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Última modificación: 2006-08-01
Límites del derecho de huelga en los servicios publicos esenciales

La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 4 de la Ley 142 de 1994, sobre servicios públicos domiciliarios, que establece: ?Para los efectos de la correcta aplicación del inciso primero del artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, todos los servicios públicos, de que trata la presente ley, se considerarán servicios públicos esenciales.? Según el actor dicha disposición amplió indebidamente el ámbito de la concepción de dichos servicios, al incluir actividades que materialmente no corresponden a ella. Se debe tener en cuenta que el inciso primero del artículo 56 de la Constitución establece: ?Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el Legislador?. La Corte estableció que el derecho de huelga tiene un carácter no absoluto el cual se explica por la repercusión que su ejercicio puede causar, hasta el punto de que llegue a afectar los derechos y libertades fundamentales de las personas que no son actoras del conflicto.

No es posible concebir la huelga como una simple afirmación de la libertad sindical ni como una relación privada entre trabajadores y empleadores, porque normalmente sus objetivos, la magnitud del conflicto, y las condiciones y características de su ejecución, rebasan los aludidos ámbitos, de manera tal que se pueden ver vulnerados o amenazados los derechos e intereses de la comunidad y del propio Estado, como ocurre cuando se afecta el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. La Corte concluyó que el artículo demandado se ajusta a la Constitución, porque el Legislador no hizo cosa diferente que desarrollar, tanto el mandato del art. 56 en cuanto lo habilita para definir los servicios públicos esenciales en los cuales la huelga no esta garantizada, como los artículos 365 y 366, según los cuales, los servicios públicos domiciliarios constituyen instrumentos adecuados para asegurar las finalidades sociales del Estado, en lo que atañe con el bienestar general y el mejoramiento de las condiciones de vida de los integrantes de la comunidad. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-663-00

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