el principio de continuidad que rige la prestación del servicio de seguridad social, el cual se concreta en el derecho que tienen los ciudadanos a no sufrir interrupciones abruptas y sin justificación constitucionalmente admisible, de las garantías y prestaciones -económicas y asistenciales- que el propio ordenamiento les reconoce para enfrentar los distintos riesgos y contingencias sociales que puedan afectar la vida, la salud y la subsistencia.

La Corte ha establecido que en virtud del principio de continuidad, cualquier tipo de afectación del derecho a acceder a los servicios de seguridad social de una persona, tiene que ser el resultado ?de un debido proceso básico? llevado a cabo por autoridad competente.

Así las cosas, dentro del propósito de asegurar su adecuado funcionamiento, el régimen sancionatorio del Sistema General de Riesgos Profesionales, gira en torno a dos aspectos básicos: (i) las medidas y sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones impuestas a los distintos sujetos, no conllevan, en ningún caso, que los trabajadores no reciban la atención requerida o no puedan reclamar las prestaciones asistenciales y económicas a las que tienen derecho; y (ii) las medidas de carácter sancionatorio que se puedan derivar del incumplimiento de las obligaciones impuestas a los distintos sujetos, sólo pueden ser adoptadas por el Ministerio de la Protección Social y demás autoridades públicas que defina la ley, siguiendo las reglas del debido proceso.

En ese orden de ideas, los conflictos administrativos surgidos con ocasión del incumplimiento de las obligaciones impuestas a los sujetos del SGRP, deben ser resueltos, en sede administrativa, directamente por el Ministerio de la Protección Social, en representación del Estado, siendo dicho órgano el llamado a adoptar las medidas e imponer las sanciones a que haya lugar, en los términos previstos en las normas citadas. Ni la Constitución ni la ley, le reconocen facultades a las Administradoras de Riesgos Profesionales, o a los empleadores, para imponer sanciones o adoptar medidas unilaterales, que conduzcan a la afectación de los derechos e intereses reconocidos a los trabajadores por el propio sistema, y que vayan en contravía de los objetivos del mismo, cual es, precisamente, el de proteger a la población trabajadora de las contingencias y daños sufridos con ocasión de los accidentes o enfermedades derivados de la actividad laboral.? nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-176-11

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