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Última modificación: 2006-09-26
Inconstitucionalidad de la prohibición de cumplir la detención preventiva en el lugar de trabajo o domicilio

La Corte considera, en el mismo caso anterior, que el artículo 26 de la Ley 504 excluye del beneficio de cumplir la detención preventiva en el domicilio o lugar de trabajo, a los sindicados por los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados y antes de los jueces regionales. Esta norma es un rezago del conjunto institucional de carácter extraordinario de la justicia regional, que en el momento actual no se justifica en razón de haber desaparecido dicha justicia.

Por lo tanto, no encuentra la Corte una justificación racional y razonable, que apunte a la consecución de una finalidad constitucional legítima, para que a unos sindicados que se encuentran objetivamente dentro de las circunstancias que describe el inciso primero del art. 409 del C.P.C. se les conceda el beneficio de que la detención se cumpla parcialmente en el lugar de trabajo o en su domicilio y, en cambio, a los sindicados de los delitos de que conocen los jueces del circuito especializado no se les otorgue idéntico beneficio. La libertad de configuración del Legislador respecto de las medidas cautelares en el proceso penal no es absoluta porque ella ha de ejercerse dentro de los límites impuestos por la Constitución, uno de los cuales es el de la igualdad (artículo 13 CP).

La regla general que consagra el Código de Procedimiento Penal es que la detención preventiva pueda cumplirse parcialmente en el domicilio o lugar de trabajo, con excepciones justificadas, como la de no tener en su contra sentencia condenatoria por delito doloso o preterintencional, que la sindicación no lo sea por un delito cuya pena máxima exceda de seis años de prisión y que se hubiere eludido la comparecencia al proceso. En la norma objeto de análisis, la única explicación para suprimir el beneficio del cumplimiento de la detención preventiva parcialmente en el domicilio o lugar de trabajo es la clase de delitos cuyo conocimiento se asigna a los Juzgados Penales del Circuito Especializados, lo que lleva a suponer, sin justificación, que, aunque no hubieren sido condenados antes por ningún delito, ni hayan intentado siquiera eludir la actuación procesal, se les impone la detención física en una cárcel a diferencia de otros sindicados, lo que rompe la igualdad de trato que surge del artículo 13 de la Constitución. nota 1

Igual pronunciamiento había hecho la Corte al conocer de una acción de tutela que una persona interpuso por considerar violado el derecho al debido proceso de sus poderdantes y, específicamente, por haberse presentado una vía de hecho por defecto sustantivo, al no concederle a estos la solicitud de sustituirles la medida de aseguramiento ya impuesta, por la detención domiciliaria.

La Corte, al conceder el amparo solicitado sostuvo que cuando la sentencia C-392/00 señala que no es constitucional una norma que niegue la posibilidad a un sindicado a acceder a una medida de aseguramiento, en razón únicamente a quién es el juez competente de conocer su caso, es evidente que se desconocería y contravendría abiertamente la Carta si se aplica una disposición cuyo contenido normativo es precisamente, y solamente, ése, impedir que se otorguen medidas de aseguramiento a los sindicados por que los procesos se adelantan ante jueces especializados (inciso 2º del artículo 388 del CPP). La Comisión de fiscales incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo, al fundar su decisión en una disposición evidentemente contraria a la Constitución, omitiendo de manera absoluta, a pesar de que fue pedido por el abogado defensor, analizar su compatibilidad con la Carta y su aplicabilidad al caso concreto.

No obstante lo anterior, la Corte entiende que el inciso segundo del artículo 388, por cuanto no ha sido formalmente declarado inexequible aún está vigente. ?En conclusión, incurre en una vía de hecho por razones sustanciales el funcionario judicial que tome una decisión con base en una disposición: (1) cuyo contenido normativo es evidentemente contrario a la Constitución, porque la Corte Constitucional previamente así lo declaró con efectos erga omnes, (2) cuyo sentido y aplicación claramente compromete derechos fundamentales, y (3) cuya incompatibilidad ha sido alegada por el interesado, invocando el respeto a una sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional que excluyó del ordenamiento jurídico el sentido normativo único e ínsito en la norma legal aplicada en el curso del proceso y de la cual depende la decisión? nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-392-00
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-522-01

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