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Última modificación: 2006-08-01
Deber del juez de motivar los fallos que reiteran el precedente judicial

El artículo 10 de la Ley 553 de 2000 consagra un mecanismo procesal que contribuye a la resolución de casos respecto de los cuales existe una línea jurisprudencial aplicada de manera uniforme a hechos que ya han sido objeto de estudio por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Para la Corte, la consagración del mecanismo procesal de respuesta inmediata busca alentar el respeto al sistema de precedentes por parte del juez penal que conoce de la demanda de casación. La formulación de la respuesta inmediata, en estos términos, otorga una excesiva discrecionalidad al funcionario judicial que resuelve la casación penal, pues el precepto guarda silencio sobre la obligación de motivar el fallo y exponer las razones por las cuales se reitera determinada línea jurisprudencial.

Así, en aras de una noción eficientista de la actividad judicial y con el propósito de descongestionar el tribunal de casación en materia penal, se sacrifican derechos de quienes defienden sus intereses en el proceso de casación. Las decisiones que toma el juez, que resuelven asuntos sustanciales dentro de un proceso, deben consignar las razones jurídicas que dan sustento al pronunciamiento; se trata de un principio del que también depende la cabal aplicación del derecho al debido proceso pues, si hay alguna justificación en la base de las garantías procesales es la necesidad de exponer los fundamentos que respaldan cada decisión, la obligación de motivar jurídicamente los pronunciamientos que profiere el funcionario judicial.

El sistema de precedentes a través de la respuesta inmediata, consagrada en la norma demandada, desconoce las garantías del debido proceso de los sujetos procesales que intervienen en el recurso de casación, en detrimento de derechos como la libertad personal y la primacía de la justicia material en las actuaciones judiciales, por lo cual la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 10 de la Ley 553 de 2000 y del artículo 214 de la Ley 600 de 2000. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-252-01

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