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Última modificación: 2006-08-01
Auditores de guerra: intervención y reserva sumarial; autonomia de los jueces y cortes marciales a quienes asesoran y las etapas de instrucción y juzgamiento

La Corte Constitucional se pronunció frente a la acción de inconstitucionalidad de los artículos 263 numeral 4º, 267 y 561 de la Ley 522 de 1999, por medio de la cual se expide el Código Penal Militar, en donde se establece, respectivamente, que los auditores de guerra son funcionarios de instrucción penal militar en casos especiales designados por el respectivo juez de instancia; señala sus funciones como asesores jurídicos de los juzgados de primera instancia, donde deben rendir los conceptos que se les requieran, elaborar los proyectos de decisión, asesorar a las Cortes Marciales y ?los demás juzgamientos que aquellos realicen? y finalmente la disposición que señala que, si se requiere, la Corte Marcial podrá estar asesorada por un auditor de guerra designado por su Presidente.

El actor consideró que las normas demandadas eran contrarias a los artículos 15, 21, 29, 74,116,228 y 230 de la Constitución porque: 1) Se autoriza a un funcionario, como el auditor de guerra, que no es parte en el proceso ni sujeto procesal, a tener acceso al expediente y a otras diligencias reservadas; 2) El asesoramiento y los proyectos de fallo elaborados por los auditores de guerra hacen perder la autonomía y discrecionalidad para decidir a los jueces y cortes marciales y 3) Se le asigna al auditor de guerra, funcionario con carácter administrativo, funciones de instrucción y juzgamiento.

La Corte señaló que la intervención de los auditores de guerra en el proceso penal no vulnera la reserva sumarial y que tienen un acceso autorizado al expediente porque estos: 1) No son empleados con funciones administrativas de la justicia penal militar, sino que son asesores jurídicos de los jueces de primera instancia con funciones de auxiliar de la justicia penal militar, con labores similares a las que desempeñan los abogados y asesores de las distintas cortes y tribunales; 2) Están autorizados por la Ley 522 de 1999 para tener acceso a las diligencias reservadas, no sólo cuando actúan como funcionarios de instrucción, sino también cuando actúan como asesores y 3) En razón de ser funcionarios que elaboran proyectos de fallo para los jueces de primera instancia y rinden conceptos, no podrían llegar a cabo estas tareas si el acceso al expediente les estuviera vedado.

Con relación al segundo cargo, la Corte estableció que el hecho de que los auditores de guerra cumplan funciones de asesoría y, por lo tanto, puedan incidir en el sentido de las decisiones que adopten los jueces militares y las cortes marciales no le resta autonomía e independencia a éstos en el ejercicio de la función jurisdiccional encomendada, porque los auditores de guerra: 1) Cumplen funciones de apoyo para los jueces militares de primera instancia y las cortes militares de acuerdo con el artículo 267 demandado; 2) No ejercen labores de conducción del proceso, sino que su actividad se limita a prestar asesoría jurídica a los jueces militares y a las cortes marciales mediante la elaboración de conceptos y proyectos de decisión, que de acuerdo con el artículo 267 demandado no son de forzosa aceptación y 3) Son funcionarios de carrera que hacen parte de la estructura de la justicia penal militar y tienen como superior jerárquico al juez de primera instancia a quienes asesoran.

Finalmente, con respecto al tercer cargo, la Corte señaló que cuando el auditor de guerra interviene en la etapa de instrucción, y posteriormente, en ejercicio de sus funciones como asesor jurídico del juez de primera instancia se le pide que elabore el proyecto de fallo, se desconoce la garantía constitucional del debido proceso que, en materia penal, exige la separación de etapas de instrucción, acusación y juzgamiento y su realización en cabeza de diversas personas con el fin de garantizar la imparcialidad en la investigación y en el juzgamiento de la conducta punible. Por lo tanto la Corte declaró exequibles los artículos 267 y 561 acusados e igualmente declaró exequible el artículo 263 numeral 4, pero condicionado a que cuando el auditor de guerra ha actuado en la etapa de instrucción no podrá ejercer funciones de asesoría ni elaborar proyectos de fallo durante la etapa de juzgamiento en el mismo proceso nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-182-03

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