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Última modificación: 2006-08-01
Vigencia de las convenciones colectivas de trabajo en procesos de disolución y liquidación de entidades públicas

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de los artículos 474, 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo. Dichas normas se refieren a que si es disuelto el sindicato que celebró una convención, ésta continúa rigiendo la relación laboral; también a la prórroga automática por períodos de seis meses, de la convención colectiva cuando dentro de los 60 días anteriores a su terminación, las partes no manifestaron de forma escrita su voluntad de darla por terminada; y sobre la denuncia de la convención. El demandante consideró que las normas señaladas vulneran la Constitución en tanto que permiten la aplicación de la convención colectiva pactada entre trabajadores y empleadores de una empresa u organismo del orden nacional, sin tener en cuenta la disolución o supresión de la misma, con lo cual se generan ?obstáculos? en el proceso de liquidación correspondiente.

La Corte reiteró que aunque los procesos de reestructuración administrativa buscan la racionalización de las plantas de personal, para asegurar una gestión pública eficiente y eficaz, no se pueden desconocer los derechos de los trabajadores, que en todo caso tendrán que ser reconocidos de conformidad con lo que dispone la ley. No puede ser aceptado desde el punto de vista constitucional, que los beneficiarios de una convención colectiva renuncien a sus derechos legítimamente adquiridos, bajo el argumento de que la misma entorpece los procesos de liquidación producto de la disolución de entidades públicas. La Corte consideró que para que las entidades u organismos del orden nacional puedan adelantar y culminar procesos de disolución y liquidación, no se requiere la renuncia por parte de los trabajadores a los derechos que han adquirido.

El Estado debe armonizar los derechos, a fin de que si por circunstancias objetivas, se concluye que una entidad debe ser disuelta, los derechos de quienes han laborado por años en la misma no sean anulados so pretexto de llevar a feliz término un proceso de liquidación. En efecto, los derechos convencionales reconocidos a los trabajadores en convenciones colectivas, en un proceso de liquidación deberán sujetarse al orden de prelación de créditos que para el efecto establece la ley. Siendo ello así, a juicio de la Corte no existe incompatibilidad entre el cumplimiento de las convenciones colectivas y la liquidación de una entidad pública, que justifique la renuncia de los trabajadores a los derechos que les han sido reconocidos mediante una convención, menos si se tiene en cuenta que en todo proceso de liquidación corresponde al liquidador el cumplimiento del pago de las obligaciones laborales, que deben ser satisfechas con el producto de la venta de los bienes de la entidad en liquidación.

Finalmente, lo que ocurre es que si la entidad se disuelve y en consecuencia se liquida, se acaba con la misma y por tanto se terminan los contratos laborales vigentes a medida que avance la liquidación, hasta que finalmente se extinga el último de ellos, momento en el cual la convención por sustracción de materia no se aplica a relaciones laborales individuales que dejaron de existir, sin perjuicio que en la liquidación se garantice la efectividad y respeto a los derechos adquiridos. No encontró tampoco la Corte cómo la aplicación de una convención colectiva dentro de un proceso de liquidación de una entidad pública pueda impedir el ejercicio de la facultad de supresión y fusión de entidades públicas que puede realizar el Presidente de la República, de conformidad con la ley, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 189, numeral 15 de la Constitución Política, ni que ello vaya en contra de los principios de eficiencia, eficacia y celeridad que orientan la función administrativa nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-902-03

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