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Última modificación: 2006-08-01
Accidente de trabajo: derecho a la seguridad social en riesgos profesionales en conexidad con la vida

La actora, quien firmó un contrato como auxiliar de enfermería con una empresa que no la afilió a una EPS ni a una ARP, sufrió un accidente de trabajo al pincharse un dedo cuando suministraba medicamentos vía intravenosa a un paciente portador de VIH. Inicialmente la empresa le suministró medicamentos para el tratamiento por el eventual contagio, pero luego éste fue suspendido. Presentó tutela por considerar vulnerados sus derechos al trabajo, a la salud y a la vida en condiciones dignas, pues se encontraba sin trabajo y no sabía si había contraído la enfermedad. La Corte, luego de concluir para efectos de la tutela, que efectivamente existía una relación laboral entre la empresa y la actora, consideró que lo sufrido por la peticionaria era un claro ejemplo de accidente de trabajo si se tiene en cuenta que éste se presentó cuando se dio un suceso repentino sobreviniente por causa o con ocasión del trabajo el cual hubiera producido al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o muerte, según el artículo 9 del decreto 1295/94.

Sostuvo que la conducta de suspensión de un tratamiento médico puede tornarse arbitraria y traer consigo la afectación de la integridad física del paciente. En el presente caso se pudo afirmar que la empresa con su conducta inicial de suministro de medicamentos y exámenes generó confianza legítima en la peticionaria de la continuidad en el suministro del tratamiento, aunque luego le fue suspendido. Para la Corte, la actitud asumida por la Empresa no fue válida, fue un rompimiento a la confianza legítima por ésta creada y una violación de la continuidad ligada al principio de eficiencia de la seguridad social.

Por todo lo anterior, la Corte consideró que la empresa era la responsable del cubrimiento del costo de exámenes de comprobación de contagio de VIH los cuales debían ser realizados inmediatamente y, luego, con la periodicidad que fuera requerida por su eventual infección. En caso de que se comprobara el contagio, quedará en cabeza de la accionada el cubrimiento del tratamiento, hasta tanto no quedara afiliada a una ARP. El tratamiento a ser cubierto será el determinado por el infectólogo que realizara el examen o por el médico que atendiera a los empleados de la Empresa quien para el caso concreto se entenderá como médico tratante. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-933-02

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