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Última modificación: 2006-09-26
Alcance del principio de presunción de inocencia en detención preventiva en procesos contravencionales

Se demandó parcialmente el artículo 19 de la Ley 228 de 1996 (contravenciones especiales) aplicable para los casos de flagrancia, el cual consagra que cuando por razón del horario de atención al público en el respectivo despacho judicial a cuyas órdenes debería ser llevada la persona aprehendida, ello no fuera posible dentro de las 36 horas siguientes a la captura, el aprehensor debe ponerla a disposición de la Unidad Permanente de la fiscalía más cercana. Agrega la norma que, en tal caso, el fiscal oirá al aprehensor o examinará el informe rendido por éste y escuchará al capturado, para determinar si concurren o no los requisitos de la flagrancia.

En caso afirmativo dictará auto de apertura de proceso y expedirá mandamiento escrito al director del correspondiente establecimiento de detención, para legalizar la privación de la libertad. La Corte, al declarar la exequibilidad de la norma, sostuvo que no es la responsabilidad penal lo que se establece al momento de resolver sobre la detención preventiva en casos de flagrancia sino, apenas, si se cumplen los requisitos de ésta, en los términos del artículo 32 de la Constitución. La decisión final acerca de si el procesado es o no responsable del hecho punible que se le imputa está a cargo del juez y a ella deberá preceder el trámite de un debido proceso, de conformidad con el artículo 29 de la Carta. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-689-96

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