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Última modificación: 2006-09-26
Improcedencia de la suspensión de la detención preventiva

El actor interpuso acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida y al debido proceso, por cuanto el fiscal le negó la petición de suspensión de la detención, basada en su estado de salud y su avanzada edad -71 años-.

La Corte, al denegar el amparo solicitado, consideró que la decisión adoptada por el fiscal está debidamente sustentada en las normas legales y procedimentales que en materia penal rigen su actividad y que determinan las decisiones que se deben adoptar frente a una solicitud como la formulada en relación con la suspensión de la detención preventiva, razón por la cual mal podría entrar el juez de tutela a controvertir y dejar sin efecto la legitimidad de la medida, por carecer de competencia constitucional y legal para ello, teniendo como base el principio de la autonomía funcional de quien administra justicia.

No cualquier irregularidad procesal es susceptible de ser objeto de la acción de tutela, pues se requiere que la conducta de la autoridad judicial vulnere grave e inminentemente un derecho fundamental. Pero no todo lo que afecte un derecho fundamental constituye una vía de hecho apta para interponer la acción de tutela, porque siendo así, dicha acción se convertiría no en subsidiaria, sino en la vía ordinaria y principal. Para que ella sea viable, requiere no sólo que se afecte un derecho fundamental, sino que además se presente cierta gravedad e inminencia en la vulneración o amenaza, de manera que la actuación judicial sea ostensiblemente arbitraria y grosera.

Para que se decrete la suspensión de la privación de la libertad de un sindicado mayor de sesenta y cinco años, es necesario acreditar dentro del proceso, que su personalidad y la naturaleza o modalidad del hecho punible hagan aconsejable la medida a juicio del funcionario judicial competente, que no es en este caso el juez de tutela. En el asunto materia de revisión, es claro que no obstante el accionante tener edad avanzada y adolecer problemas en su salud, no acreditó ante el fiscal prueba alguna que permitiese inferir que su personalidad y la naturaleza del hecho punible, presuntamente cometido por él, hicieran viable la suspensión de la privación de la libertad. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-207-96

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