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Última modificación: 2006-08-01
Ley de presupuestos tambien debe incluir las partidas para mantener actualizados, en los términos de la jurisprudencia, los salarios de los servidores públicos de ingresos medios y altos

La Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 2° de la Ley 848 de 2003, ?por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2004 y se apropia el rubro para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del año 2004.

En general, los cargos cuestionan el valor del rubro que allí se menciona, el cual, dice la demanda, se calculó a partir de la consideración según la cual para esa vigencia fiscal se produciría la congelación de los salarios y pensiones superiores a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, la eliminación de salarios y pensiones mayores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se mantendrían invariables los gastos de funcionamiento de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación al nivel de 2002. Lo anterior, como consecuencia de la entrada en vigencia del acto legislativo que se aprobaría mediante el mecanismo del referendo popular que fue convocado a través del la Ley 796 de 2003. Las propuestas planteadas en el referendo fueron rechazadas por la población y esta circunstancia no estaba presente en las oportunidades anteriores en las cuales fueron demandadas otras leyes anuales de presupuesto por similares motivos a los que aquí también se denuncian.

Visto lo anterior, la acusación agrega que se presenta una omisión legislativa relativa en materia de ajuste de los salarios y pensiones superiores a dos salarios mínimos, pues la ley no contiene las apropiaciones para atender dichos gastos. Con lo que se desconoce el deber jurídico de respetar el carácter móvil del salario que genera un derecho constitucional al reajuste periódico del mismo. Además, los actores consideraron que con esta omisión el legislador desconoció el derecho a la igualdad, al reconocer el reajuste para una clase de trabajadores, pues excluyó a un grupo de ciudadanos de los beneficios que otorga a otros; estos ?otros? serían los trabajadores y pensionados que reciben salarios y pensiones inferiores a dos salarios mínimos y los altos servidores públicos que en virtud de lo dispuesto por el artículo 187 de la Constitución obtienen el reajuste salarial anual.

La Corte aplicó un test de razonabilidad y detectó que el artículo 2° de la Ley 848 de 2003 contiene dos decisiones distintas relativas al reajuste de los salarios de los servidores públicos cobijados por tal disposición. La primera consiste en determinar un reajuste salarial en el mismo índice de la inflación registrada para el año 2003, a favor de aquellos servidores que devengan hasta dos salarios legales mínimos mensuales. La segunda indica que por encima de este tope los servidores públicos mencionados no obtendrán ningún reajuste salarial. En cuanto a la primera de estas dos determinaciones, la Corte ha encontrado que ella respeta el carácter intangible del derecho al reajuste que tienen los servidores públicos de bajos salarios, por lo cual se ajusta a la Constitución. Además, el tope de dos salarios mínimos escogido por el legislador para reconocer tal carácter intangible es un criterio preciso y específico, que había sido estimado como razonable por la Corte en la Sentencia C-1017 de 2003. En cambio, en cuanto a la segunda determinación, relativa a la congelación absoluta del salario de los demás trabajadores, la Corte ha hallado que la limitación consagrada, aunque pretende obtener un objetivo constitucional relevante - aliviar el déficit fiscal que presentan las finanzas públicas desde hace varios años y disminuir el crecimiento de la deuda pública - es un medio para la obtención de tal fin que no resulta aceptable, pues desconoce de manera absoluta el derecho de actualización que tienen los servidores remunerados con salarios medios o altos, y los principios de proporcionalidad y progresividad.

Adicionalmente, esta segunda determinación se acumula a anteriores restricciones al derecho de mantener el poder adquisitivo del salario de esta categoría de trabajadores, que en los tres años consecutivos próximos pasados han visto limitado su derecho al reajuste, sin que de otro lado el Gobierno, que propuso la medida, ni el Congreso, que la aprobó, hayan cumplido con la carga argumentativa de justificar la estricta necesidad y proporcionalidad de tal limitación.

Así las cosas, ante la imposibilidad de aplicar el parámetro de congelación total de los salarios de los trabajadores de ingresos medios y altos, y frente a la persistente inactividad del legislador en el desarrollo del artículo 53 superior mediante la expedición del estatuto del trabajo llamado a fijar los alcances del derecho de los trabajadores a recibir una remuneración mínima vital y móvil, la Corte acudió a criterios jurisprudencialmente deducidos, que deben ser tenidos en cuenta por las autoridades competentes durante la presente vigencia fiscal a fin de garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de esta categoría de trabajadores. Estos criterios jurisprudenciales son los mismos recogidos en doctrina constitucional vertida especialmente en la C-1017 de 2003, que se reiteran en esta oportunidad, y se aplican al estudio de la norma de la ley anual de presupuesto ahora acusada.

El artículo acusado fue declarado exequible con el condicionamiento de que las autoridades competentes, es decir, el Gobierno y el Congreso, deberán respetar las pautas señaladas en la jurisprudencia al momento de tomar las decisiones necesarias para materializar en términos concretos su decisión de limitar los salarios de los servidores públicos. Es decir, la Ley de presupuesto examinada sólo puede tenerse como ajustada a la Constitución si incorpora las partidas necesarias para mantener, en los términos de la sentencia, actualizados los salarios de los servidores públicos de ingresos medio o altos.

Así, la Corte ordenó al Gobierno que presente el proyecto de adición o traslado presupuestal con carácter urgente, y al Congreso que apruebe la ley respectiva antes de la expiración de la vigencia fiscal de 2004. Adicionalmente, se ordenó al Gobierno y al Congreso que en la aprobación del presupuesto general de la nación correspondiente al año 2005 tengan en cuenta que al final del cuatrienio correspondiente a la vigencia del actual Plan Nacional de Desarrollo debe haberse reconocido la actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario a todos los servidores públicos. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-931-04

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