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Última modificación: 2006-08-01
Indemnización moratoria por falta de pago de los salarios y prestaciones debidas a la terminación del contrato de trabajo

· Libertad de configuración del Legislador en materia de indemnización moratoria

La Corte declaró la constitucionalidad del inciso primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2003, que regula la indemnización a que tiene derecho el trabajador por falta de pago del salario y las prestaciones debidas al momento de la terminación del contrato. En concepto del demandante era inconstitucional el inciso 1° del artículo 29, porque desconoce los derechos adquiridos de los trabajadores en relación con el antiguo régimen de indemnización moratoria regulado en el artículo 65 del CST, vulnerando de esta forma los artículos 25 y 53 de la Constitución.

Sobre el posible desconocimiento de los derechos adquiridos de los trabajadores al antiguo régimen previsto en el artículo 65 del CST la Corte señaló que la nueva reglamentación de la indemnización moratoria prevista en el artículo 29 de la Ley 789 de 2003 no puede afectar los derechos adquiridos de aquellos trabajadores que antes de comenzar a regir dicho ordenamiento legal habían concluido su relación laboral y, por tanto, se rigen por el mecanismo indemnizatorio previsto originalmente en el artículo 65 del CST cuando en presencia de tal circunstancia el empleador no cancela los salarios y prestaciones debidos al trabajador. El que el inciso impugnado no haga expresamente esta advertencia no significa que sea inconstitucional, pues se repite, dicha disposición laboral no tiene carácter retroactivo.

El Legislador, atendiendo las condiciones económicas y sociales del momento, puede introducir enmiendas a la legislación laboral, sin más límites que los que le imponga la misma Constitución y los derechos fundamentales de las personas. Así lo hizo al modificar mediante el precepto censurado la indemnización por falta de pago, sin que en manera alguna pueda afirmarse que por esta sola circunstancia haya violado derechos adquiridos, pues, la ley rige hacia el futuro y nadie tiene derecho a una eterna reglamentación de sus eventuales derechos y obligaciones. Así, es incorrecto afirmar que el régimen de indemnización moratoria vigente hasta la expedición de la Ley 789 de 2002 se hace extensivo a todos los contratos suscritos antes de su promulgación, por cuanto el derecho a ese pago únicamente se consolida cuando a la fecha de terminación del vínculo laboral el empleador no cancela los salarios y prestaciones sociales al trabajador, pero en manera alguna nace al momento mismo de la celebración del contrato. nota 1

· La diferencia legal entre trabajadores que perciben hasta un salario mínimo y los demás en matera de indemnización moratoria no vulnera el derecho a la igualdad

La Corte declaró exequible, en lo acusado, el parágrafo segundo del artículo 29 de la Ley 789 de 2002. Dicha norma establece que la indemnización por falta de pago que se establece en el inciso 1º del artículo 29 solo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente, mientras que para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo. Según el demandante, las expresiones acusadas del parágrafo 2° del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 desconocían el derecho a la igualdad, pues autorizan un régimen de indemnización por falta de pago para los trabajadores que devenguen hasta un salario mínimo mensual vigente, y otro a los demás trabajadores, esto es, para quienes perciben más de ese salario, de tal manera que se vulnera el derecho a la igualdad.

Sostuvo la Corte que nada impide que el Legislador pueda adoptar los mecanismos de protección que juzgue convenientes para trabajadores que por percibir hasta un salario mínimo se encuentran en situación de vulnerabilidad, siempre que sean adecuados y proporcionados, pues al hacerlo no sólo propende por la dignificación de la persona humana, sino por la efectividad del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. La Corte advierte que el trato diferente establecido en el parágrafo 2° de la Ley 789 de 2002, en favor de quienes perciben hasta un salario mínimo mensual vigente, está fundado en una justificación objetiva y razonable, ya que tal medida tiene por finalidad proteger a dichos trabajadores por tratarse de personas que, desde el punto de vista económico, se encuentran en una situación de vulnerabilidad manifiesta que las coloca en inferioridad de condiciones en relación con el resto de los trabajadores que reciben una asignación salarial superior.

Situación que se acentúa cuando quedan cesantes en su empleo, y la mora supera los veinticuatro (24) meses, donde el no pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales amenaza graves perjuicios tanto para el trabajador como para quienes de él dependen. Así las cosas, lejos de atentar contra el derecho de igualdad la norma acusada pretende hacerlo efectivo, pues al prolongar para los trabajadores que reciben hasta el salario mínimo la vigencia del régimen de indemnización moratoria previsto en el artículo 65 del CST, el Legislador cumple con el mandato del artículo 13 de la Carta que le impone al Estado el deber de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad manifiesta. nota 2

· La mora judicial no puede afectar el derecho a la indemnización moratoria de los trabajadores

La Corte declaró inconstitucional la expresión ?o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial?, contenida en el inciso primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2003. La norma acusada establecía como indemnización por falta de pago de los salarios y prestaciones debidas a la terminación del contrato de trabajo, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.

Es decir, que el trabajador perdía el derecho a recibir la indemnización moratoria desde el mes veinticinco (25) de no pago, cuando a pesar de haber promovido demanda ante la jurisdicción ordinaria la autoridad encargada de conocer de su caso no había adoptado una decisión. A juicio de la Corte la morosidad en el trámite de reclamaciones ante la jurisdicción ordinaria no puede traducirse en la pérdida de derechos para el trabajador. Dicho aparte consagra una exigencia que resulta desproporcionada para el trabajador y constituye un detrimento de sus derechos, en particular a recibir la indemnización moratoria, por cuanto aquel se vería afectado como consecuencia de una conducta que le es extraña: la tardanza de la administración de justicia en la definición de las controversias laborales.

Al respecto la Corte entendió que el trabajador mantiene intacto su derecho a la indemnización moratoria si dentro de los 24 meses siguientes a la ruptura de su nexo contractual reclama por la vía ordinaria el pago de sus acreencias dejadas de pagar, toda vez que con ello cumple con el propósito que llevó al Legislador a plantear la reforma, es decir, evitar un reclamo judicial tardío con el fin de recibir una cuantiosa suma de dinero. Ahora bien, esto no significa que el empleador sea entonces quien debe soportar la carga de la mora judicial, porque aquel cumplirá con su obligación con el hecho de consignar ante el juez del trabajo o ante la primera autoridad política del lugar la suma que confiese deber mientras la justicia decide la controversia. nota 3



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-781-03
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-781-03
  3. Corte Constitucional, Sentencia C-781-03

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