› Observatorio de Justicia Constitucional
» Debido Proceso Penal
Tabla de Contenidos
Última modificación: 2006-09-26
Segunda instancia de los procesos por los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados

La Ley 504 asigna competencia a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, o al "Tribunal Superior que cree la ley" para que conozcan en segunda instancia de los procesos por los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados. Para la Corte, lo anterior es contrario a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que establece el ámbito de competencia territorial de los Tribunales Superiores, el cual se circunscribe al "correspondiente distrito judicial", y que solo asigna competencia "en todo el territorio nacional" a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.

Atribuirle competencia territorial al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-Sala Penal es abiertamente violatorio de la Constitución, en la medida en que de esa manera se extiende la competencia de ese tribunal fuera del territorio de su distrito, para abarcar todo el territorio de la República. Además, según el artículo 228 de a Constitución, el funcionamiento de la justicia debe ser no sólo autónomo, sino desconcentrado. En relación con el principio de la desconcentración de la justicia la Corte ha sostenido que de conformidad con el artículo 228 de la Constitución, salvo los tribunales que encabezan las jurisdicciones establecidos por la misma Carta, no puede el Legislador concentrar la totalidad de las competencias en cualquier campo en un solo juez o tribunal. Las competencias de jueces y tribunales deben ser distribuidas en diversos lugares del país para asegurar el derecho a la igualdad en el acceso de todos los habitantes a la administración de justicia.

Así mismo, la Corte advierte que la Ley 504 de 1999 atribuye competencia a un organismo inexistente. Es decir, si el Tribunal Superior a la postre no adquiere vida jurídica, la segunda instancia en estos procesos carecería de organismo judicial ante el cual podría surtirse. Esta singular situación jurídica de asignar competencia a organismos de creación futura e incierta, resulta violatoria de la garantía constitucional al debido proceso, pues ella implica necesariamente la preexistencia del juez conforme a la ley, para que el justiciable desde el inicio de la actuación tenga conocimiento de quién es el juez, lo que impone al Estado el deber jurídico de establecer legalmente y con anterioridad al proceso, a cuál órgano judicial con existencia real corresponde el juzgamiento del sindicado.

Al desaparecer la competencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para conocer de la segunda instancia en los procesos de que conocen en primera instancia los jueces penales de circuito especializados y de la revisión de las sentencias que estos mismos profieran, la Corte se plantea el problema de determinar a que tribunal corresponde el conocimiento de la segunda instancia de estas providencias. En virtud del principio de la doble instancia, la ley ha dispuesto que la segunda instancia en los procesos de que conocen los jueces penales del circuito corresponde a la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial competente. Igual sucede con el recurso de revisión que puede interponerse contra las sentencias que dicten dichos jueces.

Por lo tanto, con el fin de asegurar la igualdad de todos los procesados, sin que interese el delito por el cual se les juzga, así como la vigencia del debido proceso, indudablemente debe garantizarse la segunda instancia y el trámite del recurso de revisión en relación con los procesos asignados a los jueces penales del circuito especializados, ante la Sala Penal de un Tribunal Superior de Distrito Judicial, como lo prevé el artículo 69 de la Ley 504/99. Pero la determinación de éste, partiendo de la base de que ya existe una competencia en términos generales, le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con la Constitución y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-392-00

 Ocultar columna

Búsquedas

Modificaciones recientes
2013-10-09
Exclusión de subrogados penales y beneficios a delitos de terrorismo, financiación del terrorismo y otros

2012-11-03
La inoponibilidad de reserva por parte de las entidades públicas y privadas, así como de particulares, requiere por parte de la defensa la obtención de autorización del juez de control de garantías, cuando su tarea de búsqueda, identificación, recolección y embalaje del material probatorio, realización de entrevistas y valoraciones, afecte derechos fundamentales

2012-11-03
La configuración del régimen de pequeñas causas, no debe excluir a la fiscalía general de la nación

Presentación
Descargue la presentación del Observatorio de Justicia Constitucional
Descargar (39Kb)

Sabía usted que...
Para acceder a la tabla de contenidos de cada ítem, puede hacer clic en el nombre en la parte superior de la página.

Contáctenos
Si desea contactarse con el equipo de trabajo del Observatorio de Justicia Constitucional, escríbanos al correo observatorio@defensoria.org.co

Descargas
Constitución Política de Colombia en formato PDF
Descargar (569Kb)

Versión actualizada (julio de 2013)

Ver - Imprimir
Versión completa del documento sobre Debido Proceso Penal optimizada para impresión

Informes

Segundo informe del Observatorio de Justicia Constitucional

Marzo de 2007 - febrero de 2011

Descargue el libro

Tomo 1

(7.2 Mb)

Tomo 2

(8.5 Mb)

Primer informe del Observatorio de Justicia Constitucional de la Defensoría del Pueblo

Marzo de 1992 - febrero de 2007

Descargue el libro

Tomo 1

(2.7 Mb)

Tomo 2

(3.0 Mb)

© 2003 - 2006 Defensoría del Pueblo Colombia | línea gratuita nacional 018000 914814
Requisitos técnicos del sitio web | Su uso de este sitio web constituye aceptación de nuestras condiciones de uso y privacidad