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Última modificación: 2006-08-01
Los límites que se deben tener en cuenta para el traslado de lugar de trabajo

Los artículos 80 y 178 de la Ley 201 del Código Disciplinario Único que conferían al Procurador General de la Nación la facultad de cambiar las sedes de la procuraduría y trasladar a sus empleados de carrera donde las necesidades del servicio lo exigieran fueron demandados ante la Corte Constitucional por considerarse contrarios al derecho de estabilidad en el empleo de los trabajadores y su familia. La Corte señaló que los fines de la administración pública se traducen en el cumplimiento de específicas funciones que deben ser cumplidas por los funcionarios que la forman, de tal manera que esta planta se debe adecuar a las necesidades del servicio. Esto lleva a que el principio de estabilidad en el empleo no puede comprenderse como inamovilidad territorial en el mismo.

Sin embargo, la discrecionalidad para trasladar a los servidores públicos no se puede considerar como arbitrariedad, pues tiene límites fijados por la necesidad de mejora en el servicio. La variación del lugar de trabajo debe obedecer a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en consecuencia, existen limitaciones que se deben tener en cuenta:1) El traslado debe obedecer a la necesidad del servicio de acuerdo con la apreciación que tenga el ente estatal sobre los requerimientos y exigencias para su prestación, de tal manera que se ajuste a metas y objetivos concretos de la entidad de índole legal, para los cuales el traslado sirve razonable y proporcionalmente. 2) El traslado no puede poner al trabajador en condiciones menos favorables, lo que quiere decir, que a sus condiciones familiares, económicas y personales de servicio no se le pueden causar perjuicios, ni el desplazamiento puede tener dificultades materiales tan gravosas que le impidan el ejercicio de la función. 3) El traslado debe respetar condiciones mínimas de afinidad funcional entre el antiguo y nuevo cargo.

Estos requisitos pueden ser evaluados por la jurisdicción contenciosa administrativa encargada de revisar la legalidad de los actos administrativos. Se declaró, entonces, la constitucionalidad de las normas demandadas, que permiten el traslado por razones del servicio, pero bajo el condicionamiento de que se cumpla, adicionalmente, con los demás requisitos enunciados que fijan límites al poder discresional organizativo de la administración. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-443-97, reiterada en Sentencias T-503-99 y T-965-00

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