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Última modificación: 2006-09-26
El procedimiento previsto en la ley 745 de 2002 para el trámite de las contravenciones previstas en ella viola el principio de legalidad

Se demandó parcialmente el artículo 5º de la Ley 745 de 2002. Éste establecía la competencia para el conocimiento de las contravenciones allí establecidas, en cabeza de los jueces penales o promiscuos. En cuanto al procedimiento que debía surtirse, la norma remitía a lo establecido la Ley 228 de 1995, que a juicio del actor, había sido derogada por la Ley 600 de 2000. De esta forma, el demandante consideraba que la norma violaba el derecho al debido proceso al remitir a una disposición ya derogada.

La Corte verifica que, en efecto, al haber sido derogada por la ley 600 de 2000, la Ley 228 no es aplicable al procedimiento establecido por la norma demandada. La Corte centra su estudio en la confusa remisión que se hace a algunas normas de la Ley 228 de 1995, lo que a su juicio constituye una violación del principio de legalidad porque no se configuró un sistema procesal contravencional coherente sino que reguló sólo determinadas situaciones que se presentan en la investigación y sanción de las contravenciones tipificadas en los artículos 1º y 2º de la Ley 745.

Consecuencia de ello es que no se haya previsto ningún procedimiento para otras muchas situaciones que también concurren en esta clase de procesos, respecto de las cuales no existe legislación aplicable. Para la Corte, ?La Ley 745 no desarrolló materias básicas del sistema procesal contravencional ya que, en lugar de ello, hizo una remisión parcial a la Ley 228. No obstante, con esta técnica configuró un procedimiento confuso que se construye con normas de dos sistemas procesales contrapuestos y que no suministra elementos de juicio para llenar los vacíos consecuentes?, lo que constituye una ostensible violación al principio de legalidad.

Por esa razón, la Corte declaró inexequible la remisión normativa que hace el artículo 5º de la Ley 745 de 2002 a los artículos 21, inciso primero, 22, 23, 24 y 26 de la Ley 228 de 1995 nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-101-04

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