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Última modificación: 2006-09-26
Alcance constitucional del principio de no autoincriminación frente a los parientes civiles. se incluye a los parientes civiles hasta el cuarto grado

La Corte Constitucional estudió la constitucionalidad de la expresión ?primero civil? de los artículos 267 y 337 de la Ley 600 de 2000. Los demandantes alegaron que tal disposición generaba trato desigual para los parientes de segundo, tercero y cuarto grado civil, en relación con sus similares por consaguinidad, ?en detrimento de los familiares constituidos como tales por virtud de la adopción, por cuanto establece diferencias de régimen jurídico derivado del origen familiar del individuo.

La Corte señaló que para la aplicación de estas normas legales se deberá hacer una integración de ellas con lo previsto en el inciso 4° del artículo 42 de la Constitución Política. De esta manera, la Corte quiso señalar que a las persona no debería obligárselas a declarar contra sus parientes que se encuentren dentro del cuarto grado civil. En el fallo se advierte que existe una contradicción entre la regulación contemplada en el artículo 33 y el artículo 42 de la Constitución. El primero de ellos limita la excepción del deber de declarar hasta el primer grado de parentesco civil, es decir, solamente entre los padres y los hijos adoptados. No obstante el artículo 42 proclama la igualdad entre los hijos, incluidos los adoptados.

Según la Corte, este artículo lleva a concluir que el constituyente quiso expresamente otorgar reconocimiento jurídico a la familia que proviene de la adopción, y ubicarla en un pie de igualdad respecto de la familia que se constituye a partir del matrimonio o de la unión libre entre compañeros permanentes, por lo cual rechazó las diferencias de trato fundadas en el origen familiar.

En consecuencia, si bien no declaró inconstitucionales las normas bajo estudio, pues reproducen exactamente lo prescrito por la Constitución, ordenó interpretar estas normas en armonía con el valor y principio de igualdad, concretamente en cuanto tiene el alcance de proscribir las diferencias de trato por el origen familiar (artículo 42 C.P). ?Así, su lectura literal debe complementarse con la prohibición referida, de donde se deduce que, para efectos de aplicar las normas acusadas que lo reproducen, es necesario extender el alcance de la excepción al deber de declarar, de manera que cobije a los parientes adoptivos hasta el cuarto grado.? Esta interpretación armónica de las normas superiores, tiene en consideración el carácter fundamental y de aplicación inmediata que tiene el derecho que reconoce el inciso 4° del artículo 42 de la Constitución Política (derecho a la igualdad en el ámbito de las relaciones familiares). Como tal, la efectiva aplicación de tal derecho no está condicionada a la intervención del legislador. nota 1

En un fallo más reciente, la Corte Constitucional declaró exequible el literal b del artículo 8 de la Ley 906 de 2004 que extiende la exclusión de la obligación de declarar contra los parientes civiles hasta el cuarto grado. El artículo 33 de la Constitución consagra el derecho a la no autoincriminación. Según esta norma, bajo el amparo de tal derecho la persona no está obligada, entre otros aspectos, a declarar contra sus parientes que se encuentren dentro del primer grado civil. Esta norma amplía la cobertura del artículo 33 de la Carta Superior hasta el cuarto grado civil. Para la Corte esta reglamentación resulta constitucional pues los parámetros establecidos en la Carta Política son los mínimos que el ordenamiento jurídico y los órganos estatales deben respetar. En consecuencia, si una ley extiende dichas garantías mínimas, en aras de la discrecionalidad con que cuenta el poder legislativo y dicha extensión es ajustada a la Constitución, la protección del derecho resguardado es mayor. Por consiguiente, el reforzamiento de una garantía constitucional por parte de la ley estará ajustada a la Constitución. La posibilidad de que una persona no esté obligada a declarar contra parientes en el cuarto grado civil es una amplificación de la garantía constitucional, que en manera alguna vulnera la Constitución sino que por el Contrario es un perfecto desarrollo de ella. Además, dicha ampliación permite situar en condiciones de igualdad a los hijos no solo matrimoniales y naturales sino igualmente a los hijos adoptivos. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1287-01
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-799-05

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