› Observatorio de Justicia Constitucional
» Trabajadores y Sindicatos
Tabla de Contenidos
Última modificación: 2006-08-01
Prohibición de suspender el servicio de salud del extrabajador si su vida está en riesgo

Se demandó la constitucionalidad del artículo 43 de la Ley 789 de 2002, el cual establece que ?estando vigente la relación laboral no se podrá desafiliar al trabajador ni a sus beneficiarios de los servicios de salud, cuando hubiera mediado la correspondiente retención de los recursos por parte del empleador y no hubiera procedido a su giro a la entidad promotora de salud. Los servicios continuarán siendo prestados por la entidad promotora de salud a la que el trabajador esté afiliado hasta por un período máximo de seis (6) meses verificada la mora, sin perjuicio de la responsabilidad del empleador, conforme las disposiciones legales?.

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 43 de la Ley 789 de 2002, en el entendido de que, en ningún caso se podrá interrumpir el servicio de salud específico que se venía prestando, cuando de él depende la vida o la integridad de la persona, hasta tanto la amenaza cese u otra entidad asuma el servicio. También se declaró la inexequibilidad de la expresión ?hasta por un período de seis (6) meses verificada la mora?, contenida en la misma norma. En primer lugar, la Corte decidió condicionar la exequibilidad de la norma para garantizar el goce efectivo de los derechos.

En efecto, si la persona deja de tener una relación laboral, deja de cotizar al régimen contributivo del sistema de salud y no se encuentra vinculada de ninguna otra forma a dicho régimen, pero estaba recibiendo un servicio específico de salud, se pueden distinguir dos situaciones posibles: (a) que la vida y la integridad de la persona dependan del servicio médico específico que se está recibiendo y (b) los demás casos. En la primera situación, constitucionalmente no es admisible que se interrumpa el servicio de salud específico que se venía prestando, pues ello implicaría sacrificar el goce efectivo de los derechos a la vida y a la integridad de una persona. Son entonces las EPS que prestaban en cada caso específico el servicio requerido las que deben garantizar, en primera instancia, que la prestación del mismo no se suspenda; en segunda instancia, la obligación de garantizar la continuidad en la prestación del servicio será responsabilidad de la entidad o las entidades a las cuales les corresponda seguir atendiendo a la persona, dependiendo de la situación jurídica y económica en la que ésta se encuentre.

Si el paciente ha sido desvin­culado laboralmente, el servicio de salud específico que venía recibiendo, y del cual depende su vida o su integridad, debe continuar prestándose en virtud del principio de solidaridad, el cual impide que la vida o la integridad de una persona gravemente enferma quede desprotegida debido a que la compensación proveniente de los aportes ya no opera para continuar financiando el servicio. Por eso, si el paciente no cuenta con los medios para sufragar la continuidad del servicio específico, cuando la EPS repita contra el Fosyga, es el sistema de solidaridad, de la cuenta correspondiente, el que habrá de responder por todos los costos y de manera oportuna aplicando las reglas sobre el derecho de petición y haciendo el giro efectivo dentro de un plazo razonable necesario para hacer las verificaciones del caso.

Se advierte que la obligación de garantizar la continuidad del servicio de salud es de carácter estrictamente temporal, por esta razón, el servicio específico puede terminar en dos hipótesis: 1. Cuando ha cesado la amenaza para la vida o integridad del paciente. 2. Cuando otra entidad asume la prestación del servicio específico del cual depende la vida o la integridad del paciente. Esta nueva entidad puede pertenecer a cualquiera de los tres regímenes, el contributivo, el subsidiado o el vinculado según las circunstancias y las normas vigentes.

Así, la Corte señaló que una vez ha concluido una relación laboral, el trabajador puede encontrarse en alguna de las siguientes hipótesis,

(i) La persona continúa vinculada al régimen contributivo de Salud, ya sea en calidad de afiliado o de beneficiario;

(ii) La persona pasa a estar vinculada al Sistema de Salud, a través del régimen subsidiado, porque se encuentre en una situación económica tan precaria, que tenga derecho a ser vinculado al régimen subsidiado. En tal caso, la EPS que venía prestando el servicio asume el deber de garantizar la continuidad de la prestación de éste, hasta tanto la ARS, o la entidad territorial correspondiente, según sea el tratamiento que se requiera, asuma la prestación del mismo;

(iii) La persona tiene recursos económicos suficientes para seguir costeando el tratamiento que se le viene prestando;

(iv) La persona está por fuera de los regímenes contributivo y subsidiado, y por defecto, se encuentra en el régimen vinculado. En este caso serán las entidades de salud encargadas de prestar el servicio de salud, contratadas por las entidades territoriales encargadas de costearlo, a las que deberá acudir la persona que está por fuera de los otros dos regímenes. La EPS que venía prestando el servicio de salud específico a la persona que lo requiere para conservar su vida e integridad, debe garantizar la continuidad del servicio de salud para proteger los derechos del paciente, hasta tanto la nueva entidad encargada de prestar el servicio en cuestión asuma sus obligaciones legales y los continúe efectivamente prestando. La EPS y las entidades territoriales correspondientes son responsables, en sus respectivas órbitas de acción, de que el traslado del paciente de la EPS a la nueva entidad sea lo más cuidadoso posible y no conlleve afectación alguna de la vida o integridad del paciente puesto que sus derechos constitucionales prevalecen, razón por la cual el servicio médico específico no puede ser interrumpido;

(v) La persona deja de requerir un servicio médico para salvaguardar su vida o su integridad. La EPS deja de estar obligada a continuar prestando el servicio. Ahora bien, lo esencial es que la amenaza que se cernía sobre la vida o la integridad del paciente haya cesado, lo cual sólo puede ser apreciado por los médicos.

En segundo lugar, la Corte declaró la inconstitucionalidad del término de seis meses establecido en el artículo 43 de la Ley 789 de 20002, que se refería a que los servicios se seguirán prestando, cuando se cumplieran las condiciones fácticas establecidas por la propia norma. La Corte distinguió tres hipótesis fácticas: (1) Un trabajador afiliado a una EPS deja de laborar para el empleador que antes no efectuaba los descuentos del salario destinado a los aportes de salud. En esta situación la EPS no está obligada a prestarle el servicio de salud al trabajador puesto que además de no haber hecho el patrono los aportes para salud, no se reúnen las otras dos condiciones establecidas en la norma acusada, a saber, (a) que la persona esté trabajando y (b) que al trabajador le descuente los aportes en salud. (2) Un trabajador mantiene el vínculo laboral formalmente, pese a que no se realizan los descuentos de los aportes a la salud. El empleador responde por los aportes a la salud, así no haya descontado los aportes. (3) El tercer caso se presenta cuando un trabajador sigue trabajando, continúa afiliado a las EPS, le descuentan de su salario los recursos destinados a salud, pero el empleador entra en mora y se abstiene de hacer los giros de ley a la EPS.

En esta hipótesis la carga del incumplimiento del empleador no puede recaer sobre el trabajador al cual le efectuaron los descuentos porque ello violaría su derecho a la salud. Por lo tanto, en este tercer caso la protección efectiva del derecho a la salud exige que al trabajador no le sea suspendido el servicio, razón por la cual se declaró inconstitucional el término de seis meses previsto en la norma acusada. Es preciso señalar que la protección que aquí se reconoce, cobija tan sólo el caso del empleado que asume la carga que le corresponde con el sistema de salud. No obstante, la carga tampoco puede recaer sobre las EPS porque éstas no han recibido los recursos para ello dentro del régimen contributivo, dado que no se han efectuado los giros para que procedan las compensaciones y, además, el empleador moroso no puede beneficiarse de su incumplimiento. El empleador incumplido no sólo tendrá que cancelar las sumas de dinero que deba, también es responsable por los perjuicios económicos que cause con su incumplimiento, por las multas que se le impongan y, eventualmente, puede llegar incluso a tener que responder penalmente por sus actos. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-800-03

 Ocultar columna

Búsquedas

Modificaciones recientes
2013-06-17
La progresividad en el pago del subsidio familiar para los trabajadores de nuevas pequeñas empresas constituye una medida constitucionalmente idónea, adecuada,necesaria y proporcional para la formalización y generación de empleo

2012-08-30
Trabajadores asociados a cooperativas de trabajo deben ser retribuidos con prestaciones equivalentes a las establecidas en el código sustantivo de trabajo

2012-05-23
Trasladar la carga inicial de los gastos de la junta al aspirante a beneficiario, aunque éste tenga derecho a su reembolso siempre que se certifique su condición de invalidez, contraría ciertos preceptos constitucionales

Presentación
Descargue la presentación del Observatorio de Justicia Constitucional
Descargar (39Kb)

Sabía usted que...
Para acceder a la tabla de contenidos de cada ítem, puede hacer clic en el nombre en la parte superior de la página.

Contáctenos
Si desea contactarse con el equipo de trabajo del Observatorio de Justicia Constitucional, escríbanos al correo observatorio@defensoria.org.co

Descargas
Constitución Política de Colombia en formato PDF
Descargar (569Kb)

Versión actualizada (julio de 2013)

Ver - Imprimir
Versión completa del documento sobre Trabajadores y Sindicatos optimizada para impresión

Informes

Segundo informe del Observatorio de Justicia Constitucional

Marzo de 2007 - febrero de 2011

Descargue el libro

Tomo 1

(7.2 Mb)

Tomo 2

(8.5 Mb)

Primer informe del Observatorio de Justicia Constitucional de la Defensoría del Pueblo

Marzo de 1992 - febrero de 2007

Descargue el libro

Tomo 1

(2.7 Mb)

Tomo 2

(3.0 Mb)

© 2003 - 2006 Defensoría del Pueblo Colombia | línea gratuita nacional 018000 914814
Requisitos técnicos del sitio web | Su uso de este sitio web constituye aceptación de nuestras condiciones de uso y privacidad