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Última modificación: 2006-09-26
Inconstitucionalidad de la reserva de identidad de los testigos y necesidad de otras medidas de protección

Según la Corte, en el mismo fallo anterior, es evidente que cuando se ignora la identidad de la persona que rinde una declaración en contra del sindicado se mengua de manera ostensible la garantía constitucional del debido proceso público, en la medida en que se desconoce por completo el principio de publicidad y contradicción de la prueba, al imposibilitarse el ejercicio pleno del derecho a tachar al testigo, cuando existan motivos para dudar de su imparcialidad. Las condiciones personales del testigo como órgano de la prueba, pueden ser también materia de debate en el ejercicio del derecho de contradicción.

La relación personal del testigo con el sindicado, con las autoridades o con quienes puedan resultar afectados o beneficiados con su declaración, puede ser objeto de confrontación y examen en la contradicción de la prueba. Además, el contacto directo de las partes con el testigo durante la recepción de la declaración de éste, permite al procesado o a su apoderado la percepción inmediata de la reacción anímica del deponente ante las preguntas que se le formulan, lo cual puede resultar útil para ejercer el derecho de preguntar o contrapreguntar en ese preciso momento algo que permita examinar lo declarado para mayor precisión en relación con los hechos objeto de la investigación, oportunidad que, conforme a la psicología judicial puede ser imposible de repetir luego, lo que quiere decir que, si se ignora quién es el testigo y si el sindicado se encuentra ausente cuando aquél declara, se vulnera también su derecho a la publicidad y a la contradicción de la prueba, parte fundamental del debido proceso judicial. Lo mismo puede predicarse de las especiales circunstancias de tiempo, modo y lugar de las que afirma el declarante existieron para percibir los hechos que narra en el proceso, las cuales pueden constituir una explicación verosímil y suficiente, o por el contrario pueden servir para descartar tal verosimilitud y, en consecuencia, la credibilidad del testigo.

En cuanto a la protección de los testigos, la Corte señala que entre las funciones que la Constitución asigna a la fiscalía General de la Nación en su artículo 250, se encuentra la de "velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso", razón por la cual no podría, en principio, sostenerse que una norma legal dirigida a asegurar dicha protección resulte contraria a la Constitución. Para el cumplimiento de dichos programas no se requiere, según la Carta, concepto previo de la Procuraduría General de la Nación y por esto, en desarrollo de tales programas, no podía establecerse la necesidad de dicho concepto, como lo hace el artículo 17 de la Ley 504.

Lo anterior no significa ni puede significar que cualquier norma referida al programa de protección a los testigos e intervinientes en el proceso resulte conforme a la Constitución, pues, si con ello se vulnera el debido proceso público a que tienen derecho los justiciables conforme al artículo 29 de la Carta, deberá ser declarada inexequible. Eso es lo que ocurre con la institución que autoriza la existencia de "testigos con reserva de identidad" en los procesos por los delitos a que se refiere el artículo 5 de la Ley 504, pues puede protegerse al testigo de manera diferente a la de ocultarle al procesado quién es la persona que declara contra él. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-392-00

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