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Última modificación: 2006-08-01
Límites constitucionales a los arbitros laborales cuando deciden en equidad un conflicto colectivo

La Convención colectiva de una clínica fue denunciada por los trabajadores y por la Fundación propietaria de la misma. Se convocó un Tribunal de Arbitramento que profirió un laudo arbitral. El empleador interpuso recurso de homologación contra todo el laudo ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por inequitativo y ésta decide homologar el laudo en su conjunto por no ser ?manifiestamente inequitativo? el aumento en salarios y auxilios ni ?exorbitante? las primas de cirugía, cuidados intensivos y cuidados coronarios. La Fundación y unos ciudadanos presentaron acción de tutela contra el laudo y contra la sentencia de homologación de la Corte Suprema de Justicia ? Sala de Casación Laboral por considerarlo contrario a la Constitución.

En subsidio solicitaban que se ordenara atender prioritariamente los gastos de funcionamiento de la entidad y, cubiertos aquellos, se procediera a la cancelación de los beneficios económicos extralegales generados por el laudo arbitral. Fundan sus pretensiones tanto en la violación del debido proceso porque el Tribunal no apreció las pruebas que mostraban la crítica situación de la Clínica y la necesidad de reducir la carga laboral (vía de hecho por defecto fáctico) como en el desconocimiento de los derechos de los pacientes porque el cierre de la entidad afectaría su vida, su integridad física y su salud.

Teniendo en cuenta que el laudo arbitral y la sentencia que lo homologa son una unidad inescindible, la Corte Constitucional dictó sentencia de unificación en la que precisa varios asuntos: (i) la acción de tutela procede contra un laudo arbitral, pero en circunstancias realmente excepcionales, ya que contra ellos el ordenamiento jurídico tiene previsto el recurso de homologación ante la Corte Suprema de Justicia, así, el objeto de la tutela debe comprender, cuando no se interpone como mecanismo transitorio, también la sentencia de homologación respectiva. (ii) fija los límites constitucionales que los árbitros laborales deben observar cuando deciden en equidad un conflicto colectivo, pues aunque sus determinaciones sean adoptadas en equidad, éstas no pueden ser arbitrarias desconociendo flagrantemente los derechos constitucionales de las partes, ni pueden carecer de motivación material.

La inexistencia de motivación violó el debido proceso y tornó la decisión en irrazonable, es por ello que los árbitros al decidir en equidad debían respetar unos mínimos para que el proceso de la adopción del laudo no sea arbitrario. De esta manera, los árbitros al decidir deberan a) dar, a lo menos, razones de equidad que justifiquen sus decisiones, b) no deben ignorar a una de las partes en contienda, c) tener en cuenta las circunstancias fácticas o los hechos del caso concreto y, d) abstenerse de decidir con base en prejuicios, como lo son las opiniones racistas, sexistas o exclusivamente ideológicas. Frente al caso concreto, la Corte concluyó que dichos límites fueron observados, pues la decisión del tribunal de arbitramento no carecía de una mínima motivación y, por lo tanto, tampoco constituía una vía de hecho por carencia de motivación material, por lo cual no se vulneraron los derechos de los actores nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-837-02

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