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Última modificación: 2006-09-21
La facultad de la fiscalía para ordenar capturas no puede aplicarse hasta tanto la ley no regule los eventos y límites en que excepcionalmente procede

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión contenida en el artículo 297 de la Ley 906 de 2004, que habla de la captura excepcional ordenada por la Fiscalía General bajo el entendido de que esta facultad excepcional de efectuar capturas no será aplicable hasta tanto el legislador no regule, de conformidad con el inciso tercero del numeral 1° del artículo 250 de la Constitución, los límites y eventos en que excepcionalmente procede la captura por orden de la Fiscalía General de la Nación.

Para la Corte, la posibilidad con que cuenta la Fiscalía General de la Nación para realizar capturas de manera excepcional debe comportar el cumplimiento de presupuestos , requisitos, límites e hipótesis claramente definidos en la ley , conforme con el numeral 1) del artículo 250 de la Constitución. Así entonces, la autoridad competente para efectuar excepcionalmente una detención, en el presente caso la Fiscalía General de la Nación, solo puede hacer uso de dicha facultad en situaciones con unas características claras y definidas, ajustadas al principio de legalidad.

No obstante, la posibilidad con que cuenta la Fiscalía General de la Nación para realizar capturas de manera excepcional debe comportar el cumplimiento de presupuestos, requisitos, límites e hipótesis claramente definidos en la ley , conforme con el numeral 1) del artículo 250 de la Constitución.

Así entonces, la autoridad competente para efectuar excepcionalmente una detención, en el presente caso la Fiscalía General de la Nación, solo puede hacer uso de dicha facultad en situaciones con unas características claras y definidas. Es decir, ajustadas al principio de legalidad.

En este orden de ideas, estas características deben estar señaladas en la ley y con mayor razón aún si se trata de facultades excepcionales. La restricción de la libertad, por excepcional que esta sea, debe tener sus circunstancias expresas en la ley y no pueden quedar a discreción de quien ordenen la captura. Por esta razón, si la expresión objeto de revisión constitucional se interpretara como si los presupuestos y requisitos de la captura excepcional no estuviera claramente definidos por la ley, ella sería inconstitucional. Por el contrario, si ella se entiende que la referida facultad no será aplicable hasta tanto el legislador no la regule, conforme con las disposiciones constitucionales, que exigen el señalamiento de límites y eventos precisos, la expresión es constitucional. nota 1

Similar pronunciamiento había efectuado la Corte en la Sentencia C.730 de 2005. En ella la Corte manifestó que el legislador, en virtud de lo dispuesto por el numeral 1º de la Constitución Política, podía autorizar a la Fiscalía General de la Nación la posibilidad de ordenar capturas, pero que esta facultad debía concederse por la ley para situaciones excepcionales, según lo dispone la misma Carta Fundamental.

Preciso que el carácter excepcional de la facultad de ordenar capturas por la Fiscalía General se deriva del nuevo marco de competencias establecido en la Constitución, en donde, se ha instituido al juez de control de garantías como el principal garante judicial de la libertad y de los derechos fundamentales de quienes participan el proceso penal. Es a él a quien, como autoridad judicial independiente, se le atribuye la competencia de ordenar por escrito la privación de la libertad, en cumplimiento del principio de reserva judicial.

Dada la característica de excepcionalidad que rige la atribución a la Fiscalía de la facultad de ordenar capturas, el legislador al expedir las normas .que atribuyan esta competencia debe establecer los motivos y condiciones en situaciones claras y definidas, sin que haya lugar a un amplio margen de interpretación o indeterminación de tales situaciones.

Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional declaró inexequibles las expresiones contenidas en el segundo inciso del artículo 2° del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2002), que contemplaban la captura ordenada por la Fiscalía General de la Nación, en casos en los que existieran motivos fundados y se careciera de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, como supuestos en los cuales el capturado debía ponerse a disposición del juez de garantías en el menor tiempo posible sin superar las 36 horas. Para la Corte, esta regulación deja un amplísimo margen de interpretación que no se compadece con el carácter excepcional fijado por la Constitución, ya que no contienen ningún elemento de excepcionalidad pues aluden simplemente a motivos fundados, los cuales siempre pueden existir, y a motivos razonables, que comprenden una amplísima gama de posibilidades y no a las situaciones extremas de imposibilidad manifiesta de poder acudirse ante le juez de garantías, que son las que podrían predicarse de una situación excepcional. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-190-06
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-730-05

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