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Última modificación: 2006-08-01
Criterios para determinar el ámbito de aplicación

El actor demandó, entre otros, los artículos 25, 39, 259 y 260 del Código Penal Militar, por considerar que en ellos se configura una discriminación contra las personas que no forman parte de las Fuerzas Militares, dado que las penas máximas contempladas para los miembros de la Fuerza Pública del concurso de delitos y del homicidio equivale a la mitad de la que se puede aplicar a las personas juzgadas por la justicia ordinaria.

De acuerdo con la Corte, dado que las dos situaciones son iguales, el trato diferenciado es inaceptable. Por lo tanto, en relación con los delitos comunes contemplados en el Código Penal Militar, éste no puede, sin violar el principio de igualdad en materia punitiva, imponer penas principales inferiores a las previstas en la legislación penal ordinaria. Es el caso del delito de homicidio, sancionado en el Código Penal Militar con una pena de prisión de 10 a 15 años - la que se eleva de 16 hasta 30 años si concurren circunstancias de agravación punitiva -, que en el Código Penal recibe un castigo más severo consistente en pena de prisión de 25 a 40 años, que se aumenta de 40 a 60 años si median circunstancias de agravación punitiva. De acuerdo con lo expuesto, las expresiones demandadas que fijan el quántum de la pena del delito de homicidio y de las circunstancias de agravación punitiva serán declaradas inexequibles. En estos dos eventos, por razones elementales de integración normativa, las penas serán las que se establecen en las normas respectivas del Código Penal.

En lo que respecta a la extensión del fuero penal militar a conductas que están más allá de los delitos estrictamente relacionados con el servicio, la Corte considera que representa una vulneración a la limitación que impuso el Constituyente al ámbito de aplicación de la justicia penal militar. En tales circunstancias, se debe declarar la inconstitucionalidad de las expresiones como ?con ocasión del servicio o por causa de éste o de funciones inherentes a su cargo?, o similares incluidas en los artículos 190, 259, 261, 262, 263, 264 y 266, 278 y 291 del Código Penal Militar. Para la Corte, el Legislador extendió el ámbito de competencia de la justicia castrense más allá de lo constitucionalmente admisible, por lo cual la Corte retirará del ordenamiento esas expresiones, en el entendido de que la justicia penal militar sólo se aplica a los delitos cometidos en relación con el servicio.

La Corte estableció los siguientes criterios para determinar el ámbito del fuero penal militar: a) para que el delito sea competencia de la justicia penal militar debe haber un vínculo directo y no puramente hipotético y abstracto entre el delito y la actividad propia del servicio, el hecho punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo armado; b) el vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con el servicio se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, tal como ocurre con los llamados delitos de lesa humanidad.

En estas circunstancias, el caso debe ser atribuido a la justicia ordinaria, dada la total contradicción entre el delito y los cometidos constitucionales de la Fuerza Pública; c) la relación con el servicio debe surgir claramente de las pruebas que obran dentro del proceso. Ello significa que en las situaciones en las que exista duda acerca de cuál es la jurisdicción competente para conocer sobre un proceso determinado, la decisión deberá recaer en favor de la jurisdicción ordinaria, en razón de que no se pudo demostrar plenamente que se configuraba la excepción. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-358-97. Posición que la Corte reitera en la Sentencia C-591-05 al estudiar una demanda de inconstitucionalidad contra el art. 30 de la Ley 906-04

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