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5. Protección especial del derecho al trabajo

5.1. Principio de la primacía de la realidad en las relaciones laborales

El accionante solicita protección a sus derechos al mínimo vital, seguridad social y debido proceso. Relata en su demanda, que tiene 89 años de edad y que laboró para el Estado por un total de 20 años 5 meses 10 días. En su escrito de demanda presenta una relación de los tiempos que dice haber trabajado con diversas empresas. Indica que por su edad, no tiene las posibilidades físicas o morales para lograr una vinculación laboral, viviendo en la actualidad de las dádivas de sus amigos y familiares; afirma que vive con su esposa, que también es adulto mayor y no tiene ningún tipo de protección en seguridad social. Solicita se tutelen sus derechos fundamentales y se ordene al Instituto de Seguros Sociales y/o Emcali le sea pagada la pensión mínima vital en tanto sea resuelta por el Juzgado Sexto Administrativo de Cali la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Corte recordó que, en situaciones excepcionales, cuando el desconocimiento del principio de primacía de la realidad en las relaciones laborales vulnera derechos fundamentales de personas de la tercera edad, llegando al punto de plantear un perjuicio irremediable, o cuando los jueces han negado su aplicación de manera manifiestamente infundada, la jurisprudencia constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela con miras a la protección de los derechos conculcados, pese a que la definición de este tipo de controversias, por ser de índole estrictamente legal, deben plantearse ante la jurisdicción laboral o ante la jurisdicción contencioso administrativa, pues ellas son las competentes para conocerlas y decidirlas.

La Corte consideró que en el caso concreto se estructuraban los elementos determinantes de una relación laboral ?contrato realidad- : i) prestación personal de servicios, ii) subordinación o dependencia, lo que se manifiesta en el cumplimiento de órdenes y iii) salario como contraprestación del servicio prestado, a partir de las afirmaciones del accionante en torno al tiempo laborado en Emcali, de las planillas de pago referidas en el proceso y de los testimonios allegados al expediente que daban cuenta del trabajo desarrollado por el accionante para esa Empresa. Por otra parte, la Corporación dejó claro que peticionario no debía correr con las contingencias del hecho accidental del robo de los archivos de Emcali, ni ser víctima de una eventual irregularidad en el manejo de los documentos de esa entidad.

De esa manera, y bajo el entendido que entre la empresa Emcali y el accionante se presume una relación laboral a la luz (i) del principio de in dubio pro operario, (ii) del principio de la primacía de la realidad en las relaciones laborales, (iii) de las pruebas allegadas al proceso y no controvertidas en la tutela y (iv) de la constatación de que los archivos de la empresa Emcali anteriores a 1987 se extraviaron, la Corte resolvió conceder la tutela como mecanismo transitorio, mientras la justicia contencioso administrativa decide la controversia y ordenó a la empresa reconocer el tiempo laborado por el actor ?acreditado en el expediente conforme a las consideraciones expuestas en este fallo? y enviar la información al ISS para el ulterior reconocimiento de la pensión de vejez, de acuerdo a lo que corresponda legalmente, siempre que se compruebe el lleno de los requisitos de ley. nota 1

  • Corte Constitucional, Sentencia T-519-09
    5.2. Propietarios de caninos deben observar reglas minimas de convivencia, para evitar que sus mascotas causen molestias e incomodidades a los trabajadores de los edificios

    La demandante interpuso acción de tutela contra la propietaria de un perro que la agredió, motivo por el cual vio coartado su derecho al trabajo toda vez que se desempeñaba como administradora del conjunto residencial donde habitaba la demandada con el perro. De acuerdo con la Corte la tutela procedió porque la accionante no contó con otra vía judicial para solicitar el efectivo amparo de su derecho al trabajo y se encontraba en una situación de indefensión frente a la agresión del perro de la que fue víctima. Aunque a primera vista podría sostenerse que no existió vulneración del derecho invocado, toda vez que la peticionaria había seguido asistiendo esporádicamente a su lugar de trabajo.

    La Corte consideró que el normal desarrollo de la labor encomendada a la accionante sí se había visto afectado, pues según afirmó no había podido ejercer sus funciones tranquilamente, de una parte por el temor que sentía por el perro y, de otra, porque no aparecía acreditado que la demandada hubiera tomado medidas para evitar nuevos episodios de agresión de su mascota, no sólo frente a la administradora del conjunto, sino también frente a los residentes en el edificio. En consecuencia, la Corte recordó que los propietarios de caninos, tienen la obligación de observar unas reglas mínimas de convivencia para evitar molestias e incomodidades a los residentes, visitantes y trabajadores de los edificios, debiendo cumplir con las exigencias previstas en el Código Nacional de Policía y en la Ley 746 de 2002, por la cual se regula la tenencia y registro de perros potencialmente peligrosos.

    Sostuvo la Corte que uno de los derechos que puede verse afectado como consecuencia del ejercicio desmedido de la facultad de tener mascotas, es el trabajo. Por ejemplo, en edificaciones sometidas al régimen de propiedad horizontal, donde cohabitan muchas personas, además de los residentes es común la presencia de empleados dedicados a diversas tareas. Con frecuencia asisten colaboradores del servicio de aseo, de vigilancia, encargados de la administración del edificio o de labores afines. En estos eventos es razonable exigir de los residentes que adopten las medidas necesarias para evitar que sus mascotas impidan el normal cumplimiento de las tareas encomendadas.

    La Corte llamó la atención al respecto, pues consideró que la vulneración del derecho al trabajo no sólo se configura cuando el particular impide directamente su realización, sino también cuando de forma indirecta o incluso mediante una conducta pasiva obstaculiza su pleno ejercicio. Y una de esas formas puede darse si los propietarios de las mascotas no observan las reglas para su tenencia y con ello crean un estado de permanente zozobra entre quienes, por diferentes razones, deben permanecer en un conjunto residencial. Por lo anterior, la Corte concedió el amparo al derecho al trabajo de la actora y previno a la propietaria del perro para que diera estricta aplicación a las disposiciones normativas que regulan el asunto nota 1

    1. Corte Constitucional, Sentencia T-595-03
    5.3. Autorizacion para inmovilizar vehículos o retener licencias de conducción por no pago de multas de transito puede vulnerar derecho al trabajo y mínimo vital de subsistencia

    La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión: ?En todo caso será procedente la inmovilización del vehículo o preferiblemente la retención de la licencia de conducción si pasados treinta (30) días de la imposición de la multa, ésta no ha sido debidamente cancelada? contenida en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, por la cual se expedía el Código Nacional de Tránsito Terrestre, y que se refería al cobro coactivo de las multas por infracciones. El demandante adujo que dicho aparte desconocía el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio de aquellas personas que derivan su sustento de la utilización de vehículos automotores como instrumento de trabajo.

    Al hacer el examen de proporcionalidad la Corte encontró que se presentaba un exceso en las atribuciones que la norma demandada concedía a las autoridades con miras a realizar la fuerza coactiva de las normas de tránsito y a sancionar su incumplimiento, desproporción que se manifestaba en que, con base en tales atribuciones, es posible restringir derechos fundamentales hasta llegar al desconocimiento de los mismos en ciertos casos, con el objetivo de lograr el pago de la sanción pecuniaria impuesta. En efecto, este exceso se reveló en lo siguiente: En que la retención de la licencia de conducción o la inmovilización del vehículo con el que se cometió la infracción son medidas administrativas que conllevan una restricción fuerte de la libertad de circulación, y que en ciertos casos pueden implicar también una limitación del derecho al trabajo, limitaciones estas que sólo pueden ser evitadas pagando inmediatamente la multa impuesta.

    En ocasiones las multas alcanzan cuantías que equivalen a un salario mínimo mensual legal vigente, lo que hace fácil presumir que para la población cuyo ingreso mensual es éste, o se acerca a éste, su pago sólo puede lograrse a costa del sacrificio del mínimo vital de subsistencia. Así, lo que en definitiva tolera en ciertos casos el aparte normativo acusado es la afectación o amenaza de afectación del núcleo esencial de ciertos derechos fundamentales implicados en la percepción del salario mínimo, a fin de lograr el pago inmediato de la multa y el respeto a las normas de tránsito. Evidentemente, no todos los conductores perciben ingresos mensuales equivalentes tan solo al salario mínimo y su capacidad de pago les permite pagar inmediatamente las multas impuestas por infracciones de tránsito sin afectación de su mínimo vital de subsistencia.

    Pero el aparte normativo acusado tenía un alcance general sobre toda la población de conductores, dentro de la cual una amplia proporción deriva su sustento de ingresos equivalentes o cercanos a la suma fijada como salario mínimo mensual legal. Este grupo de conductores se ve ante la siguiente disyuntiva: o pagar inmediatamente la multa con afectación de su mínimo vital de subsistencia, o verse expuesto a la limitación indefinida de su libertad de circulación y, en ciertos casos, privado de su elemento de trabajo. Sostuvo la Corte que en el diseño de estos mecanismos coactivos, el Legislador debe respetar parámetros de proporcionalidad que ponderen adecuadamente los fines de interés general perseguidos, frente a la limitación de derechos fundamentales a través de la cual pretenden conseguirse. Estos últimos derechos no pueden verse excesivamente limitados, con afectación de su núcleo esencial, so pretexto de proteger el interés colectivo nota 1

    1. Corte Constitucional, Sentencia C-799-03
    5.4. Derecho al trabajo de los habitantes de las propiedades horizontales y facultades de la administración ante la mora en el pago de la cuota de administración

    La actora interpuso acción de tutela por considerar que el Administrador del Edificio en donde se encontraba el apartamento de propiedad de su hija vulneró sus derechos a la libre locomoción y al trabajo al prohibir el ingreso al edificio a su hija y a cualquier otra persona. Asimismo, prohibió el ingreso de los pedidos de productos que le enviaba la empresa para la cual la accionante trabajaba y de la correspondencia que llegaba dirigida al apartamento. Lo anterior porque la actora se encontraba en mora en el pago de cuotas de administración del inmueble. La Corte reiteró que procedió la tutela en caso de presentarse controversias con respecto a los reglamentos de copropiedad o cualquier tipo de determinación tomada por el administrador si estas vulneran derechos fundamentales.

    En el caso se probó que el celador se negó a recibir pedidos de la Empresa para la cual trabajaba la actora, porque el administrador dio la orden de prohibir el ingreso de los pedidos de la empresa y que con esta conducta se le violó el derecho al trabajo. El hecho que la accionante estuviera en mora no conllevaba el que se le impidiera el desarrollo normal de su trabajo ya que existen los mecanismos legales para el cobro de lo adeudado. Además se tuvo en cuenta que este es el medio por el cual obtenía el sustento personal la accionante.

    La Corte sostuvo que el hecho de que un copropietario se encuentre en mora no autoriza al administrador de un edificio constituido bajo el régimen de propiedad horizontal para violar derechos fundamentales ya sea de los propietarios, de residentes, o de terceros. El administrador de la propiedad horizontal tiene las potestades necesarias e indispensables para mantener la convivencia entre copropietarios y la custodia de los bienes comunes. Igualmente, los copropietarios están obligados a contribuir a las expensas para la administración, conservación y reparación de los bienes comunes. Sin embargo, en su actuación el administrador debe respetar los derechos fundamentales no solo de los copropietarios sino de los residentes y de las personas que ingresen al edificio o conjunto.

    La corte concedió la acción de tutela para proteger el derecho al trabajo y a la libre locomoción de la actora y en consecuencia ordenó al administrador del edificio que permitiera a la solicitante, su familia y demás personas a que la accionante autorizara, el libre acceso al edificio y recibir la correspondencia y los objetos que le fueran remitidos a la accionante nota 1

    1. Corte Constitucional, Sentencia T-468-04
    5.5. Los colocadores de apuestas independientes tienen derecho a ejercer libremente su trabajo y no se les puede exigir exclusividad

    El actor presentó acción de tutela contra Empresarios Unidos de Cali U.T y Comercializadora La Confianza S.A. pues consideró violados sus derechos fundamentales al trabajo, al buen nombre y a la intimidad. Ello porque aquellas han exigido de él exclusividad en su labor como colocador independiente de apuestas (venta de chance) y, al haber incumplido dicha prohibición, han difundido, entre las empresas que conforman la unión temporal, información acerca de su falta, excluyéndolo de esta manera de la actividad de colocador independiente.

    La Corte aclaró que la actividad que efectúa el actor de la presente acción se puede ejercer bajo dos modalidades: i) la de colocador de apuestas permanentes dependiente; y ii) la de colocador de apuestas independiente. El accionante se encontraba bajo esta última modalidad, que se caracteriza por el hecho de que la promoción de ventas se efectúa por los propios medios. La actividad de colocador de apuestas permanentes independiente se efectúa en virtud de un contrato mercantil y por expreso mandato de disposición legal dentro de estos contratos no se puede pactar la exclusividad.

    No obstante la naturaleza independiente de la actividad, la Corte advirtió que se debe predicar la indefensión del actor frente a las demandadas y por tanto procede la acción de tutela en contra de particulares. Ello porque a todas luces el acto de incluir al actor en una ?lista negra? implica el uso de un medio que busca, a través de la presión social que puede causar su utilización, el que aquel haga o deje de hacer algo en favor de las demandadas. Lo anterior cobra aún mayor claridad si se tiene en cuenta que la presión social que origina la circulación de las anotadas listas tiene que ver directamente con una actividad económica en las que las empresas demandadas son las únicas concesionarias y, por tratarse de una actividad que forma parte de aquellas cuyo ejercicio se encuentra reservado a los Departamentos, no es del libre ejercicio por parte de los particulares.

    La Corte consideró que el derecho al trabajo del actor se ve seriamente comprometido por la indebida conducta de las demandadas, en especial de la comercializadora la Confianza S.A, pues al pactar una exclusividad que la misma ley se encarga de prohibir, desvirtúan de forma absoluta la figura del colocador independiente, evitando que el demandante ejerza la actividad que le da sustento y desconociendo en ello el ejercicio libre de un trabajo que ha de serlo por definición. A ello debe sumarse el grave hecho de que para hacer eficaz esta ilegal exclusividad a la que se obliga al demandante, las empresas de la unión temporal, por medio de una circulares internas que constituyen unas verdaderas ?listas negras?, ejercen una indebida represión y persecución en contra del actor; logrando a través de aquellas ejercer una indebida coerción que se ha demostrado eficaz para impedir al demandante el disfrute de su derecho.

    En consecuencia, la Corte concedió la tutela y ordenó a la demandada que en forma inmediata restableciera las condiciones de trabajo del actor, permitiéndole el ejercicio de su actividad como colocador de apuestas permanentes independiente, sin exigirle exclusividad alguna. nota 1

    1. Corte Constitucional, Sentencia T-761-04
    5.6. El derecho al trabajo y el buen nombre

    La actora interpuso acción de tutela contra la empresa para la que trabajaba porque consideró vulnerados sus derechos al buen nombre y al trabajo. La actora laboró para la empresa accionada mediante un contrato de corretaje, como vendedora de chance, hasta que fue despedida por una deuda que reconoció y aun tenía pendiente con la empresa demandada. Posteriormente, se vinculó con otra empresa de apuestas e inversiones, mediante un promotor de ventas. La actora solicitó que se ordenara a su antiguo empleador que se retractara de las afirmaciones y solicitudes que hizo por escrito en una comunicación a su nuevo patrono, quien dejó de proporcionarle trabajo, a juicio de la demandante, por causa de esa comunicación.

    En cuanto al derecho al buen nombre, la Corte señaló que, como expresión de la reputación o fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionen el concepto público que se tiene del individuo. En el presente caso, la acción no se dirigió contra un medio de comunicación social, sino contra una empresa privada que envió una carta a otra empresa dedicada a su misma actividad, con información sobre la demandante que, a juicio de ésta, fue vulneradora de su derecho al buen nombre. La conclusión de la carta es la sugerencia de que el promotor de la actora pagara la deuda y que a la señora la retiraran de ese sitio de inmediato.

    Para la Corte quedó claro que: i.) la afirmación sobre la deuda de la demandante con la empresa accionada era cierta y, ii.) la demandante estaba trabajando sin que hubiera pasado un día que hubiera dejado de hacerlo, al menos en la actividad de la venta de chance, desde que empezó su relación con la empresa demandada, inclusive, hasta el momento en que instauró la acción y ésta fue resuelta por el juez de primera instancia. Así las cosas, a juicio de la Corte, la demandante contó con otro medio judicial de defensa, para determinar las condiciones en que la actora debía responder por la deuda contraída con la empresa accionada, dado que, aunque no negó la existencia de la misma, estaba en desacuerdo sobre la forma como debía cancelarla, sin que por ese aspecto pudiera alegarse la vulneración de su derecho al buen nombre, ya que, además, no se probó la difusión de esa información; muy al contrario, la demandante aclaró que sólo se hizo y se limitó respecto de la empresa para la cual trabajaba.

    Con base en los fundamentos expuestos, la sala consideró improcedente el amparo solicitado, aún de manera transitoria, como quiera que las manifestaciones de la accionante, expuestas con el fin de demostrar la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo y al buen nombre, por la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable, en realidad pretenden la retractación de unas afirmaciones que ella misma ha aceptado como ciertas y, en realidad, no le han impedido ejercer su oficio, del cual deriva sus sustento diario nota 1

    1. Corte Constitucional, Sentencia T-482-04
    5.7. Divulgación de veto para el ingreso que hace una empresa de un extrabajador vulnera el derecho al trabajo

    El accionante interpuso acción de tutela contra una sociedad comercializadora de azúcares y mieles por considerar violados sus derechos fundamentales al trabajo y al buen nombre. Lo anterior debido a que cuando se desempeñaba como conductor de tractocamión en el transporte de azúcares y mieles desde los ingenios azucareros hasta la sociedad portuaria y las instalaciones de la entidad accionada, se le denunció penalmente por el delito de hurto alegando hechos falsos e imposibles, como la evasión de controles a la salida del puerto y la posterior captura por la policía de carreteras. El fiscal que adelantó la investigación dictó resolución inhibitoria debido a que no existió prueba que comprometiera la responsabilidad del accionante. Sin embargo, la sociedad para la que trabajaba procedió a vetarlo por supuestas irregularidades de tipo administrativo, impidiéndole el ingreso a las instalaciones y además, procedió a enviar un mensaje de correo electrónico en el cual se informó a los ingenios azucareros y a unas empresas de transporte que no se recibiría cualquier tipo de carga que fuera transportada por vehículos conducidos por el accionante, y que si se le asignare carga por parte de cualquier ingenio azucarero sería bajo responsabilidad del mismo ingenio.

    Para el actor, esta actuación de la demandada lo afecta sobremanera, toda vez que los más importantes ingenios azucareros de la zona de occidente se encuentran afiliados a la empresa demandada, quienes por solidaridad gremial y por el efecto multiplicador de la comunicación electrónica enviada por la misma empresa se abstienen de entregarle carga, limitándole la posibilidad de laborar como transportador para ellos. En consecuencia, el actor solicita que se ordene a la entidad demandada cancelar la comunicación electrónica de veto ya que el mismo se basa en criterios subjetivos de la misma compañía y afecta gravemente sus derechos al buen nombre y al trabajo.

    Señaló la Corte que la empresa demandada en ejercicio del derecho de dominio, tiene la facultad de negar o restringir el ingreso de determinadas personas cuando lo considere oportuno. Sin embargo, la divulgación de la negación de la entrada a las instalaciones de la demandada que fue enviada a algunos ingenios azucareros y a algunas empresas intermediarias de transporte, sí afectó su derecho al buen nombre, pues es innegable que lo que originó la restricción de la entrada del actor a las dependencias de la demandada fue el incidente ocurrido en las instalaciones de ésta, situación que dio lugar a que el jefe de seguridad instaurara denuncia penal, que tuvo como resultado una decisión inhibitoria. La actuación de la empresa demandada se realizó en ejercicio de la posición dominante que ostenta, encontrándose el actor en una posición de inferioridad frente a la misma y no cuenta con otro medio de defensa judicial que permita efectivamente la protección de sus derechos.

    De otro lado, la Corte consideró que sí se violó el derecho al trabajo pues de acuerdo con las pruebas a pesar de que entre el actor y la empresa demandada no existe ninguna relación laboral, ésta ultima sí ejerce poder sobre las empresas transportadoras e ingenios vinculados a la misma. En este sentido se observó que de la operación del camión por parte del accionante depende el sustento diario de él y su familia, por ser la única herramienta de trabajo con que cuenta, de allí que la información difundida por la empresa demandada vulnere el derecho al trabajo del actor, pues los destinatarios de aquella, por pérdida de confianza en el actor por solidaridad con la empresa y por el efecto del poder que esta puede ejercer sobre los mismos, no le van a entregar más carga para transportar.

    La Corte enfatizó en que una vez aclarado el asunto por la jurisdicción penal, ningún reproche debe merecer la actuación del actor ni se puede poner en entredicho su buen nombre en el entorno laboral y social en el cual se desenvuelve. En este orden de ideas, la Corte tuteló los derechos al buen nombre y al trabajo del tutelante. nota 1

    1. Corte Constitucional, Sentencia T-667-04
    5.8. La exclusión de las conductas ocurridas en privado, de la presunción de acoso laboral consagrada en la ley 1010, se justifica en el hecho de que tales actos no son evidentes ni manifiestos

    Se analizó la constitucionalidad del artículo 7 de la Ley 1010 de 2006 que presumía la conducta de acoso laboral si se acreditaba la ocurrencia repetida y pública de ciertas conductas.

    Las demandantes alegaron que la exigencia de que las conductas que configuran acoso laboral requieran ser desplegadas de manera pública, es abiertamente atentatoria del derecho a la igualdad, por cuanto establece una diferenciación injustificada entre las actuaciones acaecidas en privado, que serán de más frecuente ocurrencia, y aquellas que tengan lugar en público. Para ellas, la disposición establece un trato discriminatorio entre los dos tipos de víctimas, pues la carga probatoria para quienes padecen el hostigamiento en privado se incrementa desproporcionadamente, más si se tiene en cuenta que el agresor procurará ocultar su comportamiento.

    Para la Corte, la exclusión de las conductas ocurridas en privado, de la presunción de acoso laboral consagrada en el artículo 7°, se justifica entonces no a partir de la consideración de que estos actos carecen de capacidad de ofender los bienes jurídicamente protegidos por la Ley, sino en la circunstancia de que los mismos si bien son igualmente lesivos de garantías fundamentales, no son igualmente evidentes ni manifiestos, por lo cual la actividad a desplegar ante el juzgador para que éste alcance la convicción de que se trata de conductas constitutivas de acoso laboral se hace más exigente, sin resultar por ello desproporcionada.

    Por otra parte, los hostigamientos que se pretendan hacer valer como conductas constitutivas de acoso laboral ocurridas en privado deben ser acreditadas, al igual que deben serlo las que han tenido lugar frente a terceros, sin que la carga argumentativa adicional que debe soportar el primero, resulte desproporcionada si se analiza a la luz de las diferencias existentes entre una y otra circunstancia frente a su potencial vulnerador de los derechos fundamentales que busca proteger la normatividad en su conjunto. nota 1

    1. Corte Constitucional, Sentencia C-780-07
    5.9. Trabajadores asociados a cooperativas de trabajo deben ser retribuidos con prestaciones equivalentes a las establecidas en el código sustantivo de trabajo

    Fue demandado por inconstitucional el artículo 63 (parcial) de la Ley 1429 de 2010 "por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo", norma que dispone que "las precooperativas y cooperativas de trabajo asociado, cuando en casos excepcionales previstos por la ley tengan trabajadores, retribuirán a éstos y a los trabajadores asociados por las labores realizadas, de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo". Para el actor, ésta norma desconoce el concepto del trabajo cooperado solidario y autogestionario al imponer la aplicación del régimen jurídico laboral del trabajo subordinado, dependiente y por cuenta ajena.

    Para la Corte, el actor parte de una premisa equivocada, porque la disposición no impone la aplicación de un mismo régimen laboral a las relaciones que se desenvuelven en el ámbito del contrato de trabajo y a las que discurren en el seno de las cooperativas de trabajo asociado. A esa conclusión llega a partir de dos consideraciones centrales, la primera, que se desprende del texto mismo de la disposición acusada, tiene que ver con el hecho de que ella no se remite, en general, al régimen laboral contenido en el Código Sustantivo del Trabajo, sino que lo hace, exclusivamente, en el ámbito de la retribución a los trabajadores. Eso deja abierta la posibilidad de que las cooperativas, respetando el marco fijado por la ley, regulen los distintos aspectos de la relación de trabajo, incluidos los que tienen que ver con la compensación o retribución del trabajo, de manera que resulte acorde con la naturaleza de la entidad asociativa en la que se desenvuelve. En segundo lugar, se tiene que la distinta naturaleza de las relaciones que surgen en uno y otro escenario hacen materialmente imposible, aún en el ámbito de la retribución, aplicar, sin matices, a las cooperativas de trabajo asociado, las previsiones establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo para el trabajo dependiente y subordinado, empezando porque no hay en las primeras una oposición entre capital y trabajo, sino una relación solidaria que se desarrolla en un plano horizontal, ni existe un salario, como prestación a cargo de una parte del contrato, a cambio del servicio personal que recibe de la otra, sino una compensación por el trabajo aportado.

    Por consiguiente, el alcance de la disposición es el de imponer a las cooperativas de trabajo asociado unas condiciones de retribución para los trabajadores asociados que, sin desconocer la distinta naturaleza de las relaciones laborales que se dan en el seno de las cooperativas frente a las que son objeto de regulación en el Código, permita que éstos accedan, mediante prestaciones equivalentes, a las condiciones previstas en el Código Sustantivo del Trabajo como un mínimo a favor de los trabajadores.

    Para la Corte, esa imposición no es discriminatoria, porque respetando las diferencias que puedan existir entre las distintas modalidades de trabajo, establece unas condiciones mínimas que resultan aplicables a todas ellas. nota 1

    1. Corte Constitucional, Sentencia C-645-11

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