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Última modificación: 2006-08-01
Facultad del presidente de la república de ordenar la cesación de la huelga cuando afecte el interes general

La Corte declaró exequible el art. 3 numeral 4 de la Ley 48 de 1968, por medio del cual se faculta al Presidente de la República a ordenar la cesación de la huelga en cualquier momento si se veía afectado de manera grave el interés de la economía nacional. Para el actor, se limitaba el ejercicio del derecho de huelga, al autorizar al Presidente de la República, previo el concepto favorable de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a ordenar la cesación de la huelga y someter los diferendos a fallo arbitral. Además violaba el artículo 56 de la Constitución, por cuanto la única restricción que allí se autoriza y se establece en relación con este derecho, se refiere a los servicios públicos esenciales.

La Corte consideró que si bien es cierto el derecho de huelga está garantizado por la Carta y que no existen derechos absolutos, la disposición demandada concuerda con la necesidad de garantizar el orden económico y social justo en el país y de consolidar la prevalencia del interés general sobre el particular de que tratan las normas constitucionales comentadas. La Ley 48 de 1968 al facultar al Presidente de la República para ordenar la cesación de la huelga en estos casos, no vulnera los preceptos constitucionales señalados en la demanda, por cuanto el artículo 56 de la Carta defirió en el Legislador la facultad de reglamentar el derecho de huelga, que no encuentra concebido como absoluto y que frente a la prevalencia del interés general a que se ha aludido y a la finalidad de garantizar el orden económico y justo, es susceptible de limitación como en el caso excepcional de la norma acusada.

De otro lado debe tenerse en cuenta que no se atribuye en el precepto demandado una potestad discrecional al Presidente de la República en lo relacionado con la cesación de la huelga en el evento de que se configure la situación que afecte de manera grave los intereses de la economía nacional, pues la misma ley en el artículo acusado determina que el Presidente "no podrá tomar esa decisión sin el concepto previo y favorable de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia", lo que limita el ejercicio de dicha facultad y la somete a la consideración y al pronunciamiento favorable de esa respetable y alta Corporación de la justicia. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-548-94

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