› Observatorio de Justicia Constitucional
» Trabajadores y Sindicatos
Tabla de Contenidos
  • Mostrando únicamente sección 4
4. Procedimiento laboral

4.1. Improcedencia general de la tutela frente a la conciliacion laboral salvo que se pruebe la vulneración de derechos fundamentales

Varios actores presentaron acción de tutela contra una empresa de servicios públicos domiciliarios al considerar que fueron despedidos masivamente por ser trabajadores sindicalizados con lo cual se vulneró su derecho de asociación sindical. Según la empresa los contratos de trabajo fueron terminados de mutuo acuerdo, mediante actas de conciliación laboral. La Corte Constitucional, luego de explicar la figura de la conciliación laboral, como mecanismo de solución pacífica de conflictos, destacó su fuerza vinculante y el carácter de cosa juzgada del acta respectiva. Sin embargo, la Corte aclaró que es posible atacar el acto de conciliación ante la jurisdicción laboral ordinaria por presentarse algún vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo) o por haberse desconocido derechos ciertos e indiscutibles de los trabajadores. Para la Corte, habiendo existido una conciliación aprobada por el Inspector de Trabajo, la vía judicial para controvertir la validez del acuerdo suscrito no podía ser la acción de tutela.

En efecto no solamente el acuerdo a que llegan las partes intervinientes en las respectivas conciliaciones hace tránsito a cosa juzgada (arts. 20 y 78 CPL), sino que si excepcionalmente ésta fuera objeto de revisión en juicio, ello sólo sería posible invocarlo ante el juez laboral competente, a menos que se probara la violación de un derecho fundamental y que existiera un perjuicio irremediable, caso en el cual sería procedente la acción de tutela pero solo como mecanismo transitorio. De acuerdo con los elementos probatorios existentes en el expediente, estas conciliaciones fueron suscritas con el lleno de los requisitos legales, por lo que los jueces de instancia tuvieron razón en reconocer el efecto de cosa juzgada de las actas de conciliación suscritas por todos los tutelantes ante el inspector de trabajo, quien las aprobó, lo que hizo presumir que éstas no vulneraban derechos ciertos e indiscutibles de los trabajadores. Sin embargo, fue claro que los demandantes tenían la posibilidad de acudir ante la jurisdicción laboral ordinaria para desvirtuar la validez de las conciliaciones suscritas en aceptación de la propuesta formulada por la Empresa del plan de retiro voluntario al cual se acogieron, así como la validez de las condiciones establecidas en las actas respectivas. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-446-02 Reiteración en sentencia T-929-02
4.2. Acceso a la administracion de justicia en el ambito laboral

La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 9 de la Ley 712 de 2001, que reforma el Código Procesal del Trabajo, en el cual se fija la competencia por razón de la cuantía de los jueces laborales del circuito, quienes conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a diez (10) veces del salario mínimo legal mensual más alto vigente y en primera instancia de todos los demás. Así mismo, la norma establece que en los lugares en donde no haya juez laboral del circuito, conocerán de estos procesos el respectivo juez del circuito en lo civil.

La Corte consideró que el criterio de diferenciación empleado por el Legislador para determinar la especialidad de la autoridad judicial competente (existencia o no del juez laboral del circuito), resulta constitucionalmente admisible, por lo cual la norma contenida en el artículo 9 de la ley 712 de 2001, al establecer jueces de diferentes especialidades (civil y laboral) para conocer de unos mismos asuntos (laborales y de la seguridad social), es exequible en la medida que todos los jueces independientemente de su especialidad, están en la obligación de tramitar y fallar los procesos que lleguen a su conocimiento, conforme a la ley y a la Constitución.

En cuanto al principio de acceso a la justicia y la fijación de la competencia de manera privativa en los jueces del circuito, la Corte consideró que el Legislador actuó en el marco de la libertad de configuración normativa que la Constitución le reconoce, ante lo cual se concluye que la norma en cuestión se encuentra ajustada a la Constitución. Del mandato constitucional de garantizar el acceso a la justicia, se desprende la obligación de diseñar un sistema de administración de justicia que satisfaga un doble propósito: la mejor cobertura posible de los asuntos judiciales en función de la distribución geográfica, y la optimización de los recursos de la rama judicial en función de la disponibilidad presupuestal. En este sentido, la atribución de competencias tal y como quedó dispuesta en el artículo 9 de la ley 712 de 2001, también se ajusta a la Constitución, primero, porque no altera el equilibrio presupuestal de la Rama Judicial, toda vez que se parte de la existencia y funcionamiento de los actuales juzgados del circuito; y segundo, porque no desconoce el imperativo de la mejor cobertura posible, pues a pesar de que en algunos circuitos no exista juez laboral, dichos asuntos, serán de competencia del juez civil del circuito, en los términos del referido artículo.

De tal forma que mediante la inclusión y funcionamiento de juzgados del circuito laborales y civiles en el mapa judicial del Estado colombiano, se responde de manera razonable a las necesidades de cobertura. En este orden de ideas, la fijación de la competencia en los asuntos laborales y de la seguridad social, en cabeza de los jueces del circuito, ya sean laborales o civiles, dispuesta por el artículo 9 de la ley 712 de 2001, no constituye por sí misma una vulneración al derecho al acceso a la justicia, toda vez que existe la posibilidad de acudir a la administración de justicia en la medida en que existen y se encuentran en funcionamiento los correspondientes jueces del circuito. La Corte exhortó al Congreso de la República, para que en un término razonable, expida una regulación normativa que garantice el acceso real a la justicia en los asuntos laborales y de la seguridad social, en aquellos municipios donde no existan jueces civiles o laborales del circuito nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-828-02. Cuatro magistrados presentaron salvamento parcial de voto. Consideran que se ha debido declarar la exequibilidad condicionada de la norma, pues en su concepto el actor planteaba la existencia de una omisión legislativa relativa, según la cual el Legislador, en su propósito de establecer criterios para la fijación de la competencia por el factor territorial, al no tener en cuenta que la mayoría de los municipios del Estado no son cabecera de circuito judicial, desconoció los principios constitucionales de igualdad y de acceso a la administración de justicia. En este caso se presentan los tres requisitos de la omisión legislativa relativa inconstitucional, lo cual hacía imperiosa la declaración de exequibilidad condicionada de la norma demandada, en el entendido que, el juzgado civil municipal o el juzgado promiscuo municipal, sería competente para asumir el conocimiento de los asuntos relacionados en el artículo 2 de la Ley 721 de 2001 (asuntos de competencia de la jurisdicción ordinaria especializada en lo laboral y la seguridad social), en aquellos municipios donde no existan jueces del circuito.
4.3. Las acciones laborales para trabajadores o extrabajadores de las entidades públicas en liquidación prescriben en tres años

La Corte declaró la inexequibilidad del artículo 22 de la Ley 819 de 2003 que se ocupaba de la responsabilidad en las reclamaciones ante entidades públicas en liquidación. Esa norma establecía que las reclamaciones administrativas que tuvieran que hacerse a las entidades públicas en liquidación sólo podían hacerse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de publicación del último aviso de emplazamiento al igual que establecía un procedimiento para la reclamación. Respecto de las demás entidades el término previsto fue de tres años.

El actor consideró que esa norma violaba el principio de unidad de materia y el derecho de acceso a la administración de justicia, asuntos consagrados en los artículos 158 y 228 de la Constitución. La reducción del término de caducidad de la acción a seis (6) meses para las reclamaciones administrativas ante entidades en liquidación, para el actor, era un término irrazonable que impedía el acceso a la administración de justicia y desconocía el término más amplio de tres (3) años previsto en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.

La Corte Constitucional señaló que si bien el contenido del artículo acusado no correspondía a una disposición de carácter orgánico, sino que trataba de una norma de naturaleza ordinaria, ello no implicaba la inconstitucionalidad de la norma, porque la Ley 819 de 2003, desde el propio título precisa que contiene normas orgánicas y otras que no lo son. Así que, el hecho de que el artículo 22 acusado, que corresponde a una norma de carácter ordinario, se encuentre en una ley orgánica, no lo hace inconstitucional si guarda conexidad temática con la ley.

En cuanto a la conexidad temática del artículo acusado con el contenido de la Ley 819 de 2003, la Corte sostuvo que desde el mismo nombre del artículo ?responsabilidad en las reclamaciones ante entidades públicas en liquidación?, era claro que éste no correspondía al verdadero y principal contenido de lo que consagra, pues el tema principal de la norma consistía en fijar un nuevo procedimiento administrativo en cabeza del ciudadano, para que éste pueda adelantar una acción judicial, de carácter laboral, contra una empresa pública en liquidación. Además de que, ni los artículos que preceden al 22 demandado, ni los que lo siguen, hacían referencia directa a las entidades públicas en liquidación. Se trataba entonces de un artículo aislado del resto de la normatividad.

La Corte hizo un recuento de los antecedentes de la norma y concluyó que aunque resultan claras las razones de conveniencia que tuvo el legislador para incluir la disposición demandada en la Ley 819 de 2003, las razones de conveniencia no son suficientes para obviar la exigencia constitucional de la unidad de materia. Por el contrario, para la Corte, la inclusión de esta norma en la Ley implicó una evidente extensión a cuestiones ajenas a la misma. Aunado a lo anterior, la norma acusada, no obstante la reducción del término de prescripción, no hizo mención a los distintos tipos de derechos laborales que pueden reclamarse; ni tuvo en cuenta que algunos pueden ser susceptibles de establecerse dentro de un término preciso y otros no. Algunas reclamaciones pueden versar sobre servicios médico asistenciales, otras sobre indemnizaciones, o pensiones de invalidez, o de vejez, o de sobrevivientes, o sobre derechos por riesgos profesionales o accidentes de trabajo. Derechos que en el término de prescripción establecido en el artículo mencionado, pueden no haberse configurado para ser objeto de reclamo administrativo en el tiempo previsto.

De otra parte, la disposición también infringía la garantía constitucional de toda persona de acceder a la administración de justicia, al establecer como requisito para iniciar la acción judicial, el haber realizado en forma oportuna, dentro de los seis meses de que trata la disposición acusada, la reclamación administrativa correspondiente. Esto implicaba que los trabajadores o ex trabajadores de las entidades públicas en liquidación, que al momento de pretender iniciar las acciones laborales correspondientes, en virtud del derecho constitucional de acceso a la administración de justicia, se encuentran con que en una ley de contenido claramente presupuestal, se modificó el término general de prescripción de las acciones laborales, que es de tres años, y quedó reducido a seis meses. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-460-04
4.4. Las medidas cautelares en los procesos laborales no son contrarias a la constitución

La Corte declaró la constitucionalidad del artículo 37A de la Ley 712 de 2001, que reforma el Código Procesal del Trabajo. La norma dispone la posibilidad de imponer caución como medida cautelar en el juicio ordinario laboral para garantizar que la decisión adoptada sea ejecutada, cuando el juez encuentre que el demandado efectúa actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia o cuando se encuentre en graves dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones. Los demandantes consideraron que dicha medida cautelar era discriminatoria, pues no se aplica en el sector público, debido a que los bienes de las entidades estatales son inembargables. Igualmente, consideraron que la medida cautelar acusada era desproporcionada, e impedía el acceso a la administración de justicia. Además, contraria el principio de buena fe.

La Corte sostuvo que las medidas cautelares tienen sustento constitucional pues desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia y contribuyen a la igualdad procesal. De esta manera, por su naturaleza la caución sirve para el resarcimiento de perjuicios a favor del demandante hasta un monto determinado, que en el caso de la norma acusada el legislador señaló que debe oscilar entre el 30 y 50 % del valor de la pretensión al momento de decretarse la medida cautelar. Para la Corte, en ningún momento el artículo 37A se refiere a la inembargabilidad de los bienes del Estado, por lo que no podía el actor en un juicio de constitucionalidad plantear que la norma acusada presenta una discriminación entre trabajadores públicos y trabajadores privados, por cuanto son inembargables los bienes del Estado.

Por otra parte, el legislador es autónomo para señalar la estructura de los procedimientos judiciales, sin que ello signifique vulneración del derecho fundamental al debido proceso, pues la norma establece los requisitos para que opere, asegurando el derecho de defensa, en la medida en que señala la valoración que debe hacer el juez para decidir finalmente si impone o no la medida, decisión que en todo caso puede ser apelada. Tampoco se desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia, pues la decisión se toma después de una valoración y un análisis de las pruebas y sólo cuando el juez considere que las resultas del proceso pueden ser desconocidas, previsión que se justifica en favor del trabajador. Para la Corte no oír al demandado a quien se le solicitó que prestará caución y no lo había hecho, tampoco vulneró ningún derecho fundamental, pues precisamente lo que la norma quiere asegurar es que el demandado, cumpla a cabalidad con las resultas del proceso.

La Corte reafirmó que las medidas cautelares no pueden, en ningún caso, ser arbitrarias, por lo que los jueces, en ejercicio de su función, las deben concretar en cada proceso, de tal manera que aún en las hipótesis en que su atribución para decidir sea amplia, la discrecionalidad jamás pueda constituir arbitrariedad. Del mismo modo, dada la naturaleza y la finalidad de las medidas cautelares, es claro que la decisión final sobre el derecho que con ellas se pretende proteger de manera provisional, solo se toma de manera definitiva en la sentencia con la cual ha de culminar el proceso.

Concluyó la Corte, que no es entonces cierto que la autorización legal para solicitar y decretar medidas cautelares en los procesos laborales sea contraria a la Constitución. En vez de ello, lo que evidentemente resultó es que el legislador en cumplimiento de la garantía al debido proceso que otorga la Carta Política en el artículo 29, se encontraba autorizado para instituir medidas cautelares en el proceso laboral, así como en los demás códigos de procedimiento y, adicionalmente, ha de considerarse que el artículo 25 de la Carta establece como una obligación del Estado la protección al trabajo en todas sus modalidades, protección que ha de extenderse inclusive a la legislación procesal laboral. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-379-04
4.5. Las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador

Se demando la constitucionalidad de las expresiones ?la sentencia de segunda instancia?, ?deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación? del artículo 35 de la Ley 712 de 2002. Los demandantes consideraron que se vulnera el derecho a la igualdad, la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, por cuanto lo acusado impide que el juez de segunda instancia pueda pronunciarse en favor del apelante respecto de otros derechos que pese a no haber sido objeto del recurso, deben serle reconocidos por tratarse de derechos mínimos irrenunciables del trabajador y finalmente, se desconoce la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades procesales.

La Corte señaló que el principio de consonancia consagrado en el artículo 35 de la Ley 712 de 2002, no puede ser interpretado en sentido restringido, sino de manera tal que su significado se avenga a los dictados de la Constitución. De esta forma, cuando la norma en cuestión exige que la sentencia de segunda instancia debe estar en consonancia ?con las materias objeto del recurso de apelación? debe entenderse que el examen que efectúa el superior no se limita a los asuntos desfavorables del fallo de primera instancia sobre los cuales versa la impugnación, sino a todos aquellos aspectos desfavorables al trabajador que involucran beneficios mínimos irrenunciables los cuales deben entenderse siempre incluidos en el recurso de alzada.

La interposición del recurso de apelación en materia laboral y su delimitación a las materias que perjudican al trabajador, no puede entenderse excluyente de aquellos derechos mínimos irrenunciables no concedidos en la primera instancia, pues a través de este mecanismo no puede el trabajador de manera voluntaria renunciar a ellos, toda vez que por esta vía perdería efectividad la protección especial de la cual gozan todos los trabajadores. Bajo dicha hipótesis el juez de grado superior que resuelve la apelación al quedar habilitado para pronunciarse sobre derechos mínimos irrenunciables que no fueron concedidos en primera instancia, debe hacerlo bajo el supuesto que los hechos que le sirven de soporte hayan sido debatidos y probados en el proceso de acuerdo con los preceptos legales respectivos.

Sería contrario a la Constitución, entender que la utilización de un mecanismo legítimo de defensa tuviera un efecto perverso respecto del trabajador que por cualquier circunstancia no incluyó en su recurso de apelación o no lo sustentó debidamente, el reconocimiento de sus derechos mínimos irrenunciables, y que la vía del recurso de apelación sirviera como un mecanismo para desconocer la protección especial respecto de aquellos derechos. No puede entenderse bajo ninguna circunstancia que el trabajador, por el hecho de apelar la sentencia, renuncia de aquellos beneficios mínimos no aducidos en tal recurso, pues se insiste, ella delimita todos los demás derechos reclamados pero no puede excluir los irrenunciables. En consecuencia, para la Corte las expresiones demandadas se ajustan a la Constitución, en el entendido que las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-968-03
4.6. Deber de dar cumplimiento a sentencia judicial que ordena un reintegro

La Corte estudió la procedencia de la acción de tutela para obtener el cumplimiento de una orden judicial, según la cual se reconoció a la actora el derecho que le asistía de ser reintegrada al cargo que venía desempeñando como aseadora del centro de salud del municipio, decisión que no fue acatada por el Alcalde Municipal. La decisión de tutela que se revisó, negó la solicitud de la actora en el sentido de no acceder a ordenar el reintegro, al considerar que a pesar de que el fallo judicial se encontraba ejecutoriado no se había dictado el auto de ?obedecimiento a lo resuelto?, por lo que no se le podía contar los términos señalados en el Código Contencioso Administrativo para dar cumplimiento a la sentencia. La Corte señaló que el auto de ?obedecimiento a lo resuelto? se constituye en un simple acto de trámite porque no define ninguna actuación, mientras que la sentencia contiene una manifestación y una orden del juez que debe ser ejecutada.

Así, los efectos jurídicos y vinculantes que adquiere la sentencia una vez en firme y ejecutoriada le abren paso para continuar con su cumplimiento; por lo tanto, no se encuentra razón jurídica que soporte el argumento de que no hay lugar a acatar la providencia judicial hasta tanto se expida el ?auto de obedecimiento? cuando este es un mero acto de trámite que le da impulso a la decisión jurídica que definió el litigio. En estas condiciones, la Administración Municipal no puede dejar suspendido en el tiempo de manera indefinida e indeterminable el cumplimiento de una decisión judicial cuando dentro de nuestro ordenamiento jurídico esta contemplado el término perentorio de 30 días, contenido en el artículo 176 del CCA, máxime cuando ello conduce al cumplimiento de derechos laborales legítimamente reconocidos en las oportunidades procesales correspondientes. En consecuencia, la Corte concedió el derecho al debido proceso que le asistía a la actora de que se diera cumplimiento al fallo por el cual se ordenó reintegrarla al cargo que venía ejerciendo o a uno igual o de superior jerarquía nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-347-03
4.7. Límites constitucionales a los arbitros laborales cuando deciden en equidad un conflicto colectivo

La Convención colectiva de una clínica fue denunciada por los trabajadores y por la Fundación propietaria de la misma. Se convocó un Tribunal de Arbitramento que profirió un laudo arbitral. El empleador interpuso recurso de homologación contra todo el laudo ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por inequitativo y ésta decide homologar el laudo en su conjunto por no ser ?manifiestamente inequitativo? el aumento en salarios y auxilios ni ?exorbitante? las primas de cirugía, cuidados intensivos y cuidados coronarios. La Fundación y unos ciudadanos presentaron acción de tutela contra el laudo y contra la sentencia de homologación de la Corte Suprema de Justicia ? Sala de Casación Laboral por considerarlo contrario a la Constitución.

En subsidio solicitaban que se ordenara atender prioritariamente los gastos de funcionamiento de la entidad y, cubiertos aquellos, se procediera a la cancelación de los beneficios económicos extralegales generados por el laudo arbitral. Fundan sus pretensiones tanto en la violación del debido proceso porque el Tribunal no apreció las pruebas que mostraban la crítica situación de la Clínica y la necesidad de reducir la carga laboral (vía de hecho por defecto fáctico) como en el desconocimiento de los derechos de los pacientes porque el cierre de la entidad afectaría su vida, su integridad física y su salud.

Teniendo en cuenta que el laudo arbitral y la sentencia que lo homologa son una unidad inescindible, la Corte Constitucional dictó sentencia de unificación en la que precisa varios asuntos: (i) la acción de tutela procede contra un laudo arbitral, pero en circunstancias realmente excepcionales, ya que contra ellos el ordenamiento jurídico tiene previsto el recurso de homologación ante la Corte Suprema de Justicia, así, el objeto de la tutela debe comprender, cuando no se interpone como mecanismo transitorio, también la sentencia de homologación respectiva. (ii) fija los límites constitucionales que los árbitros laborales deben observar cuando deciden en equidad un conflicto colectivo, pues aunque sus determinaciones sean adoptadas en equidad, éstas no pueden ser arbitrarias desconociendo flagrantemente los derechos constitucionales de las partes, ni pueden carecer de motivación material.

La inexistencia de motivación violó el debido proceso y tornó la decisión en irrazonable, es por ello que los árbitros al decidir en equidad debían respetar unos mínimos para que el proceso de la adopción del laudo no sea arbitrario. De esta manera, los árbitros al decidir deberan a) dar, a lo menos, razones de equidad que justifiquen sus decisiones, b) no deben ignorar a una de las partes en contienda, c) tener en cuenta las circunstancias fácticas o los hechos del caso concreto y, d) abstenerse de decidir con base en prejuicios, como lo son las opiniones racistas, sexistas o exclusivamente ideológicas. Frente al caso concreto, la Corte concluyó que dichos límites fueron observados, pues la decisión del tribunal de arbitramento no carecía de una mínima motivación y, por lo tanto, tampoco constituía una vía de hecho por carencia de motivación material, por lo cual no se vulneraron los derechos de los actores nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-837-02
4.8. Por regla general, las controversias en los contratos colectivos sindicales para el pago de compensaciones, salarios, aportes a la seguridad social y demás, deben ventilarse ante el juez natural, salvo cuando exista un grave compromiso de derechos fundamentales.

Las personas que promueven la acción de tutela, siendo parte de una organización sindical, suscribieron como tal, un contrato colectivo sindical con una sociedad comercial. Ante el incumplimiento en los pagos individuales, por parte del sindicato, los accionantes requirieron al mismo en busca del pago, obteniendo como respuesta por parte de la organización, que la demora se debía al incumplimiento de los respectivos pagos, por parte de la sociedad comercial, pactados en el contrato sindical. La sociedad comercial por su parte manifiesta, que también les han incumplido en el pago la compañía con la cual contratan.

Por lo anterior, los accionantes solicitan en su escrito de amparo, se ordene a su favor el pago de las obligaciones pecuniarias derivadas del contrato sindical, a cargo de la organización sindical y la sociedad comercial.

Para la Corte de acuerdo con el artículo 483 del Código Sustantivo de Trabajo, el sindicato de trabajadores que haya suscrito un contrato sindical, responde por las obligaciones directas que emanan del contrato y por el cumplimiento de las que se estipulen en beneficio de los afiliados partícipes. Para garantizar las obligaciones adquiridas, tanto el empresario contratante como la organización sindical deben constituir caución suficiente; si no la constituyen, la ley laboral establece a título de sanción, que cada contratante responde con su propio patrimonio por las obligaciones que adquirió.

Frente a los contratos colectivos sindicales, el tema de la solidaridad entre el sindicato, el empresario y los terceros beneficiarios o dueños de la obra contratada, para el pago de compensaciones o salarios y aportes a la seguridad social integral, deben ser resueltas en el escenario natural, es decir, por el juez natural (principio de subsidiariedad de la tutela). Salvo cuando exista un grave compromiso de derechos fundamentales y en procura de brindar una protección transitoria para evitar que se cause un perjuicio irremediable, es dable que el juez constitucional establezca la figura de la solidaridad legal en materia laboral, dando estricta aplicación a los artículos 32 a 35 del Código Sustantivo del Trabajo. De lo contrario, se repite, la competencia natural radica en la justicia laboral por ser el medio judicial idóneo para exponer la pretensión de solidaridad patronal.

Siendo así las cosas, la Corte estima que, por regla general, las controversias sobre el pago de compensaciones, salarios y aportes al sistema de seguridad social integral de los afiliados partícipes en un contrato sindical, así como la aplicación de la figura de la solidaridad patronal entre el sindicato, el empresario y los terceros beneficiarios de la obra, deben agotar las instancias ordinarias laborales en procura de garantizar el debate jurídico y probatorio en el marco de un proceso judicial, además porque se constituye en la atmósfera idónea para brindar a las partes la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa (artículo 29 Superior).

Esa regla general solo encuentra una excepción: cuando los derechos fundamentales de los afiliados partícipes se encuentran comprometidos gravemente al punto de causar un eventual perjuicio irremediable. Sólo en esa circunstancia el amparo constitucional se habilita como mecanismo transitorio hasta tanto, dentro de un término razonable y prudencial, los afectados acudan al juez natural. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-457-11

 Ocultar columna

Búsquedas

Modificaciones recientes
2013-06-17
La progresividad en el pago del subsidio familiar para los trabajadores de nuevas pequeñas empresas constituye una medida constitucionalmente idónea, adecuada,necesaria y proporcional para la formalización y generación de empleo

2012-08-30
Trabajadores asociados a cooperativas de trabajo deben ser retribuidos con prestaciones equivalentes a las establecidas en el código sustantivo de trabajo

2012-05-23
Trasladar la carga inicial de los gastos de la junta al aspirante a beneficiario, aunque éste tenga derecho a su reembolso siempre que se certifique su condición de invalidez, contraría ciertos preceptos constitucionales

Presentación
Descargue la presentación del Observatorio de Justicia Constitucional
Descargar (39Kb)

Sabía usted que...
Para acceder a la tabla de contenidos de cada ítem, puede hacer clic en el nombre en la parte superior de la página.

Contáctenos
Si desea contactarse con el equipo de trabajo del Observatorio de Justicia Constitucional, escríbanos al correo observatorio@defensoria.org.co

Descargas
Constitución Política de Colombia en formato PDF
Descargar (569Kb)

Versión actualizada (julio de 2013)

Ver - Imprimir
Versión completa del documento sobre Trabajadores y Sindicatos optimizada para impresión

Informes

Segundo informe del Observatorio de Justicia Constitucional

Marzo de 2007 - febrero de 2011

Descargue el libro

Tomo 1

(7.2 Mb)

Tomo 2

(8.5 Mb)

Primer informe del Observatorio de Justicia Constitucional de la Defensoría del Pueblo

Marzo de 1992 - febrero de 2007

Descargue el libro

Tomo 1

(2.7 Mb)

Tomo 2

(3.0 Mb)

© 2003 - 2006 Defensoría del Pueblo Colombia | línea gratuita nacional 018000 914814
Requisitos técnicos del sitio web | Su uso de este sitio web constituye aceptación de nuestras condiciones de uso y privacidad