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Última modificación: 2006-08-01
Propietarios de caninos deben observar reglas minimas de convivencia, para evitar que sus mascotas causen molestias e incomodidades a los trabajadores de los edificios

La demandante interpuso acción de tutela contra la propietaria de un perro que la agredió, motivo por el cual vio coartado su derecho al trabajo toda vez que se desempeñaba como administradora del conjunto residencial donde habitaba la demandada con el perro. De acuerdo con la Corte la tutela procedió porque la accionante no contó con otra vía judicial para solicitar el efectivo amparo de su derecho al trabajo y se encontraba en una situación de indefensión frente a la agresión del perro de la que fue víctima. Aunque a primera vista podría sostenerse que no existió vulneración del derecho invocado, toda vez que la peticionaria había seguido asistiendo esporádicamente a su lugar de trabajo.

La Corte consideró que el normal desarrollo de la labor encomendada a la accionante sí se había visto afectado, pues según afirmó no había podido ejercer sus funciones tranquilamente, de una parte por el temor que sentía por el perro y, de otra, porque no aparecía acreditado que la demandada hubiera tomado medidas para evitar nuevos episodios de agresión de su mascota, no sólo frente a la administradora del conjunto, sino también frente a los residentes en el edificio. En consecuencia, la Corte recordó que los propietarios de caninos, tienen la obligación de observar unas reglas mínimas de convivencia para evitar molestias e incomodidades a los residentes, visitantes y trabajadores de los edificios, debiendo cumplir con las exigencias previstas en el Código Nacional de Policía y en la Ley 746 de 2002, por la cual se regula la tenencia y registro de perros potencialmente peligrosos.

Sostuvo la Corte que uno de los derechos que puede verse afectado como consecuencia del ejercicio desmedido de la facultad de tener mascotas, es el trabajo. Por ejemplo, en edificaciones sometidas al régimen de propiedad horizontal, donde cohabitan muchas personas, además de los residentes es común la presencia de empleados dedicados a diversas tareas. Con frecuencia asisten colaboradores del servicio de aseo, de vigilancia, encargados de la administración del edificio o de labores afines. En estos eventos es razonable exigir de los residentes que adopten las medidas necesarias para evitar que sus mascotas impidan el normal cumplimiento de las tareas encomendadas.

La Corte llamó la atención al respecto, pues consideró que la vulneración del derecho al trabajo no sólo se configura cuando el particular impide directamente su realización, sino también cuando de forma indirecta o incluso mediante una conducta pasiva obstaculiza su pleno ejercicio. Y una de esas formas puede darse si los propietarios de las mascotas no observan las reglas para su tenencia y con ello crean un estado de permanente zozobra entre quienes, por diferentes razones, deben permanecer en un conjunto residencial. Por lo anterior, la Corte concedió el amparo al derecho al trabajo de la actora y previno a la propietaria del perro para que diera estricta aplicación a las disposiciones normativas que regulan el asunto nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-595-03

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