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Última modificación: 2006-08-01
Prohibicion de trato discriminatorio a los trabajadores por pertenecer a un sindicato

El trabajador de una empresa interpuso acción de tutela contra sus patronos porque consideró que se le había violado el derecho de asociación sindical y su derecho a la igualdad. Relató el accionante que el sindicato de la empresa, al cual él pertenecía, presentó un pliego de peticiones a partir del cual se inició un conflicto colectivo que finalizó con el pronunciamiento de un laudo de un Tribunal de Arbitramento el cual contenía una serie de reivindicaciones para el personal sindicalizado. Dicho laudo fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta circunstancia fue aprovechada por la empresa para decretar un aumento de salarios, pero únicamente para el personal no sindicalizado. Esto originó una situación en la cual aquellas personas encargadas de realizar labores similares de las que él se ocupaba, dentro de la empresa reciben un salario mayor al que él percibe.

La Corte Constitucional amparó sus derechos, ordenando que, mientras el Juez ordinario laboral correspondiente definiera sobre la existencia de las diferencias salariales, el empleador debía en lo sucesivo pagarle el mismo salario que le paga a las personas que desempeñan, dentro de la empresa, la misma labor y que no están sindicalizados. Se estimó que el principio de ?trabajo igual, salario igual? opera cuando existen las mismas condiciones de jornada y eficiencia. Pero esta eficiencia debe calificarse en función de situaciones objetivas de cumplimiento de la labor que constituye el objeto del contrato laboral y no en función de características subjetivas de los sujetos, pues de esta última manera se haría muy difícil su aplicación.

Para hacer efectivo este derecho se deben introducir reglas prácticas que garanticen su aplicación de tal manera que cuando el empleador hace distinciones entre trabajadores, es él quien corre con la carga de la prueba cuando alegue que tal distinción se realiza en función de parámetros objetivos y razonables. En este orden de ideas, cuando se determina que un trabajador perteneciente a un sindicato no recibe el mismo salario que sus compañeros, no sindicalizados, con los cuales comparte las mismas funciones y condiciones de eficiencia, se presume discriminación por pertenecer al sindicato. Se presenta entonces vulneración del derecho de asociación sindical, a menos que se pruebe por el empleador que la razón de discriminación esta objetivamente fundada.

En el presente caso el empleador no desvirtuó la presunción nacida en el momento en el que el demandante demostró que recibía salarios más bajos con respeto a compañeros de labores que realizaban en las mismas condiciones de jornada y eficiencia su trabajo, razón por la cual se estaba ante la violación del principio de igualdad y asociación sindical. Ahora bien, ante la existencia de un medio alternativo ordinario, que el mismo trabajador invocó para el reclamo, el juez de tutela podía ordenar que cesara desde el momento la discriminación hasta cuando la justicia ordinaria decidiera sobre los motivos de desigualdad en el salario. nota 1

El trabajador de una empresa alegó que su empleador lo privó de ciertos beneficios que tenían otros de sus compañeros, como el trabajo en horas extras y otro tipo de posibilidades que le permitían aumentar el monto de su salario. Según el trabajador esta situación obedeció a su participación en el sindicato de la empresa. Para la Corte Constitucional la libertad del empleador para fijar el horario y la asignación de trabajos suplementarios tiene un límite en el hecho de que ellos no pueden utilizarse para realizar discriminaciones. Toda vez que en las condiciones actuales de los trabajadores, las jornadas extras constituyen una fuente de remuneración importante, la libertad del empleador para asignarlas debe tener en cuenta que toda diferenciación en el trato debe tener un fundamento objetivo y razonable, lo que implica que las medidas a tomar busquen un objetivo constitucionalmente aceptable y que estas medidas sean adecuadas para lograr ese fin.

Cuando lo que se busca es debilitar el derecho de asociación sindical, afectando las condiciones en las que se encuentran las personas sindicalizadas, se está ante una clara violación al principio de igualdad, que debe ser corregida. En virtud de estos razonamientos, la Corte Constitucional amparó los derechos de igualdad y asociación sindical, ordenando a la empresa demandada cesar en su conducta discriminatoria. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-143-95
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-230-94

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