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Última modificación: 2006-09-26
El principio de favorabilidad debe ser aplicado, de acuerdo a las circunstancias del caso, cuando el cambio de legislación implique reducción de la pena, incluso si se trata de normas procesales

Una persona condenada a pena de prisión solicita la redosificación de la sanción por la entrada en vigencia de la nueva legislación procesal penal. Según el condenado, él se hizo acreedor durante la vigencia de la Ley 600 de 2000 al beneficio de rebaja de la tercera parte de la pena por haber aceptado los cargos que se le imputaban. De acuerdo con lo contemplado en la Ley 960 de 2004 (nuevo Código de Procedimiento Penal), quien acepta los cargos -es decir, en la misma situación- tiene derecho a recibir rebaja de hasta la mitad de la sanción. Por esta razón solicita que se le aplique este último beneficio ya que resulta más favorable para su situación.

El juez de ejecución de penas negó esta solicitud aduciendo básicamente que la Ley 960 no podía aplicarse a procesos que se hubieran adelantado antes de la entrada en vigencia. La Corte Constitucional, al conocer este caso en acción de tutela, amparó el derecho al debido proceso del condenado y ordenó al juez de ejecución de penas resolver la solicitud teniendo en cuenta el principio de favorabilidad.

Para la Corte, en este caso se evidencia un defecto sustancial en la actuación del juez de ejecución de penas, consistente en haber tomado la decisión con fundamento en una normatividad que no era la aplicable al caso concreto. En efecto, el funcionario judicial partió de un concepto totalmente distorsionado de la favorabilidad en materia penal, el cual riñe con su consagración constitucional (artículo 29) y con las normas internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad. Por un lado, consideró que no es posible retrotraer un proceso ya concluido, ignorando así el precepto superior que no contiene exclusiones, e incluso la tradición de este principio que proyecta sus efectos de manera significativa hacia los condenados. De otro lado, entendió que la favorabilidad opera únicamente frente a normas sustanciales que modifican la punibilidad, por reducción de la pena del tipo específico, desconociendo así que la norma constitucional no hace exclusiones, y que tal circunstancia ha conducido a que el orden jurídico explícitamente contemple la favorabilidad respecto de la ley procesal con efectos sustanciales.

Esta comprensión del principio de favorabilidad es violatoria del artículo 29 inciso 3° de la Constitución que prevé un concepto amplio e incluyente de favorabilidad, sin restricciones relativas a condenados, y sin ubicarlo en el estrecho margen de la norma sustantiva favorable, aspectos superados en el ámbito normativo y jurisprudencial, a partir de la amplia concepción constitucional.

Al analizar el caso concreto y estudiar la aplicación de las dos ordenamientos jurídicos resulta más beneficioso para el procesado la aplicación de la nueva legislación, razón por la cual el juez de ejecución de penas debe tener en cuenta el principio de favorabilidad de la ley penal en la dosificación de la sanción. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-091-06

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