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Última modificación: 2006-08-01
Los empleados del servicio doméstico deben ser afiliados por sus empleadores al sistema de seguridad social integral

La accionante laboró como empleada del servicio doméstico en la casa de la demandada. Nunca fue afiliada por la empleadora a una entidad promotora de salud. Sólo después de que se le diera por terminado el contrato de trabajo la peticionaria se enteró de su estado de embarazo. Debido a la terminación de la relación laboral y al no contar con servicios de salud para atender el parto, ni para el cubrimiento de su licencia de maternidad la actora interpuso acción de tutela con el fin de que se le protegieran sus derechos al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud.

La Corte recordó que la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y una de las obligaciones básicas que tienen todos los empleadores es la de afiliar a sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social, tanto en salud como en pensiones y en riesgos profesionales. Se destaca que la jurisprudencia constitucional ha señalado que cuando el empleador ha sido negligente con el cumplimiento de su obligación de afiliar a los trabajadores a una entidad promotora de salud, no se le puede trasladar ese descuido al trabajador, sino que aquél debe asumir directamente y en forma total esa responsabilidad, cuestión que se refleja en el cubrimiento de los costos que demanden los servicios médicos, como consultas, medicamentos, tratamientos, atención por maternidad, etc.

Ahora bien, es claro que los empleados del servicio doméstico también, como los demás trabajadores, tienen derecho a que sus empleadores los afilien al Sistema de Seguridad Social Integral y a gozar de las mismas garantías en cuanto a seguridad social se refiere.

La Corte reiteró la procedencia de la acción de tutela para amparar los derechos de mujeres que han sido despedidas encontrándose en estado de embarazo dada su situación económica precaria y la necesidad de asegurar su subsistencia y la del niño que está por nacer; como también en casos en los cuales ese personal no ha sido afiliado a una entidad promotora de salud ni a una institución de seguridad social en pensiones.

Es claro, entonces, que los empleados del servicio doméstico no pueden ser objeto de arbitrariedades y los empleadores no pueden, abusando de su posición dominante en la relación laboral, desconocerles sus prerrogativas laborables ni cercenarles o menoscabarles sus derechos.

Para la Corte se vulneraron sus derechos a la salud y a la seguridad social en conexidad íntima con la dignidad humana y la vida, más aún cuando se trata de una mujer embarazada. Lo anterior en atención a que no resulta justo que la demandante, quien es la parte más débil de la relación contractual, sea a su vez la que deba asumir las consecuencias negativas del incumplimiento del empleador, toda vez que ello contraría principios y derechos constitucionales.

En consecuencia, la Corte concedió la tutela y ordenó a la demandada que procediera a la inmediata afiliación de la peticionaria y de su hijo -si ya hubiese nacido- a la entidad promotora de salud que fuera libremente escogida por ella. Tal vinculación se debería extender doce semanas más después del parto. En todo caso, mientras esto sucedía, la empleadora debía asumir la totalidad de los gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos y de medicamentos farmacéuticos, que, para la atención en salud de la actora y la de su bebé fueran necesarios. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1014-04

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