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1. Derecho al trabajo

· Diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el contrato de trabajo. Primacía de la realidad sobre las formalidades en las relaciones laborales.

Se demandó parcialmente el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que regula los contratos de prestación de servicios, por considerar que la norma establece un trato desigual y discriminatorio entre contratistas y servidores públicos. La Corte resaltó las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios independientes al señalar que el primero requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo, mientras que, en el segundo, la actividad independiente desarrollada puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales. Por el contrario, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

De acuerdo con la Corte, la pretendida vulneración al derecho a la igualdad no tiene cabida por cuanto no pueden predicarse condiciones desiguales en situaciones fácticas diversas entre sujetos que han prestado servicios en forma diferente a la administración pública, unos a través de una relación contractual y otros mediante una relación laboral de origen contractual, legal o reglamentario. Desde luego que si se demuestra la existencia de una relación laboral que implica una actividad personal subordinada y dependiente, el contrato se torna en laboral en razón a la función desarrollada, lo que da lugar a desvirtuar la presunción consagrada en el precepto acusado y, por consiguiente, al derecho al pago de prestaciones sociales a cargo de la entidad contratante, para lo cual el trabajador puede ejercer la acción laboral ante la justicia del trabajo, si se trata de un trabajador oficial; o ante la jurisdicción contencioso administrativa, si se es empleado público.

En cuanto a la vulneración del derecho al trabajo, en especial en lo que se refiere a la primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y la estabilidad en el empleo, La Corte señaló que los principios mínimos y garantías constitucionales consagradas en el artículo 53 constitucional son de carácter general y aplicables a todas las modalidades de la relación laboral; en consecuencia, su aplicación escapa al contenido y finalidad del contrato de prestación de servicios dada la independencia y autonomía con que el contratista ejecuta su labor, unido a la prohibición de que el mismo equivalga o se asimile a un contrato de trabajo, salvo lo enunciado para aquellos casos en que se acredite la existencia de la relación laboral.

La Corte consideró que el Legislador al usar la expresión "En ningún caso... generan relación laboral ni el pago de prestaciones sociales" para calificar la prohibición, no consagró una presunción de derecho, que no admite prueba en contrario, ya que el afectado podrá demandar por la vía judicial competente el reconocimiento de la existencia de la vinculación laboral y las consecuencias derivadas del presunto contrato de trabajo relacionadas con el pago de prestaciones sociales.

El principio constitucional de prevalencia de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales tiene plena operancia, en los casos en que se haya optado por los contratos de prestación de servicios para esconder una relación laboral; de manera que, configurada esa relación dentro de un contrato de esa modalidad el efecto normativo y garantizador del principio se concretará en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en la calificación o denominación que haya adoptado el vínculo que la encuadra, desde el punto de vista formal, con lo cual agota su cometido al desentrañar y hacer triunfar la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Y esta primacía puede imponerse tanto frente a particulares como al Estado mismo.

La Corte precisó que en el evento de que la Administración con su actuación incurra en una deformación de la esencia y contenido natural de ese contrato, para dar paso al nacimiento disfrazado de una relación laboral en una especie de transformación sin sustento jurídico con interpretaciones y aplicaciones erradas, necesariamente enmarcará su actividad dentro del ámbito de las acciones estatales inconstitucionales e ilegales y estará sujeta a la responsabilidad que de ahí se deduzca.

De resultar vulnerados con esos comportamientos derechos de los particulares, se estará frente a un litigio ordinario cuya resolución corresponderá a la jurisdicción competente con la debida protección y prevalencia de los derechos y garantías más favorables del ?contratista convertido en trabajador? en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales (Constitución Política, art.53). Por todo lo anterior, la Corte declaró exequibles las expresiones "no puedan realizarse con personal de planta o" y "En ningún caso...generan relación laboral ni prestaciones sociales" contenidas en el numeral 3o. del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, salvo que se acredite la existencia de una relación laboral subordinada. nota 1

· Alcance y límites de la regulación normativa laboral

Se demandó la inconstitucionalidad de varias disposiciones de la Ley 789 de 2002, por medio de la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. El demandante considera que esas disposiciones disminuyen garantías laborales e implican un retroceso en la protección del derecho al trabajo, puesto que consagran regulaciones menos favorables a los trabajadores que las existentes anteriormente, lo cual vulnera el derecho al trabajo. En especial, el cargo se dirige contra el artículo 25, que amplía la jornada ordinaria o diurna hasta las 10 p.m., el artículo 26 que modifica la remuneración de los dominicales y la compensación del descanso en los mismos cuando no son habituales, el artículo 28 que reduce la indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa, y el artículo 30 que modifica la naturaleza del contrato de aprendizaje.

La Corte comparte que las regulaciones impugnadas son menos favorables a los trabajadores empleados, o que obtengan empleos, que aquellas que fueron subrogadas, pero aclara que el hecho de que las regulaciones acusadas sean menos favorables al trabajador que aquellas que fueron subrogadas no implica automáticamente su inconstitucionalidad, pues la Constitución autoriza que el Legislador realice esos cambios normativos, siempre y cuando respete derechos adquiridos. Ahora bien, ninguna de las disposiciones acusadas desconoce derechos adquiridos, pues ninguna de ellas se aplica a situaciones jurídicas consolidadas. Sin embargo, aclaró la Corte que el respeto a los derechos adquiridos, no es el único límite que tiene el Legislador al modificar las regulaciones laborales, pues el Congreso tiene también otros límites constitucionales que debe respetar, como los principios mínimos del trabajo, el deber de desarrollo progresivo de los derechos sociales, y la prohibición a primera vista de que no existan medidas regresivas en la protección de los derechos sociales.

Para que una medida de reforma regresiva pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social, es decir que las medidas deben estar justificadas, por ser adecuadas y proporcionadas para alcanzar un propósito constitucional de particular importancia. De esta manera, la Corte consideró que es necesario que el juez constitucional verifique (i) que las medidas no fueron tomadas inopinadamente sino que se basaron en un estudio cuidadoso; (ii) que el Congreso analizó otras alternativas, pero consideró que no existían otras igualmente eficaces que fueran menos lesivas, en términos de la protección del derecho al trabajo y (iii) que la medida no sea desproporcionada en estricto sentido, esto es, que el retroceso en la protección del derecho al trabajo no aparezca excesivo frente a los logros en términos de fomento del empleo.

Para la Corte la exposición de motivos, las ponencias y los debates en las cámaras son suficientes para mostrar que la finalidad de las medidas es clara, éstas pretenden aumentar el empleo. La legitimidad de este propósito constitucional es evidente, no sólo por los mandatos constitucionales al respecto sino además por la actual coyuntura que vive el país. Así, la Carta establece que es deber del Estado propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y dar pleno empleo a todos los recursos humanos (Constitución Política arts. 54 y 334), por lo que las políticas destinadas a cumplir esos objetivos tienen claro sustento constitucional. Conforme a lo anterior, la Corte concluyó que la finalidad de las normas acusadas de promover el empleo y el crecimiento económico es claramente constitucional. Además se trata de un propósito constitucional imperioso, pues la Carta le impone al Estado la obligación de lograr el pleno empleo de los recursos humanos, por lo que la promoción efectiva del empleo podría eventualmente justificar una limitación de la protección del derecho al trabajo.

La Corte señaló que el propio Legislador fijó un elemento temporal que tiene gran importancia en el análisis pues contribuye a justificar la proporcionalidad de las medidas acusadas y, por ende, su constitucionalidad. Se estableció que esas políticas deben ser revisadas en caso de que no produzcan los efectos esperados, lo cual muestra que el Congreso tuvo claramente en consideración la necesidad de que estas medidas no restrinjan innecesariamente los derechos de los trabajadores, por lo que están sujetas a una obligatoria revisión, luego del plazo fijado por la propia Ley 789 de 2002.

En cuanto a la proporcionalidad en estricto sentido de las disposiciones acusadas, la Corte encontró que la ampliación de la jornada diurna es proporcionada y respeta los límites impuestos por la Constitución. Así, en todo caso, la norma mantiene la protección contra el trabajo nocturno, pues preserva los recargos nocturnos. La disposición amplía el entendimiento de la jornada ordinaria o diurna, pero lo hace respetando los mínimos constitucionales sobre qué es trabajo nocturno. En forma semejante, las normas sobre recargo por festivos (art. 26) o de flexibilización de la jornada de trabajo (art. 51) se mantienen dentro de los límites constitucionales, pues mantienen los límites de las 8 horas diarias y 48 horas por semana, reconocen la obligación del descanso semanal, y establecen los correspondientes recargos en trabajos por festivos y dominicales.

De otro lado, la Corte no encontró que la precisión de qué se entiende por trabajo habitual u ocasional en días dominicales contenida en el parágrafo 2º del artículo 26 sea inconstitucional, pues representa una definición razonable que hace parte de la libertad del Legislador en esta materia. En efecto, la Carta no define directamente qué se entiende por trabajo habitual para efectos de los descansos compensatorios, por lo que nada impide que el Legislador tome como criterio el mes calendario, y señale que los trabajos dominicales, para ser considerados habituales, deben ser más de tres en ese período.

La Corte no encontró tampoco de recibo el cargo del actor de que el artículo 51 demandado sobre jornada flexible desconoce el derecho al descanso, a la recreación y a la unidad familiar, puesto que esa disposición no sólo respeta los límites mínimos impuestos por la Carta de 8 horas diarias y 48 horas semanales, sino que además se funda en el acuerdo del trabajador, lo cual significa que el empleador no podrá imponer unilateralmente esas jornadas flexibles. En ese mismo orden de ideas, tampoco encontró la Corte reparos constitucionales a la posibilidad de que el patrono y el trabajador acuerden que el día de descanso semanal obligatorio sea el sábado, y no el domingo, como usualmente se ha hecho, pues la Carta y los tratados de derechos humanos ordenan que exista un día de descanso pero no indican cuál.

La reducción de la indemnización por despido injusto, si bien implica un retroceso en la protección de la estabilidad laboral, respeta también los mínimos constitucionales. En efecto, la Carta establece que la ley debe preservar la estabilidad en el empleo, pero no ordena la forma de hacer efectiva esa garantía. En general, la Corte ha admitido que la protección de la estabilidad por medio de la imposición de sanciones indemnizatorias por el despido injusto es adecuada. Ahora bien, aunque el artículo 28 acusado reduce los montos de la indemnización por despido injusto, por lo cual constituye un retroceso en la protección del derecho a la estabilidad del empleo, sin embargo mantiene sanciones por ese comportamiento indebido del empleador, con lo cual sigue amparando la estabilidad laboral, tal y como lo ordenan la Carta y los tratados de derechos humanos.

Por último, al examinar las objeciones al contrato de aprendizaje indicó la Corte que este contrato tiene múltiples especificidades frente a un contrato de trabajo ordinario, puesto que su finalidad no es exclusivamente que el aprendiz preste un servicio personal al empleador, como sucede en la relación de trabajo ordinaria, ya que tiene otros elementos que le son característicos: así, estos contratos de aprendizaje buscan ante todo capacitar al aprendiz en un oficio determinado y facilitar su inserción en el mundo del trabajo. Estas finalidades del contrato de aprendizaje tienen claro sustento constitucional, pues no sólo es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran sino que además el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar (Constitución Política art. 54). Por consiguiente, debido a esas finalidades, el contrato de aprendizaje no sólo tiene sustento constitucional sino que además puede ser distinguido de un contrato de trabajo ordinario, que carece de esos propósitos.

La Corte tampoco consideró que vulnerara el derecho de negociación colectiva el mandato según el cual, frente a los contratos de aprendizaje, ?en ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva., pues el derecho a la negociación colectiva no es absoluto, por lo cual puede ser limitado, siempre y cuando esas restricciones sean proporcionadas. El contrato de aprendizaje tiene objetivos y especificidades que lo distinguen de la relación de trabajo ordinaria, por lo que es razonable que ciertos aspectos del mismo queden excluidos de la negociación colectiva, a fin de asegurar la viabilidad del conjunto del sistema de capacitación de la mano de obra en el país.

Y en ese contexto, la Corte consideró que la exclusión de dicha negociación del apoyo de sostenimiento mensual de los aprendices es una restricción proporcionada al derecho de negociación colectiva de los trabajadores, puesto que los aprendices no son en sentido estricto trabajadores y resulta razonable que si la ley obliga a las empresas a vincular a un determinado número de aprendices, al menos establezca salvaguardas para asegurar que esa vinculación no resulte desproporcionadamente onerosa, como es la de limitar la negociación colectiva en este preciso aspecto.

Finalmente, en este fallo se declaró exequible el artículo 1º de la Ley 789 de 2002, por los cargos estudiados, en el entendido de que los programas sociales deben corresponder al Plan Nacional de Desarrollo o a leyes preexistentes, y el gasto se haya incorporado previamente en el correspondiente presupuesto; salvo las expresiones ?que el Gobierno Nacional defina como prioritarios? y el parágrafo que se declaran inexequibles. nota 2

· Los convenios internacionales del trabajo son normas de aplicación directa y no pueden ser considerados como parámetros supletorios

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra la expresión ?convenios? del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, que se refiere a las normas de aplicación supletoria, cuando no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido. El actor consideró que la inclusión de los convenios como normas de aplicación supletoria constituye una transgresión objetiva y verificable a los mandatos de la Constitución que considera que estas normas constituyen derecho sustancial y tienen, por tanto, plena fuerza vinculante interna.

Señaló la Corte que de ninguna manera los convenios internacionales del trabajo pueden ser considerados simplemente como parámetros supletorios en el ordenamiento laboral. Independientemente de la definición acerca de cuáles son los convenios que forman parte del bloque de constitucionalidad, es claro que todos forman parte de la legislación interna, lo que significa que no pueden ser relegados, por regla general, a parámetros supletorios de interpretación ante vacíos normativos en el orden legal. Adicionalmente, aquellos convenios que integran el bloque de constitucionalidad han de ser aplicados por todas las autoridades y los particulares para asegurarse de que las leyes nacionales sean interpretadas de manera acorde con la Constitución y tales convenios. Por lo tanto, al resolver ?el caso controvertido? ? en los términos del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo acusado en el presente proceso-, tales convenios son norma aplicable de manera principal y directa, y han de incidir en la determinación del alcance de las normas legales que también sean aplicables. Adicionalmente, los convenios que integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto han de prevaler en el orden interno (C.P., art. 93, inc. 1), lo cual ha de ser reconocido y respetado al resolver ?el caso controvertido.? Así, en la parte resolutiva se declarará la constitucionalidad de la expresión demandada, pero se excluirá la interpretación que pueda llevar a que los convenios de la OIT ratificados por Colombia, tengan carácter supletorio. Estos, al incorporarse a la legislación interna (art. 53), son fuente principal y son aplicables directamente para resolver las controversias. Además, es importante recalcar que los convenios que integran el bloque de constitucionalidad en sentido lato orientan la interpretación de la norma suprema, y que aquellos convenios que forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto prevalecen en el orden interno. Así habrán de valorarlos especialmente los jueces y los funcionarios administrativos.

La Corte decidió condicionar la exequibilidad de la expresión ?convenios? a que i) no exista convenio aplicable directamente, como fuente principal o prevalente, al caso controvertido, y ii) el convenio que se aplique supletoriamente esté debidamente ratificado por Colombia. nota 3

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-154-97
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-038-04
  3. Corte Constitucional, Sentencia C-401-05
1.1. Subordinación

1.1.1. La subordinación no es una forma de esclavitud

La Corte constitucional declaró exequible el numeral 3 del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, conforme al cual si el empleado ejecuta algún acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en contra del patrono, los miembros de su familia o sus representantes o socios, jefes de taller, vigilantes o celadores, por fuera del lugar de trabajo, el empleador tiene facultad legal de dar por terminada la relación laboral. La Corporación tomó la decisión bajo el entendido de que para aplicar esta causal es requisito indispensable que se oiga previamente al trabajador en ejercicio del derecho de defensa.

La Corte consideró que del contrato de trabajo surge el cumplimiento recíproco de las obligaciones correspondientes al respeto mutuo entre el empleador y el trabajador y entre éste y los demás compañeros de trabajo, al igual que con los representantes del empleador, con el fin de lograr que el desarrollo y ejecución de la relación contractual se realicen en forma pacífica y armónica, y primen en ella la confianza, la lealtad y la solidaridad. La obligación del empleador de respetar las creencias y dignidad del trabajador no significa que deba soportar él, su familia, sus socios o sus representantes insultos, ofensas o atropellos de parte del último. La subordinación a la que está sujeto el trabajador en el contrato de trabajo rige solamente para los efectos propios que se derivan de la relación laboral, es decir, para el cumplimiento de la actividad, servicio, o labor contratada y que, como se expresó, permite al empleador dar órdenes, dirigir al trabajador, imponerle reglamentos, o sancionarlo disciplinariamente.

Esto es diferente a la prohibición contenida en la norma citada, que pretende simplemente, evitar que el trabajador observe algunos comportamientos que lesionen moral o físicamente al patrono, su familia, sus representantes y algunos empleados, fuera del lugar de trabajo, pero que pueden afectar el cumplimiento armónico y pacífico del contrato de trabajo. Por esta razón, no le asiste razón al actor pues el precepto acusado no puede considerarse como una forma de esclavitud ya que no regula ningún aspecto relativo a la labor contratada y, mucho menos, al horario laboral, fuera del ámbito de trabajo. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-299-98, reiterada en sentencia C-386-00
1.1.2. El poder de subordinación del empleador debe respetar los derechos de los trabajadores

Se demandó parcialmente el artículo primero de la Ley 50 de 1999, que establece los elementos esenciales del contrato de trabajo, pues el actor considera que la norma no podía limitar el poder de subordinación del patrono a respetar los derechos ?mínimos? del trabajador, sino en general todos sus derechos. La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y definidor del contrato de trabajo ha sido entendida, como un poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los objetivos de la empresa, los cuales son generalmente económicos.

Se destaca dentro del elemento subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador ejerce sobre éste para asegurar un comportamiento y una disciplina acordes con los propósitos de la organización empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de aquél. La norma en referencia, al tiempo que regula el poder de subordinación del empleador le impone a éste, como limitantes, el respeto del honor y la dignidad del trabajador, así como de sus derechos mínimos, que se vinculan a los tratados internacionales sobre derechos humanos en materia laboral.

El aparte normativo demandado es simplemente una norma afirmativa del deber que tiene el empleador de respetar la dignidad del trabajador y su honor, así como también los derechos mínimos consagrados en los convenios internacionales sobre derechos humanos en materia laboral, los cuales constituyen el reducto esencial de la protección básica que en el ámbito universal se ha acordado a favor de los trabajadores. Sin embargo, lo anterior no significa que en el ejercicio de los mencionados poderes el patrono pueda atentar contra los derechos fundamentales, ni contra los derechos mínimos legales establecidos en el CST, ni contra los derechos reconocidos a los trabajadores en el contrato de trabajo, en la convención o en los pactos colectivos de trabajo o en los laudos arbitrales, o acordados específicamente por las partes, o reconocidos unilateralmente por el empleador.

En consecuencia, el literal demandado no puede entenderse como una norma aislada ni del ordenamiento jurídico superior, ni del conformado por los tratados internacionales, ni de las demás disposiciones pertenecientes al régimen legal contenido en el referido código que regulan las relaciones individuales y colectivas del trabajo, de las cuales pueden derivarse derechos para el trabajador que deben ser respetados por el empleador. Por consiguiente, sin perjuicio del respeto de los derechos mínimos mencionados, cuando el empleador ejercite los poderes propios de la subordinación laboral esta obligado a acatar los derechos de los trabajadores que se encuentran reconocidos tanto en la Constitución, como en las demás fuentes formales del derecho del trabajo. Por todo lo anterior, la Corte declaró exequible en forma condicionada la expresión "mínimos" contenida en el literal b) del artículo primero de la Ley 50 de 1990, bajo los condicionamientos señalados en la parte motiva de la sentencia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-386-00
1.1.3. La elaboración del reglamento interno de trabajo debe respetar el principio constitucional de participación de los trabajadores

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 106, 118 y 119 del Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 106 dispone que el reglamento de trabajo puede ser elaborado por el patrono sin intervención ajena, salvo lo dispuesto en pacto, convención colectiva, fallo arbitral o acuerdo con sus trabajadores. El 118, según el cual el Departamento Nacional del Trabajo puede ordenar investigaciones y solicitar informes a los trabajadores o al sindicato sobre cualquiera de las normas que contenga el proyecto de reglamento. Y, el 119 dispone que esa autoridad del trabajo únicamente puede hacer objeciones al reglamento que se le presente para aprobación con base en la ley y a través de resolución motivada en la que ordene las adiciones, modificaciones o supresiones que estime conducentes.

Sobre el artículo 106, la Corte señaló que la norma no prohíbe de manera contundente la intervención de los trabajadores o del sindicato, pues si se ha acordado otra cosa al respecto, se deberá proceder de conformidad siempre que no se desmejoren las condiciones de los trabajadores. No obstante, para la Corte tal liberalidad concedida al empleador no resulta acorde con el principio de participación consagrado en la Carta Política de 1991, que se extiende, no solo al ámbito de lo público sino también en el privado. Lo que significa que debe estar presente en escenarios tales como los laborales y las relaciones de trabajo. Así, los trabajadores tienen derecho a ser escuchados y a intervenir en la adopción de decisiones que los afecten. Por tal motivo no puede existir una fijación unilateral por parte del patrono de las reglas de juego que han de regir la relación laboral. Su opinión debe ser valorada y tenida en cuenta, sin que ello signifique en manera alguna que sea obligatoria para los empleadores y sin que tampoco elimine el poder de subordinación de aquellos. Así las cosas, la Corte declaró exequible el artículo 106 siempre y cuando se entienda que en aquellas disposiciones del reglamento de trabajo que afecten directamente a los trabajadores, como son las escalas de sanciones y faltas y el procedimiento para formular quejas, debe el empleador siempre escuchar a los trabajadores y abrir el escenario propio para hacer efectivo su principio de participación.

Con relación al artículo 118, la Corte anotó que esa potestad otorgada por la norma a la autoridad del trabajo de escuchar o no a los trabajadores si bien no desconoce el debido proceso administrativo ni la libertad sindical ni el artículo 209 C.P., en la medida en que tal proceder le permite a la administración aclarar las dudas que le susciten las cláusulas establecidas en el proyecto de reglamento, sí restringe el principio democrático que rige nuestro Estado social de derecho, en cuanto deja a la mera liberalidad de aquélla el escuchar las inquietudes, las opiniones y las censuras que tengan los trabajadores sobre las materias que puedan afectar sus derechos, fuera del ámbito de la subordinación. La Corte condicionó el referido artículo en el sentido que es exequible sólo si se entiende que el Ministerio de la Protección Social o la autoridad encargada deberá solicitar a los trabajadores su criterio en relación con la aprobación del reglamento del trabajo en materias que pueden afectar sus derechos, independientemente si hay investigación o no.

Para la Corte el artículo 119 pretende proteger a los trabajadores cuando alguna de las cláusulas del reglamento de trabajo sujeto a aprobación de la autoridad administrativa desconozca la ley, finalidad que es ajustada a la Carta Política, pero que resulta ser limitada frente a los preceptos superiores 2, 53, 93 y 94, toda vez que deja de lado las disposiciones constitucionales y los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados, que también hacen parte de la legislación interna. En efecto, al momento de realizar el control de constitucionalidad de una norma inferior debe la Corte hacer una interpretación sistemática de la misma frente a todos los preceptos superiores y en esa medida el Ministerio no puede acudir, para efectos de realizar las objeciones, solamente a lo dispuesto en la ley sino que debe velar porque tampoco se desconozca lo consagrado en preceptos constitucionales y lógicamente, por expreso mandato de la Carta Política, los convenios internacionales que consagren derechos de los trabajadores. Solamente en ese entendido fue declarada la constitucionalidad del artículo 119.

Finalmente y respecto a la acusación formulada por el impugnante contra los artículos 106 y 118 del Código Sustantivo del Trabajo por la presunta violación del artículo 58 de la Carta Política, la Corte se declaró inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda, toda vez que el actor no expuso las razones por las cuales dicho precepto resulta vulnerado, cuestión que impide a la Corte realizar una verdadera confrontación de la norma legal con el texto constitucional. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-934-04
1.1.4. Relación de subordinación de los trabajadores sexuales con sus empleadores

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 106, 118 y 119 del Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 106 dispone que el reglamento de trabajo puede ser elaborado por el patrono sin intervención ajena, salvo lo dispuesto en pacto, convención colectiva, fallo arbitral o acuerdo con sus trabajadores. El 118, según el cual el Departamento Nacional del Trabajo puede ordenar investigaciones y solicitar informes a los trabajadores o al sindicato sobre cualquiera de las normas que contenga el proyecto de reglamento. Y, el 119 dispone que esa autoridad del trabajo únicamente puede hacer objeciones al reglamento que se le presente para aprobación con base en la ley y a través de resolución motivada en la que ordene las adiciones, modificaciones o supresiones que estime conducentes.

Sobre el artículo 106, la Corte señaló que la norma no prohíbe de manera contundente la intervención de los trabajadores o del sindicato, pues si se ha acordado otra cosa al respecto, se deberá proceder de conformidad siempre que no se desmejoren las condiciones de los trabajadores. No obstante, para la Corte tal liberalidad concedida al empleador no resulta acorde con el principio de participación consagrado en la Carta Política de 1991, que se extiende, no solo al ámbito de lo público sino también en el privado. Lo que significa que debe estar presente en escenarios tales como los laborales y las relaciones de trabajo. Así, los trabajadores tienen derecho a ser escuchados y a intervenir en la adopción de decisiones que los afecten. Por tal motivo no puede existir una fijación unilateral por parte del patrono de las reglas de juego que han de regir la relación laboral. Su opinión debe ser valorada y tenida en cuenta, sin que ello signifique en manera alguna que sea obligatoria para los empleadores y sin que tampoco elimine el poder de subordinación de aquellos. Así las cosas, la Corte declaró exequible el artículo 106 siempre y cuando se entienda que en aquellas disposiciones del reglamento de trabajo que afecten directamente a los trabajadores, como son las escalas de sanciones y faltas y el procedimiento para formular quejas, debe el empleador siempre escuchar a los trabajadores y abrir el escenario propio para hacer efectivo su principio de participación.

Con relación al artículo 118, la Corte anotó que esa potestad otorgada por la norma a la autoridad del trabajo de escuchar o no a los trabajadores si bien no desconoce el debido proceso administrativo ni la libertad sindical ni el artículo 209 C.P., en la medida en que tal proceder le permite a la administración aclarar las dudas que le susciten las cláusulas establecidas en el proyecto de reglamento, sí restringe el principio democrático que rige nuestro Estado social de derecho, en cuanto deja a la mera liberalidad de aquélla el escuchar las inquietudes, las opiniones y las censuras que tengan los trabajadores sobre las materias que puedan afectar sus derechos, fuera del ámbito de la subordinación. La Corte condicionó el referido artículo en el sentido que es exequible sólo si se entiende que el Ministerio de la Protección Social o la autoridad encargada deberá solicitar a los trabajadores su criterio en relación con la aprobación del reglamento del trabajo en materias que pueden afectar sus derechos, independientemente si hay investigación o no.

Para la Corte el artículo 119 pretende proteger a los trabajadores cuando alguna de las cláusulas del reglamento de trabajo sujeto a aprobación de la autoridad administrativa desconozca la ley, finalidad que es ajustada a la Carta Política, pero que resulta ser limitada frente a los preceptos superiores 2, 53, 93 y 94, toda vez que deja de lado las disposiciones constitucionales y los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados, que también hacen parte de la legislación interna. En efecto, al momento de realizar el control de constitucionalidad de una norma inferior debe la Corte hacer una interpretación sistemática de la misma frente a todos los preceptos superiores y en esa medida el Ministerio no puede acudir, para efectos de realizar las objeciones, solamente a lo dispuesto en la ley sino que debe velar porque tampoco se desconozca lo consagrado en preceptos constitucionales y lógicamente, por expreso mandato de la Carta Política, los convenios internacionales que consagren derechos de los trabajadores. Solamente en ese entendido fue declarada la constitucionalidad del artículo 119.

Finalmente y respecto a la acusación formulada por el impugnante contra los artículos 106 y 118 del Código Sustantivo del Trabajo por la presunta violación del artículo 58 de la Carta Política, la Corte se declaró inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda, toda vez que el actor no expuso las razones por las cuales dicho precepto resulta vulnerado, cuestión que impide a la Corte realizar una verdadera confrontación de la norma legal con el texto constitucional. nota 1Una trabajadora sexual que laboraba en un establecimiento dedicado a este negocio fue despedida por su empleador luego de quedar embarazada.

La Corte estableció que entre la actora y su empleador había un verdadero contrato de trabajo y fijó los parámetros para establecer los casos en que existe dicho contrato en este tipo de relaciones así: Habrá contrato de trabajo y así debe ser entendido, cuando el o la trabajadora sexual ha actuado bajo plena capacidad y voluntad, cuando no hay inducción ninguna a la prostitución, cuando las prestaciones sexuales y demás del servicio, se desarrollen bajo condiciones de dignidad y libertad para el trabajador y por supuesto cuando exista subordinación limitada por las carácter de la prestación, continuidad y pago de una remuneración previamente definida.

En segundo lugar, la Corte estableció que el despido de la accionante se debió a su estado de embarazo, por lo que concedió la tutela, sin embargo, a diferencia de casos similares referentes a despidos injustificados de trabajadoras gestantes, la Corte sólo ordenó el pago de los salarios dejados de percibir, no así el reintegro de la trabajadora, pues a juicio de esta Corporación ?ésta actividad puede reñir con los ideales liberales, racionales y de la dignidad humana del constitucionalismo y en particular con los deberes dispuestos desde el Derecho internacional para los Estados, estima la Sala que tal prestación (la de reintegro) debe estar excluida de las garantías laborales de quien trabaja por cuenta ajena como prostituta o prostituto?.

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-629-10
1.2. Salario

1.2.1. Alcance del principio a trabajo igual, salario igual en la remuneración mínima, vital y móvil

La actora entró a trabajar a la empresa como operadora, llevando a cabo una labor similar a las de otras personas. Sin embargo, devengaba una suma inferior a la de sus otras compañeras por no estar acogida a la Ley 50 de 1991. Los patrones habían venido presionándola para que se acogiera a dicha ley pero ella se había negado, razón por la cual había sido discriminada en lo relacionado a su trabajo como el salario y la rotación de turnos. La Corte consideró procedente la tutela y concedió la protección solicitada. Dijo que, a la luz del artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela cabe contra particulares de manera excepcional y que uno de los motivos por los cuales es posible intentarla en tales casos radica en el estado de subordinación del accionante respecto de aquella persona natural o jurídica contra la cual se presenta la demanda y de quien se dice vulnera o amenaza derechos fundamentales.

La subordinación es uno de los elementos esenciales de la relación laboral, específicamente del contrato de trabajo celebrado entre particulares, y por lo tanto siempre que se tenga la evidencia de uno de tales vínculos, se tiene el elemento suficiente para promover, desde el punto de vista de su procedibilidad, acción de tutela por violación de derechos fundamentales del trabajador. Además dijo que todo trabajador tiene derecho, de nivel constitucional, a recibir una remuneración. Esa remuneración no puede ser simplemente simbólica. Ha de ser adecuada al esfuerzo que implica la tarea cumplida por el trabajador, a su preparación, experiencia y conocimientos y al tiempo durante el cual vincule su potencia de trabajo a los fines que interesan al patrono.

Eso implica que el patrono no puede fijar de manera arbitraria los salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose todos en igualdad de condiciones. Tampoco es admisible que congele indefinidamente los sueldos, absteniéndose de hacer aumentos periódicos acordes con la evolución de la inflación, menos todavía si al proceder en esa forma aumenta cada cierto tiempo los salarios de algunos empleados y no los de otros. Adicionalmente, dijo que el artículo 53 de la Constitución señala perentoriamente principios mínimos que el Legislador debe tener en cuenta cuando dicte las normas integrantes del Estatuto del Trabajo y uno de ellos es justamente aquel según el cual todo trabajador tiene derecho a una remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, aspecto éste último que se expresa, como lo ha venido sosteniendo la Corte, en términos de igualdad: "a trabajo igual, salario igual".

La norma constitucional, además de estar encaminada a la protección especial del trabajo en condiciones dignas y justas, es un desarrollo específico del principio general de la igualdad, inherente al reconocimiento de la dignidad humana, que impone dar el mismo trato a las personas que se encuentran en idéntica situación aunque admite la diversidad de reglas cuando se trata de hipótesis distintas. Toda distinción entre las personas, para no afectar la igualdad, debe estar clara y ciertamente fundada en razones que justifiquen el trato distinto. Ellas no procederán de la voluntad, el capricho o el deseo del sujeto llamado a impartir las reglas o a aplicarlas, sino de elementos objetivos emanados cabalmente de las circunstancias distintas, que de suyo reclaman también trato adecuado a cada una.

La Corte dispuso que los patronos no pueden, so pretexto de dar cumplimiento a las nuevas normas o regímenes prestacionales, dispensar un trato diferente a aquellos trabajadores que por permanecer bajo un régimen distinto al que resulta más conveniente al empleador, vean afectados o desmejorados sus salarios y prestaciones, en franco desconocimiento y burla a sus garantías constitucionales, y violando de paso su derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-519-97, reiterada en sentencias T-463-00, T-602-99 y T-276-97. Ver también las Sentencias T-652-98 y T-707-98
1.2.2. El pago oportuno de salarios es un derecho fundamental

En otra sentencia unificadora, los actores afirmaron que la administración municipal no había cancelado las sumas de dinero durante varios meses. Igualmente señalaban que se les adeudaban otros porcentajes tanto de las primas vacacionales como de prima de navidad. Así, se establecieron los criterios sobre la procedencia de la acción de tutela para el pago cumplido de los salarios:

A) En primer lugar, la acción de tutela es procedente cuando se invoca por el particular como remedio pronto y eficaz contra la violación de uno de sus derechos fundamentales. No cabe duda de que el no pago o el pago tardío del salario genera la violación de múltiples derechos fundamentales, y hace precisa la pronta intervención del funcionario judicial para poner término al abuso del empleador y restituir las garantías del trabajador. Obviamente, no se trata de usar la tutela para el reconocimiento, liquidación o reliquidación de obligaciones de origen laboral sino para proteger derechos indiscutibles, reconocidos por el empleador, ordenados por las normas laborales, o declarados por medio de providencia judicial en firme;

B) La acción de tutela sólo procederá como mecanismo para evitar que el trabajador sufra una situación crítica económica y psicológica;

C) En principio, la no cancelación de los salarios a un trabajador por parte de su empleador, configura un perjuicio irremediable que, como se ha anotado, pone en peligro el derecho fundamental a la subsistencia y los demás derechos conexos, en todos los casos en los que no se encuentre debidamente acreditado que el trabajador cuenta con rentas suficientes y distintas de las que provienen de su trabajo.

Sólo en los casos en los que esté acreditado que el actor cumple con los requisitos establecidos por las leyes tributarias para estar obligado a presentar declaración de renta y complementarios, es del caso que el juez de amparo juzgue qué tan largo debe ser el lapso durante el cual la omisión del pago de su salario no le causa un perjuicio irremediable que amerite la procedencia de la tutela. nota 1

Los actores afirmaron que la administración municipal no había cancelado las sumas de dinero adeudadas por concepto de salarios correspondiente a varios meses. Igualmente señalaron que se les adeudaban otros porcentajes tanto de las primas vacacionales y prima de navidad. La Corte concedió la tutela considerando que el derecho de todos los trabajadores al pago oportuno de su remuneración salarial es una garantía que no se agota en la simple enunciación de un deber surgido de la relación laboral, sino que se trata de un verdadero derecho fundamental que por una parte incluye en sentido amplio las retribuciones al trabajo, y por otra, debe ser mínimo, vital y móvil.

Así de un lado, el significado que en nuestro ordenamiento ha de tener la voz salario y, sobre todo, para la protección judicial del derecho a su pago oportuno, deben integrarse todas las sumas que sean generadas en virtud de la labor desarrollada por el trabajador, sin importar las modalidades o denominaciones que puedan asignarles la ley o las partes contratantes. Así, no sólo se hace referencia a la cifra quincenal o mensual percibida por el empleado -sentido restringido y común del vocablo-, sino a todas las cantidades que por concepto de primas, vacaciones, cesantías, horas extras -entre otras denominaciones-, tienen origen en la relación laboral y constituyen remuneración o contraprestación por la labor realizada o el servicio prestado.

Las razones para adoptar una noción de salario expresada en estos términos, no sólo se encuentran en la referida necesidad de integración de los diferentes órdenes normativos que conforman el bloque de constitucionalidad, sino que son el reflejo de una concepción garantista de los derechos fundamentales, que en materia laboral constituye uno de los pilares esenciales del Estado Social de Derecho. Y, de otro lado, debe recordarse que la Constitución consagra una relación directa entre el ingreso económico derivado del trabajo, y la satisfacción de las necesidades que enfrentan quienes laboran, por lo que la figura de la retribución salarial está directamente relacionada con la satisfacción del derecho fundamental de las personas a la subsistencia, reconocido por la Corte Constitucional como emanación de las garantías a la vida, a la salud, al trabajo, y a la seguridad social.

Ello tiene a su vez dos implicaciones. Si bien ciertos criterios económicos permiten fijar un salario mínimo y vital, como base ineludible para la negociación colectiva o individual del salario entre las partes de una relación laboral, ésta es una medición que no agota el aludido concepto de mínimo vital protegida por la Constitución. Esa retribución económica, en principio, constituye la base de los gastos de manutención que plausiblemente espera cubrir el trabajador. De ahí, que la idea de un mínimo de condiciones decorosas de vida (v.gr. vestido, alimentación, educación, salud, recreación) no va ligada sólo con una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material del valor de su trabajo, de las circunstancias propias de cada individuo y del respeto por sus particulares condiciones de vida.

Por otro lado, en el seno de una economía inflacionaria, no puede menospreciarse la importancia de la movilidad del salario, expresada como la capacidad de reajustar una asignación dada, estimando las fluctuaciones monetarias e intentando mantener el poder adquisitivo real de los salarios. Finalmente, la Corte agregó que la falta de presupuesto de la administración, o la insolvencia del empleador particular, como motivo para no pagar oportunamente los salarios no constituye razón suficiente para justificar el desconocimiento de derechos fundamentales como la vida en condiciones dignas y el bienestar del trabajador y sus familiares. nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-995-99, reiterada en Sentencias T-770-01, T-1068-00, T-621-00 y T-320-00, entre otras.
  2. Corte Constitucional, Sentencia SU-995-99, reiterada en sentencias T-770-01, T-1068-00, T-621-00 y T-320-00, entre otras.
1.2.3. Procedencia de la acción de tutela para el pago oportuno de salarios

Los accionantes pretendieron que, por la vía del amparo judicial de la tutela, les fueran pagadas las sumas correspondientes a prestaciones sociales que, en su sentir, les venía adeudando la Empresa Puertos de Colombia. Otros buscaron, además, que los jueces de tutela resolvieran sobre el reconocimiento, liquidación y reliquidación de dichas cantidades. Entre las solicitudes objeto de demanda figuraban el reconocimiento y pago de reliquidación pensional, de indemnizaciones, de reajuste pensional, de indemnizaciones moratorias por no cancelación oportuna de prestaciones y por omisión en la práctica del examen médico de retiro, así como la ejecución de condenas decretadas mediante providencias de la justicia laboral.

La Corte amparó los derechos sobre las prestaciones sociales de algunos de los accionantes y denegó la protección de otros, considerando que en el campo laboral, aunque está de por medio el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y existen motivos para que en casos excepcionales pueda la acción de tutela ser un instrumento con mayor aptitud para salvaguardar aquél y otros derechos fundamentales, tiene lugar la regla general de que la única posibilidad de prosperidad de la acción de tutela es el perjuicio irremediable. Esto, debido a que las controversias originadas en una relación de trabajo, bien por vinculación mediante contrato o por nexo legal y reglamentario con entidades públicas, tienen suficientes mecanismos de control, defensa y resolución en los procesos ordinarios, ampliamente desarrollados de tiempo atrás en nuestro sistema jurídico.

La Corporación ha sido enfática en sostener que la liquidación y pago de obligaciones laborales escapa al ámbito propio de la acción de tutela, y si bien es cierto ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos han sido excepcionales y primordialmente sustentados en la falta de idoneidad del medio ordinario, en los términos expuestos, relativos siempre de manera específica y directa a las circunstancias en las que se encontraba el actor, lo cual excluyó de plano que pudiera concederse el amparo judicial para los indicados fines, masiva e indiscriminadamente.

De otro lado, denegó el amparo a otros trabajadores por considerar que no tenían el título que vinculaba a la entidad obligada. Al respecto la Corte agregó que, aun en los eventos en que sea posible la prosperidad de la tutela según las directrices jurisprudenciales, para que el juez pueda impartir la orden correspondiente es requisito indispensable el título que comprometa a la entidad obligada y que haga patente el derecho concreto reclamado por el trabajador. nota 1

En otro caso, la Corte conoció una acción de tutela instaurada por varias personas contra una alcaldía municipal y una entidad descentralizada de carácter municipal porque ésta última les adeudaba varios meses de salarios, hecho que consideraban una represalia por su participación en la creación de un sindicato de servidores públicos del municipio, el cual se encontraba en proceso de registro sindical.

La Corte recordó, en relación con el incumplimiento del pago de salarios y la consecuente vulneración del derecho al mínimo vital, las hipótesis fácticas mínimas que gobiernan su reconocimiento por el juez de tutela:

i) Que exista un incumplimiento en el pago del salario al trabajador que por su parte ha cumplido con sus obligaciones laborales;
ii) Que dicho incumplimiento comprometa el mínimo vital de la persona. Esto se presume cuando: a) el incumplimiento es prolongado o indefinido. La no satisfacción de este requisito lleva a que no se pueda presumir la afectación del mínimo vital, la cual deberá ser probada plenamente por el demandante para que proceda la acción de tutela. b) el incumplimiento es superior a dos meses, salvo que la persona reciba como contraprestación a su trabajo un salario mínimo.
iii) La presunción de afectación del mínimo vital debe ser desvirtuada por el demandado, mientras que al demandante le basta alegar y probar siquiera sumariamente que el incumplimiento salarial lo coloca en situación crítica, dada la carencia de otros ingresos o recursos diferentes al salario que le permitan asegurar su subsistencia.
iv) Argumentos económicos, presupuestales o financieros no son razones que justifiquen el incumplimiento en el pago de los salarios adeudados al trabajador. Lo anterior no obsta para que dichos factores sean tenidos en cuenta al momento de impartir la orden por parte del juez de tutela tendiente a que se consigan los recursos necesarios para hacer efectivo el pago.

En el caso concreto, la Corte comprobó que a los demandantes se les adeudaba más de dos meses de salarios y que no existía prueba en el proceso que contaran con otros ingresos o recursos para asegurar su mínimo vital. La Corporación concedió la acción de tutela respecto de los derechos al trabajo y al mínimo vital de los accionantes. No así, respecto a la presunta vulneración del derecho de asociación sindical, pues no encontró prueba alguna de los hechos alegados en tal sentido. nota 2

En otro caso, la Corte conoció una acción de tutela instaurada por un individuo contra una empresa de servicios públicos que le adeudaba varios meses de salarios de 2005, varios meses de salarios de 2006 y otras prestaciones como primas. Esto lo había obligado a incumplir con el pago de algunas obligaciones.

La Corte recordó que cuando se han producido pagos parciales de salarios que ponen en duda la afectación del mínimo vital se puede recurir a los medios probatorios que obran en el proceso para determinar tal afectación. En tales casos, "no se exige la demostración a plenitud de que no se tienen otros ingresos, sino que se requiere algo que le permita al juez deducir que el salario es el único ingreso y que el no pago afecta gravemente al trabajador. Sirve por ejemplo la prueba documental sobre deudas contraidas, la situación concreta y perjudicial en que han quedado los hijos o el cónyuge del trabajador, la misma cuantía del salario cuando es baja y hace presumir que quien lo recibe depende de él." Pero al menos debe existir un principio de prueba, no basta la sóla afirmación, menos la hecha de manera genérica para varios trabajadores.

La Corte concedió la tutela del Derecho al trabajo y al mínimo vital del actor. nota 3

En otra decisión, frente a otra acción de tutela presentada por supuestos similares a los narrados en la sentencia anterior, la Corte indicó que aunque no era ostensible que el perjuicio que estaba sufriendo el demandante era de caracter irremediable, ni que la afectación llegara al quebrantamiento de su mínimo vital, estaba visto que al no tener ajuste en su salario durante los años 2005 y 2006, ni probablemente para el 2007, se estaba contraviniendo la naturaleza móvil de su remuneración, al punto que al permanecer estática y haber ascenso en los precios que como consumidor debe afrontar, ha venido perdiendo poder adquisitivo, lo cual también evidencia menoscabo a la igualdad, ante el aumento del salario básico de los trabajadores que si han percibido por estar adheridos al pacto colectivo, mediante el reconocimiento de un aumento en porcentaje equivalente a la variación en el índice de precios total nacional, a partir del primero de enero de cada año. nota 4

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-001-97, reiterada en Sentencias SU-995-99, T-234-97, entre otras.
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-010-07
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-084-07
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-020-07. Ver también las Sentencias T-012-07 y T-345-07
1.2.4. Improcedencia de tutela para el pago de salarios cuando no se afecta el mínimo vital

Los actores, docentes de una universidad que les había dejado de pagar el salario debido a la crisis financiera. Solicitaron la protección de los derechos fundamentales al trabajo y a la seguridad social. La Corte concedió la tutela, y ordenó a la institución agotar todas las gestiones necesarias para garantizar a los docentes las nóminas o mesadas pensionales futuras. En cuanto a los salarios dejados de percibir, determinó que los actores deberían acudir al procedimiento ejecutivo.

La Corte estableció que las acciones ante la jurisdicción laboral o administrativa para obtener el pago de salarios son idóneas y eficaces, haciendo de la acción de tutela un mecanismo improcedente, cuando la cesación de pagos no represente para el empleado como para los que de él dependen, una vulneración o lesión de su mínimo vital, definido éste por la jurisprudencia como "los requerimientos básicos indispensables para asegurar la digna subsistencia de la persona y de su familia, no solamente en lo relativo a alimentación y vestuario sino en lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente, en cuanto factores insustituibles para la preservación de una calidad de vida que, no obstante su modestia, corresponda a las exigencias más elementales del ser humano". nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-259-99, reiterada en Sentencias T-737-99 y T-704-01
1.2.5. La afectación del mínimo vital del trabajador y el contrato realidad

Una persona que se desempeñaba como auxiliar de enfermería interpuso acción de tutela contra una empresa social del Estado por considerar vulnerado su derecho al mínimo vital, porque la entidad accionada no le había cancelado los salarios de cinco meses. Solicitó que se le cancelaran sus acreencias laborales. La accionada aseguró que la demandante estuvo vinculada a la entidad por un contrato de prestación de servicios y no por una relación laboral, por lo cual las sumas adeudadas hacían parte de honorarios y no de salarios. Consideró que debían ser desestimadas las peticiones de la tutela.

La Corte determinó que en algunos casos el incumplimiento en el pago de valores originados en un contrato de prestación de servicios puede afectar el mínimo vital, evento en el cual podría proceder la acción de tutela. La Corte ha identificado los siguientes criterios como aquellos que permiten afirmar la existencia de una vulneración al mínimo vital de un trabajador:

i. Cuando existe un incumplimiento salarial.

ii. Cuando el incumplimiento afecta el mínimo vital del trabajador

a. Que se presume, si el incumplimiento es prolongado o indefinido, es decir, aquel que se extiende por más de dos meses, con excepción de aquella remuneración equivalente a un salario mínimo, y sin que importen, para estos efectos, los argumentos económicos, presupuestales o financieros que pretendan justificar el incumplimiento salarial.

iii. No se entiende afectado el mínimo vital, cuando se demuestra que la persona posee otros ingresos o recursos con los cuales puede atender sus necesidades primarias vitales y las de su familia,

Así las cosas, un presupuesto necesario para que proceda la protección, consiste en que exista una relación de carácter laboral entre el perjudicado y quien afecta su mínimo vital. Ha sido un criterio unánime de la jurisprudencia constitucional, señalar que la protección del mínimo vital no procede en principio, cuando están de por medio derechos de carácter contractual. En el caso concreto de contratos de prestación de servicios, la Corte ha precisado que para resolver las controversias que de estos surjan existen otros mecanismos judiciales de defensa.

Sin embargo, la Corte también ha manifestado que en ciertos eventos, las circunstancias demuestran que en un caso concreto puede existir una relación laboral, oculta bajo la figura de un contrato de prestación de servicios. Por tal razón, resulta indispensable analizar en cada situación, si efectivamente se dan los supuestos para concluir que en realidad existe un contrato de trabajo, y que por tanto debe protegerse el salario y que hay una afectación real del mínimo vital o de algún otro derecho fundamental.

En las pruebas aportadas, la Corte encontró que la entidad demandada reconocía que la accionante cumplía una jornada laboral de 6 horas, lo que permitió inferir una relación de subordinación que derivaba en la existencia de un contrato realidad entre la accionante y la demandada, por lo cual se concluyó que los valores que esta última adeudaba eran de carácter salarial. De igual manera, la demandada no probó la existencia de otros ingresos o recursos de la actora, con los cuales pudiera desvirtuarse que su mínimo vital había sido afectado. Y finalmente, como lo ha reiterado la jurisprudencia, los argumentos de carácter económico o presupuestal para disculpar el no pago de salarios, no fueron admisibles.

En consecuencia, la Corte concluyó que la actitud omisiva de la accionada afectó el mínimo vital de la actora por lo que concedió la tutela y ordenó a la entidad demandada cancelar los salarios adeudados. De no ser posible su cumplimiento por razones netamente presupuestales o de manifiesta iliquidez, deberá informar sobre esto en forma motivada al juzgado debiendo iniciar los trámites necesarios que deberán culminar con el pago en un término máximo de dos (2) meses, contados a partir de la notificación del fallo. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-335-04. Sobre el tema del mínimo vital, ver Sentencia T-148-02. Sobre el tema del contrato realidad, ver Sentencias C-154-97 y T-052-98.
1.2.6. Improcedencia de la acción de tutela para sustituir a las autoridades en las competencias asignadas por la constitución

Los accionantes instauraron varias tutelas contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público porque, a juicio de los actores, las entidades accionadas omitieron el incrementó del salario de los trabajadores al servicio del Estado, en el porcentaje del IPC certificado para el año anterior y desmejoraron las condiciones laborales de los servidores públicos impidiendo que su remuneración mantenga su nivel adquisitivo. La Corte denegó la tutela por cuanto consideró que al juez constitucional no le corresponde interferir, por vía de tutela, en las decisiones generales abstractas e impersonales confiadas por la Constitución Política a otras autoridades estatales.

De tal manera que, tal como lo consideraron los jueces de instancia, mediante la acción de tutela no es posible sustituir al Gobierno nacional en su gestión de formular y aplicar la política fiscal del Estado, como tampoco resulta procedente, con el propósito por demás loable de proteger los derechos fundamentales, cuestionar las decisiones que con respecto a ésta facultad se tomen, porque de ser posibles la sustitución y la disputa, tendríamos que concluir que el constituyente le confió al juez constitucional, por vía de tutela, el poder omnímodo de decidir en todos los asuntos públicos, incluyendo la dirección económica del Estado lo cual, además de impertinente, contradice abiertamente la Constitución. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-1052-00
1.2.7. Los servidores públicos tienen derecho a mantener el poder adquisitivo del salario y a exigir su ajuste. prohibición de limitar ingresos hasta de dos salarios mínimos

La Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 2 de la Ley 780 del 2002, ?por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2003?. La norma fue declarada exequible con el condicionamiento de que las autoridades competentes, es decir, el Gobierno y el Congreso al momento de tomar las decisiones necesarias para materializar en términos concretos su decisión de limitar los salarios de los servidores públicos deberán respetar las pautas señaladas por la Corte, que a continuación se señalan.

La Corte sostiene que existe un derecho constitucional, en cabeza de todos los servidores públicos, a mantener el poder adquisitivo de sus salarios (art. 53 y concordantes, Constitución Política) y, por ende, a que se realicen ajustes anuales en proporción igual o superior a la inflación causada, esto es, al aumento del IPC en el año inmediatamente anterior, sin que éste sea el único parámetro que pueda ser tenido en cuenta. En consecuencia, no puede haber una política permanente del Estado que permita la disminución del poder adquisitivo del salario.

El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario no es un derecho absoluto. No obstante, no cualquier interés estatal justifica su limitación. Sólo puede ser limitado para promover el fin constitucionalmente imperioso de preservar la estabilidad macroeconómica reduciendo el gasto en circunstancias de déficit fiscal y elevado endeudamiento para no afectar el gasto público social (art. 350, Constitución Política), asegurando así la efectividad de la solidaridad como principio fundante del Estado Social de Derecho (art. 1, Constitución Política), dentro de un contexto económico que justifique la necesidad de la limitación (art. 2, Constitución Política).

La Corte señaló que ante el silencio del Legislador en la materia, y dada la ausencia de argumentos específicos sobre el particular en las intervenciones de las autoridades competentes en el contexto del presente caso, corresponde a la Corte Constitucional en ejercicio de su función de guarda de la integridad de la Constitución fijar ciertos límites en los extremos superior e inferior del rango posible de reajustes salariales, que permitan evitar afectaciones desproporcionadas o excesivas del derecho constitucional que tienen los servidores públicos a mantener el poder adquisitivo de su salario. Advierte, también la Corte que estos parámetros no son fórmulas fijas, sino límites a los límites admisibles constitucionalmente para resolver los problemas jurídicos planteados por la norma acusada. Subrayó la corporación que no establece una fórmula específica para el cálculo de los reajustes salariales prescritos por la Constitución, puesto que esta atribución no está comprendida dentro de las funciones del juez constitucional, sino que corresponde al Gobierno y al Congreso de la República.

Así, la Corte sostiene que el derecho de los servidores públicos que perciban salarios iguales o inferiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales a mantener el poder adquisitivo de su salario, no podrá ser objeto de limitaciones dado que tales servidores se encuentran en las escalas salariales bajas definidas por el Congreso de la República a iniciativa del Gobierno. Por lo tanto, Estos servidores deberán recibir el pleno reajuste de sus salarios de conformidad con el nivel de inflación, es decir, la variación del IPC registrada para el año inmediatamente anterior, parámetro también señalado en la Ley 796 de 2003.

Las limitaciones que se impongan al derecho constitucional de los servidores públicos a mantener el poder adquisitivo del salario sólo puede afectar a aquellos que tengan un salario superior a los dos (2) salarios mínimos legales mensuales. El derecho de tales servidores públicos puede ser objeto de limitaciones, es decir, su salario podrá ser objeto de ajustes en una proporción menor a la de la inflación causada el año anterior, siempre y cuando se dé cumplimiento a los siguientes parámetros normativos:

Las limitaciones de los ajustes salariales anuales deben respetar el principio de progresividad por escalas salariales, de tal manera que quienes perciban salarios más altos se vean sujetos a las mayores limitaciones y los servidores ubicados en la escala salarial más alta definida por el Gobierno sean quienes estén sometidos al grado más alto de limitación. En todo caso, para respetar el principio de proporcionalidad, las diferencias en los ajustes entre escalas salariales deberán ser mínimas, y a ninguno de los servidores públicos se le podrá afectar el núcleo esencial de ese derecho. Para que no se vulnere el núcleo esencial del derecho a mantener el poder adquisitivo del salario de los servidores públicos señalados, el ajuste en la última escala superior no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de la inflación causada el año inmediatamente anterior, es decir, a la mitad del aumento en el IPC de 2002.

A los servidores públicos a quienes se les límite el derecho, el Estado les debe garantizar que, dentro de la vigencia del Plan de Desarrollo de cada cuatrienio, progresivamente se avance en los incrementos salariales que les corresponden, en forma tal que se les permita a estos servidores alcanzar la actualización plena de su salario, de conformidad con las variaciones en el IPC. El Gobierno y el Congreso tienen la obligación de incluir en los instrumentos de manejo de la política económica, previo un debate democrático, los programas y políticas que garanticen que dentro de los cuatro años de vigencia del Plan Nacional de Desarrollo, se consigan reajustes progresivos que logren alcanzar, al final de tal período cuatrienal, incrementos iguales o superiores al IPC para estos servidores. En cada presupuesto anual, de no justificarse la limitación del derecho mencionado con razones cada vez más poderosas, deben incorporarse las partidas suficientes que garanticen efectivamente la actualización plena de los salarios durante la vigencia del Plan de Desarrollo.

Finalmente, complementó la Corte que el ahorro que obtenga el Estado como consecuencia de las limitaciones a los ajustes salariales que temporalmente permite la Constitución, sólo puede destinarse a la inversión social.

En esta sentencia, la Corte reiteró su jurisprudencia en el sentido que no cabe ordenar la aplicación de un fórmula concreta de reajuste salarial orientada a mantener la capacidad adquisitiva de los salarios. En la medida en que ello comporta una ponderación de factores complejos, dentro de la cual caben, a la luz de la Constitución, distintas opciones de configuración política, no sería acertado incluir, como imperativo constitucional, una fórmula concreta, que no deje espacio a esas oportunidades de configuración política que se desprenden de la Constitución. En esta ocasión, sin embargo, en la parte resolutiva del fallo se incluye una orden para que el Gobierno nacional y el Congreso de la República, en el ámbito de sus competencias, adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia, y en particular, para que, en el caso de que las partidas presupuestales del artículo 2 de la Ley 780 de 2002 sean insuficientes, se efectúen las adiciones y traslados presupuestales correspondientes.

Para explicar esa orden, observó la Corte que, no obstante que en la Sentencia C-1064 se reiteró la jurisprudencia contenida en las Sentencias C-710 de 1999, C-815 de 1999 y C-1433 de 2000 sobre mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los salarios, para el momento de expedirse este fallo existía una política pública explícita, contenida en una ley de la República (Ley 796 de 2003), que resulta claramente contraria a la doctrina constitucional sobre la materia; de allí que la Corte se pronuncie nuevamente sobre el asunto. La Corte aclaró que la orden que emite ha de entenderse sin perjuicio de la potestad de los órganos de producción jurídica del Estado para articular, hacia adelante, un sistema diferente de actualización de los salarios de los servidores públicos, siempre que el mismo respete los principios y dictados de la Constitución nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1017-03
1.2.8. Ley de presupuestos tambien debe incluir las partidas para mantener actualizados, en los términos de la jurisprudencia, los salarios de los servidores públicos de ingresos medios y altos

La Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 2° de la Ley 848 de 2003, ?por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2004 y se apropia el rubro para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del año 2004.

En general, los cargos cuestionan el valor del rubro que allí se menciona, el cual, dice la demanda, se calculó a partir de la consideración según la cual para esa vigencia fiscal se produciría la congelación de los salarios y pensiones superiores a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, la eliminación de salarios y pensiones mayores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se mantendrían invariables los gastos de funcionamiento de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación al nivel de 2002. Lo anterior, como consecuencia de la entrada en vigencia del acto legislativo que se aprobaría mediante el mecanismo del referendo popular que fue convocado a través del la Ley 796 de 2003. Las propuestas planteadas en el referendo fueron rechazadas por la población y esta circunstancia no estaba presente en las oportunidades anteriores en las cuales fueron demandadas otras leyes anuales de presupuesto por similares motivos a los que aquí también se denuncian.

Visto lo anterior, la acusación agrega que se presenta una omisión legislativa relativa en materia de ajuste de los salarios y pensiones superiores a dos salarios mínimos, pues la ley no contiene las apropiaciones para atender dichos gastos. Con lo que se desconoce el deber jurídico de respetar el carácter móvil del salario que genera un derecho constitucional al reajuste periódico del mismo. Además, los actores consideraron que con esta omisión el legislador desconoció el derecho a la igualdad, al reconocer el reajuste para una clase de trabajadores, pues excluyó a un grupo de ciudadanos de los beneficios que otorga a otros; estos ?otros? serían los trabajadores y pensionados que reciben salarios y pensiones inferiores a dos salarios mínimos y los altos servidores públicos que en virtud de lo dispuesto por el artículo 187 de la Constitución obtienen el reajuste salarial anual.

La Corte aplicó un test de razonabilidad y detectó que el artículo 2° de la Ley 848 de 2003 contiene dos decisiones distintas relativas al reajuste de los salarios de los servidores públicos cobijados por tal disposición. La primera consiste en determinar un reajuste salarial en el mismo índice de la inflación registrada para el año 2003, a favor de aquellos servidores que devengan hasta dos salarios legales mínimos mensuales. La segunda indica que por encima de este tope los servidores públicos mencionados no obtendrán ningún reajuste salarial. En cuanto a la primera de estas dos determinaciones, la Corte ha encontrado que ella respeta el carácter intangible del derecho al reajuste que tienen los servidores públicos de bajos salarios, por lo cual se ajusta a la Constitución. Además, el tope de dos salarios mínimos escogido por el legislador para reconocer tal carácter intangible es un criterio preciso y específico, que había sido estimado como razonable por la Corte en la Sentencia C-1017 de 2003. En cambio, en cuanto a la segunda determinación, relativa a la congelación absoluta del salario de los demás trabajadores, la Corte ha hallado que la limitación consagrada, aunque pretende obtener un objetivo constitucional relevante - aliviar el déficit fiscal que presentan las finanzas públicas desde hace varios años y disminuir el crecimiento de la deuda pública - es un medio para la obtención de tal fin que no resulta aceptable, pues desconoce de manera absoluta el derecho de actualización que tienen los servidores remunerados con salarios medios o altos, y los principios de proporcionalidad y progresividad.

Adicionalmente, esta segunda determinación se acumula a anteriores restricciones al derecho de mantener el poder adquisitivo del salario de esta categoría de trabajadores, que en los tres años consecutivos próximos pasados han visto limitado su derecho al reajuste, sin que de otro lado el Gobierno, que propuso la medida, ni el Congreso, que la aprobó, hayan cumplido con la carga argumentativa de justificar la estricta necesidad y proporcionalidad de tal limitación.

Así las cosas, ante la imposibilidad de aplicar el parámetro de congelación total de los salarios de los trabajadores de ingresos medios y altos, y frente a la persistente inactividad del legislador en el desarrollo del artículo 53 superior mediante la expedición del estatuto del trabajo llamado a fijar los alcances del derecho de los trabajadores a recibir una remuneración mínima vital y móvil, la Corte acudió a criterios jurisprudencialmente deducidos, que deben ser tenidos en cuenta por las autoridades competentes durante la presente vigencia fiscal a fin de garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de esta categoría de trabajadores. Estos criterios jurisprudenciales son los mismos recogidos en doctrina constitucional vertida especialmente en la C-1017 de 2003, que se reiteran en esta oportunidad, y se aplican al estudio de la norma de la ley anual de presupuesto ahora acusada.

El artículo acusado fue declarado exequible con el condicionamiento de que las autoridades competentes, es decir, el Gobierno y el Congreso, deberán respetar las pautas señaladas en la jurisprudencia al momento de tomar las decisiones necesarias para materializar en términos concretos su decisión de limitar los salarios de los servidores públicos. Es decir, la Ley de presupuesto examinada sólo puede tenerse como ajustada a la Constitución si incorpora las partidas necesarias para mantener, en los términos de la sentencia, actualizados los salarios de los servidores públicos de ingresos medio o altos.

Así, la Corte ordenó al Gobierno que presente el proyecto de adición o traslado presupuestal con carácter urgente, y al Congreso que apruebe la ley respectiva antes de la expiración de la vigencia fiscal de 2004. Adicionalmente, se ordenó al Gobierno y al Congreso que en la aprobación del presupuesto general de la nación correspondiente al año 2005 tengan en cuenta que al final del cuatrienio correspondiente a la vigencia del actual Plan Nacional de Desarrollo debe haberse reconocido la actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario a todos los servidores públicos. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-931-04
1.2.9. La posibilidad del patrón de prescindir del pago del salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar no tiene carácter punitivo, es una forma de restablecer el equilibrio del contrato

Se analizó la constitucionalidad del artículo 113 del Código Sustantivo del trabajo que señala: ?Las multas que se prevean, sólo pueden causarse por retrasos o faltas al trabajo sin excusa suficiente; no puede exceder de la quinta (5a) parte del salario de un (1) día, y su importe se consigna en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores del establecimiento. 2. El patrono puede descontar las multas del valor de los salarios. 3. La imposición de una multa no impide que el patrono prescinda del pago del salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar?.

La Corte consideró que el artículo 113 del C.S.T. no viola el principio del non bis in ídem. Inicialmente, por cuanto una de las dos consecuencias jurídicas previstas en la norma, la de prescindir del pago del salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar, no tiene carácter punitivo y, por tanto, no se está en presencia del doble enjuiciamiento, que es presupuesto básico para determinar un posible desconocimiento del precitado principio.

Adicionalmente, porque es menester destacar que los dos efectos jurídicos previstos en la norma acusada, no tienen la misma causa ni persiguen la misma finalidad. Tratándose de la sanción de multa, ésta es consecuencia del proceso disciplinario y con ella se persigue mantener el orden y la disciplina en el proceso económico de la empresa, lo cual redunda no solo a favor del empleador sino también de los demás trabajadores y del buen funcionamiento de la empresa. En lo que hace a la posibilidad de prescindir del pago del salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar, su fuente originaria y directa es el contrato de trabajo y su propósito específico es meramente económico, en el sentido de que únicamente busca recuperar para el empleador la parte del salario correspondiente al servicio no prestado, como una forma de restablecer el equilibrio del contrato y la justicia conmutativa del mismo. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-478-07
1.2.10. Pago de salarios a secuestrados, desaparecidos y rehenes

1.2.10.1. Pago de salarios en casos excepcionales de secuestro y desaparición

Un topógrafo del Fondo de Caminos Vecinales fue enviado en comisión a una población en donde fue secuestrado por la guerrilla. El grupo armado exigió a la empresa, a cambio de la liberación del empleado, la construcción de carreteras en determinados territorios. Transcurrido un tiempo, sin que se hubiera logrado la liberación, la esposa del topógrafo acudió a la empresa para que le fueran entregados los salarios de su esposo mientras él se encontraba en cautiverio, pero recibió una negativa como respuesta. Interpuso entonces una acción de tutela para que se obligara al Fondo a entregarle a ella el sueldo que devengaba su marido, durante el tiempo que durara el secuestro, alegando que tanto ella, como su hija, dependían económicamente del marido y por tanto la subsistencia económica de la familia estaba en peligro.

Para la Corte Constitucional el pago de salarios al grupo familiar que depende económicamente del trabajo de una persona que ha sido secuestrada se justifica, pues no es por voluntad del retenido injustamente, que se deja de laborar, sino que existe una verdadera fuerza mayor que le impide cumplir con sus obligaciones. Bajo estos supuestos, y en protección del derecho a la vida de las familias de los secuestrados, la Corte ordenó a la empresa el pago de los salarios a la actora, desde el momento de su retención hasta el momento en el que fuera liberado. Esto, con la excepción de una situación en la cual se cumplieran dos años, caso en el cual se presumirá la muerte por desaparecimiento nota 1.

En un caso similar, la Corte Constitucional no concedió la tutela interpuesta por la cónyuge de un trabajador, presuntamente secuestrado, contra la empresa en la que laboraba su marido, por estimar en esta ocasión, que no existía prueba de secuestro alguno. Para efectos de conceder la protección solicitada, se hace necesario probar que efectivamente sucedió el secuestro. Esta situación no se puede inferir de la desaparición de las personas, pues las dos situaciones presentan características diferentes y, en este último caso, es necesario acudir a las acciones judiciales prescritas en la regulación civil. nota 2

En otro caso, una señora instauró acción de tutela contra la sociedad de inversiones en la que trabajaba su esposo, con el fin de que se le ordenara continuar pagando los salarios que aquel devengaba, antes de que desapareciera atrapado por un remolino que lo sumergió en las profundidades del agua, cerca de las playas de Juanchaco en el Municipio de Buenaventura.

La Corte Constitucional recordó la improcedencia de la acción de tutela para solicitar la continuidad del pago de salarios cuando la desaparición del trabajador se produce por causas distintas al secuestro o a la desaparición forzada, como en este caso. La Corte reiteró que la orden de pago de salarios sólo es procedente cuando se acredita con absoluta certeza que i) el trabajador ha desaparecido por haber sido sujeto pasivo del delito de secuestro o desaparición forzada y ii) que ésta situación se ha presentado en el ejercicio de actividades propias del cargo, lo que imposibilita que pueda prestar sus servicios y lo coloca en un estado de indefensión. nota 3

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-015-95
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-105-01
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-013-07. Ver también la Sentencia T-1634-00
1.2.10.2. El trabajador secuestrado, o desaparecido forzadamente tiene derecho al pago de salarios u honorarios hasta que se produzca su libertad, se compruebe su muerte, se declare su muerte presunta o concurra otra circunstancia

Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley 589 de 2000 que regula la administración de los bienes de las personas víctimas del delito de desaparición forzada y la continuidad en el pago del salario u honorarios del servidor público desaparecido forzadamente y que extiende tal régimen a los servidores públicos secuestrados. Los apartes demandados son los parágrafos del artículo 10 que disponía que ?La autoridad judicial que conoce el proceso por el delito de desaparición forzada podrá autorizar al cónyuge, compañero o compañera permanente, a alguno de los padres o de los hijos del desaparecido para que provisionalmente asuman la disposición y administración de todos o parte de sus bienes, en cuanto fueren de su manejo exclusivo. Quien sea autorizado, actuará como curador de conformidad con las leyes civiles sobre la materia.

El funcionario judicial remitirá estas diligencias a la autoridad competente, quien adoptará en forma definitiva las decisiones que considere pertinentes?. El parágrafo 1º señalaba que ?la misma autoridad judicial podrá autorizar a quien actúe como curador para que continúe percibiendo el salario u honorarios a que tenga derecho el desaparecido, hasta por el término de dos (2) años, si este fuera un servidor público?. El parágrafo 2º disponía que ?igual tratamiento tendrá, hasta tanto se produzca su libertad el servidor público que sea sujeto pasivo del delito de secuestro?. El demandante adujo la inexequibilidad de los apartes normativos porque daban a los trabajadores particulares desaparecidos o secuestrados un tratamiento discriminatorio en relación con el asignado a los servidores públicos que eran víctima de tales delitos.

La Corte Constitucional decidió declarar inexequibles las expresiones ?hasta por el término de dos (2) años, si este fuera un servidor público?, del parágrafo 1º y ?servidor público? del parágrafo 2º, al considerar que el tratamiento diferente que dan los apartes normativos demandados en materia de pago de salarios u honorarios a los trabajadores particulares que han sido desaparecidos forzadamente o secuestrados en relación con el dado a los servidores públicos que se encuentran en las mismas condiciones es contrario a la Constitución por ser discriminatorio, irrazonable y desproporcionado.

Resulta contrario al artículo 1° de la Carta, en cuanto implica un desconocimiento de la dignidad del ser humano como fundamento del orden constituido; al artículo 2°, ya que plantea un quebrantamiento del deber de las autoridades de proteger la vida, honra, bienes y demás derechos y libertades de las personas residentes en Colombia; al artículo 5°, pues desampara a una familia no obstante su carácter de institución básica de la sociedad; al artículo 13, por cuanto desconoce el mandato de igualdad en la formulación del derecho; al artículo 25, puesto que restringe el alcance de una institución que tiene como uno de sus elementos la existencia de una relación de trabajo; al artículo 42, en cuanto se omite suministrar protección integral a una familia especialmente requerida de ella; al artículo 48, puesto que después de un limitado período de tiempo no garantiza el acceso a la seguridad social de la familia del trabajador desaparecido y al artículo 95.2, en tanto limita irrazonablemente el efecto vinculante del principio de solidaridad.

En cuanto al distinto tratamiento que se da, para efectos de la continuidad en el pago de salarios u honorarios a los trabajadores secuestrados en relación con el asignado a los trabajadores desaparecidos forzadamente, la Corte señaló que constituye un tratamiento discriminatorio que vulnera el artículo 13 de la Constitución. Ello es así en cuanto no concurre un fin constitucionalmente valioso que justifique ese tratamiento diferente. Por el contrario, existen sólidos argumentos constitucionales que demandan para los trabajadores desaparecidos el mismo tratamiento legal asignado, en esta materia, a los trabajadores secuestrados.

En cuanto al tratamiento dado a los trabajadores particulares que han sido víctimas de desaparición forzada o secuestro en relación con el tratamiento dado a los servidores públicos que se hallan en las mismas condiciones, la Corte consideró que la distinta calidad no constituye una razón suficiente para un tratamiento discriminatorio, pues los derechos que reconoce la ley se basan en la calidad de secuestrado o de desaparecido del trabajador y en la determinación de tal calidad no tiene ninguna incidencia la diferencia existente entre la calidad de servidor público o de trabajador particular. La Corte no observó ninguna razón que justifique suministrar una protección disminuida a la familia de un secuestrado o desaparecido que sea trabajador particular respecto de la familia de un secuestrado o desaparecido que sea servidor público, pues tanto en este caso como en aquél el contenido de injusticia de los delitos es el mismo y también es equivalente la demanda de protección de las familias de las víctimas.

Por lo tanto, el Legislador no puede establecer un tratamiento diferente entre servidores públicos y trabajadores particulares pues el elemento fundamental no es el estatus ni la clase de vínculo laboral sino la condición de privado injustamente de la libertad. Debe quedar claro que el derecho del trabajador no genera para el empleador una obligación a perpetuidad e irredimible pues ella se mantiene hasta tanto se cumpla una condición resolutoria pues, sea cual fuere el tiempo de privación de la libertad, la propia ley impone como límite la obtención de la libertad. Además, concurren otras causas de extinción de la obligación como la muerte del secuestrado o desaparecido o la declaratoria de presunción de muerte por desaparecimiento.

Frente a otras circunstancias la obligación también se extingue, tal como ocurre con el cumplimiento del período constitucional o legal o el cumplimiento del término en los contratos a término fijo. Sin embargo, en estos últimos eventos la autoridad judicial que conoce del proceso, previa ponderación de todos los elementos de juicio a su alcance, puede determinar la viabilidad de la continuidad en el pago de los salarios u honorarios hasta tanto se produzca la libertad, o se compruebe la muerte, o se declare la muerte presunta del secuestrado o desaparecido, si infiere que entre el desempeño del trabajador como servidor público o particular y las causas del secuestro o la desaparición existe un vínculo inescindible.

En síntesis, la Corte Constitucional llegó a las siguientes conclusiones: a) Procede el derecho a la continuidad en el pago de salarios u honorarios a quien actúe como curador de los servidores públicos o trabajadores particulares secuestrados o desaparecidos hasta tanto se produzca su libertad; b) La obligación de continuar el pago de salarios u honorarios está a cargo del Estado o del empleador particular, sin perjuicio de que se pueda acudir a mecanismos de garantía del pago, tal como el seguro colectivo de cumplimiento u otros mecanismos; c) La regla general es que el derecho a la continuidad en el pago de salarios u honorarios procede hasta tanto se produzca la libertad del secuestrado o desaparecido.

Por lo tanto, no se trata de una obligación a perpetuidad e irredimible pues ella procede hasta tanto se cumpla una condición resolutoria pues, sea cual fuere el tiempo de privación de la libertad, la propia ley impone como límite la obtención de la libertad. De este modo, todo trabajador que se encuentre secuestrado o haya sido desaparecido forzadamente tiene derecho a la continuidad en el pago de salario u honorarios hasta tanto se produzca su libertad, se compruebe su muerte, se declare su muerte presunta o concurra otra circunstancia que ponga fin a ese derecho y a la obligación correlativa del empleador nota 1.

En otra decisión, la Corte expresó que la norma que regula la administración de los bienes de las personas victimas del delito de desaparición forzada es igualmente aplicable a los pensionados ?sean éstos ex servidores públicos o ex trabajadores privados? que hayan sido secuestrados o desaparecidos en forma forzada, y no sólo a los secuestrados con vínculo laboral vigente. Ello es así porque, si bien la jurisprudencia ha protegido los derechos de estos últimos y sus familias al ordenar que se siga pagando la remuneración salarial durante el tiempo del secuestro o desaparición forzada, la norma en comento se refiere a los ?bienes de las personas víctimas del delito de desaparición forzada? en general, los cuales incluyen no sólo el salario sino las prestaciones sociales ?entre ellas la pensión? para efectos de su disposición y administración total o parcial, ?en cuanto fueren de su manejo exclusivo?.

Por otra parte, de conformidad con el principio de igualdad de trato, encontró la Corte que el trabajador secuestrado o desaparecido forzadamente, o el pensionado en la misma circunstancia, se encuentran en una situación jurídica similar en todo lo jurídicamente relevante, lo que justifica que reciban un mismo trato en lo que respecta a si mismos como a su familia nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-400-03
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-1081-03
1.2.10.3. Medidas legales de protección a las víctimas del secuestro y sus familias también cobijan a las víctimas de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada y sus núcleos familiares dependientes

El 26 de agosto de 2005, el Congreso de la República expidió la Ley 986 por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones. Los artículos 2 ?que se ocupa de definir los destinatarios de la ley- y 15, parcial, -que se ocupa del pago de salarios, honorarios, prestaciones sociales y pensiones del secuestrado- fueron demandados por inconstitucionales. El demandante adujo que el legislador había incurrido en una omisión relativa al excluir injustificadamente de los beneficios que establece la ley, a las víctimas y familiares de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada. En su opinión, los efectos que genera el secuestro y aquellos producidos por estas otras conductas punibles son asimilables, pues se trata de la privación arbitraria de la libertad.

La diferenciación establecida en la descripción de los destinatarios del régimen de beneficios consagrado en la Ley 986 de 2005, configura un claro trato discriminatorio frente a las víctimas de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada y sus familias, pues no existe ninguna justificación válida desde la perspectiva constitucional, para establecer un régimen que únicamente favorezca a los secuestrados, mientras que, por el contrario, nada diga en relación con estos grupos que demandan igual ámbito de protección.

Para la Corte, resulta claro que el legislador incurrió en una inconstitucionalidad por omisión legislativa al excluir de las consecuencias jurídicas de la Ley 986 de 2005 a las víctimas de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada, que redunda en una ostensible discriminación contra los grupos excluidos del amplio régimen de protección que dicho texto legal establece, por déficit de protección a la luz del ordenamiento constitucional. Se configura una violación del artículo 13 superior, que establece la cláusula general de igualdad, a la vez que se presenta un desconocimiento de mandatos constitucionales que imponen el deber específico de protección frente a las víctimas de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada, así como de los derechos al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud, a la educación, a la vida digna del núcleo familiar dependiente de quien ha sufrido la privación arbitraria de la libertad. La Corte extendió los instrumentos de protección consagrados en la ley a las víctimas de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada y sus núcleos familiares dependientes. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-394-07
1.2.10.4. Ausencia del trabajador por desaparición forzada no es justa causa para que el empleador dé por terminado el contrato

La actora interpuso acción de tutela para reclamar el pago de los salarios, cesantías, vacaciones, intereses de la cesantía, seguridad social y demás prestaciones a que tiene derecho su esposo quien desapareció, estando al servicio de la accionada.

La Corte sostuvo que el patrono no puede esgrimir la incertidumbre sobre la existencia del trabajador, así su ausencia del empleo fuere prolongada, para dar por terminado el contrato con justa causa, no solo porque el efecto que artículo 51 del Código laboral le da a la fuerza mayor o el caso fortuito es la suspensión de la relación laboral, sino en especial porque la Ley 589 de 2000 dispone que la obligación de pagar el salario a las familias de quienes han sido victimas de los delitos de desaparición forzosa o secuestro permanece hasta que se produce su liberación, o se adquiere certeza sobre su muerte.

Ahora bien, la protección prevista en la Ley 589 de 2000, que da lugar a que las familias de los trabajadores que han sido victimas de los delitos de secuestro y/o desaparición forzosa reciban la remuneración a que tiene derecho el trabajador, opera previa valoración y decisión de la autoridad judicial que tiene a su cargo la investigación de los hechos, de modo que la acción de tutela resulta improcedente para ordenar el pago de los salarios y prestaciones sociales a que tienen derecho las victimas de dichas conductas, porque este es un asunto que cuenta con un procedimiento previsto con tal fin en el ordenamiento ?artículo 86 C.P.-.

De esta manera, la Corte declaró improcedente la acción i) dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, ii) en razón de la competencia de la autoridad judicial encargada de la investigación penal para resolver sobre el pago de los salarios y prestaciones sociales, a los familiares de las victimas de los delitos de secuestro y/o desaparición forzada, y iii) porque es la jurisdicción laboral la encargada de dictaminar sobre la terminación del contrato de trabajo, sin justa causa y sus consecuencias. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-789-04
1.2.10.5. Pago de mesada pensional a pensionado desaparecido forzosamente

La actora, presentó acción de tutela, con base en la doctrina constitucional fijada por la Corte en relación con el pago de salarios u honorarios a trabajadores desaparecidos forzadamente o secuestrados, pues su esposo a quien se le había reconocido la pensión de invalidez, fue desaparecido de manera forzosa y desde ese momento le fue suspendido el pago de la mesada pensional. La Corte señaló que la doctrina sentada en la sentencia C-400 de 2003 no es aplicable al caso planteado por la actora. Y ello es así porque dicha doctrina se orienta a asegurar la continuidad en el pago de los salarios u honorarios de los trabajadores desaparecidos forzadamente que no pueden prestar el servicio, para proteger el mínimo vital y la seguridad social de su familia cuando resulten vulnerados por el no pago de esos emolumentos.

La situación en el caso sometido a revisión, en cambio, era muy distinta pues en este evento no se trataba de un trabajador sino de un pensionado. Su desaparición no suspendió la prestación de servicio alguno y, además, tras su muerte cierta o presunta, podía haber lugar a la sustitución pensional a favor de quien demostrara su derecho. Es decir, la desaparición del pensionado no deja desprotegida a su familia, pues, indistintamente de los motivos de su desaparición, el ordenamiento jurídico permite promover la declaración de muerte por desaparecimiento y adelantar el trámite de sustitución pensional. Por lo tanto, lo que debe hacer la familia de un pensionado desaparecido es agotar los mecanismos judiciales ordinarios de protección. Esto es, promover el proceso de presunción de muerte por desaparecimiento y, con base en la sentencia allí proferida, tramitar la sustitución pensional. La existencia de tales medios de protección, torna improcedente la acción de tutela.

No obstante lo expuesto en precedencia, en aquellas situaciones excepcionales en las que la suspensión en el pago de la mesada pensional, hasta tanto culmine el trámite de la sustitución, implique la vulneración de los derechos fundamentales de la familia del pensionado, puede acudirse a la acción de tutela como un mecanismo transitorio de protección. De esa manera se protegen los derechos al mínimo vital y a la seguridad social de la familia del pensionado y se lo hace hasta tanto la administración de justicia tome una decisión definitiva. Pero para que en estos casos, el amparo constitucional proceda como un mecanismo transitorio de protección, es necesario que se demuestre la vulneración o puesta en peligro de derechos fundamentales y que se lo invoque como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el caso en cuestión, la Corte negó la tutela, pues aunque la actora invocaba el amparo constitucional como mecanismo transitorio de protección, solo lo hizo después de dos años de la desaparición de su esposo, lo que desvirtuó que se estuviera ante un perjuicio irremediable. El largo lapso transcurrido entre esos dos momentos -la suspensión del pago de la mesada y la interposición de la acción de tutela- indicó que, si bien ese hecho pudo haber afectado a la familia del pensionado desaparecido, tal perjuicio no había sido de la entidad suficiente como para afirmar la existencia de un perjuicio irremediable. De esta manera concluyó la Corte que no había lugar al amparo constitucional invocado pues existen otros mecanismos judiciales de protección y, pese a solicitarse el amparo como mecanismo transitorio de protección, no se satisfizo el presupuesto de la inmediatez temporal entre la acción u omisión lesiva de derechos fundamentales y el ejercicio de la acción. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-438-04
1.2.11. Pago de salarios y demás derechos laborales dejados de percibir a personas desplazadas por la violencia. principio de favorabilidad.

A un trabajador del municipio de Puerto Wilches, desplazado por la violencia, quien tuvo que huir del municipio a raíz de amenazas de grupos paramilitares, el empleador le terminó su contrato laboral alegando el abandono del cargo.El accionante inicio un proceso laboral en el que se decidió ordenar el reintegro del trabajador, sin embargo, el juez se abstuvo de ordenar el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento del despido ilegal, argumentando que en la convención colectiva vigente para la fecha, el reintegro de un trabajador despedido injustamente no contemplaba el pago de salarios y demás derechos laborales dejados de percibir por el ex operario.

La Corte consideró que la sentencia del proceso laboral acusada desconoció el principio de favorabilidad, toda vez que en el ordenamiento jurídico laboral existían normas que establecían el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir ante un despido injusto, otorgando un tratamiento más favorable para el trabajador en comparación con las disposiciones de la convención colectiva en que se basó el juez laboral.

La Corte fundamentó su decisión en las normas del Código Sustantivo del Trabajo previstas en el decreto 2351 de 1965 y en el artículo 408, así como en sentencias de la misma Sala de Casación Laboral en las que se reconoce que ?la reinstalación conlleva el pago de salarios con los aumentos legales o convencionales y de las prestaciones sociales que sean compatibles con él, pues ficcionadamente el contrato se considera que no tuvo interrupción?.

De igual forma, la Corte apoya su decisión en el Concepto 1428 de 2002 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que indica que ??El desplazamiento, si bien genera una vacancia temporal, no constituye abandono del cargo, pues existe justa causa fundada en la fuerza mayor. Por tanto, manteniéndose la calidad de servidor, la relación laboral subsiste, al no configurarse ninguna causal de retiro. ?Si no es procedente la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, una vez establecida las condiciones que afectan la seguridad del empleado desplazado, se debe garantizar el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales hasta tanto sea efectiva la protección del Estado, que haga cesar la situación de amenaza contra el derecho fundamental a la vida que pesa sobre aquél y que le impide desempeñar sus funciones". nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1020-07
1.3. Condiciones del lugar de trabajo

1.3.1. Los trabajadores tienen derecho a trabajar en condiciones de seguridad que no pongan en riesgo su integridad

La Corte Constitucional concedió el amparo del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas a un empleado de la rama judicial que debía, dentro de sus labores, ingresar a una bodega de archivos en la cual se encontraban unos estantes sobrecargados que amenazaban con venirse abajo, poniendo en riesgo su integridad. La Corte concedió la tutela considerando que los empleados tienen derecho a exigir unas condiciones de trabajo que los mantenga fuera de peligro y les garantice el desarrollo normal de sus tareas. Correlativo a este derecho es el deber, en este caso, del Consejo Seccional de la Judicatura de velar porque esto sea una realidad, y proveer las instalaciones y ambiente necesarios para que los trabajadores judiciales lleven a cabo sus funciones a cabalidad. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-096-98
1.3.2. Instalación de cámaras de video en los lugares de trabajo

Un trabajador de un banco fue despedido al ser registrado por una cámara de video instalada por el Banco mientras besaba a una compañera del trabajo,lo que a juicio del empleador constituyó una conducta inmoral, establecida en el reglamento de trabajo, como motivo justificativo para terminar unilateralmente el contrato de trabajo. Además, obstruía el normal funcionamiento de la cámara de seguridad al taparla con cajas de cartón.

Sobre el derecho a la intimidad en el lugar de trabajo y la instalación de cámaras de video por parte de la empresa, la Corte señaló que deben analizarse en cada caso particular circunstancias como: (i) el objeto social que desarrolla la empresa, pues es lógico que las medidas se refuercen en bancos o establecimientos públicos tales como organismos de inteligencia, en los que esté en juego la seguridad nacional; (ii) el lugar donde la medida es implementada, pues es razonable que recaiga en lugares donde se desarrolle la actividad laboral que, por ejemplo, se encuentren abiertos al público, pero no lo sería en aquellos donde el trabajador ejerce una esfera privada como lugares de descanso, tales como baños o vestuarios; (iii) la finalidad de la medida, que guarden una relación directa con la seguridad necesaria de las instalaciones de trabajo o el control del cumplimiento de los deberes y funciones de los trabajadores; (iv) que pueda tomarse otras medidas menos invasivas para lograr los propósitos legítimos; (v) que los perjuicios derivados de la medida, en lo posible, sean mínimos; (vi) que la medida sea conocida, pues de manera excepcional puede legitimarse medidas subrepticias; y (vii) que la medida no implique someter a la persona a tratos crueles, inhumanos o degradantes, los cuales se encuentran proscritos de manera absoluta.

La Corte encontró que la medida tomada por el Banco Popular de instalar una cámara de video en el lugar de trabajo del accionante no era desproporcionada ni atentaba contra su derecho a la intimidad, toda vez que la actividad bancaria implica un mayor nivel de riesgo en comparación con otro tipo de labores empresariales, además, el peticionario desarrollaba sus labores en el departamento de sistemas, por lo que, tal como lo señaló el banco, era necesaria la implementación de dichas medidas por la información valiosa que se maneja en dicha área.

Sobre la norma del reglamento de trabajo bajo la cual se amparo el empleador para dar por terminado el contrato de trabajo, alegando comportamientos inmorales por parte del trabajador, dijo la Corte que la expresión acto inmoral o conducta inmoral es muy amplia y vaga adoleciendo de indeterminación y vulnerando de tal manera el principio de tipicidad. En efecto, no se consagra la determinación concreta de los comportamientos inmorales que pueden ser objeto de una justa causa de terminación del contrato por parte del banco, o los criterios objetivos para su determinación, permitiendo abarcar una gran cantidad y diversa de conductas o actos, que apreciables de manera subjetiva por el banco, pueden dar lugar a que se consideren inmorales con el fin de dar por terminada unilateralmente la relación laboral con justa causa, como aconteció en el caso concreto, en el que se consideró acto inmoral el besar apasionadamente a una compañera de trabajo, acto que por sí solo en las relaciones personales no tiene dicha connotación y menos con el alcance de ser el motivo para la terminación unilateral de la relación laboral. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-768-08
1.4. Ius variandi

1.4.1. Alcance del ius variandi

El accionante fue trasladado mediante resolución por la Subdirección de Impuestos Nacionales al Caquetá. El señor padecía varias enfermedades y el lugar en donde trabajaba no le ofrecía una óptima atención médica. La Corte concedió la tutela únicamente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, siempre y cuando el peticionario hiciera uso de la acción correspondiente ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Para esto, consideró la corporación que el ius variandi no es absoluto. Está limitado, ante todo, por la norma constitucional que exige para el trabajo condiciones dignas y justas, así como por los principios mínimos fundamentales señalados por el artículo 53 de la Carta en lo que concierne al estatuto del trabajo.

Y, por supuesto, su ejercicio concreto depende de factores tales como las circunstancias que afectan al trabajador, la situación de su familia, su propia salud y la de sus allegados, el lugar y el tiempo de trabajo, sus condiciones salariales, la conducta que ha venido observando y el rendimiento demostrado. También dijo que para reclamar la protección específica y concreta de las condiciones dignas y justas en medio de las cuales se desempeña el trabajo, puede intentarse la acción de tutela, en lo que respecta únicamente a ese derecho fundamental.

Frente a un acto administrativo de traslado o cambio del lugar de trabajo, si él se analiza bajo la óptica del artículo 25 de la Constitución, bien puede acontecer que, pese a la discrecionalidad legal invocada por el patrono en ejercicio del ius variandi, las condiciones nuevas en las cuales habrá de actuar el trabajador en el lugar que para continuar laborando se le ha señalado, no sean dignas y justas, evento en el cual el acto correspondiente puede ser objeto de tutela transitoria, para inaplicarlo al caso concreto, mientras se decide de fondo sobre su validez. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-483-93, reiterada en Sentencias T-455-97, T-485-98, T-503-99, T-209-01, T-346-01, T-383-01 y T-352-01, entre otras. Ver también Sentencia T-065-07
1.4.2. Los límites que se deben tener en cuenta para el traslado de lugar de trabajo

Los artículos 80 y 178 de la Ley 201 del Código Disciplinario Único que conferían al Procurador General de la Nación la facultad de cambiar las sedes de la procuraduría y trasladar a sus empleados de carrera donde las necesidades del servicio lo exigieran fueron demandados ante la Corte Constitucional por considerarse contrarios al derecho de estabilidad en el empleo de los trabajadores y su familia. La Corte señaló que los fines de la administración pública se traducen en el cumplimiento de específicas funciones que deben ser cumplidas por los funcionarios que la forman, de tal manera que esta planta se debe adecuar a las necesidades del servicio. Esto lleva a que el principio de estabilidad en el empleo no puede comprenderse como inamovilidad territorial en el mismo.

Sin embargo, la discrecionalidad para trasladar a los servidores públicos no se puede considerar como arbitrariedad, pues tiene límites fijados por la necesidad de mejora en el servicio. La variación del lugar de trabajo debe obedecer a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en consecuencia, existen limitaciones que se deben tener en cuenta:1) El traslado debe obedecer a la necesidad del servicio de acuerdo con la apreciación que tenga el ente estatal sobre los requerimientos y exigencias para su prestación, de tal manera que se ajuste a metas y objetivos concretos de la entidad de índole legal, para los cuales el traslado sirve razonable y proporcionalmente. 2) El traslado no puede poner al trabajador en condiciones menos favorables, lo que quiere decir, que a sus condiciones familiares, económicas y personales de servicio no se le pueden causar perjuicios, ni el desplazamiento puede tener dificultades materiales tan gravosas que le impidan el ejercicio de la función. 3) El traslado debe respetar condiciones mínimas de afinidad funcional entre el antiguo y nuevo cargo.

Estos requisitos pueden ser evaluados por la jurisdicción contenciosa administrativa encargada de revisar la legalidad de los actos administrativos. Se declaró, entonces, la constitucionalidad de las normas demandadas, que permiten el traslado por razones del servicio, pero bajo el condicionamiento de que se cumpla, adicionalmente, con los demás requisitos enunciados que fijan límites al poder discresional organizativo de la administración. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-443-97, reiterada en Sentencias T-503-99 y T-965-00
1.4.3. Procedencia de la acción de tutela cuando hay un traslado del territorio de trabajo

La actora interpuso acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación. Ella se desempeñaba como auxiliar judicial en un pueblo y mediante resolución fue trasladada para ejercer el mismo cargo en otro municipio. Consideró la accionante que esta decisión fue arbitraria ya que no obedeció a la necesidad de mejorar el servicio. Además, con este traslado se le desmejoraron sus condiciones económicas y personales. La Corte concedió el amparo constitucional como mecanismo transitorio, considerando que el empleador - público o privado - tiene, en principio, la facultad de trasladar a un trabajador siempre y cuando el traslado obedezca a necesidades del servicio y no implique condiciones menos favorables para el empleado. Adicionalmente, la Corporación ha reconocido que ciertas entidades deben gozar de un grado especial de discrecionalidad en materia de traslados, en razón de las funciones que tienen asignadas.

A esta categoría pertenece la Fiscalía General de la Nación, institución que tiene una planta de personal global y flexible y que, en ejercicio de la mencionada atribución discrecional, puede decidir la reubicación territorial de sus funcionarios, dentro de una orientación razonable que persiga una mejor prestación del servicio y que no implique desmejorar las condiciones laborales del servidor público. En otras palabras, la facultad discrecional de la administración para realizar dichos traslados no puede utilizarse en forma arbitraria y, por consiguiente, debe orientarse, en todo caso, a una mejor prestación del servicio y respetar los derechos adquiridos y las condiciones laborales de la persona trasladada.

Respecto de la procedencia de la acción de tutela se dijo que, en principio, no es ésta el medio para controvertir la legalidad o la constitucionalidad de las decisiones de traslado. En estos casos, el cuestionamiento de la posible arbitrariedad, desviación de poder o falsa motivación del acto de traslado y la reparación del daño eventualmente producido es competencia del juez contencioso administrativo y no del juez constitucional. En consecuencia, la procedencia del recurso constitucional, para revocar una orden de traslado es excepcional.

De hecho, la tutela sólo es viable si se encuentra que el acto de traslado es ostensiblemente arbitrario, siempre que, adicionalmente, se cumpla alguna de las siguientes condiciones: (1) que el traslado tenga como consecuencia necesaria la afectación de la salud del servidor público o de alguno de los miembros de su núcleo familiar, especialmente porque en la localidad de destino no existan condiciones adecuadas para brindarle el cuidado médico requerido; (2) cuando la decisión de trasladar al trabajador es intempestiva y arbitraria y tiene como consecuencia necesaria la ruptura del núcleo familiar, siempre que no suponga simplemente una separación transitoria u originada en factores distintos al traslado o a circunstancias superables; (3) cuando quede demostrado que el traslado pone en serio peligro la vida o la integridad personal del servidor público o de su familia. No sobra advertir que, para que la acción de tutela pueda proceder, las circunstancias alegadas deben encontrar pleno respaldo probatorio en el correspondiente expediente. nota 1

Las accionantes trabajaban en una entidad de 7 a.m. a 5:30 p.m. con una hora de almuerzo de lunes a viernes y el sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. cada cinco semanas. Posteriormente, les fue entregado un memorando por medio del cual se les modificó su horario de trabajo así: lunes, martes, jueves y viernes de 2:00 p.m. a 9:00 p.m., el miércoles de 12:00 m. a 9:00 p.m. y el sábado de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Las actoras solicitaron se les protegiera su derecho al trabajo que consideraron vulnerado cuando de manera unilateral se alteraron sus horarios, obligándolas a salir más tarde con los consiguientes aumentos en el costo del transporte, en los peligros de vida y demás perjuicios aledaños que conllevaba la salida tarde en la noche.

La Corté negó la tutela por considerarla improcedente. Dijo esta Corporación que el ius variandi consiste en la facultad que tiene el patrono de alterar las condiciones de trabajo en cuanto al modo, lugar, cantidad o tiempo de trabajo y ello en virtud del poder subordinante que ejerce sobre sus trabajadores. Su uso estará determinado por las conveniencias razonables y justas que surgen de las necesidades de la empresa y que de todas maneras habrá de preservarse el honor, la dignidad, los intereses, los derechos mínimos y seguridad del trabajador y dentro de las limitaciones que le imponen la ley, el contrato de trabajo, la convención colectiva y el reglamento de trabajo. En este caso, se estaba frente a una típica controversia laboral sobre el alcance del ius variandi ejercido por el empleador, que tenía como elementos de juicio, el contrato de trabajo suscrito con las operarias y la convención colectiva de trabajo que regía las relaciones entre las partes. Quedaba esta divergencia bajo la jurisdicción laboral en a términos del artículo 2o. del CPT, y por esto se hizo la acción de tutela improcedente. nota 2

En otra sentencia la Corte conoció el caso de un docente que trabajaba en un municipio del Departamento de Santander, en un centro educativo de una vereda de difícil acceso al cual fue trasladado, por orden de la Secretaria de Educación Departamental, tras haber obtenido el primer puesto en un concurso de méritos. Dado que su esposa tiene un porcentaje de invalidez del 98% y él debe cuidar a sus dos hijos, lo que resulta difícil desde su nuevo lugar de trabajo, ha solicitado su traslado al casco urbano del municipio. La entidad accionada se niega a trasladarlo aduciendo que no dispone de plazas disponibles.

La Corte Constitucional, de manera reiterada, ha considerado que, como regla general, la acción de tutela resulta ser improcedente a efectos de controvertir decisiones de la administración pública referentes a traslados, por cuanto existen en el ordenamiento jurídico otras vías procesales especiales, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante lo anterior, de manera excepcional, esta Corporación ha admitido la procedencia de la acción de tutela ante situaciones fácticas muy especiales en las cuales se evidencie la existencia de una amenaza o vulneración a derechos fundamentales del trabajador o de su núcleo familiar. De allí que se precisa que (i) la decisión sea ostensiblemente arbitraria, en el sentido que haya sido adoptada sin consultar en forma adecuada y coherente las circunstancias particulares del trabajador, e implique una desmejora de sus condiciones de trabajo; y (ii) que afecte en forma clara, grave y directa los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha elaborado las siguientes subreglas:

a. Cuando el traslado laboral genera serios problemas de salud, ?especialmente porque en la localidad de destino no existan condiciones para brindarle el cuidado médico requerido?.

b. Cuando el traslado pone en peligro la vida o la integridad del servidor o de su familia.

c. En los casos en que las condiciones de salud de los familiares del trabajador, pueden incidir, dada su gravedad e implicaciones, en la decisión acerca de la constitucionalidad del traslado.

d. Y, en aquellos eventos donde la ruptura del núcleo familiar va más allá de una simple separación transitoria, ha sido originada por causas distintas al traslado mismo o se trata de circunstancias de carácter superable.

De llegar a configurarse alguna de las anteriores hipótesis, ?es deber de la administración, y en su debida oportunidad del juez de tutela, reconocer un trato diferencial positivo al trabajador, buscando garantizar con ello sus derechos al trabajo en condiciones dignas y justas, a la unidad familiar y a la salud en conexidad con la vida?.

En el caso concreto, la Corte considera que si bien el peticionario reúne, prima facie, los requisitos constitucionales para ordenar su traslado a un colegio del casco urbano del municipio, también lo es que la decisión de la administración departamental no resulta ser ?manifiestamente arbitraria?, como quiera que no cuenta actualmente con plazas docentes disponibles.

Estándole vedado al juez de tutela ordenar la creación de plazas docentes, pero viendo la apremiante necesidad de proteger los derechos fundamentales del peticionario y de su núcleo familiar, la Corte le ordenará a la Secretaría Departamental de Educación que inmediatamente se presente una vacante en una plaza docente ubicada en el casco urbano del Municipio, acorde con el perfil profesional del peticionario, se ordene su traslado. A efectos de garantizar la efectividad de la orden de amparo, la Secretaría Departamental de Educación deberá mantener constantemente informado al accionante sobre la mencionada situación. nota 3

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-965-00.La sentencia citada compila varias sentencias acerca de la procedencia excepcional de la tutela en estos casos.
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-407-92, T-503-99 y T-016-95, entre otras. Esta sentencia es tomada en cuenta en varias otras sentencias; sin embargo en la T-346-01, se dijo que a pesar de lo establecido, se debían tener en cuenta los criterios mencionados en la T-965-00.
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-250-08
1.4.4. La protección de los derechos fundamentales se superpone a la facultad de la administración para trasladar a sus empleados de carrera por necesidades del servicio

Una empleada de la Contraloría, en estado de embarazo, prestaba su servicio en un municipio. Se dictó una resolución de traslado hacia otro municipio cercano y ella interpuso acción de tutela para que se protegiera su derecho al trabajo en condiciones dignas argumentando que su traslado se debió a un acto arbitrario de parte del Contralor, para evitar que se continuara con una investigación en la que tenía especial interés su jefe. Consideró la accionante que su situación personal se vería desmejorada debido a que tendría que desplazarse diariamente a su nuevo lugar de trabajo desatendiendo a su hija menor y su estado de embarazo le traería varias complicaciones.

La Corte pudo comprobar que, si bien no existía prueba de la arbitrariedad del traslado y este parecía ajustarse a las necesidades del servicio, el riesgo personal que corría la vida de la mujer y de la criatura que llevaba en su vientre por el traslado diario a su lugar de trabajo era alto debido a que sufría el riesgo de desprendimiento de placenta que se agravaba con este desplazamiento. La Corte concedió la tutela considerando que la protección de los derechos al trabajo en condiciones dignas, a la vida y a la salud se superponen a la facultad de la administración para trasladar a sus empleados de carrera por necesidades del servicio. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-532-98, reiterada por Sentencias T-965-00 y T-503-99
1.5. Derecho a la igualdad

1.5.1. Necesidad de justificación razonable y objetiva para realizar un trato diferenciado

El actor interpuso acción de tutela para que se le ampararan sus derechos al trabajo y a la igualdad, pues consideró que estaban siendo violados como consecuencia de la acción de la empresa de transportes en la cual trabajaba al no someter a rotación entre todos los afilados de la empresa el cubrimiento de una ruta, que generaba más beneficios, adjudicándosela a uno de los socios. La Corte concedió la tutela considerando que existía una diferenciación sin justificación objetiva y razonable entre el peticionario afiliado a la Empresa de Transportes, propietario de un campero y transportista, y el propietario de un campero y transportista, pero además socio y tesorero de la empresa, respecto de su trabajo en el cubrimiento de las rutas autorizadas a la empresa. Por esta razón, dijo que la empresa estaba concediendo una ventaja injustificada a uno de los transportistas que implicaba la vulneración del derecho a la igualdad del accionante.

Además, previno a la empresa de transportes para que le diera aplicación al artículo 7º del Decreto 170 del 5 de febrero de 2001 que define plan de rodamiento como ?la programación para la utilización plena de los vehículos vinculados a una empresa para que de manera racional y equitativa cubran la totalidad de rutas y despachos autorizados y/o registrados, contemplando el mantenimiento de los mismos?. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-677-01, la misma subregla aparece en sentencia T-1486-00, T-079-95 y T-230-94
1.5.2. Prohibición de discriminación en empresas privadas cuando imponen limitaciones adicionales a las normas legales de carácter general

El actor formuló acción de tutela en contra de una cooperativa por estimar que su derecho fundamental al trabajo estaba siendo vulnerado debido a la decisión que tomó su empresa de suspenderlo como conductor no asociado, en razón a su edad. La empresa hizo esto siguiendo los estatutos de ésta misma. La Corte amparó el derecho del actor considerando que una empresa no puede imponer a las personas que tenga vinculadas, limitaciones de edad para ejercer el derecho a conducir automóviles más allá de la normativa legal de carácter general; en este caso, el Código Nacional de Tránsito Terrestre no establece máximos en la edad para desempeñar ese tipo de labores. La Corporación tuvo en cuenta también que aunque a las autoridades públicas les está vedado introducirse en determinados espacios de las relaciones privadas, como la intimidad personal o familiar, en materia laboral, la injerencia estatal es mayor y se justifica en la medida en que el trabajo es uno de los valores esenciales del Estado Social de derecho (Constitución Política art. 1°). En consecuencia, no todas las determinaciones que se adopten en el seno de una empresa son constitucionalmente admisibles. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-394-99
1.5.3. Prohibición de discriminación salarial para apremiar a los empleados por su mal comportamiento

El actor venía trabajando en una empresa por varios años y desde hacía dos años no se le había realizado un aumento salarial. El actor afirmó que esto fue debido a su vinculación al sindicato, ya que había otros trabajadores no sindicalizados que sí habían recibido un incremento en el salario; sin embargo, la empresa dijo que era debido al mal comportamiento del empleado. La Corte amparó el derecho, considerando que si al solicitante se le pretendía castigar por un mal comportamiento en el ejercicio de las labores que le correspondían, motivo que alegó en su informe la empresa, sin probarlo, no era la discriminación salarial el procedimiento adecuado para someterlo al reglamento de trabajo ni para exigirle eficiencia, ya que al respecto existen medios, ajustados a la normatividad laboral, que facultan al patrono para sancionar, previo un debido proceso, al trabajador que trasgrede o vulnera las reglas y normas que en su función debería observar.

Respecto de la procedencia de la tutela, la Corte dejo a salvo la procedibilidad de ésta ante la falta de idoneidad del instrumento judicial en el caso particular y determinado, miradas las circunstancias específicas de la persona, para la verdadera y sustancial e inmediata defensa de los derechos constitucionales fundamentales amenazados o violados, aplicando así el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, según el cual la existencia de dichos medios (ordinarios de defensa judicial) será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

En este orden de ideas, la corporación concedió la tutela, teniendo en cuenta que el actor era víctima de discriminación, cuando de aumentos salariales se trataba, pues, frente a otros trabajadores que desempeñaban equivalentes tareas y tenían igual nivel y muy parecidas responsabilidades, era tratado en condiciones inferiores desde el punto de vista de su remuneración, específicamente en cuanto a la proporción en el incremento de ella. Así, la Corte consideró que una nivelación salarial era imperativa, para lo cual era necesaria la tutela teniendo en cuenta que el proceso ordinario resultaría inepto para el fin específico del restablecimiento de la igualdad. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-547-97, unificó las sentencias T-003-92, T-441-93, SU-342-95, T-001-97, T-175-97 y SU-519-97. Ver también las Sentencias T-652-98 y T-707-98
1.5.4. Prohibición de discriminación salarial por circunstancias del patrono

La Corte Constitucional al conocer la demanda contra los artículos 338 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, y los Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados como legislación permanente por la Ley 141 de 1961 declaró la inexequibilidad de las expresiones que daban lugar a la diferenciación en el pago de prestaciones sociales para algunos tipos de trabajadores respecto de los cuales establecía rubros inferiores a los que la ley estima para los demás trabajadores. Así mismo declaró la inconstitucionalidad del numeral primero del artículo 232 del Código Sustantivo del Trabajo por medio de los cuales establecían marcadas diferencias de trato de un grupo de trabajadores respecto de los cuales se autorizaba un pago inferior de prestaciones sociales como los trabajadores del servicio doméstico, los de empresas industriales de capital inferior a veinte mil pesos ($20.000) y los de empresas agrícolas, ganaderas o forestales de capital inferior a sesenta mil pesos ($60.000) a quienes les confería el derecho a un auxilio de cesantía equivalente a quince (15) días de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año.

La Corte consideró que estas normas violaban flagrantemente el principio de igualdad. Tratándose del trabajo, el artículo 53 se refiere a una de las aplicaciones concretas del artículo 13 que es la igualdad de oportunidades para los trabajadores. Esta igualdad implica que el trabajador, en lo relativo a su retribución, depende de sus habilidades y de la labor que desempeña, y no de las condiciones o circunstancias de su patrono. Este es el fundamento de una de las máximas del derecho laboral: a trabajo igual, salario igual. En conclusión, la Constitución no autoriza que la condición o las circunstancias particulares del patrono, como el capital de su empresa, se conviertan en factores de tratos desiguales, en perjuicio de los trabajadores. No tiene justificación a la luz de la Constitución, pues sería conceder ventajas a algunos patronos en desmedro de ciertos trabajadores. Estos no tienen por qué pagar los favores que el Estado otorgue a sus patronos. Pues, se repite, la retribución que el trabajador reciba debe corresponder a sus aptitudes y a la labor que desempeña. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-051-95
1.5.5. Toda empresa sea o no de carácter permanente está obligada a pagar a cada uno de sus trabajadores una prima de servicio

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones ?toda empresa de carácter permanente? contenidas en el numeral 1º del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. Dicha norma establece la prima de servicios y señala que toda empresa de carácter permanente está obligada a pagar a cada uno de sus trabajadores, excepto a los ocasionales o transitorios, como prestación especial, una prima de servicios. Para la actora las expresiones demandadas establecen sin ninguna justificación una diferencia de trato entre trabajadores por el solo hecho de que presten o no sus servicios a una empresa de carácter permanente.

Señaló la Corte que no es posible comparar la situación de quien trabaja para una empresa de quien lo hace para otro tipo de patrono y en este sentido mal podría entenderse vulnerado el derecho a la igualdad por el hecho de que el Legislador establezca que son solamente las empresas las que están obligadas a pagar en los términos a que alude el artículo 306 del Código sustantivo del Trabajo la prima de servicios. A ello cabría sumar el análisis del origen de la prestación referida que como lo señala el mismo artículo 306 en su numeral 2 sustituyó la participación de utilidades y la prima de beneficios que establecían los Decretos 2474 de 1948 y 3871 de 1949. Sobre este punto, la Corte concluyó que al señalar que será una empresa y no en general un patrono quien deba pagar la prima de servicios el legislador no está estableciendo una discriminación contraria al principio de igualdad ni a las normas constitucionales invocadas por la demandante atinentes al referido principio en lo que respecta a las relaciones laborales, por lo que las expresiones ?toda empresa? fueron declaradas constitucionales.

En relación con el asunto de si el carácter permanente o no de la empresa puede ser legítimamente utilizado por el Legislador para establecer una diferencia de trato entre los trabajadores respecto de la prestación especial prima de servicios, la Corte señaló que si se tiene en cuenta que la finalidad de la prima de servicios es la de que el trabajador participe en las utilidades de la empresa según se desprende del numeral 2 del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, resulta totalmente desproporcionado que simplemente en función del carácter permanente o no de la empresa se prive a los trabajadores de las empresas que no tienen ese carácter de la prima de servicios. Si bien el Legislador goza de potestad de configuración para regular la libertad económica, así como para establecer mecanismos de promoción empresarial, debe tener en cuenta el necesario equilibrio entre libertad de empresa y derechos de los trabajadores.

Eximir de pago de la prima de servicios a la empresas cuya finalidad no es la de desarrollar actividades estables o de larga duración, sino que están destinadas a cumplir su objeto por un tiempo inferior a un (1) año no solo en nada garantiza que, por ese hecho, se crearán nuevas plazas de trabajo, sino que podría interpretarse incluso en contravía del mandato mismo de promoción empresarial (art. 333-3 C.P.) en concordancia con la función social que se asigna a la empresa como base del desarrollo. Así mismo, debe tenerse en cuenta que dentro de los principios que establece el artículo 53 superior como orientadores de la acción del legislador para regular el derecho al trabajo se encuentra el de igualdad de oportunidades para los trabajadores; en este sentido, el establecimiento de una diferencia de trato entre trabajadores frente a una prestación que se enmarca dentro del cumplimiento de la función social de la empresa y que necesariamente se predica de todas ellas, se opone a dicho principio y en este sentido es claro que la norma sacrifica evidentemente un principio constitucional, sin que siquiera el logro de la finalidad enunciada se encuentre asegurado.

Para la Corte es claro, además que resulta desproporcionado establecer una diferencia de trato entre trabajadores por el simple hecho de carácter permanente o no de la empresa a la que se encuentren vinculados pues a pesar de que dicha prima no tenga carácter salarial es un derecho de los trabajadores que se causa con el servicio prestado y es claro entonces que el requisito del tiempo laborado es suficiente para acceder a la prima de servicios por lo que no se entiende que se establezca una diferencia entre trabajadores.

Así las cosas, la Corte concluyó que la diferencia de trato establecida en la norma entre quienes trabajan para una empresa permanente y quienes lo hacen par una empresa que no tiene ese carácter, contraviene el principio de igualdad y consecuentemente las disposiciones superiores que regulan el derecho al trabajo, por lo que las expresiones ?de carácter permanente?fueron declaradas inconstitucionales. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-100-05
1.5.6. Prohibición de discriminar a algunos trabajadores con el no pago de la prima técnica aduciendo falta de disponibilidad presupuestal

Mediante resoluciones del Ministerio de Educación se les reconoció a unos funcionarios de dicha entidad la prima técnica por evaluación de desempeño, como un estímulo a los mejores empleados oficiales. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se negaron a cancelar la prima técnica a algunos de esos funcionarios, aduciendo falta de disponibilidad presupuestal para atender el pago de la misma. Sin embargo, no sucedió lo mismo en relación con otros funcionarios vinculados a la entidad, a quienes sin necesidad de proceso judicial y en forma automática, se les canceló la referida prima, lo que a juicio de los accionantes constituyó un trato desigual ya que el reconocimiento hecho a unos y otros se hizo sin distingo de ninguna naturaleza, cargo o posición.

Los demandantes interpusieron acción de tutela contra el Ministerio y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas y a la dignidad personal. La Corte determinó que existió una vulneración al derecho fundamental a la igualdad por parte de las entidades demandadas, independientemente de que los actores no hubieran acreditado -ni el juez advertido- la afectación de su mínimo vital ni que estuvieran sufriendo un perjuicio irremediable, toda vez que la falta de disponibilidad presupuestal no constituía un fundamento razonable que justificara no cancelar la prima técnica a unos funcionarios mientras que a otros se canceló la misma por haberse apropiado la partida correspondiente, independientemente del nivel que ostentaran, pues a ambos les fue reconocida.

Se tiene entonces que ante situaciones idénticas, esto es, el reconocimiento de una prima técnica a funcionarios de una misma entidad, se está dando un tratamiento desigual sin que medie un fundamento objetivo y razonable para ello, evidenciándose de esa forma una discriminación en contra de los demandantes. La Corte advierte que en el caso en cuestión no se trata de una controversia relacionada con la aplicación de la normatividad sobre el reconocimiento de la prima técnica, sino con el tratamiento desigual que recibieron los demandantes respecto del pago de la misma.

La Corte concedió la acción de tutela y ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, en caso de que no exista partida presupuestal para atender el pago de la prima técnica a que tienen derecho los actores, o de que la misma sea insuficiente, adopte las medidas necesarias para situar los fondos con el objeto de cancelar dicha prestación. Además, le ordenó al Ministerio de Educación que, después de la notificación de la asignación de la partida presupuestal correspondiente por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, procediera a cancelar la prima técnica por evaluación de desempeño reconocida a los actores nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-865-02
1.5.7. Prohibición de discriminar a los trabajadores con el no pago de la prima de servicios

· Trabajadores despedidos con justa causa también tienen derecho al pago de la prima de servicios

La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión ?y no hubieren sido despedidos por justa causa? contenida en los literales a) y b) del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. Dicha norma establece los requisitos para obtener el derecho al pago de la prima de servicios, concretamente aquel que señala que se requiere no ser despedido con justa causa. La corporación concluyó que si la ley laboral ya previó ciertas consecuencias negativas para el trabajador despedido con justa causa, como la pérdida de las indemnizaciones correspondientes o de una eventual acción de reintegro, entonces el no pago de la prima de servicios en esos casos configura en realidad una doble sanción, por cuanto la ley ya previó otros efectos perjudiciales para el empleado que incurra en un hecho que represente justa causa de despido.

La Corte encontró que los apartes acusados eran inconstitucionales ya que establecían una sanción desproporcionada para las personas que eran despedidas después de incurrir en una de las causales de terminación del contrato de trabajo, pues les era negado el pago de la prima de servicios, a pesar de haber efectuado sus servicios durante el tiempo determinado por la ley para acceder a ese beneficio. En ese sentido, a pesar de tratarse de supuestos de hecho distintos -trabajadores despedidos con y sin justa causa- para la Corte la norma establecía una sanción pecuniaria adicional que atentaba contra los postulados del Estado social de derecho, desconocía la especial protección al trabajo, afectaba derechos adquiridos del empleado y vulneraba el derecho a la igualdad de trabajadores despedidos con justa causa (Constitución Política arts. 1º,13, 25 y 58) nota 1.

· Trabajadores vinculados mediante contratos a término indefinido o a término superior a un año tiene derecho al pago de la prima de servicios en proporción al tiempo trabajado

La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión ?por lo menos la mitad del semestre respectivo? contenida en los literales ?a? y ?b? del numeral 1º del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. Según esta disposición, para tener derecho al pago de la prima de servicios, el trabajador debía laborar por lo menos la mitad del semestre respectivo. La Corte consideró que la expresión acusada introdujo sin ninguna justificación constitucional, una restricción de tipo temporal para reconocer el derecho a la prima de servicios, lo que desconocía los principios fundamentales del derecho al trabajo en el Estado social de derecho. Del análisis que hizo la Corte al artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, se infiere que esta disposición no utiliza como criterio para otorgar el derecho a la prima de servicios, la modalidad contractual que utiliza el trabajador para vincularse a la empresa con carácter permanente, ya que a los que excluye como beneficiarios de esa prestación especial es a quienes tienen la condición de trabajadores ocasionales o transitorios.

Para la Corporación no resulta razonable que se establezca una norma que restrinja uno de los principios constitucionales fundamentales del derecho del trabajo como es la ?igualdad de oportunidades para los trabajadores? (Art. 53 Constitución Política.), puesto que con la aplicación de la restricción temporal que fija la expresión demandada se permite que personas que han colocado a una actividad la misma fuerza laboral, se vean excluidos de acceder a la prima de servicios por haber iniciado o concluido sus labores por fuera de la mitad del semestre respectivo.

De otra parte, si la naturaleza de la prima de servicios es la de una prestación que tiene como finalidad que el trabajador participe en las utilidades de la empresa (Art. 306-2 CST), no resulta razonable ni proporcionado que en los contratos de trabajo a término indefinido o a término fijo igual o superior a un año, se condicione el pago de esta prestación a que el trabajador haya laborado por un periodo fijado por el Legislador a su arbitrio. El fundamento y causa de la prima de servicios está en el servicio prestado por el trabajador a la empresa, así, independientemente de la clase de contrato que se haya utilizado para su vinculación a la misma, los trabajadores tienen derecho a dicha prestación nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-034-03
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-042-03
1.5.8. Vulnera el derecho a la igualdad el establecimiento de límites que implican un trato diferenciado a personas bajo supuestos de hecho con semejanzas relevantes

La Corte declaró la inexequibilidad del artículo 8, literal D, último inciso de la Ley 812 de 2003 en el aparte que señala ?aplicarán hasta el 31 de enero de 2004?. Esta norma describe los principales programas de inversión que el Gobierno Nacional espera ejecutar durante la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. Entre estos programas se encuentra la renovación de la administración pública, que según la Ley 790 de 2002, permite que los servidores públicos retirados del servicio en desarrollo del programa de renovación tengan derecho a programas de mejoramiento de competencias laborales y a una protección especial que según el aparte demandado solo aplicarían hasta el 31 de enero de 2004.

La Corte estudió si el establecer un retroceso en la protección social brindada a padres y madres cabeza de familia y a personas con limitaciones físicas, mentales, visuales o auditivas, y a su vez dar una protección especial de mayor alcance a los individuos próximos a pensionarse desconoce los mandatos derivados del artículo 13 de la Constitución.

La Corte reiteró que el señalamiento de una fecha determinada para delimitar los titulares de un beneficio no es contrario a la Constitución si los grupos de personas que obtienen el beneficio se encuentran bajo supuestos de hecho diferentes a los que no lo perciben. No sucede lo mismo con el establecimiento de límites que implican un trato diferenciado a personas bajo supuestos de hecho con semejanzas relevantes. En este orden de ideas, la Corte observó que, además de generarse un retroceso en materia de protección laboral a personas en estado de debilidad manifiesta a través del artículo 8, literal D., último inciso, de la Ley 812, se creó un trato diferencial.

El trato diferencial consiste en la creación de una situación privilegiada para las personas próximas a pensionarse frente a las madres y padres cabeza de familia y las personas discapacitadas afectadas por la Reestructuración de la Administración. Lo anterior, puesto que a las primeras no se les limitó la protección brindada por la Ley 790, artículo 12, mientras que a las segundas se les fijó un límite en el tiempo no establecido en la mencionada norma.

Teniendo en cuenta que la medida legislativa afecta principalmente a personas en condiciones de debilidad manifiesta, la Corte aplicó el test estricto de razonabilidad al último inciso del literal D, del artículo 8, Ley 812. La Corte encontró que la norma acusada afecta el derecho a la igualdad de las madres y padres cabeza de familia y los disminuidos físicos, mentales y psíquicos. En aplicación de la regla de la ponderación según la cual para que una limitación sea exequible el grado del beneficio del fin buscado por el legislador debe ser tanto mayor cuanto mayor sea la afectación del principio constitucional en colisión, se tiene que el límite del 31 de enero de 2004 establecido en el último inciso del artículo 8, literal D, de la Ley 812 de 2003 es violatorio de la Constitución.

Es un hecho notorio que hoy en día los discapacitados y los padres y madres cabeza de familia no son objeto de preferencia a la hora de contratación laboral. Ciertamente, en procura de un eficientismo se busca contratar a personas con capacidades físicas plenas que pueda producir en mayor cantidad y calidad en el menor tiempo posible, característica que no reúnen, en términos generales, los limitados físicos, mentales, visuales o auditivos; además, se busca que la disposición de tiempo mental y físico sea plena, e incluso mayor a la del tiempo reglado de trabajo, cuando las necesidades de la empresa así lo impliquen, rasgo que, en términos generales, madres y padres cabeza de familia, que deben velar por la seria responsabilidad del manejo del núcleo familiar, no tienen. Así las cosas, es casi nula la posibilidad de que las personas con estas características que fueron desvinculadas en el proceso de Reestructuración de la Administración consigan trabajo. Esto, en primera medida, afecta sus ingresos monetarios. La disminución de ingresos es aún más grave para este tipo de personas por los altos costos médicos que, en la mayoría de ocasiones, implica el manejo de la limitación, o las erogaciones que conlleva el manejo de una familia ?las cuales, para quienes son cabeza de esta institución, están exclusivamente a su cargo-.

Además, así estas personas hayan recibido una indemnización en el momento de su desvinculación, el dinero de ésta no equivale al salario que, de manera indefinida, ellos seguirían recibiendo de continuar vinculados laboralmente. Lo anteriormente señalado permite afirmar que se deriva una consecuencia grave del trato diferenciado radicada en la afectación del mínimo vital de los desvinculados en estado de debilidad manifiesta.

Por otro lado, se generaría una consecuencia desventajosa en el derecho a la seguridad social en salud y en pensiones, puesto que ya no tendrían soporte del empleador en la cotización de los aportes a la segunda y perderían la continuidad y seguridad de la cancelación de los aportes de la primera que se ve plenamente garantizada con el pago de un salario.

A las consecuencias desventajosas en materia de seguridad social y mínimo vital se añaden los perjuicios al libre desarrollo de la personalidad derivados del trato diferencial. En el caso de las personas con limitaciones, es verdaderamente relevante la posibilidad de desarrollo social a través de una ocupación laboral, puesto que, de otra manera, generalmente, son objeto de ciertas discriminaciones o subestimaciones por parte de la comunidad que los rodea. Ahora bien, el hecho de que sea más relevante para las personas con limitaciones no implica que deje de ser altamente importante para una persona con salud plena, como lo puede ser una madre o un padre cabeza de familia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-991-04
1.5.9. Discriminación por sexo se puede realizar únicamente cuando se han identificado las actividades profesionales cuyo ejercicio hace del sexo una condición determinante

El actor se desempeñaba como auxiliar de servicios generales en una entidad. Posteriormente, fue declarado insubsistente para realizar sus labores por no cumplir con una condición esencial, la cual consistía en ser mujer. El actor consideró que se le estaba vulnerando su derecho a la igualdad. La Corte amparó el derecho considerando que si bien es cierto que la finalidad buscada era la de reestructurar las funciones administrativas de la entidad demandada mediante la introducción de modificaciones en la planta de personal, el medio adoptado fue completamente inadecuado y desproporcionado.

La Corporación, a pesar de su decisión, tuvo en cuenta que en el complejo ámbito de las relaciones laborales, con mayor o menor dificultad, es posible detectar actividades que, por razón del sexo, están fuera del alcance del principio de no discriminación y de la igualdad de trato; tal acontece con ciertas categorías o grupos profesionales que, merced a estimaciones ya de orden biológico o físico, ora de naturaleza social o cultural, se integran única o predominantemente por individuos pertenecientes a un sólo sexo. En estos limitados supuestos, la presencia mayoritaria o exclusiva de sujetos de un mismo sexo en la ejecución de una actividad persigue el mejor cumplimiento del conjunto de labores desarrolladas por una empresa determinada o la óptima prestación de un servicio público, propósitos que se verían desvirtuados si la vinculación de un trabajador de sexo distinto al requerido distorsiona, dificulta o en definitiva impide el correcto desempeño de las funciones propias de la respectiva actividad.

Se aprecia un conflicto entre el derecho a la igualdad que proscribe la discriminación basada en el sexo y la libertad de empresa que, en algunos eventos impone la derogación de la igualdad de trato en aras del cabal desarrollo de una actividad económica empresarial para la cual resulta indispensable contar con trabajadores de un solo sexo y, por consiguiente, excluir a los miembros del otro. Se torna imperioso lograr un punto de equilibrio entre dos derechos protegidos constitucionalmente, lo que obliga a proceder con extrema cautela en la identificación de las actividades profesionales cuyo ejercicio hace del sexo una condición determinante. Respecto del caso concreto, se consideró que las tareas de mantenimiento, cuidado y limpieza de las instalaciones de la entidad y la ejecución de trabajos materiales y rutinarios que requieren esfuerzo físico que, según el manual de funciones específicas, corresponden al empleo de auxiliar de servicios varios, no suponen como condición ineludible de su ejercicio la pertenencia de quien las ejecuta al sexo femenino.

Dijo por un lado, que las labores y las condiciones del desarrollo de este trabajo son susceptibles de atención por personas de uno y otro sexo y que el esfuerzo físico no es, en sí mismo, causa para impedir el acceso de las mujeres, pues como se anotó, debe prevalecer el análisis concreto de la situación individual de cada uno frente a las específicas funciones del respectivo cargo. Por el otro lado, estableció que no hay motivo para sostener que el mantenimiento y aseo sean tareas vedadas a los hombres; de serlo así se estaría contribuyendo a perpetuar prejuicios desconocedores de la igualdad esencial de los seres humanos. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-026-96
1.6. Derecho al descanso

1.6.1. El derecho al descanso retribuido es un derecho irrenunciable

El accionante se desempeñaba como celador en una institución educativa y tenía ciertas limitaciones físicas debido a su avanzada edad. Había solicitado en varias oportunidades el derecho al descanso ya que hacía ya varios años no había tomado vacaciones y la institución no dio respuesta alguna a su solicitud. La Corte amparó el derecho del accionante considerando que, salvo excepciones legales favorables, todo empleado público o trabajador oficial tiene derecho a disfrutar de 15 días hábiles de vacaciones, por cada año de servicios prestados en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8º Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978). En efecto, el derecho al descanso ha sido reconocido universalmente como una garantía laboral que ofrece a los trabajadores una posibilidad de descansar, distraerse y desarrollar sus facultades.

Por lo anterior, es de la esencia del derecho al descanso su carácter remunerado, ya que el trabajador interrumpe la prestación de los servicios pero mantiene el derecho al pago de su salario, pues sin el descanso remunerado el trabajador no podría recuperar las condiciones físicas y mentales indispensables para trabajar. Así pues, el descanso periódico retribuido es un derecho irrenunciable del trabajador, por lo que se considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las mismas de ahí que cuando se adquiere el derecho a las vacaciones, estas deberán ser concedidas por el jefe del organismo de oficio o a petición del interesado. No obstante, ello no significa que el empleado debe disfrutar de las vacaciones inmediatamente adquiera el derecho, pues el período de descanso podrá interrumpirse, aplazarse o, excepcionalmente cuando exista causa legalmente autorizada, compensarse en dinero.

En síntesis, el trabajador siempre debe gozar efectivamente de un período en el que pueda descansar. Respecto de la procedencia de la tutela, la Corte consideró que por regla general, el reconocimiento y goce del derecho al descanso debe ser debatido ante la jurisdicción ordinaria competente de acuerdo con la naturaleza jurídica de la vinculación laboral, ya sea la ordinaria laboral o la contencioso administrativa, por lo que el carácter residual de la tutela la hace improcedente. No obstante, el artículo 86 de la Carta consagra la posibilidad de que la acción constitucional prospere, aun existiendo otro medio de defensa judicial, cuando exista un perjuicio irremediable que autorice la protección transitoria del derecho fundamental amenazado o vulnerado. nota 1

En otra sentencia, la actora trabajaba como transmisionista en una emisora y su jornada laboral se le transformó de doce a 24 horas. La Corte estimó que tal situación desbordaba los límites que establece la jornada máxima laboral y desconoció el descanso como un derecho fundamental del trabajador, derecho que es irrenunciable y consustancial a la dignidad misma de la persona. Las facultades del empleador de ampliar la jornada máxima es legítima, siempre y cuando no sean decisiones arbitrarias que terminen afectando la dignidad de las personas. Por tal razón concedió la tutela y advirtió que la empresa podrá establecer el número de turnos que considerara convenientes, o implementar cualquier otro esquema de trabajo, siempre y cuando le garantizara a la demandante los períodos de descanso a que tenía derecho y los permisos remunerados para atender las citas y tratamientos médicos que requiera. nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-837-00, reiterada T-076-01
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-203-00
1.6.2. El pago en dinero por compensación de vacaciones procede proporcionalmente por fracción de año laborado

La Corte declaró la inexequibilidad de la expresión ?siempre que éste exceda de tres meses?, contenida en el inciso segundo del artículo 27 de la Ley 789 de 2002, que modifica el numeral 2º del artículo 189 del CST. Dicha norma, al referirse a la compensación en dinero de vacaciones, establecía que cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año, siempre que éste exceda de tres meses. Los demandantes consideraron que la expresión acusada contemplaba un trato desigual entre los trabajadores que laboraban y excedían tres meses y los que laboraban menos de tres meses, ya que éstos quedaban excluidos del pago de vacaciones proporcionales, lo cual va en desmedro de los artículos 13 y 25 de la Constitución.

La Corte sostuvo que es tarea fundamental del Estado en general, y del Legislador en particular, promover las condiciones jurídicas y fácticas necesarias a la reivindicación del trabajo, en el entendido de que la libertad de empresa con criterio rentable implica a su vez una función social en cabeza de los empleadores, función ésta que en términos constitucionales tiene como primeros destinatarios a los trabajadores de la empresa y, subsiguientemente, a los clientes de sus bienes y servicios. El trabajador, quien de suyo le aporta día a día sustanciales fuerzas al empleador para la generación de utilidades y crecimiento patrimonial, bien merece el reconocimiento y pago de un salario justo, el derecho al descanso diario y de fin de semana, y por supuesto, el derecho a vacaciones remuneradas o a su compensación en dinero por año laborado y, proporcionalmente, por fracción de año.

Así las cosas, una limitación temporal como la establecida en la norma acusada resulta lesiva del derecho al trabajo en términos del Preámbulo, al igual que de los artículos 1, 2, 25 y 53 de la Constitución Política. Consecuentemente, para la Corporación es claro que la expresión acusada desconoció el orden justo que se proclama desde el Preámbulo de la Constitución de 1991, la especial protección al trabajo y el derecho a que su remuneración sea proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, pues se trata de un derecho que se causa con el simple transcurso del tiempo laborado y, por ello no resultaba razonable ni proporcional que se desconociera un período de tiempo efectivamente trabajado. nota 1

Posteriormente, en otra decisión, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la expresión: ?por año cumplido de servicio y?, prevista en el artículo 27 de la Ley 789 de 2002. Dicho artículo establece la compensación en dinero de las vacaciones y señala que ?Cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá (por año cumplido de servicio y) proporcionalmente por fracción de año?.

La Corte reiteró su precedente con relación al alcance del derecho a las vacaciones en el régimen constitucional y laboral colombiano, y afirmó que la importancia de asegurar la efectividad del derecho laboral a las vacaciones se encuentra en que permite garantizar el carácter fundamental del derecho al descanso.

La Corte señaló que si bien el legislador puede establecer condiciones y requisitos para acceder a los beneficios mínimos previstos en las normas laborales, no puede por ello imponer trabas u obstáculos que desborden la naturaleza misma de la institución jurídica objeto de regulación. Para desentrañar el límite máximo que tiene el legislador para proceder a su establecimiento, los Convenios Internacionales de protección al trabajador se convierten en la herramienta apropiada para precisar el contenido abierto e indeterminado que en dicha materia reviste la Constitución Política. Luego, y en virtud de lo previsto en los artículos 5° y 11° del Convenio 132 de la O.I.T., es indiscutible que cualquier plazo que fije el Congreso de la República, en ningún caso, puede superar el lapso de seis (6) meses de prestación de servicios para tener derecho a vacaciones pagadas de forma proporcional.

En este orden de ideas, al imponer la disposición acusada la obligación previa de haber laborado un año, para acceder al pago proporcional de las vacaciones en dinero a la terminación del contrato de trabajo; es innegable que se encuentra en abierta oposición a los mandatos previstos en la Constitución Política, y en especial, al derecho fundamental al trabajo. Por lo anterior, la Corte declaró inexequible la expresión ?por año cumplido de servicio y? prevista en el artículo 27 de la Ley 789 de 2002, aclarando, en todo caso, que a partir de este fallo, el derecho a las vacaciones compensadas en dinero se obtendrá proporcionalmente por fracción de año, siempre y cuando el legislador no señale un término para su reconocimiento, el cual, en ningún caso, puede superar el lapso de seis (6) meses. nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-019-04
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-035-05
1.6.3. Claveros y escrutadores tiene igual derecho a un día compensatorio de descanso remunerado cuando no concurra otra forma de compensación o beneficio

Se analizó la constitucionalidad del inciso 3 del artículo 105 del Decreto 2241 de 1986 que señala: ?Los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la votación?.

La exclusión de estos trabajadores del beneficio del día de descanso consagrado en la norma resulta desproporcionado e irrazonable y constituye un trato discriminatorio que afecta el derecho fundamental al descanso.

Existen mayores similitudes entre los jurados de votación, claveros y escrutadores que diferencias, pues se trata de ciudadanos designados para cumplir funciones electorales de carácter temporal, no retribuidas, imprescindibles para el buen suceso de las elecciones, y que afectan con distinta intensidad el disfrute del derecho al descanso, por lo tanto prima facie deberían recibir un trato igual respecto al beneficio del día de descanso remunerado.

Por estar en juego un derecho fundamental -el derecho al descanso- , de conformidad con la metodología propuesta por esta Corporación en otras decisiones ?el denominado juicio integrado de igualdad-, el trato diferenciado sólo se justificaría si fuera indispensable para conseguir un fin constitucionalmente imperioso, lo que a todas luces no sucede en la presente situación, pues la diferencia de regulación en los regímenes jurídicos existentes entre jurados de votación, claveros y escrutadores no persigue ninguna finalidad constitucional.

La Corte declaró exequible la expresión ?jurados de votación? contenida en el inciso tercero del artículo 105 del Decreto 2241 de 1986, en el entendido que los claveros y escrutadores que presten sus servicios fuera de su horario habitual de trabajo tendrán derecho al beneficio de un día compensatorio de descanso remunerado, siempre y cuando no concurra con otra forma de compensación o beneficio, en los términos y con las condiciones indicadas en la parte motiva de esta sentencia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1005-07
1.6.3. Claveros y escrutadores tiene derecho a un día compensatorio de descanso remunerado cuando no concurra otra forma de compensación o beneficio

Se analizó la constitucionalidad del inciso 3 del artículo 105 del Decreto 2241 de 1986 que señala: ?Los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la votación?.

La exclusión de estos trabajadores del beneficio del día de descanso consagrado en la norma resulta desproporcionado e irrazonable y constituye un trato discriminatorio que afecta el derecho fundamental al descanso.

Existen mayores similitudes entre los jurados de votación, claveros y escrutadores que diferencias, pues se trata de ciudadanos designados para cumplir funciones electorales de carácter temporal, no retribuidas, imprescindibles para el buen suceso de las elecciones, y que afectan con distinta intensidad el disfrute del derecho al descanso, por lo tanto prima facie deberían recibir un trato igual respecto al beneficio del día de descanso remunerado.

Por estar en juego un derecho fundamental -el derecho al descanso- , de conformidad con la metodología propuesta por esta Corporación en otras decisiones ?el denominado juicio integrado de igualdad-, el trato diferenciado sólo se justificaría si fuera indispensable para conseguir un fin constitucionalmente imperioso, lo que a todas luces no sucede en la presente situación, pues la diferencia de regulación en los regímenes jurídicos existentes entre jurados de votación, claveros y escrutadores no persigue ninguna finalidad constitucional.

La Corte declaró exequible la expresión ?jurados de votación? contenida en el inciso tercero del artículo 105 del Decreto 2241 de 1986, en el entendido que los claveros y escrutadores que presten sus servicios fuera de su horario habitual de trabajo tendrán derecho al beneficio de un día compensatorio de descanso remunerado, siempre y cuando no concurra con otra forma de compensación o beneficio, en los términos y con las condiciones indicadas en la parte motiva de esta sentencia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1005-07
1.7. Terminación del contrato

1.7.1. Terminación del contrato debe ser justa, razonable, proporcionada y respetar el derecho de defensa del trabajador

La Corte declaró exequible la disposición que autoriza al empleador para poner fin, con justa causa, a la relación laboral en forma unilateral. La Corporación consideró que aunque la norma faculta al patrono para poner fin al contrato laboral ello no implica que su decisión esté cubierta por el ordenamiento incluso cuando es caprichosa o arbitraria. Para efectos de su aplicación, es necesario que se surta un procedimiento previo que garantice al trabajador su derecho de defensa. La terminación del contrato de trabajo debe ser una resolución justa, razonable y proporcionada con la conducta asumida por el trabajador, que para el caso de debate, es la violencia grave, la injuria o el maltrato contra el patrono, su familia, sus representantes o socios y vigilantes de la empresa.

Los hechos que dan lugar a la configuración de la causal referida deben ser analizados por el empleador en forma razonable, objetiva e imparcial y estar plenamente demostrados para evitar decisiones injustificadas que puedan perjudicar al trabajador. Por otro lado, la Corte estableció que el derecho a la defensa del trabajador debe ser ejercido y para poder solucionar las controversias laborales a través del diálogo y los medios pacíficos. Se trata, en últimas, de evitar que todos los conflictos sean materia de pronunciamientos judiciales, y conseguir que los problemas se resuelvan por un acuerdo de las partes, respetando el debido proceso. nota 1

En posterior sentencia de unificación, el actor fue despedido de la entidad en donde trabajaba, sin dársele ninguna oportunidad de defenderse, ni de ser oído en descargos. La Corte estableció que el poder otorgado por la ley al patrono para dar por terminada unilateralmente la relación contractual no puede ser absoluto ni abusivo, menos todavía si se establece que el ejercicio de la atribución no es otra cosa que un instrumento retaliatorio respecto de situaciones ajenas al campo estrictamente laboral. Además, ya la Sala Plena había hecho visible la relatividad de las facultades patronales en cuanto a la terminación del contrato de trabajo, así como el principio de estabilidad que favorece por mandato constitucional a todos los trabajadores y la necesaria aplicación del debido proceso cuando se trata de decisiones unilaterales del empleador. Por estas razones, la Corte concedió la tutela y ordenó reintegrar al accionante a su trabajo. Adicionalmente, la Corte dijo que el respeto al derecho a la defensa se exige como condición indispensable para la terminación unilateral del vínculo laboral por parte del patrono. nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-299-98
  2. Corte Constitucional, Sentencia SU-667-98
1.7.2. Debido proceso mínimo en caso de terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa

Un trabajador despedido con justa causa, interpuso acción de tutela para la protección de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al buen nombre, los cuales, consideró vulnerados por la terminación unilateral de su contrato de trabajo, sin informarle los motivos de la decisión. La Corte ha sostenido que la facultad del empleador de terminar unilateralmente el contrato de trabajo con justa causa no es ilimitada sino que debe realizarse de conformidad con un debido proceso mínimo, como garantía de los derechos del trabajador. Estas limitaciones se refieren tanto a la forma en que se debe llevar a cabo el despido con justa causa, como a las causales que puede alegar el empleador. En cuanto a la forma, el empleador tiene varias obligaciones:

1. Manifestarle al trabajador los hechos por los cuales se va a dar por terminado el contrato, sin que le sea posible al empleador alegar hechos diferentes en un eventual proceso judicial posterior.

2. Garantizar al trabajador la oportunidad de defenderse de las imputaciones que se le hacen.

3. Que el despido se haga de conformidad con el procedimiento previamente determinado.

4. Que se configure alguna de las causales expresa y taxativamente enunciadas en el Código Sustantivo de Trabajo.

5. Que la justa causa alegada para terminar unilateralmente el contrato de trabajo, tenga una relación de inmediatez.

Corresponde a los jueces laborales ordinarios al analizar la justa causa de la terminación unilateral del contrato de trabajo, establecer si en el trámite del despido se cumplieron a cabalidad los deberes constitucionales enunciados que buscan garantizar el respeto de un debido proceso mínimo, especialmente en caso de terminación unilateral del contrato con justa causa nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1103-02
1.7.3. La violación del derecho de defensa del empleado constituye un despido injustificado que genera la obligación de indemnizar, mas no de reintegrar

Al revisar una acción de tutela interpuesta por un trabajador, que alegó no habérsele adelantado un debido proceso para efectuar su despido, la Corte consideró que el derecho de defensa se extiende a las relaciones frente a empleados particulares, cuando se pretenda dar por terminado unilateralmente un contrato de trabajo por justa causa. La Corte estableció que se presupone la obligación de manifestarle al trabajador los hechos concretos por los cuales va a ser despedido y se debe dar la oportunidad de controvertir las imputaciones que se le hacen. Sin embargo, esto no implica que se deba surtir un debido proceso en los términos del artículo 29 de la Constitución Política, pues ello desbordaría el alcance de dicha norma, que en su misma redacción, restringe su aplicación a las actuaciones administrativas y judiciales. Si el empleador no cumple con las condiciones expuestas para el derecho de defensa se constituye un despido injustificado que genera la obligación de indemnizar, pero no la de reintegrar. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-546-00
1.7.4. Terminación del contrato a término fijo no viola el principio de estabilidad en el empleo

La Corte Constitucional declaró exequibles las normas laborales que regulan el contrato a término fijo, demandadas por violar, presuntamente, el principio de estabilidad en el empleo contemplado en la Constitución. Se observó que en las relaciones laborales, a pesar de las restricciones legales para determinar las condiciones de las mismas, existe autonomía y libertad para llegar a acuerdos que rijan en determinadas situaciones laborales, y optar, para el efecto, por una de las alternativas que prevé la ley, siempre y cuando estas determinaciones se enmarquen dentro del Estado Social de Derecho y de las normas del orden público. El principio de la estabilidad de los empleos no se opone a la celebración de contratos a término indefinido.

Cuando la norma hace referencia a término fijo, responde a la idea de estabilidad en el empleo siempre que exista por parte del trabajador, la expectativa de conservar el empleo en cuanto cumpla con sus obligaciones laborales, y por otro lado el interés del empleador, motivado en las necesidades de la empresa, de prolongar o mantener el contrato de trabajo. La renovación sucesiva de los contratos a término fijo no vulneran el principio constitucional de estabilidad laboral, pues al final del plazo inicial se debe garantizar la renovación siempre y cuando subsistan la materia del trabajo y las causas que lo originaron y el trabajador haya cumplido efectivamente sus obligaciones. No se vulnera con los contratos a término indefinido el principio de igualdad, teniendo en cuenta que no son iguales las hipótesis de este tipo de relaciones laborales en los contratos a término indefinido. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-016-98
1.7.5. Requisitos para poder dar por terminado el contrato de trabajo a término fijo de una persona portadora de vih

La actora presentó acción de tutela porque consideró que la empresa para la que trabajaba vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, a la seguridad social y a la vida al terminar su relación laboral por el hecho de ser portadora asintomática del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). El conflicto tuvo su origen en la terminación de un contrato laboral a término fijo por vencimiento del término pactado, el cual fue renovado continuamente por el empleador durante cinco años. La determinación de la naturaleza del contrato y sus prórrogas, así como la legalidad de su terminación unilateral, corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral, por lo que la actora instauró la acción laboral ordinaria como medio ordinario de defensa para controvertir la terminación de su vínculo laboral y lograr la protección de sus derechos.

La Corte reiteró que a pesar de la existencia de un medio de defensa ante la jurisdicción ordinaria laboral, el juez constitucional no puede ignorar una serie de circunstancias que hacen procedente la acción de tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Dentro de esas circunstancias se resaltó que la actora se encontraba infectada con el virus de inmunodeficiencia humana, enfermedad calificada como catastrófica y cuyo tratamiento, además de ser de alto costo, no podía ser suspendido sin una sensible disminución de su calidad de vida; que al momento de la terminación del contrato de trabajo el empleador tenía conocimiento del padecimiento de la accionante y que, además de no contar con ingresos diferentes al salario que percibía por su trabajo, era madre cabeza de familia de varios hijos.

En cuanto a la garantía constitucional a la estabilidad laboral la Corte sostuvo que a pesar de que la renovación sucesiva no implica que la vinculación laboral deje de estar sujeta a las disposiciones que gobiernan los contratos laborales a término fijo, el principio constitucional de la estabilidad laboral impide que la decisión del empleador de desvincular a un trabajador por el simple vencimiento del plazo sea absoluta. Así, la jurisprudencia constitucional ha dicho que si a la fecha de expiración del plazo subsisten las causas que dieron origen a la contratación habiendo el trabajador cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones, éste tiene derecho a que se le renueve el contrato de trabajo por un término equivalente.

Es decir, que para que la decisión de no renovar el contrato de trabajo a término fijo se repute legítima y justa, ésta debe responder a la existencia de una condición objetiva, bien porque las causas que originaron la contratación del empleado desaparecieron, o bien porque no fue suficiente el rendimiento del trabajador. Este principio constitucional que protege las expectativas ciertas y fundadas de todo trabajador de conservar su empleo en las condiciones señaladas anteriormente y que resulta aplicable de manera general a los contratos laborales a término fijo, está llamado a ser observado con mayor vigor en aquellos contratos laborales suscritos con personas sujetas a una especial protección constitucional.

Con relación a la protección constitucional en el ámbito laboral a los portadores del virus del VIH la Corte advierte que la estabilidad reforzada reconocida a las personas infectadas con dicho virus no es absoluta. En efecto, no hay lugar a considerar amenazados o vulnerados los derechos fundamentales de la persona infectada si se prueba que el empleador no tenía conocimiento de la enfermedad del trabajador al terminar la relación laboral o que la motivación que originó la desvinculación no guarda relación con su padecimiento sino con otras circunstancias objetivas que legitiman el proceder del empleador.

Señaló la Corte que para tomar una decisión acerca de la vulneración de los derechos fundamentales invocados no podía ignorarse que el comportamiento del empleador desde cuando le fue detectado a la actora que padecía del virus de inmunodeficiencia humana, estuvo guiado por medidas solidarias tendientes a adaptarse a la situación de la accionante. Las pruebas demostraron que a la demandante se le detectó el virus de inmunodeficiencia humana luego de la muerte de su esposo por esta misma enfermedad. Su contrato de trabajo fue prorrogado varias veces por el accionado, continuando con las cotizaciones a la seguridad social que le permitieron acceder a los servicios de salud que requería para retardar la aparición de los síntomas, disminuir la progresión de la enfermedad y mejorar su calidad de vida.

Inclusive, estos servicios médicos fueron prestados en la misma clínica donde laboraba como lo demuestra la historia clínica que se anexó al expediente. Además, la actora fue trasladada del área asistencial al área administrativa, como medida preventiva para evitar la propagación de la enfermedad y para proveerla de una labor en la cual pudiera seguir desempeñándose. Sin embargo, aún cuando las pruebas desvirtúan la inmediatez entre la comunicación de la enfermedad al empleador y la terminación de la relación laboral, ello no implica la inexistencia de una relación causal entre su padecimiento y la finalización de su vinculación, así como tampoco implica la inexistencia de vulneración a los derechos fundamentales de la trabajadora.

Recordó la Corte que la accionante se encontraba en una situación de debilidad manifiesta, lo que le daba derecho a una especial protección constitucional con fundamento en el principio de la solidaridad y en la estabilidad laboral reforzada. Si bien, es obligación del Estado garantizar y proporcionar, dentro del marco del sistema nacional de seguridad social, los medicamentos y el cubrimiento médico de todo ciudadano carente de recursos para cotizar a una entidad prestadora de salud, su condición de portadora asintomática del virus del VIH constituía un obstáculo para acceder a un nuevo empleo en el área en la cual se venía desempeñado, así como para obtener otro trabajo en igualdad de condiciones, dificultando a su vez, la obtención de las condiciones mínimas para su subsistencia y la de su núcleo familiar.

A juicio de la Corte, el deber constitucional de actuar solidariamente implica reconocer que las particulares circunstancias de la trabajadora no son ajenos al devenir de la relación laboral existente, imponiéndole la obligación a la clínica accionada de renovar el contrato laboral para asistir, colaborar y permitir el ejercicio de los derechos fundamentales de la accionante, como lo venía haciendo desde hace varios años. Se aclaró que los principios de estabilidad laboral y de solidaridad no deben entenderse como generadores de un deber perpetuo en cabeza del accionado, pues ello sería una carga irrazonable e incompatible con otros valores también protegidos como la autonomía y la libertad de los particulares para actuar. Sin embargo, si exige que el empleador hubiese demostrado las circunstancias objetivas que súbitamente motivaron la no renovación del contrato laboral.

La Corte concedió la tutela de manera transitoria para proteger los derechos fundamentales al trabajo, igualdad, vida y seguridad social, así como la dignidad de la actora y, en consecuencia ordenó al empleador su reintegro al cargo que venía desempeñando u otro equivalente. Dicha orden tiene efectos transitorios mientras la jurisdicción laboral se pronuncia de manera definitiva y con fuerza de cosa juzgada sobre la acción laboral ordinaria interpuesta por la accionante, y no impide al accionado terminar el contrato laboral al vencimiento del plazo establecido, en el evento que se presentara una causa objetiva conforme a los términos señalados en el presente fallo. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-469-04
1.7.6. Límites a la posibilidad de despido por justa causa de personas portadoras de vih

Un trabajador fue despedido de su empleo debido a que era portador del virus del SIDA. La Corte Constitucional amparó el derecho del trabajador por la inadecuada actuación del patrono al abusar de su poder y dejar en estado de desprotección a su empleado, que terminó sin la posibilidad de acceder a otro puesto de trabajo, debido a que el no tener trabajo impidió acceso a la seguridad social y por lo tanto el requisito para contratar laboralmente, del examen del VIH, se volvía difícil de cumplir. La Corte consideró que el empleador en virtud del deber de solidaridad social no podía hacer uso de la facultad de despedir sin justa causa, pagando la indemnización correspondiente, frente a personas que se verán abocadas a un estado de debilidad por la discriminación social a la que se veían sometidos y por los padecimientos físicos que le vendrían.

Hay que tener en cuenta que el portador no era un enfermo y por lo tanto estaba en condiciones de mantener su ritmo de trabajo, lo cual suponía que no podía alegarse la causal de despido contemplada en el régimen laboral por padecer enfermedades, pues eran personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana que no presentaban síntomas ni signos de enfermedad, ni ofrecían peligro de contagio en las actividades ordinarias de trabajo, a diferencia del trabajador enfermo incapacitado para el trabajo y cuya curación no haya sido posible durante 180 días, evento en el que existe la justa causa para dar por terminada la relación laboral como lo señala el numeral 15 del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965. nota 1

A una vendedora ambulante contratada por una empresa se le diagnosticó SIDA por parte de los médicos de la empresa prestadora de salud a la cual fue afiliada por el patrono. Como efectos de una orden de tutela, la empresa de salud empezó a proporcionar las drogas y ordenó la práctica de exámenes, pero finalmente se suspendió la atención por cuanto el empleador dejó de pagar las cuotas de salud, alegando que el contrato de trabajo con la trabajadora había expirado y no había sido renovado. No teniendo más recursos, intentó otra acción de tutela en razón de la cual la Corte amparó sus derechos ordenando al empleador mantener a la trabajadora en el cargo, permitiéndole cumplir su labor en un puesto de ?promoción de apuestas en el que no se vea precisada a caminar durante toda la jornada, cuando su estado de salud no le permita hacerlo.?

La Corporación ordenó a los empleadores cancelar a la accionante lo adeudado y mantenerla en la empresa; esto implicaba conservar a la accionante vinculada al sistema nacional de seguridad social en calidad de aportante. La corporación ordenó que sólo podrán las empresas poner término a la relación laboral con la accionante cuando haya orden judicial y en los términos de la Sentencia SU-256/96. Para la Corte Constitucional la dramática situación de vulnerabilidad, que requiere un trato especial de solidaridad con respecto a los trabajadores portadores de SIDA, obliga a que no sean excluidos unilateralmente, por parte del empleador del sistema nacional de salud, y se les deberá por lo tanto, continuar pagando las cuotas correspondientes a su seguridad social, derecho éste, susceptible de ser reclamado por vía de tutela.

Por otra parte, se le deberá brindar al trabajador portador y enfermo de Sida condiciones laborales en las que pueda cumplir sus funciones de acuerdo a su estado de salud y su despido no puede realizarse sin justa causa. Ahora bien, si se intenta alegar para el despido la enfermedad que padece el trabajador, se deben llenar los requisitos contemplados en la norma, es decir, la incapacidad de llevar a cabo el trabajo durante más de 180 días. nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-256-96
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-136-00
1.7.7. Terminación del contrato a término fijo a trabajador con limitación sensorial no vulnera el derecho al trabajo

El actor estuvo vinculado, mediante un contrato de trabajo a término fijo, a un conjunto residencial, en calidad de vigilante. Afirmó que en el desempeño de su actividad sufrió un accidente y como consecuencia del éste perdió paulatinamente su visión. Al vencimiento del contrato de trabajo, el empleador decidió no renovarlo, por lo cual además dejó de cancelar los aportes en salud al seguro social. Por lo anterior, el ISS se negó a atenderlo. Debido a esto, consideró el actor que se le violaron su derecho al trabajo y a la salud. La Corte negó el amparo solicitado considerando que a pesar de que la conducta del empleador no fue un ejemplo de solidaridad humana y que moralmente era reprochable la indiferencia del patrono con respecto al destino de su trabajador, no significaba que su conducta hubiera sido ilegal o inconstitucional.

No todas las conductas que son éticamente reprobables constituyen una vulneración al derecho. Las normas jurídicas que rigen los contratos de trabajo a término fijo amparan la conducta del patrono, a pesar de las objeciones éticas que se le puedan formular. En el caso, el patrono resolvió no prorrogar el contrato y, para el efecto, le envió un escrito al trabajador, con una antelación superior a los 30 días, en el que le informaba de su decisión. De esta manera, el contrato terminó por el vencimiento del plazo acordado, para lo cual el patrono cumplió con todos los requisitos legales. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-872-00, reitera la sentencia C-588-95, que declara exequible las disposiciones legales que tratan sobre el contrato a término fijo.
1.7.8. Eventos en los cuales no procede la terminación de un contrato a término fijo a una persona discapacitada o enferma

El actor afirmó que en agosto del 2003 fue despedido de su puesto de trabajo en un Municipio a raíz de la incapacidad laboral que sufrió 17 meses atrás, luego de un accidente de trabajo. La entidad demandada indicó que la desvinculación se produjo, simplemente, por el vencimiento del término del contrato laboral pactado.

La Corte Constitucional recordó que las personas enfermas o discapacitadas que hubieren celebrado un contrato a término fijo, tienen también derecho a la estabilidad laboral reforzada, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la sentencia C-016 de 1998. En otras palabras -dijo, el cargo por presunta vulneración del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de una persona que se encontraba vinculada a través de un contrato a término fijo sucesivamente renovado resulta procedente siempre que se demuestre i) que subsiste la necesidad del servicio que el trabajador cubría; ii) que este tenía buenas razones para confiar en la renovación del contrato en la medida en que subsistiera la materia de trabajo, y iii) que el trabajador hubiera cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones laborales.

Analizados los supuestos fácticos del caso, el Alto Tribunal no encontró demostrada la relación entre la discapacidad sufrida por el trabajador y la terminación del contrato, pues éste había sido renovado en nueve oportunidades luego del accidente de trabajo sufrido por el trabajador y en cuatro ocasiones después de empezar sus terapias de rehabilitación. Tampoco en el proceso se demostró que la situación de salud del ex trabajador se hubiera agravado con el paso del tiempo ? desde el accidente sufrido hasta la fecha en la que se decide no renovar nuevamente el contrato ? o que su incapacidad hubiere sufrido un incremento o que antes de la decisión de no renovar el contrato el municipio hubiere dado muestras de su inconformidad por la situación sufrida.

Bajo tales circunstancias, la Corte no observó un nexo causal evidente entre la disminución de la capacidad laboral del trabajador ? con todas las consecuencias que ello aparejaba y la no renovación del contrato de trabajo. Por tal razón la Corte concluyó que no era procedente conceder la tutela, menos aún cuando el actor había esperado el paso de trece meses luego de su desvinculación laboral para interponer la misma, lo que denotaba ausencia de un perjuicio que fuera necesario conjurar de manera inmediata. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-309-05
1.7.9. El empleador no puede mantener indefinidamente al trabajador en contra de su voluntad

El actor presentó acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de escoger profesión u oficio y trabajo por la sociedad donde trabajaba como revisor fiscal, debido a que a pesar de haber presentado renuncia al cargo, ésta no pudo ser tramitada porque la junta de socios no atendió las citaciones que se le hicieron para estos efectos. Por esa razón, no le fue posible liberarse de la responsabilidad que tal cargo impone, habida consideración que ante la Cámara de Comercio el soporte válido para separarse del cargo es el acta donde conste la aceptación de la renuncia.

La Corte sostuvo que al actor se le afectó de manera grave el derecho fundamental al trabajo y al trabajo en condiciones dignas y justas, tal y como lo establece el artículo 25 de la Constitución, que además dispone la especial protección a este derecho por parte del Estado, toda vez que la conducta asumida por la empresa empleadora pretende mantenerlo vinculado de manera indefinida contra su voluntad, lo que implica que la labor no será realizada ni en condiciones dignas, ni en condiciones justas pues, como salta a la vista, la propia dignidad del trabajador impone el respeto a su decisión de ponerle fin a la relación laboral y de desempeñar su trabajo a satisfacción.

La Corte concedió el amparo solicitado porque el revisor fiscal estaba en todo su derecho de retirarse de la compañía, y de procurar un mejor desarrollo profesional, pues no tendría sentido vincularlo a una sociedad con los consecuentes efectos que pudiera tener en materia de restricciones, en particular respecto al número de las compañías en que puede desempeñar el cargo. Tal como se dedujo de las pruebas aportadas por el demandante, se presentó una desatención grosera de los deberes del representante legal y la junta de socios para asistir a la asamblea extraordinaria, después de haber agotado el procedimiento que le correspondía como revisor fiscal, insistiendo dos veces en las convocatorias al máximo órgano social y después de haber informado tanto a la Superintendencia de Sociedades, a la Cámara de Comercio y la DIAN de la situación presentada, a fin de que se adoptara la decisión respectiva de desvincularlo de su cargo, no encontró pronunciamiento alguno ni solución efectiva a la vulneración de su derecho fundamental al trabajo.

En consecuencia, la Corte determinó que si pasados 30 días a partir de la notificación del fallo, no le había sido aceptada la renuncia como revisor fiscal, ya fuera por decisión de la Asamblea General de la empresa o mediante la intervención de la Superintendencia de Sociedades conforme a la ley, el actor podía hacer dejación del cargo de revisor fiscal de la sociedad, en virtud de lo resuelto en la sentencia, de lo cual debía informar tanto a la Cámara de Comercio como a la Superintendencia de Sociedades. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-395-04
1.7.10. La terminación unilateral del contrato de trabajo durante la vigencia del período de prueba no debe afectar derechos fundamentales del trabajador

Una mujer interpuso acción de tutela contra el banco que terminó unilateralmente el contrato de trabajo que había suscrito. La actora consideró que tal actuación vulneraba sus derechos constitucionales a la vida, la salud y la seguridad social, puesto que la cesación de los efectos de la relación laboral se sustentaba, a su juicio, en la enfermedad renal que padeció durante la vigencia del periodo de prueba, por lo que la terminación del contrato y la subsiguiente desafiliación al sistema de seguridad social en salud ponían en riesgo su integridad física.

De acuerdo con las pruebas practicadas la Corte observó que la evaluación de desempeño realizada por el banco concluyó que la actora obtenía resultados insatisfactorios en los criterios de (i) comprensión y dominio de las funciones del cargo y las responsabilidades inherentes al mismo y (ii) obtención de los resultados esperados sin mayor supervisión, lo que permitió concluir que la actora al mostrar debilidades en el aspecto comercial, obtuvo una calificación equivalente a 93 puntos, inferior al mínimo exigido para la aprobación del periodo de prueba. En este sentido, la posible discriminación en el empleo en razón de la enfermedad queda desvirtuada, pues la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo estuvo motivada, no en la condición de salud de la accionante, sino en la comprobación de la carencia de aptitudes suficientes para el empleo asignado, lo que permite a su vez concluir que la decisión adoptada por el demandado no fue arbitraria sino que, antes bien, tuvo sustento en la evaluación de las habilidades de la actora para el empleo, en los términos del artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo.

La Corte advirtió que los criterios utilizados por el banco para evaluar el desempeño de la actora distan de referirse a condiciones cuantitativas y, en contrario, constituyen parámetros de naturaleza cualitativa, que dan cuenta de las aptitudes del trabajador para el ejercicio de la labor encomendada. En este sentido, el hecho que la actora haya estado incapacitada para laborar por un lapso de once días durante la vigencia del periodo de prueba, no constituye un factor que modifique de forma sustancial la valoración de dichos criterios.

Con base en lo anterior, la Corte concluyó que el ejercicio de la facultad de terminación unilateral del contrato por parte del banco accionado es compatible con la protección de los postulados constitucionales, en especial la proscripción de la discriminación injustificada en el empleo, por lo que confirmó el fallo de instancia que negó la tutela de los derechos constitucionales a la vida, la salud y la seguridad social de la actora.

Con todo, la Corte aclaró que la terminación unilateral del contrato de trabajo durante la vigencia del periodo de prueba por parte del empleador, si bien es una facultad discrecional, no puede ser entendida como una licencia para la arbitrariedad, sino que, en contrario, debe fundarse, de acuerdo con las normas legales que regulan la materia, en la comprobación cierta de la falta de aptitudes suficientes por parte del trabajador para el desempeño de la labor encomendada. Por tanto, al despido durante la vigencia del periodo de prueba, basado en un tratamiento discriminatorio injustificado, no podrá otorgársele los efectos jurídicos fijados en la legislación laboral para esta clase de actuaciones, por la simple razón que dicha actuación negaría el valor normativo de las cláusulas constitucionales que se constituyen en derechos fundamentales de los trabajadores, derivados del principio de igualdad (Art. 13 C.P.), el que además de proscribir la discriminación por determinados criterios, impone deberes positivos de promoción en materia laboral a sujetos de especial protección constitucional, de conformidad con lo estipulado en el artículo 54 Superior. De esta manera, un entendimiento ilimitado y absoluto de la posibilidad de resolver el contrato durante el periodo de prueba puede afectar el derecho a la igualdad de oportunidades en el empleo para los discapacitados y la libertad sindical.

En síntesis, la Corte concluyó que el periodo de prueba, de conformidad con lo estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo, permite la terminación del contrato de trabajo sin motivación expresa. Con todo, esta facultad no puede extenderse al punto de afectar los derechos fundamentales del trabajador, en especial, en lo relativo a la prohibición de la discriminación injustificada en el empleo. Por ello, la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador durante la vigencia del periodo de prueba debe estar fundada, a fin de evitar decisiones arbitrarias contrarias a los postulados de la Carta Política, con la comprobación objetiva de la falta de las competencias mínimas para el ejercicio de la labor por parte del trabajador. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-978-04
1.8. Derecho a las prestaciones e indenmizaciones y al pago de los créditos laborales

1.8.1. Indemnizaciones por terminación unilateral del contrato sin justa causa

La Corte encontró constitucionales los artículos del Código Sustantivo del Trabajo en donde se regulan las sumas de dinero que debe cancelar el empleador como indemnización por despido injusto. Los demandantes consideraban que las sumas allí dispuestas eran irrisorias ante la magnitud del daño presentado en la ocurrencia de un despido sin justificación alguna. Ante esto, la Corte replicó que las cuantías previstas alcanzan la reparación del daño sufrido por el trabajador a causa del despido, a menos que se pruebe un perjuicio más grave del tasado por el Legislador. Por otro lado, la Corte justificó la posibilidad de despido injusto por parte de los empleadores, porque resultó contrario a la autonomía de la voluntad, como expresión de la libertad, que ambas partes queden atadas a perpetuidad por ese vínculo, petrificando inconstitucionalmente los lazos contractuales. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1507-00
1.8.2. Indemnización moratoria por falta de pago de los salarios y prestaciones debidas a la terminación del contrato de trabajo

· Libertad de configuración del Legislador en materia de indemnización moratoria

La Corte declaró la constitucionalidad del inciso primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2003, que regula la indemnización a que tiene derecho el trabajador por falta de pago del salario y las prestaciones debidas al momento de la terminación del contrato. En concepto del demandante era inconstitucional el inciso 1° del artículo 29, porque desconoce los derechos adquiridos de los trabajadores en relación con el antiguo régimen de indemnización moratoria regulado en el artículo 65 del CST, vulnerando de esta forma los artículos 25 y 53 de la Constitución.

Sobre el posible desconocimiento de los derechos adquiridos de los trabajadores al antiguo régimen previsto en el artículo 65 del CST la Corte señaló que la nueva reglamentación de la indemnización moratoria prevista en el artículo 29 de la Ley 789 de 2003 no puede afectar los derechos adquiridos de aquellos trabajadores que antes de comenzar a regir dicho ordenamiento legal habían concluido su relación laboral y, por tanto, se rigen por el mecanismo indemnizatorio previsto originalmente en el artículo 65 del CST cuando en presencia de tal circunstancia el empleador no cancela los salarios y prestaciones debidos al trabajador. El que el inciso impugnado no haga expresamente esta advertencia no significa que sea inconstitucional, pues se repite, dicha disposición laboral no tiene carácter retroactivo.

El Legislador, atendiendo las condiciones económicas y sociales del momento, puede introducir enmiendas a la legislación laboral, sin más límites que los que le imponga la misma Constitución y los derechos fundamentales de las personas. Así lo hizo al modificar mediante el precepto censurado la indemnización por falta de pago, sin que en manera alguna pueda afirmarse que por esta sola circunstancia haya violado derechos adquiridos, pues, la ley rige hacia el futuro y nadie tiene derecho a una eterna reglamentación de sus eventuales derechos y obligaciones. Así, es incorrecto afirmar que el régimen de indemnización moratoria vigente hasta la expedición de la Ley 789 de 2002 se hace extensivo a todos los contratos suscritos antes de su promulgación, por cuanto el derecho a ese pago únicamente se consolida cuando a la fecha de terminación del vínculo laboral el empleador no cancela los salarios y prestaciones sociales al trabajador, pero en manera alguna nace al momento mismo de la celebración del contrato. nota 1

· La diferencia legal entre trabajadores que perciben hasta un salario mínimo y los demás en matera de indemnización moratoria no vulnera el derecho a la igualdad

La Corte declaró exequible, en lo acusado, el parágrafo segundo del artículo 29 de la Ley 789 de 2002. Dicha norma establece que la indemnización por falta de pago que se establece en el inciso 1º del artículo 29 solo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente, mientras que para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo. Según el demandante, las expresiones acusadas del parágrafo 2° del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 desconocían el derecho a la igualdad, pues autorizan un régimen de indemnización por falta de pago para los trabajadores que devenguen hasta un salario mínimo mensual vigente, y otro a los demás trabajadores, esto es, para quienes perciben más de ese salario, de tal manera que se vulnera el derecho a la igualdad.

Sostuvo la Corte que nada impide que el Legislador pueda adoptar los mecanismos de protección que juzgue convenientes para trabajadores que por percibir hasta un salario mínimo se encuentran en situación de vulnerabilidad, siempre que sean adecuados y proporcionados, pues al hacerlo no sólo propende por la dignificación de la persona humana, sino por la efectividad del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. La Corte advierte que el trato diferente establecido en el parágrafo 2° de la Ley 789 de 2002, en favor de quienes perciben hasta un salario mínimo mensual vigente, está fundado en una justificación objetiva y razonable, ya que tal medida tiene por finalidad proteger a dichos trabajadores por tratarse de personas que, desde el punto de vista económico, se encuentran en una situación de vulnerabilidad manifiesta que las coloca en inferioridad de condiciones en relación con el resto de los trabajadores que reciben una asignación salarial superior.

Situación que se acentúa cuando quedan cesantes en su empleo, y la mora supera los veinticuatro (24) meses, donde el no pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales amenaza graves perjuicios tanto para el trabajador como para quienes de él dependen. Así las cosas, lejos de atentar contra el derecho de igualdad la norma acusada pretende hacerlo efectivo, pues al prolongar para los trabajadores que reciben hasta el salario mínimo la vigencia del régimen de indemnización moratoria previsto en el artículo 65 del CST, el Legislador cumple con el mandato del artículo 13 de la Carta que le impone al Estado el deber de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad manifiesta. nota 2

· La mora judicial no puede afectar el derecho a la indemnización moratoria de los trabajadores

La Corte declaró inconstitucional la expresión ?o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial?, contenida en el inciso primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2003. La norma acusada establecía como indemnización por falta de pago de los salarios y prestaciones debidas a la terminación del contrato de trabajo, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.

Es decir, que el trabajador perdía el derecho a recibir la indemnización moratoria desde el mes veinticinco (25) de no pago, cuando a pesar de haber promovido demanda ante la jurisdicción ordinaria la autoridad encargada de conocer de su caso no había adoptado una decisión. A juicio de la Corte la morosidad en el trámite de reclamaciones ante la jurisdicción ordinaria no puede traducirse en la pérdida de derechos para el trabajador. Dicho aparte consagra una exigencia que resulta desproporcionada para el trabajador y constituye un detrimento de sus derechos, en particular a recibir la indemnización moratoria, por cuanto aquel se vería afectado como consecuencia de una conducta que le es extraña: la tardanza de la administración de justicia en la definición de las controversias laborales.

Al respecto la Corte entendió que el trabajador mantiene intacto su derecho a la indemnización moratoria si dentro de los 24 meses siguientes a la ruptura de su nexo contractual reclama por la vía ordinaria el pago de sus acreencias dejadas de pagar, toda vez que con ello cumple con el propósito que llevó al Legislador a plantear la reforma, es decir, evitar un reclamo judicial tardío con el fin de recibir una cuantiosa suma de dinero. Ahora bien, esto no significa que el empleador sea entonces quien debe soportar la carga de la mora judicial, porque aquel cumplirá con su obligación con el hecho de consignar ante el juez del trabajo o ante la primera autoridad política del lugar la suma que confiese deber mientras la justicia decide la controversia. nota 3

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-781-03
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-781-03
  3. Corte Constitucional, Sentencia C-781-03
1.8.3. Los créditos laborales causados con posterioridad al acuerdo concordatario se pagan como gastos de administración

Unas personas interpusieron acción de tutela contra la Superintendencia de Sociedades por considerar que se violó el derecho fundamental al debido proceso al no acceder a la modificación e inclusión, dentro del auto de calificación y graduación de créditos en el proceso de liquidación de la sociedad de la que eran trabajadores, de sus acreencias laborales reconocidas en sentencias judiciales.

La Corte señaló que todos aquellos créditos laborales causados desde la iniciación de un proceso concordatario constituyen ?gastos de administración? y en esa medida su pago está revestido de una especial protección derivada de su naturaleza y reconocida expresamente por la ley. Ligado a lo anterior, la Corte ha señalado que las dificultades económicas que afronta una empresa en el desarrollo de sus negocios no constituyen excusa para justificar el incumplimiento en las obligaciones con los trabajadores. Incluso en situaciones concordatarias subsiste la obligación de satisfacer las acreencias laborales, por constituirse éstas en gastos de administración con prioridad frente a cualquier otra acreencia.

Ahora bien, el hecho de que un crédito laboral no haya sido registrado por la entidad desde un comienzo, sino que sea el resultado de un proceso judicial, no altera en nada el privilegio que lo acompaña. En otras palabras, un crédito laboral debe catalogarse como gasto de administración si es reconocido mediante una sentencia judicial dictada con posterioridad a la apertura del concordato, puesto que fue causado luego de la iniciación del trámite concordatario. Cuando ello ocurre, la entidad encargada de llevar a cabo el proceso liquidatorio debe adoptar las medidas necesarias para asegurar su pago como gasto de administración. Así pues, la Superintendencia de Sociedades tiene que cumplir una importante función, encaminada no solamente a dirigir y supervisar en todos sus aspectos el trámite del proceso concordatario, sino a verificar que, en materia de pagos, tengan efectiva y cierta prelación los que corresponden a los trabajadores.

En el caso concreto, se demostró que los créditos laborales surgieron o se causaron con posterioridad a iniciación del trámite concordatario y liquidatorio, constituyéndose en créditos privilegiados como gastos de administración, por lo que deberán pagarse con prioridad frente a cualquier otro crédito reconocido en el proceso. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-303-05
1.8.4. El salario en especie que reciben los trabajores domésticos debe tenerse en cuenta para la liquidación del auxilio de cesantías

Se estudió la constitucionalidad del artículo 252 del Código Sustantivo del Trabajo que señala: ?para la liquidación del auxilio de cesantía de los trabajadores del servicio doméstico sólo se computará el salario que reciban en dinero?

La Corte señaló que la norma acusada establecía un tratamiento discriminatorio que no tenía justificación y afectaba gravemente el ingreso del trabajador doméstico al tomar como base de liquidación de las cesantías solamente el salario que percibiera en dinero. En consecuencia, la Corte declaró inexequible la expresión ?sólo? contenida en la disposición acusada. Así mismo, declaró exequible el resto del artículo ?en el en el entendido que el auxilio de cesantía siempre se pagará en dinero y en ningún caso será inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año?. La Corte argumento que ?El hecho de que la labor contratada consista en realizar tareas ?de aseo, cocina, lavado, planchado, vigilancia de niños, y demás labores inherentes al hogar? , no le resta respetabilidad ni valor jurídico, pues como lo corrobora la ley laboral constituye trabajo, entendido éste como ?toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo? (Art. 6° del C. S. T.).

?Así mismo, la circunstancia de que quien contrate el servicio doméstico sea el morador de una vivienda y no una empresa, tampoco es un elemento relevante de distinción, pues según la jurisprudencia la condición o las circunstancias particulares del empleador no pueden convertirse ?en factores de tratos desiguales, en perjuicio de los trabajadores.

?Por lo que hace a la supuesta dificultad práctica de dar tratamiento uniforme a lo que se recibe como salario en especie, para la Corte ello no representa una razón objetiva que justifique excluir ese concepto salarial de la liquidación de las cesantías de los trabajadores domésticos, toda vez que en el artículo 129 del C. S. T. se establecen claramente las pautas que deben observar los sujetos de la relación laboral cuando convienen una remuneración mixta?. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-310-07
1.9. Derechos adquiridos de los trabajadores

1.9.1. Las nuevas normas laborales no pueden afectar situaciones definidas o derechos adquiridos conforme a leyes anteriores, pero si pueden afectar las expectativas legítimas de los trabajadores

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra el numeral primero del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo. Dicha norma establece que ?[l]as normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato, por lo cual se aplican también a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir, pero no tienen efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes anteriores (?)?.

Afirmó el actor que al aplicar inmediatamente una nueva norma laboral (ley, contrato, acuerdo o convenio de trabajo) que desmejora los derechos de los trabajadores, se desconocen los principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo consagrados en el Art. 53 de la Constitución, especialmente la llamada condición más beneficiosa. Expresó que la condición más beneficiosa es un principio mínimo y fundamental que supone la progresividad del Derecho Laboral, es decir, que en un Estado Social de Derecho como el colombiano, para garantizar el orden político, económico y social justo como lo establece el preámbulo de la Constitución, ninguna norma puede desmejorar las condiciones de los trabajadores.

La Corte reiteró que, en principio, las nuevas leyes laborales se aplican, a partir de su entrada en vigencia, a los contratos de trabajo en curso, independientemente de si las nuevas reglas son menos favorables para el trabajador. Empero es importante anotar que existen algunas limitaciones al efecto retrospectivo de las nuevas leyes laborales. Las reformas de la ley laboral, en especial si disminuyen el alcance de la protección de algunos derechos, deben atender los principios mínimos del trabajo contemplados en los tratados internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad, el mandato de progresividad en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales y la prohibición de los retrocesos en la legislación social.

La jurisprudencia de la Corte sobre los derechos adquiridos y las expectativas legítimas conduce a declarar la constitucionalidad de la norma demandada, por los cargos examinados. La norma se ajusta a la distinción desarrollada por la Corte acerca de lo derechos adquiridos y las expectativas legítimas. Por lo tanto, se concluyó que no vulnera ni las normas constitucionales referidas al trabajo (C.P., arts. 1, 2, 25 y 53, y el último inciso del art. 215), ni el principio de igualdad (C.P., art. 13), ni los tratados internacionales que reconocen los derechos humanos y que no pueden ser limitados durante los estados de excepción, los cuales conforman el bloque de constitucionalidad (C.P., art. 93). Así, por una parte, es claro que el primer inciso del artículo 16 prohíbe la aplicación retroactiva de las nuevas normas laborales, al expresar que ?[l]as normas sobre trabajo (...) no tienen efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes anteriores. Con lo cual se protegen los derechos que ya han pasado a formar parte del patrimonio de las personas, es decir lo derechos adquiridos. De otra parte, el artículo permite la retrospectividad de la ley laboral cuando dispone que ?[l]as normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato, por lo cual se aplican también a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir...? Esta autorización se ajusta a lo señalado por la jurisprudencia acerca de que las nuevas leyes laborales pueden afectar las expectativas legítimas de los trabajadores, incluso cuando consagran condiciones más desfavorables para el trabajador. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-177-05
1.9.2. Cambio de régimen laboral de trabajadores oficiales a empleados públicos no vulnera derechos adquiridos de los trabajadores

Se demandó la inconstitucionalidad de los artículos 16 y 18 del Decreto 1750 de 2003, por el cual se escindía el Instituto de Seguros Sociales y se creaban empresas sociales del Estado (ESE). Como resultado de la escisión, el artículo 16 de dicho Decreto, dispuso que los servidores públicos de las ESE creadas en él tendrían el carácter de empleados públicos, salvo aquellos que no siendo directivos, desempeñaren funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales, pues ellos serían trabajadores oficiales. El aparte acusado del artículo 16 del Decreto 1750 de 2003 fue declarado exequible, pues el mismo se limita a señalar que por virtud de la reestructuración del ISS y de la creación de las ESE indicadas en el mismo decreto, los trabajadores oficiales verán modificado su régimen por el de empleados públicos, con las consecuencias jurídicas que dicho cambio comporta.

De otro lado, la Corte también declaró la exequibilidad del inciso primero del artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, incluida la expresión ?en todo caso?, en el entendido de que hace referencia, tanto a los salarios como al régimen prestacional, pero declaró inexequible la expresión ?Se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas? contenida al final de dicho inciso.

La Corte sostuvo que el cambio de régimen jurídico de los trabajadores oficiales que pasan a ser empleados públicos no vulnera el derecho a la negociación colectiva porque el carácter de trabajador oficial no es un derecho adquirido, pues depende de la naturaleza de la vinculación jurídica del servidor con el Estado, y tampoco es un derecho absoluto que no pueda ser objeto de restricciones justificadas por parte del Legislador. La Corte señaló que el Legislador puede determinar la estructura de la administración de acuerdo con su valoración de las necesidades públicas. Por lo mismo, el Congreso puede modificar el régimen laboral de los servidores públicos al decidir la escisión de un ente público, en este caso, los entes adscritos al Instituto de Seguros Sociales.

Así mismo, la Corte sostuvo que, la similitud parcial que pudiera presentarse entre las empresas industriales y comerciales del Estado y las ESE no constituye criterio de peso para justificar una semejanza total, ni siquiera en el aspecto del régimen jurídico laboral de sus servidores públicos. Por otro lado, la Corte estimó que el cambio de régimen laboral de trabajadores oficiales a empleados públicos no implica la pérdida total de los derechos laborales de los trabajadores afectados, pues la imposibilidad de celebrar convenciones colectivas de trabajo en el caso de los empleados públicos no constituye una disminución de su derecho de asociación.

En cuanto a lo que establece el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 referente a los salarios y prestaciones de los empleados públicos de las entidades creadas por el decreto en cuestión, la Corte encontró que la definición de derechos adquiridos consignada en dicho artículo es inconstitucional por restringir el ámbito constitucional de protección de los derechos adquiridos, el cual, trasciende la simple definición contenida en el artículo 18.

Para la Corte, la norma es inconstitucional porque únicamente hacía referencia a los derechos adquiridos en materia prestacional, dejando por fuera los derechos adquiridos en materia salarial. Aunque dicho defecto podría resolverse gracias a la declaratoria de exequibilidad condicionada de la expresión ?en todo caso?, la inexequibilidad de la expresión demandada proviene del hecho de que al definir lo que debe entenderse por derecho adquirido, no incluye en el espectro de protección de los mismos aquellos correspondientes al régimen salarial de los empleados públicos de las entidades creadas por el Decreto 1750 de 2003. De igual modo, la definición de derecho adquirido consignada en el artículo 18 resultaba violatoria de los derechos de los trabajadores por no ser clara frente a lo que podría considerarse un derecho adquirido.

En efecto, la expresión que se atacaba prescribía que un derecho se había adquirido en materia prestacional cuando la situación jurídica se había consolidado, es decir, cuando había sido causada o cuando ha ingresado en el patrimonio del servidor. La Corte indicó que la ambigüedad de la definición radica en que no existe una clara diferencia entre la prestación que se ha causado y la que ha ingresado en el patrimonio del trabajador, pues cuando una prestación o un derecho han sido causados se entienden incorporados en el patrimonio del acreedor. Además, al definir los derechos adquiridos como aquellos que han ingresado al patrimonio del servidor o que han sido causados, el legislador deja por fuera de dicha definición los derechos obtenidos mediante convenciones colectivas de trabajo celebradas por los trabajadores oficiales cuyo régimen fue transformado por el de empleados públicos.

Al ser el acto regente de los contratos laborales ejecutados durante su vigencia, la convención colectiva de trabajo es considerada por la jurisprudencia como una verdadera fuente de derechos y obligaciones. Ya que la convención colectiva de trabajo es un sistema jurídico que rige contratos de trabajo determinados, es posible afirmar que, en lo que respecta a los trabajadores cobijados por ella, aquella es fuente de derechos adquiridos por lo menos durante el tiempo en que dicha convención conserva su vigencia. Por lo mismo, dado que la definición prevista en el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 deja por fuera los derechos derivados de las convenciones colectivas de trabajo por el tiempo en que fueron pactadas, aquella resulta restrictiva del ámbito de protección de tales derechos de conformidad con la Constitución y, por tanto, debe ser retirada del ordenamiento jurídico. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-314-04

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