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Última modificación: 2006-08-01
Cambio de régimen laboral de trabajadores oficiales a empleados públicos no vulnera derechos adquiridos de los trabajadores

Se demandó la inconstitucionalidad de los artículos 16 y 18 del Decreto 1750 de 2003, por el cual se escindía el Instituto de Seguros Sociales y se creaban empresas sociales del Estado (ESE). Como resultado de la escisión, el artículo 16 de dicho Decreto, dispuso que los servidores públicos de las ESE creadas en él tendrían el carácter de empleados públicos, salvo aquellos que no siendo directivos, desempeñaren funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales, pues ellos serían trabajadores oficiales. El aparte acusado del artículo 16 del Decreto 1750 de 2003 fue declarado exequible, pues el mismo se limita a señalar que por virtud de la reestructuración del ISS y de la creación de las ESE indicadas en el mismo decreto, los trabajadores oficiales verán modificado su régimen por el de empleados públicos, con las consecuencias jurídicas que dicho cambio comporta.

De otro lado, la Corte también declaró la exequibilidad del inciso primero del artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, incluida la expresión ?en todo caso?, en el entendido de que hace referencia, tanto a los salarios como al régimen prestacional, pero declaró inexequible la expresión ?Se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas? contenida al final de dicho inciso.

La Corte sostuvo que el cambio de régimen jurídico de los trabajadores oficiales que pasan a ser empleados públicos no vulnera el derecho a la negociación colectiva porque el carácter de trabajador oficial no es un derecho adquirido, pues depende de la naturaleza de la vinculación jurídica del servidor con el Estado, y tampoco es un derecho absoluto que no pueda ser objeto de restricciones justificadas por parte del Legislador. La Corte señaló que el Legislador puede determinar la estructura de la administración de acuerdo con su valoración de las necesidades públicas. Por lo mismo, el Congreso puede modificar el régimen laboral de los servidores públicos al decidir la escisión de un ente público, en este caso, los entes adscritos al Instituto de Seguros Sociales.

Así mismo, la Corte sostuvo que, la similitud parcial que pudiera presentarse entre las empresas industriales y comerciales del Estado y las ESE no constituye criterio de peso para justificar una semejanza total, ni siquiera en el aspecto del régimen jurídico laboral de sus servidores públicos. Por otro lado, la Corte estimó que el cambio de régimen laboral de trabajadores oficiales a empleados públicos no implica la pérdida total de los derechos laborales de los trabajadores afectados, pues la imposibilidad de celebrar convenciones colectivas de trabajo en el caso de los empleados públicos no constituye una disminución de su derecho de asociación.

En cuanto a lo que establece el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 referente a los salarios y prestaciones de los empleados públicos de las entidades creadas por el decreto en cuestión, la Corte encontró que la definición de derechos adquiridos consignada en dicho artículo es inconstitucional por restringir el ámbito constitucional de protección de los derechos adquiridos, el cual, trasciende la simple definición contenida en el artículo 18.

Para la Corte, la norma es inconstitucional porque únicamente hacía referencia a los derechos adquiridos en materia prestacional, dejando por fuera los derechos adquiridos en materia salarial. Aunque dicho defecto podría resolverse gracias a la declaratoria de exequibilidad condicionada de la expresión ?en todo caso?, la inexequibilidad de la expresión demandada proviene del hecho de que al definir lo que debe entenderse por derecho adquirido, no incluye en el espectro de protección de los mismos aquellos correspondientes al régimen salarial de los empleados públicos de las entidades creadas por el Decreto 1750 de 2003. De igual modo, la definición de derecho adquirido consignada en el artículo 18 resultaba violatoria de los derechos de los trabajadores por no ser clara frente a lo que podría considerarse un derecho adquirido.

En efecto, la expresión que se atacaba prescribía que un derecho se había adquirido en materia prestacional cuando la situación jurídica se había consolidado, es decir, cuando había sido causada o cuando ha ingresado en el patrimonio del servidor. La Corte indicó que la ambigüedad de la definición radica en que no existe una clara diferencia entre la prestación que se ha causado y la que ha ingresado en el patrimonio del trabajador, pues cuando una prestación o un derecho han sido causados se entienden incorporados en el patrimonio del acreedor. Además, al definir los derechos adquiridos como aquellos que han ingresado al patrimonio del servidor o que han sido causados, el legislador deja por fuera de dicha definición los derechos obtenidos mediante convenciones colectivas de trabajo celebradas por los trabajadores oficiales cuyo régimen fue transformado por el de empleados públicos.

Al ser el acto regente de los contratos laborales ejecutados durante su vigencia, la convención colectiva de trabajo es considerada por la jurisprudencia como una verdadera fuente de derechos y obligaciones. Ya que la convención colectiva de trabajo es un sistema jurídico que rige contratos de trabajo determinados, es posible afirmar que, en lo que respecta a los trabajadores cobijados por ella, aquella es fuente de derechos adquiridos por lo menos durante el tiempo en que dicha convención conserva su vigencia. Por lo mismo, dado que la definición prevista en el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 deja por fuera los derechos derivados de las convenciones colectivas de trabajo por el tiempo en que fueron pactadas, aquella resulta restrictiva del ámbito de protección de tales derechos de conformidad con la Constitución y, por tanto, debe ser retirada del ordenamiento jurídico. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-314-04

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