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Última modificación: 2006-11-24
El recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia. esta previsto a favor de todas las partes que intervienen en el proceso penal.

En acción de inconstitucionalidad fue demandado ante la Corte Constitucional el artículo 205 ? parcial- de la Ley 600 de 2000, que se refiere a la procedencia de la casación en el proceso penal. Señala el demandante que la norma acusada es contraria a los artículos 29 y 31 de la Constitución, por cuanto permite que la casación proceda en casos de sentencias absolutorias de primera y segunda instancia, sin que esa sentencia de la Corte Suprema pueda ser impugnada. Esto, a su juicio, vulnera también el artículo 13 de la Carta Política pues otorga un trato diferencial a los condenados en primera o segunda instancia, quienes si tienen la posibilidad de impugnar la sentencia condenatoria.

La Corte se pronunció sobre la totalidad del inciso primero de la norma acusada, la cual consideró exequible. Fundamentó su decisión en los siguientes razonamientos:

1) El actor desconoce la naturaleza y finalidades de la casación y le atribuye características que no tiene, como la de ser una nueva instancia;

2) Cuando el artículo 29 de la Carta incluye el derecho a impugnar la sentencia no se refiere a una forma específica de impugnar. Tampoco hace mención específica a recurso alguno. En ese orden de ideas, tanto las acciones de revisión como las acciones de tutela son mecanismos de impugnación excepcionales de la sentencia condenatoria que llegue a proferir la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia;

3) El artículo 31 de la Constitución establece que toda sentencia podrá ser apelada o consultada, ?salvo las excepciones que consagre la ley?, lo que significa que el Constituyente no estableció un principio absoluto en esta materia y dejó al legislador la posibilidad de que en ejercicio de su potestad de configuración estableciera aquellos casos en los que sin perjuicio del respeto de todas las garantías ligadas al debido proceso (art. 29 C.P.) solo se profiriera una decisión de instancia; y

4) La garantía de acceso a la administración de justicia y del derecho a la igualdad se predica de todas las partes en el proceso penal. Si no se permitiera al Ministerio Público, a la Fiscalía, a la Víctima o a los perjudicados con el hecho punible solicitar la casación de las sentencia absolutoria con el fin de que se corrija un eventual desconocimiento de la Constitución y la ley, se estaría no sólo desconociendo el derecho a la igualdad de dichos intervinientes en el proceso penal sino su derecho al acceso a la administración de justicia en perjuicio de los derechos del estado, de la sociedad, de la víctima o de los eventuales perjudicados con el hecho punible y con grave detrimento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-998-04

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