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Última modificación: 2006-09-26
La designación judicial de un defensor de oficio en la audiencia de imputación de cargos no vulnera el derecho de defensa

En fallo de constitucionalidad se declaró la exequibilidad de la segunda parte del artículo 291 de la Ley 906 de 2004, que faculta al juez a nombrar defensor de la lista nacional de abogados suministrada por el Sistema Nacional de Defensoría Pública cuando a una audiencia de imputación de cargos no asistan el indiciado o su defensor sin justificación alguna.

La designación de un abogado defensor del Sistema Nacional de Defensoría Pública en la audiencia de imputación solo opera cuando i) el indiciado conoce que va a ser imputado y decide no comparecer a la audiencia de imputación; ii) el abogado defensor designado por el indiciado no comparece a la audiencia y su ausencia no es justificada; y iii) el indiciado no designa un abogado defensor. Ante las anteriores condiciones el juez de garantías designa un defensor de oficio. Dicha decisión comprende una medida que responde a la rebeldía del indiciado y a criterios de celeridad, pero garantiza la defensa del procesado, pues la audiencia no se puede realizar sin la presencia de éste o su defensor.

Por lo tanto ?dice la Corte, la adjudicación de un defensor de oficio en la audiencia de imputación pretende garantizar la defensa del imputado desarrollando el artículo 29 de la Constitución. Lo anterior implica que el núcleo esencial del derecho a la defensa no se ve vulnerado por la designación judicial de defensor sino, todo lo contrario, se ve desarrollado ya que i) existe un conocimiento de la imputación que se va a hacer; y ii) se está garantizando la presencia de la defensa en la actuación.

Advierte, sin embargo, que el derecho de defensa ha de ser eficaz, no solo formal. Por lo que para poder asegurar la efectividad del derecho a la defensa del investigado en el caso de la contumacia, dadas las implicaciones de las actuaciones que tienen lugar en la audiencia de imputación, la Corte considera que el abogado defensor designado debe contar la con la posibilidad de solicitar un receso en la audiencia para su debida preparación. Dicha solicitud debe estar justificada para evitar dilaciones del proceso y el juez debe valorar la solicitud aplicando criterios de razonabilidad. Al juez de garantías compete evaluar la solicitud de receso y fijar su duración, si decide concederlo.

En todo caso, el imputado conserva la posibilidad de designar un abogado de confianza en cualquier momento posterior a la audiencia de imputación, en la cual el abogado de confianza no se hizo presente, aún después de que se le haya asignado un defensor de oficio. El abogado de confianza desplazará en adelante, al asignado de oficio. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1154-05

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