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Última modificación: 2007-02-01
Procedencia de la acción de tutela para el pago oportuno de salarios

Los accionantes pretendieron que, por la vía del amparo judicial de la tutela, les fueran pagadas las sumas correspondientes a prestaciones sociales que, en su sentir, les venía adeudando la Empresa Puertos de Colombia. Otros buscaron, además, que los jueces de tutela resolvieran sobre el reconocimiento, liquidación y reliquidación de dichas cantidades. Entre las solicitudes objeto de demanda figuraban el reconocimiento y pago de reliquidación pensional, de indemnizaciones, de reajuste pensional, de indemnizaciones moratorias por no cancelación oportuna de prestaciones y por omisión en la práctica del examen médico de retiro, así como la ejecución de condenas decretadas mediante providencias de la justicia laboral.

La Corte amparó los derechos sobre las prestaciones sociales de algunos de los accionantes y denegó la protección de otros, considerando que en el campo laboral, aunque está de por medio el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y existen motivos para que en casos excepcionales pueda la acción de tutela ser un instrumento con mayor aptitud para salvaguardar aquél y otros derechos fundamentales, tiene lugar la regla general de que la única posibilidad de prosperidad de la acción de tutela es el perjuicio irremediable. Esto, debido a que las controversias originadas en una relación de trabajo, bien por vinculación mediante contrato o por nexo legal y reglamentario con entidades públicas, tienen suficientes mecanismos de control, defensa y resolución en los procesos ordinarios, ampliamente desarrollados de tiempo atrás en nuestro sistema jurídico.

La Corporación ha sido enfática en sostener que la liquidación y pago de obligaciones laborales escapa al ámbito propio de la acción de tutela, y si bien es cierto ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos han sido excepcionales y primordialmente sustentados en la falta de idoneidad del medio ordinario, en los términos expuestos, relativos siempre de manera específica y directa a las circunstancias en las que se encontraba el actor, lo cual excluyó de plano que pudiera concederse el amparo judicial para los indicados fines, masiva e indiscriminadamente.

De otro lado, denegó el amparo a otros trabajadores por considerar que no tenían el título que vinculaba a la entidad obligada. Al respecto la Corte agregó que, aun en los eventos en que sea posible la prosperidad de la tutela según las directrices jurisprudenciales, para que el juez pueda impartir la orden correspondiente es requisito indispensable el título que comprometa a la entidad obligada y que haga patente el derecho concreto reclamado por el trabajador. nota 1

En otro caso, la Corte conoció una acción de tutela instaurada por varias personas contra una alcaldía municipal y una entidad descentralizada de carácter municipal porque ésta última les adeudaba varios meses de salarios, hecho que consideraban una represalia por su participación en la creación de un sindicato de servidores públicos del municipio, el cual se encontraba en proceso de registro sindical.

La Corte recordó, en relación con el incumplimiento del pago de salarios y la consecuente vulneración del derecho al mínimo vital, las hipótesis fácticas mínimas que gobiernan su reconocimiento por el juez de tutela:

i) Que exista un incumplimiento en el pago del salario al trabajador que por su parte ha cumplido con sus obligaciones laborales;
ii) Que dicho incumplimiento comprometa el mínimo vital de la persona. Esto se presume cuando: a) el incumplimiento es prolongado o indefinido. La no satisfacción de este requisito lleva a que no se pueda presumir la afectación del mínimo vital, la cual deberá ser probada plenamente por el demandante para que proceda la acción de tutela. b) el incumplimiento es superior a dos meses, salvo que la persona reciba como contraprestación a su trabajo un salario mínimo.
iii) La presunción de afectación del mínimo vital debe ser desvirtuada por el demandado, mientras que al demandante le basta alegar y probar siquiera sumariamente que el incumplimiento salarial lo coloca en situación crítica, dada la carencia de otros ingresos o recursos diferentes al salario que le permitan asegurar su subsistencia.
iv) Argumentos económicos, presupuestales o financieros no son razones que justifiquen el incumplimiento en el pago de los salarios adeudados al trabajador. Lo anterior no obsta para que dichos factores sean tenidos en cuenta al momento de impartir la orden por parte del juez de tutela tendiente a que se consigan los recursos necesarios para hacer efectivo el pago.

En el caso concreto, la Corte comprobó que a los demandantes se les adeudaba más de dos meses de salarios y que no existía prueba en el proceso que contaran con otros ingresos o recursos para asegurar su mínimo vital. La Corporación concedió la acción de tutela respecto de los derechos al trabajo y al mínimo vital de los accionantes. No así, respecto a la presunta vulneración del derecho de asociación sindical, pues no encontró prueba alguna de los hechos alegados en tal sentido. nota 2

En otro caso, la Corte conoció una acción de tutela instaurada por un individuo contra una empresa de servicios públicos que le adeudaba varios meses de salarios de 2005, varios meses de salarios de 2006 y otras prestaciones como primas. Esto lo había obligado a incumplir con el pago de algunas obligaciones.

La Corte recordó que cuando se han producido pagos parciales de salarios que ponen en duda la afectación del mínimo vital se puede recurir a los medios probatorios que obran en el proceso para determinar tal afectación. En tales casos, "no se exige la demostración a plenitud de que no se tienen otros ingresos, sino que se requiere algo que le permita al juez deducir que el salario es el único ingreso y que el no pago afecta gravemente al trabajador. Sirve por ejemplo la prueba documental sobre deudas contraidas, la situación concreta y perjudicial en que han quedado los hijos o el cónyuge del trabajador, la misma cuantía del salario cuando es baja y hace presumir que quien lo recibe depende de él." Pero al menos debe existir un principio de prueba, no basta la sóla afirmación, menos la hecha de manera genérica para varios trabajadores.

La Corte concedió la tutela del Derecho al trabajo y al mínimo vital del actor. nota 3

En otra decisión, frente a otra acción de tutela presentada por supuestos similares a los narrados en la sentencia anterior, la Corte indicó que aunque no era ostensible que el perjuicio que estaba sufriendo el demandante era de caracter irremediable, ni que la afectación llegara al quebrantamiento de su mínimo vital, estaba visto que al no tener ajuste en su salario durante los años 2005 y 2006, ni probablemente para el 2007, se estaba contraviniendo la naturaleza móvil de su remuneración, al punto que al permanecer estática y haber ascenso en los precios que como consumidor debe afrontar, ha venido perdiendo poder adquisitivo, lo cual también evidencia menoscabo a la igualdad, ante el aumento del salario básico de los trabajadores que si han percibido por estar adheridos al pacto colectivo, mediante el reconocimiento de un aumento en porcentaje equivalente a la variación en el índice de precios total nacional, a partir del primero de enero de cada año. nota 4



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-001-97, reiterada en Sentencias SU-995-99, T-234-97, entre otras.
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-010-07
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-084-07
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-020-07. Ver también las Sentencias T-012-07 y T-345-07

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