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Última modificación: 2006-09-26
El principio de oportunidad constituye un desarrollo del principio de legalidad. todos los supuestos en los que se aplique deben ser objeto de control judicial

La jurisprudencia constitucional ha señalado, al interpretar el artículo 250 de la Constitución (modificado por el Acto Legislativo N° 3 de 2002), que la Carta Política consagró el principio de oportunidad reglada. Ello quiere decir que dado el carácter obligatorio del ejercicio de la acción penal, la Fiscalía puede prescindir de su ejercicio únicamente en los casos establecidos en la ley, concibiéndose así la oportunidad como excepción al ejercicio obligatorio de la acción penal. Conforme a esta concepción el principio de oportunidad constituye un evidente desarrollo del principio de legalidad, pues la decisión de interrumpir, suspender o renunciar al ejercicio de la acción penal debe producirse dentro de los marcos impuestos por la Constitución y la ley. Para todos los casos en los que se aplica el principio de oportunidad, es decir, los de interrumpir, suspender o renunciar al ejercicio de la acción penal, la Constitución consagró el control jurisdiccional de legalidad.

Resulta entonces claro que conforme al propio tenor de la norma superior (Art. 250 C.P.), así como a la interpretación autorizada del mismo, el control jurisdiccional que exige la aplicación por parte de la Fiscalía General de la Nación del principio de oportunidad, está referido a todos los supuestos a través de los cuales opera este instrumento, vale decir, la interrupción, la suspensión y la renuncia a la acción penal. Por ello la ley no puede establecer excepciones a este control de legalidad por parte del juez para ninguno de los supuestos establecidos en la norma. Bajo estos presupuestos, se declaró la inconstitucionalita del precepto del Código de Procedimiento Penal que limitaba el control judicial de legalidad en la aplicación del principio de oportunidad sólo aquellos casos en los que se extinguiera la acción penal (art. 327, Ley 906 de 2004), pues ello significaría que aquel control sólo sería aplicable a los casos de renuncia a la acción penal y no a los supuestos en los que se determine por el fiscal la interrupción o la suspensión de la misma. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-979-05

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