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Última modificación: 2006-08-01
Los delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de la fuerza pública son de competencia de la justicia ordinaria

En otro caso posterior, se demandan los artículos 1, 2, y 95 de la Ley 522 de 1999 por considerar que al no definir el significado de la expresión ?en servicio activo?, la jurisdicción excepcional se convierte en un privilegio para los miembros de la Fuerza Pública, dado que éstos podrán ser juzgados por los tribunales militares aun cuando los delitos cometidos por ellos no se relacionen con su función, en desmedro de los derechos a la igualdad y al debido proceso, por cuanto el principio general es que la justicia ordinaria es la competente para investigar y juzgar la comisión de los delitos comunes, en desarrollo del principio del juez natural y de igualdad. El actor también estimó que la lista de delitos de lesa humanidad establecida en el artículo 3 (tortura, genocidio y desaparición forzada), no puede considerarse taxativa.

La Corte reiteró su jurisprudencia anterior, según la cual, el alcance de la expresión ?en servicio activo? indica que la justicia penal militar tiene competencia para juzgar un acto delictivo cuando está constituido por las actividades concretas orientadas a cumplir las finalidades propias de las Fuerzas Militares (defensa de la soberanía, independencia e integridad del territorio nacional y del orden constitucional) y de la Policía Nacional (mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la convivencia pacífica).

Las prerrogativas y la investidura que ostentan los miembros de la Fuerza Pública pierden toda relación con el servicio cuando deliberadamente son utilizadas para cometer delitos comunes, los cuales no dejan de serlo porque el agente se haya aprovechado de éstas prerrogativas e investidura, ya que ellas no equivalen a servicio ni tienen la virtud de mutar el delito común en un acto relacionado con el mismo. Por eso, entender el fuero militar y policial de otra forma sería establecer un privilegio estamental.

En consecuencia, no todas las conductas de los miembros de la Fuerza Pública pueden quedar comprendidas en el Derecho Penal militar, porque para ello el comportamiento reprochable debe tener relación directa con la función militar o policiva. De acuerdo con esta interpretación, la Corte declara exequibles los artículos 1, 2 y 195 de la Ley 522 de 1999. Respecto del artículo 3, la Corte declara su exequibilidad condicionada, en el entendido que los delitos enunciados, no son los únicos hechos punibles que han de considerarse excluidos del conocimiento de la jurisdicción penal militar, pues todas aquellas conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública, que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio, han de entenderse excluidas del campo de competencia de esta jurisdicción especial. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-878-00

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