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Última modificación: 2006-08-01
El derecho al descanso retribuido es un derecho irrenunciable

El accionante se desempeñaba como celador en una institución educativa y tenía ciertas limitaciones físicas debido a su avanzada edad. Había solicitado en varias oportunidades el derecho al descanso ya que hacía ya varios años no había tomado vacaciones y la institución no dio respuesta alguna a su solicitud. La Corte amparó el derecho del accionante considerando que, salvo excepciones legales favorables, todo empleado público o trabajador oficial tiene derecho a disfrutar de 15 días hábiles de vacaciones, por cada año de servicios prestados en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8º Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978). En efecto, el derecho al descanso ha sido reconocido universalmente como una garantía laboral que ofrece a los trabajadores una posibilidad de descansar, distraerse y desarrollar sus facultades.

Por lo anterior, es de la esencia del derecho al descanso su carácter remunerado, ya que el trabajador interrumpe la prestación de los servicios pero mantiene el derecho al pago de su salario, pues sin el descanso remunerado el trabajador no podría recuperar las condiciones físicas y mentales indispensables para trabajar. Así pues, el descanso periódico retribuido es un derecho irrenunciable del trabajador, por lo que se considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las mismas de ahí que cuando se adquiere el derecho a las vacaciones, estas deberán ser concedidas por el jefe del organismo de oficio o a petición del interesado. No obstante, ello no significa que el empleado debe disfrutar de las vacaciones inmediatamente adquiera el derecho, pues el período de descanso podrá interrumpirse, aplazarse o, excepcionalmente cuando exista causa legalmente autorizada, compensarse en dinero.

En síntesis, el trabajador siempre debe gozar efectivamente de un período en el que pueda descansar. Respecto de la procedencia de la tutela, la Corte consideró que por regla general, el reconocimiento y goce del derecho al descanso debe ser debatido ante la jurisdicción ordinaria competente de acuerdo con la naturaleza jurídica de la vinculación laboral, ya sea la ordinaria laboral o la contencioso administrativa, por lo que el carácter residual de la tutela la hace improcedente. No obstante, el artículo 86 de la Carta consagra la posibilidad de que la acción constitucional prospere, aun existiendo otro medio de defensa judicial, cuando exista un perjuicio irremediable que autorice la protección transitoria del derecho fundamental amenazado o vulnerado. nota 1

En otra sentencia, la actora trabajaba como transmisionista en una emisora y su jornada laboral se le transformó de doce a 24 horas. La Corte estimó que tal situación desbordaba los límites que establece la jornada máxima laboral y desconoció el descanso como un derecho fundamental del trabajador, derecho que es irrenunciable y consustancial a la dignidad misma de la persona. Las facultades del empleador de ampliar la jornada máxima es legítima, siempre y cuando no sean decisiones arbitrarias que terminen afectando la dignidad de las personas. Por tal razón concedió la tutela y advirtió que la empresa podrá establecer el número de turnos que considerara convenientes, o implementar cualquier otro esquema de trabajo, siempre y cuando le garantizara a la demandante los períodos de descanso a que tenía derecho y los permisos remunerados para atender las citas y tratamientos médicos que requiera. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-837-00, reiterada T-076-01
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-203-00

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