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Última modificación: 2006-08-01
Existencia de vía de hecho por desconocimiento del juez natural cuando se atribuye a la justicia penal militar el conocimiento de delitos no relacionados con el servicio

El actor, quien actúa en representación de la parte civil en los procesos contra un general y un coronel por los hechos sucedidos en la masacre de Mapiripán, interpuso acción de tutela contra la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por haber tomado la decisión de enviar a la justicia penal militar las investigaciones contra los oficiales mencionados, cuya investigación se adelantaba en la Unidad de Derechos Humanos de la fiscalía General de la Nación. En su concepto, la decisión vulnera, entre otros, los artículos 13, 29, 229 y 235 de la Carta.

La Corte sostuvo que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura incurrió en vía de hecho al desconocer el precedente de la Corte en materia de competencia de la justicia penal militar y expresas reglas constitucionales sobre la competencia para juzgar a los Generales de la República, lo que implica una violación del derecho al juez natural. De acuerdo con la Corte, le corresponde a la justicia ordinaria resolver la situación sobre la responsabilidad de los oficiales militares en cuestión, por las siguientes razones: 1. De acuerdo con el artículo 235 de la Constitución es competencia de la Corte Suprema de Justicia juzgar a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública por los hechos punibles que se les imputen. 2. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional tienen una posición de garante derivada de su obligación de cumplir deberes irrenunciables en un Estado social de derecho y la función que el artículo 217 del Constitución les impone de garantizar el orden constitucional, no sólo implica asegurar la estructura democrática del país sino también defender activa y eficazmente los derechos constitucionales de los asociados.

La Corte estimó que la omisión de los oficiales no puede ser considerada en función del servicio, porque cuando se tiene posición de garante, las omisiones que permitan, faciliten u ocasionen (sea a título de autoría o complicidad, delito tentado o consumado, doloso o culposo) la violación de derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario son comportamientos que no tiene relación con el servicio. Este elemento debe ser valorado al determinar la aplicación del parágrafo del art. 235 de la Carta.

En consecuencia, la Corte concedió la tutela del derecho al debido proceso por desconocimiento del juez natural y declaró la nulidad de la providencia mediante la cual la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió el conflicto de competencias entre el Comandante del Ejército Nacional y la fiscalía General de la Nación. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-1184-01

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