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Última modificación: 2006-08-01
Constitucionalidad de la extensión del fuero penal militar a los miembros de la policía nacional

El actor demandó la inconstitucionalidad del artículo 114 del Decreto-ley 041 de 1994 y los artículos 14 parcial, 352, 353, 354 y 355 del Decreto-ley 2550 de 1988 al considerar que extender el fuero penal militar a los miembros de la Policía Nacional, por los delitos cometidos en servicio activo y por razón del mismo, contraría la naturaleza civil que le otorgó el Constituyente a esta institución en el artículo 218 de la Constitución. Además sostiene que las disposiciones atacadas desconocen el derecho al debido proceso, en lo que se refiere al principio del juez natural.

La Corte estimó que la extensión del fuero militar a la Policía, a pesar de su naturaleza civil, se justifica en que de acuerdo con la coyuntura nacional, la policía debe responder a fuentes de violencia internas que comprometen tanto el orden constitucional (cuya defensa es fin primordial de las Fuerzas Militares, según el artículo 217 de la Constitución), como las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, que corresponde a la Policía Nacional, de acuerdo con el artículo 218 de la Carta. Las funciones de la Policía Nacional no son sólo civiles sino que están situadas en una ?zona gris? que el Constituyente reconoció en el artículo 221 de la Constitución, al establecer el fuero militar para la Fuerza Pública (conformada por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, compuestas por la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea).

Por otro lado, consideró que a partir de una interpretación armónica de los artículos 213 y 218 de la Carta, se entiende que los miembros de la Policía judicial sí pueden ser juzgados por la justicia penal militar. Respecto de la vulneración del debido proceso, la Corte afirmó que el "juez natural" es aquél que la Constitución o la ley han instituido para conocer de determinados asuntos. El juez natural para juzgar al personal de la Policía Nacional por los delitos aludidos está conformado por las cortes marciales o tribunales militares, de acuerdo con el artículo 221 de la Constitución. En virtud de lo anterior, la Corte declaró la exequibilidad parcial del artículo 114 del Decreto-ley 041 de 1994. Así mismo, declaró exequibles los artículos 14 en lo demandado, y los 352, 353, 354 y 355 del Decreto-ley 2550 de 1988. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-444-95

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