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Última modificación: 2006-08-01
Improcedencia de la acción de tutela para sustituir a las autoridades en las competencias asignadas por la constitución

Los accionantes instauraron varias tutelas contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público porque, a juicio de los actores, las entidades accionadas omitieron el incrementó del salario de los trabajadores al servicio del Estado, en el porcentaje del IPC certificado para el año anterior y desmejoraron las condiciones laborales de los servidores públicos impidiendo que su remuneración mantenga su nivel adquisitivo. La Corte denegó la tutela por cuanto consideró que al juez constitucional no le corresponde interferir, por vía de tutela, en las decisiones generales abstractas e impersonales confiadas por la Constitución Política a otras autoridades estatales.

De tal manera que, tal como lo consideraron los jueces de instancia, mediante la acción de tutela no es posible sustituir al Gobierno nacional en su gestión de formular y aplicar la política fiscal del Estado, como tampoco resulta procedente, con el propósito por demás loable de proteger los derechos fundamentales, cuestionar las decisiones que con respecto a ésta facultad se tomen, porque de ser posibles la sustitución y la disputa, tendríamos que concluir que el constituyente le confió al juez constitucional, por vía de tutela, el poder omnímodo de decidir en todos los asuntos públicos, incluyendo la dirección económica del Estado lo cual, además de impertinente, contradice abiertamente la Constitución. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-1052-00

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