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Última modificación: 2006-08-01
Requisitos para poder dar por terminado el contrato de trabajo a término fijo de una persona portadora de vih

La actora presentó acción de tutela porque consideró que la empresa para la que trabajaba vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, a la seguridad social y a la vida al terminar su relación laboral por el hecho de ser portadora asintomática del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). El conflicto tuvo su origen en la terminación de un contrato laboral a término fijo por vencimiento del término pactado, el cual fue renovado continuamente por el empleador durante cinco años. La determinación de la naturaleza del contrato y sus prórrogas, así como la legalidad de su terminación unilateral, corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral, por lo que la actora instauró la acción laboral ordinaria como medio ordinario de defensa para controvertir la terminación de su vínculo laboral y lograr la protección de sus derechos.

La Corte reiteró que a pesar de la existencia de un medio de defensa ante la jurisdicción ordinaria laboral, el juez constitucional no puede ignorar una serie de circunstancias que hacen procedente la acción de tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Dentro de esas circunstancias se resaltó que la actora se encontraba infectada con el virus de inmunodeficiencia humana, enfermedad calificada como catastrófica y cuyo tratamiento, además de ser de alto costo, no podía ser suspendido sin una sensible disminución de su calidad de vida; que al momento de la terminación del contrato de trabajo el empleador tenía conocimiento del padecimiento de la accionante y que, además de no contar con ingresos diferentes al salario que percibía por su trabajo, era madre cabeza de familia de varios hijos.

En cuanto a la garantía constitucional a la estabilidad laboral la Corte sostuvo que a pesar de que la renovación sucesiva no implica que la vinculación laboral deje de estar sujeta a las disposiciones que gobiernan los contratos laborales a término fijo, el principio constitucional de la estabilidad laboral impide que la decisión del empleador de desvincular a un trabajador por el simple vencimiento del plazo sea absoluta. Así, la jurisprudencia constitucional ha dicho que si a la fecha de expiración del plazo subsisten las causas que dieron origen a la contratación habiendo el trabajador cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones, éste tiene derecho a que se le renueve el contrato de trabajo por un término equivalente.

Es decir, que para que la decisión de no renovar el contrato de trabajo a término fijo se repute legítima y justa, ésta debe responder a la existencia de una condición objetiva, bien porque las causas que originaron la contratación del empleado desaparecieron, o bien porque no fue suficiente el rendimiento del trabajador. Este principio constitucional que protege las expectativas ciertas y fundadas de todo trabajador de conservar su empleo en las condiciones señaladas anteriormente y que resulta aplicable de manera general a los contratos laborales a término fijo, está llamado a ser observado con mayor vigor en aquellos contratos laborales suscritos con personas sujetas a una especial protección constitucional.

Con relación a la protección constitucional en el ámbito laboral a los portadores del virus del VIH la Corte advierte que la estabilidad reforzada reconocida a las personas infectadas con dicho virus no es absoluta. En efecto, no hay lugar a considerar amenazados o vulnerados los derechos fundamentales de la persona infectada si se prueba que el empleador no tenía conocimiento de la enfermedad del trabajador al terminar la relación laboral o que la motivación que originó la desvinculación no guarda relación con su padecimiento sino con otras circunstancias objetivas que legitiman el proceder del empleador.

Señaló la Corte que para tomar una decisión acerca de la vulneración de los derechos fundamentales invocados no podía ignorarse que el comportamiento del empleador desde cuando le fue detectado a la actora que padecía del virus de inmunodeficiencia humana, estuvo guiado por medidas solidarias tendientes a adaptarse a la situación de la accionante. Las pruebas demostraron que a la demandante se le detectó el virus de inmunodeficiencia humana luego de la muerte de su esposo por esta misma enfermedad. Su contrato de trabajo fue prorrogado varias veces por el accionado, continuando con las cotizaciones a la seguridad social que le permitieron acceder a los servicios de salud que requería para retardar la aparición de los síntomas, disminuir la progresión de la enfermedad y mejorar su calidad de vida.

Inclusive, estos servicios médicos fueron prestados en la misma clínica donde laboraba como lo demuestra la historia clínica que se anexó al expediente. Además, la actora fue trasladada del área asistencial al área administrativa, como medida preventiva para evitar la propagación de la enfermedad y para proveerla de una labor en la cual pudiera seguir desempeñándose. Sin embargo, aún cuando las pruebas desvirtúan la inmediatez entre la comunicación de la enfermedad al empleador y la terminación de la relación laboral, ello no implica la inexistencia de una relación causal entre su padecimiento y la finalización de su vinculación, así como tampoco implica la inexistencia de vulneración a los derechos fundamentales de la trabajadora.

Recordó la Corte que la accionante se encontraba en una situación de debilidad manifiesta, lo que le daba derecho a una especial protección constitucional con fundamento en el principio de la solidaridad y en la estabilidad laboral reforzada. Si bien, es obligación del Estado garantizar y proporcionar, dentro del marco del sistema nacional de seguridad social, los medicamentos y el cubrimiento médico de todo ciudadano carente de recursos para cotizar a una entidad prestadora de salud, su condición de portadora asintomática del virus del VIH constituía un obstáculo para acceder a un nuevo empleo en el área en la cual se venía desempeñado, así como para obtener otro trabajo en igualdad de condiciones, dificultando a su vez, la obtención de las condiciones mínimas para su subsistencia y la de su núcleo familiar.

A juicio de la Corte, el deber constitucional de actuar solidariamente implica reconocer que las particulares circunstancias de la trabajadora no son ajenos al devenir de la relación laboral existente, imponiéndole la obligación a la clínica accionada de renovar el contrato laboral para asistir, colaborar y permitir el ejercicio de los derechos fundamentales de la accionante, como lo venía haciendo desde hace varios años. Se aclaró que los principios de estabilidad laboral y de solidaridad no deben entenderse como generadores de un deber perpetuo en cabeza del accionado, pues ello sería una carga irrazonable e incompatible con otros valores también protegidos como la autonomía y la libertad de los particulares para actuar. Sin embargo, si exige que el empleador hubiese demostrado las circunstancias objetivas que súbitamente motivaron la no renovación del contrato laboral.

La Corte concedió la tutela de manera transitoria para proteger los derechos fundamentales al trabajo, igualdad, vida y seguridad social, así como la dignidad de la actora y, en consecuencia ordenó al empleador su reintegro al cargo que venía desempeñando u otro equivalente. Dicha orden tiene efectos transitorios mientras la jurisdicción laboral se pronuncia de manera definitiva y con fuerza de cosa juzgada sobre la acción laboral ordinaria interpuesta por la accionante, y no impide al accionado terminar el contrato laboral al vencimiento del plazo establecido, en el evento que se presentara una causa objetiva conforme a los términos señalados en el presente fallo. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-469-04

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