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Última modificación: 2006-08-01
Derechos de la parte civil a la verdad, la justicia y la reparación

El actor demanda la inconstitucionalidad del artículo 137 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) por violar el derecho a la igualdad, al establecer diferencias entre el sindicado y el denunciante o perjudicado en el acceso a la administración de justicia. La Corte considera que los derechos de la víctima van más allá del derecho de ser resarcida económicamente por el daño causado por el hecho ilícito e incluyen el derecho a conocer la verdad sobre los hechos y el derecho a que se haga justicia.

Por lo tanto, decide cambiar su jurisprudencia respecto del contenido que le había dado al concepto de la parte civil, desarrollado en la Sentencia C-293 de 1995. En esta sentencia la Corte declaró constitucional el artículo 45 del Decreto 2700 de 1991 que establecía los límites para el acceso a la justicia de la parte civil, pues se consideraba que el único derecho de la víctima o del perjudicado era la de ser resarcida económicamente por el daño ocasionado por el hecho ilícito, por lo cual se justificaba restringir su ámbito de participación en la etapa donde aún no era parte en el proceso. También se consideró que no sólo era necesario sino deseable para impedir que los ánimos retaleatorios de la víctima interfirieran en el proceso.

La Corte justifica el cambio de jurisprudencia con las siguientes razones: 1. Cambio normativo en el ordenamiento jurídico que sirvió de referente normativo para la decisión anterior. Las normas del Código de Procedimiento Penal y del Código de Procedimiento Penal Militar sobre la parte civil han cambiado. 2. Cambio en la concepción del referente normativo o evolución de las corrientes de pensamiento sobre el problema jurídico planteado. Para 1995 no se había concretizado la tendencia amplia de protección a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos. 3. Necesidad de unificar los precedentes en la materia.

La Corte considera necesario unificar los precedentes en materia de parte civil entre la justicia penal militar y la justicia penal ordinaria. A juicio de la Corte son tres los precedentes relevantes: 1) La Sentencia C-740 de 2001 que dispone que la participación de la parte civil en el proceso penal militar tiene como objetivo único impulsar el proceso para conseguir la verdad sobre los hechos, y no el resarcimiento del daño que se debe solicitar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; 2) La Sentencia C-1149 de 2001 en la cual se afirmó que los derechos de la víctima dentro del proceso penal militar no se limitaban a la reparación económica, sino que además incluyen conocer la realidad sobre los hechos y que se haga justicia, es decir, que se sancione a los infractores. Además que los tres derechos son importantes y que deben ser garantizados por igual. 3) La Sentencia SU-1184 de 2001 en la que se reiteran los tres derechos de las víctimas: saber la verdad sobre la ocurrencia de los hechos; que se haga justicia, y la reparación económica. 4) Constatación de que el precedente se funda en una doctrina que generó gran controversia. La Corte estuvo ampliamente dividida al decidir la Sentencia C-293 de 1995, con cuatro salvamentos de voto.

La Corte concluye que la parte civil debe ser un sujeto procesal en sentido pleno, con derecho a conocer la verdad sin necesidad de que se le exija demostrar un daño patrimonial y, por lo tanto, se le debe permitir participar desde la investigación preliminar. En consecuencia la Corte declara exequible de manera condicionada el artículo 137 en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia, salvo la expresión ?en forma prevalente y desplazar la constituida por las entidades mencionadas?, contenida en el inciso segundo, que se declara inexequible. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-228-02

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