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Última modificación: 2006-08-01
Suspensión de afiliación de trabajador dependiente debido al no pago de aportes en salud por empleador, resulta desproporcionada

Un trabajador presentó acción de tutela contra una EPS que se negó a prestarle el servicio de salud a su hija menor con graves problemas respiratorios, por lo cual consideró violados los derechos a la salud y a la vida de su hija. De acuerdo con la Corte, la suspensión de la prestación del servicio de salud como consecuencia del incumplimiento en el pago de los aportes a cargo del empleador involucra un conflicto cuya solución exige una ponderación razonable que permita lograr un punto de equilibrio entre los derechos de los afiliados y los beneficiarios del sistema de seguridad social; la responsabilidad de los empleadores y de las EPS y la racionalidad económica de todo ese sistema.

La Corte recogió en esta sentencia las diferentes alternativas de protección al trabajador, definidas en sentencias anteriores y que parten de considerar que el trabajador no tiene por qué sobrellevar las consecuencias del incumplimiento del empleador o de las disputas que surjan entre él y la entidad prestadora del servicio: 1) deber de continuidad en la prestación del servicio por parte de la EPS a sus afiliados y beneficiarios al tiempo que ejerzan los mecanismos legales para cobrar los aportes impagados (T-406/93, T-154ª/95, T-202/97, entre otras). La Corte advierte, sin embargo, que esta solución puede conducir en algunos eventos al deterioro económico de las EPS al verse avocadas a prestar los servicios sin contar con ingresos que permitan financiarlos y materializar la expectativa de una legítima ganancia; 2) deber del empleador de hacerse cargo directamente de los gastos generados por la prestación del servicio de seguridad social en salud de sus trabajadores y de los beneficiarios inscritos por ellos (T-330-94, T-341-94, T-131-95 y T-287-95 entre otras).

En esta solución, para la Corte si bien se potencia la responsabilidad de los empleadores, en algunos casos se presenta el inconveniente de que ellos no cuentan con la infraestructura para una adecuada prestación del servicio ni están en capacidad de asumir en su integridad los costos planteados por el servicio médico de sus trabajadores; 3) deber del patrono de asumir la prestación del servicio de los trabajadores afectados y exigencia excepcional a las EPS cuando la seguridad social adquiere el carácter de derecho fundamental, directamente o por conexidad, no sólo porque estas entidades cuentan con la estructura y funcionalidad requerida, sino porque así lo impone el principio constitucional de solidaridad. En este caso, para equilibrar las finanzas de las EPS éstas pueden repetir contra el empleador o contra el Estado por los gastos realizados (SU-562-99, T-1019-99 y T-1134-01).

Esta última alternativa es muy valiosa en aquellos eventos en que el incumplimiento en el pago de los aportes plantea la suspensión del servicio de seguridad social en salud e involucra la vulneración o puesta en peligro de derechos fundamentales por graves enfermedades, o frente a personas de la tercera edad en situación de desprotección y los menores de edad. De acuerdo con la Corte, en el caso concreto, en relación con el actor y su compañera, el servicio de seguridad social en salud debía ser costeado por la firma empleadora. Ello es así porque ante el incumplimiento en el pago de los aportes debía asumir el costo que demandara la prestación de este servicio.

En este caso la orden no procedió contra la EPS porque no existían pruebas de peligro actual o inminente para el actor o su compañera. En cambio, la situación de la menor era diferente. El solo hecho de tratarse de una niña de seis (6) años de edad la hacía un sujeto privilegiado de derechos y planteaba la necesidad de suministrarle protección preferente. Mucho más si padecía graves afecciones respiratorias y una delicada infección en sus órganos genitales externos. En este caso la atención debía ser prestada por la EPS que contaba con los recursos humanos y técnicos para proveer con la urgencia requerida la atención que precisaba la menor. nota 1

En otro caso, en sentencia de tutela los accionantes solicitaron que se les amparara ?el derecho fundamental a la seguridad social y la salud? porque no se les prestó atención médica ni hospitalaria por cuenta del ISS, ya que la empresa para la cual trabajaban estaba en mora de pagar las cotizaciones correspondientes. La Corte amparó el derecho tutelado y ordenó al ISS proceder a prestar la atención médica a los accionantes, si aún no lo había hecho. En caso de haberlo hecho, cuando el empleador estaba en mora, no solo hay lugar al reclamo de los aportes sino a repetir contra el empleador por los gastos médicos, clínicos y farmacéuticos que el ISS hubiera hecho a favor del trabajador afiliado al sistema, pero incurso en la mora patronal. Para esto, la Corte analizó el principio de la ?garantía a la seguridad social?.

Significa lo anterior que específicamente los trabajadores dependientes tienen derecho a la seguridad social en salud y por consiguiente gozan de la protección tutelar con características inconfundibles. Dijo la Corte que las relaciones jurídicas que surgen entre el empleador y la entidad de seguridad social son jurídicamente separables de aquellas que se derivan del vínculo entre el trabajador y los entes que administran los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud, puesto que aun en caso en que se imponga una sanción por omisión y que se logre el pago de la cotización, el derecho del trabajador no se agota sino que es indispensable que se garantice la efectividad del mismo. Así pues, la suspensión de afiliación del empleado resultó desproporcionada debido al no pago de aportes en salud por el empleador. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1093-02
  2. Corte Constitucional, Sentencia SU-562-99

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