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Última modificación: 2007-02-01
Pago de salarios en casos excepcionales de secuestro y desaparición

Un topógrafo del Fondo de Caminos Vecinales fue enviado en comisión a una población en donde fue secuestrado por la guerrilla. El grupo armado exigió a la empresa, a cambio de la liberación del empleado, la construcción de carreteras en determinados territorios. Transcurrido un tiempo, sin que se hubiera logrado la liberación, la esposa del topógrafo acudió a la empresa para que le fueran entregados los salarios de su esposo mientras él se encontraba en cautiverio, pero recibió una negativa como respuesta. Interpuso entonces una acción de tutela para que se obligara al Fondo a entregarle a ella el sueldo que devengaba su marido, durante el tiempo que durara el secuestro, alegando que tanto ella, como su hija, dependían económicamente del marido y por tanto la subsistencia económica de la familia estaba en peligro.

Para la Corte Constitucional el pago de salarios al grupo familiar que depende económicamente del trabajo de una persona que ha sido secuestrada se justifica, pues no es por voluntad del retenido injustamente, que se deja de laborar, sino que existe una verdadera fuerza mayor que le impide cumplir con sus obligaciones. Bajo estos supuestos, y en protección del derecho a la vida de las familias de los secuestrados, la Corte ordenó a la empresa el pago de los salarios a la actora, desde el momento de su retención hasta el momento en el que fuera liberado. Esto, con la excepción de una situación en la cual se cumplieran dos años, caso en el cual se presumirá la muerte por desaparecimiento nota 1.

En un caso similar, la Corte Constitucional no concedió la tutela interpuesta por la cónyuge de un trabajador, presuntamente secuestrado, contra la empresa en la que laboraba su marido, por estimar en esta ocasión, que no existía prueba de secuestro alguno. Para efectos de conceder la protección solicitada, se hace necesario probar que efectivamente sucedió el secuestro. Esta situación no se puede inferir de la desaparición de las personas, pues las dos situaciones presentan características diferentes y, en este último caso, es necesario acudir a las acciones judiciales prescritas en la regulación civil. nota 2

En otro caso, una señora instauró acción de tutela contra la sociedad de inversiones en la que trabajaba su esposo, con el fin de que se le ordenara continuar pagando los salarios que aquel devengaba, antes de que desapareciera atrapado por un remolino que lo sumergió en las profundidades del agua, cerca de las playas de Juanchaco en el Municipio de Buenaventura.

La Corte Constitucional recordó la improcedencia de la acción de tutela para solicitar la continuidad del pago de salarios cuando la desaparición del trabajador se produce por causas distintas al secuestro o a la desaparición forzada, como en este caso. La Corte reiteró que la orden de pago de salarios sólo es procedente cuando se acredita con absoluta certeza que i) el trabajador ha desaparecido por haber sido sujeto pasivo del delito de secuestro o desaparición forzada y ii) que ésta situación se ha presentado en el ejercicio de actividades propias del cargo, lo que imposibilita que pueda prestar sus servicios y lo coloca en un estado de indefensión. nota 3



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-015-95
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-105-01
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-013-07. Ver también la Sentencia T-1634-00

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